Una serie de riesgos relacionados con los emisores de ADSs (American Depositary Shares) visualizó SQM, en el marco de un informe entregado a la Securities and Exchange Commission (SEC) el 1 de mayo, que ayer se transmitió a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Ahí se señala a los tenedores de ADSs que puede que no sean capaces de ejercer derechos de acuerdo con leyes de valores de Estados Unidos, debido principalmente a que es una empresa chilena sujeta a la legislación nacional, por lo que puede haber diferencias entre los derechos de accionistas de firmas que se forman en ese país.

"Pueden no ser capaces de ejecutar o pueden tener dificultades en hacer valer derechos actualmente en efecto en las leyes federales o estatales de valores de los Estados Unidos de América", dice.

Agrega que la mayoría de los directores y ejecutivos residen principalmente en Chile, así como que parte sustancial de los activos de esas personas están fuera de EE.UU.

"Si cualquiera de nuestros accionistas, incluyendo tenedores de los ADSs de la sociedad, quiere presentar una demanda en contra de nuestros ejecutivos o directores en los Estados Unidos, podrá enfrentar dificultades para iniciar el proceso legal y para lograr el cumplimiento de una sentencia en contra de nuestros ejecutivos o directores emitida por los tribunales de los Estados Unidos", dice. En parte, porque no existe un tratado entre ambos países que estipule obligaciones recíprocas con motivo de juicios.

A raíz del descubrimiento de platas políticas sin respaldo ya hay dos demandas en Estados Unidos, pero próximamente podrían formalizarse otras más.

Soquimich envió a la Security Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos y a la Bolsa de Comercio de Santiago, un informe donde advierte, entre otros puntos, que accionistas pueden no ser capaces de ejercer derechos de acuerdo a leyes de valores de ese país. 

Según dicho documento, por ser una empresa chilena, los derechos de sus accionistas pueden diferir de los derechos de empresas formadas en EEUU y "estos pueden no ser capaces de ejecutar o pueden tener dificultades en hacer valer derechos actualmente en efecto de la leyes federales", de ese país. 

Del mismo modo advirtieron que por el hecho de que la mayoría de sus directores y ejecutivos residen fuera de Estados Unidos, si cualquiera de sus accionistas quisiera presentar una demanda en Estados Unidos, "podría enfrentar dificultades para iniciar el proceso legal y para lograr el cumplimiento de una sentencia".

Dentro de este punto, expusieron que "no existe un tratado entre Chile y EEUU que estipule obligaciones recíprocas con motivo de juicios tramitados en sus territorios".

Si bien reconocen que  se han cumplido sentencias emitidas por tribunales de EEUU, "existe duda acerca de si una acción puede ser exitosamente ejercida en Chile". 

Por otra parte, SQM reiteró que "la investigación y las solicitudes de las autoridades regulatorias chilenas no han concluido. Nos podemos predecir el resultado ni la duración de dichas investigaciones, ni tampoco de nuestra investigación interna. Podríamos estar sujetos a procedimientos civiles, criminales o regulatorios en Chile, y podríamos estar sujetos a procedimientos civiles, criminales o regulatorios fuera de Chile, incluyendo en los Estados Unidos de América".

"El responder las solicitudes regulatorias actuales y cualquier procedimiento civil, criminal o regulatorio futuro, podría desviar la atención de nuestros principales ejecutivos de su enfoque en nuestras operaciones cotidianas. Adicionalmente, gastos que pueden surgir producto de tales solicitudes o procedimientos, de nuestra revisión de las respuestas, de litigios relacionados u otras actividades asociadas pueden ser significativos", agregaron. 

Cabe recordar que la minera no metálica solicitó a la SEC, el pasado 30 de abril, la extensión del plazo para entregar el informe financiero anual 20-F correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2014 que debía ser publicado ese día. 

Precisamente la solicitud de prórroga está relacionada con dicha investigación del comité ad-hoc que realizan los estudios Vial Serrano en Chile y Shearman & Sterling en Estados Unidos, sobre los gastos entre 2009 y 2014, que la propia empresa cifró en primera instancia en US$ 11 millones.