Por Florencia Donovan.

Hasta ahora no han podido hacerse siquiera de un peso, pero los holdouts no se dan por vencidos. Ayer, los fondos NML y Aurelius dieron un paso más en la batalla judicial por la deuda en default, y en una nueva presentación le solicitaron al juez de Nueva York Thomas Griesa que considere al Bonar 24, el título que emitió el Gobierno el mes pasado, como un bono de la deuda externa y que, por ende, congele cualquier pago que surja de esos bonos.

Los bonistas esgrimen que los títulos Bonar 2024 fueron ofrecidos más allá del mercado doméstico, por lo tanto debería aplicárseles la cláusula de pari passu, según la cual, en función de la interpretación que hizo Griesa, cada vez que el Gobierno realice un pago debe cancelar el 100% de las obligaciones que tiene pendientes con los holdouts.

El problema, advierten los especialistas, es que, de conseguir el visto bueno de Griesa, quedaría abierta la puerta para que los holdouts también vayan contra otros títulos en moneda extranjera pero emitidos bajo ley doméstica, como es el caso del Boden 2015, que vence a principios de octubre, sólo semanas antes de las elecciones presidenciales.

"Han pasado más de cuatro meses desde la expiración de la cláusula RUFO, que era la principal excusa de la Argentina para negarse a negociar con los acreedores el año pasado. Sin embargo, la Argentina todavía se niega a negociar", subrayó NML en un comunicado. "Está claro que la República está comprometida en un esfuerzo sistemático para evadir las órdenes judiciales por tiempo indefinido, y las acciones a favor de una cautelar adicional", advirtió.

En Economía, no obstante, desestimaron los argumentos y tildaron la embestida como "un nuevo intento de extorsión". "Los fondos buitre buscan que Griesa detenga los pagos de un bono que se rige por la legislación argentina, que se colocó mediante una licitación pública efectuada en la Argentina y cuyos pagos se realizan en el país. Se trata de deuda doméstica denominada en moneda extranjera, que nada tiene que ver con la jurisdicción de Griesa", aseveró un comunicado del Ministerio.

Pero en el exterior los abogados que siguen de cerca el caso argentino no descartan que la demanda de los fondos sea bien recibida por Griesa. E incluso anticipan que es probable que los mismos argumentos se usen para frenar el mayor vencimiento de deuda en dólares que tiene el Gobierno este año, que es el del Boden 2015.

"Cualquier cosa es posible", opinó Anna Gelpern, una académica de la Universidad de Georgetown que viene siguiendo de cerca el proceso. "Si [el Bonar 24] es en moneda extranjera y fue ofrecido fuera de la Argentina, [el juez] va a dar lugar [al pedido de los holdouts]", anticipó.

En la misma línea, Rodrigo Olivares-Caminal, profesor de la Universidad de Londres, destacó que "la pregunta del millón es si [el Bonar] es considerado endeudamiento externo o no. Si Griesa considera que lo es, caen los Bonar 24 y los Boden 15; si no, no. Es un tema de interpretación contractual". Según el prospecto de emisión de 1994, se considera "deuda doméstica" aquella emitida bajo legislación nacional, pero no que haya sido ofrecida en el extranjero. Por lo que, dice Olivares-Caminal, Griesa deberá ver cómo fue la participación de Deutsche Bank en la emisión de Bonar del mes pasado.

En contra de Economía, aseveran algunos especialistas, podrían jugar las declaraciones de Axel Kicillof, que dijo en su momento que la colocación demostraba que la Argentina tenía acceso a los mercados, o que con la emisión habían subido las reservas (lo que demostraría que ingresó dinero del exterior).

"Curiosamente -dice Marcelo Etchebarne, socio del estudio Cabanellas, Etchebarne y Kelly-, Aurelius no ataca directamente al Boden 15, pese a que hace referencia a toda la deuda externa. Sólo menciona que el Bonar 24 fue en parte ofrecido en canje por el Boden 15. No me sorprendería que lo ataquen también, ya que este bono habría sido enteramente colocado a Venezuela. Sería más claro lograr una determinación en contra del Boden 15, aunque menos estratégica, ya que el pago del Boden tiene un efecto adverso sobre las reservas".

Por: Carlos Burgueño

El fondo buitre Aurelius, acompañado por el NML Elliott, de Paul Singer, oficializó ayer su presentación ante Thomas Griesa para que el juez de Nueva York aplique la cláusula "pari passu" a la colocación del Bonar 24 que en abril pasado concretó el Gobierno argentino. De avalar el pedido, el juez avanzaría hacia fuera del territorio norteamericano, en este caso la Argentina, la prohibición para que el país pueda hacer colocaciones voluntarias de deuda hasta que no cumpla con el fallo a favor de los "holdouts". Ambos fondos buitre avanzaron contra la colocación del Bonar 24, pese a que el viernes pasado los "clerks" de Griesa (los secretarios del juzgado que asesoran directamente al magistrado), le aclararon que la posibilidad de cerrar un caso de embargo a las colocaciones de deuda voluntaria en territorio argentino son más que difíciles; y que las alternativas para que se pueda frenar la operación de emisión de los Bonar 2024 por unos u$s 1.416 millones son casi utópicas. Sin embargo, se especulaba ayer en Buenos Aires, podría complicar futuras colocaciones de nuevos bonos, o una ampliación del Bonar 24, ya que la sola presencia del "memo" ejecutado ayer por Aurelius provocaría unos puntos más de interés a pagar por la Argentina. El bono emitido el mes pasado incluye un interés del 8,9%, y es posible, se consideraba ayer, que la presentación de ayer eleve nuevamente el interés por encima del 10%; en el caso que la operación se quiera realizar en las próximas semanas. Para esto habrá que ver si Griesa considera que los argumentos que presentó ayer Aurelius, a través de un escrito que lleva la firma del abogado que representa al fondo buitre Edward Friedman, son considerados como sólidos por el juez. Hay poco para esperar desde la Argentina en este caso. Griesa siempre fue flexible para cualquier reclamo de parte de los acreedores, con datos sólidos o sin ellos. 

En el caso de la presentación de ayer, según se interpretaba desde el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H), la causa sólo podría prosperar si se demostrara que hubo intervención directa de bancos internacionales en la colocación de la deuda. Puntualmente, el escrito firmado por Friedman habla de la intervención del Deutsche Bank, el BBVA y el fondo de inversión Marathon. Las "pruebas" que aporta la presentación de Aurelius son notas periodísticas de diferentes diarios (incluyendo Ámbito Financiero) donde se describe que las tres entidades (fundamentalmente el banco alemán y el fondo de inversión), aconsejaron y asesoraron de manera directa al Gobierno argentino en la operación de colocación del Bonar 24, incluyendo, asegura Aurelius, la venta futura del bono a inversores por fuera de la Argentina. Concluye Aurelius que de esta manera las tres entidades habrían trabajado como agentes colocadores indirectos del bono, con lo cual deberían ahora ser citados por Griesa para corroborar su participación. 

Según los abogados de CGS&H, para que la demanda avance, Griesa debería recibir pruebas concretas que las tres entidades ejercieron su rol de agentes financieros de la Argentina o de asesoramiento para la emisión, colocación o marketing directo del bono. En el primer caso, el Gobierno argentino aclaró que el título fue emitido bajo la jurisdicción nacional y que en ningún momento existió la intervención de ninguna entidad financiera ni local ni internacional, más allá del Banco Nación la Caja de Valores; situación explícita en los documentos de legalización de la emisión. En el caso de la acusación contra el Deutsche Bank, el BBVA y Marathon, la prueba que debe aportar Aurelius o investigar Griesa es aún más compleja, ya que el juez debería pedir que las agencias de clearing (Euroclear) abran sus operaciones y la den a publicidad ante el magistrado, algo que está prohibido explícitamente por la ley norteamericana. Ambas posiciones de fuerza de la Argentina eran las que los "clerks" les habían aclarado a los abogados de los fondos buitre, pese a lo cual igualmente decidieron avanzar en la presentación de ayer. 

Cualquiera sea la posición de Griesa, lo que se espera es a partir del memo firmado por "Friedman", es otra larga batalla en los tribunales norteamericanos. Primero se deberá esperar a ver qué decisión toma el juez. Luego el llamado a las audiencias de rigor (no menos de cuatro). Luego el fallo y luego las apelaciones de la parte perdedora, con la apertura de nuevas audiencias en la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Lo mínimo que demandaría esta causa paralela es un año; con lo que su resolución habría que esperarla para ya entrado 2016. 

Lo que se especulaba entre Buenos Aires y la sede de Nueva York de CGS&H es que en realidad lo que buscan los fondos buitre es complicar el panorama financiero del Gobierno argentino; a partir de encarecer la operación de pago del Bonar 24 ya emitido. Hacia delante será cuestión de la Argentina la de buscar la fórmula para evitar que el dinero pase por los Estados Unidos; aunque sea de manera indirecta. Además, quedará absolutamente vedado para el país que públicamente aparezca el Deutsche Bank o Marathon involucrados en la operación de pago de los intereses, al menos hasta que se termine el juicio contra los fondos buitre. 

Sin embargo, lo más grave para el país es que hacia delante es posible que futuras emisiones del bono se encarezcan. Es de lo que explícitamente habla en la presentación judicial de ayer el fondo Aurelius. Como curiosidad, en el escrito el fondo buitre pide "reconocimiento" por no haber pedido embargar la emisión anterior de Bonar 24, con la cual el país le pagó a Repsol por la renacionalización de YPF.

Por Esteban Rafaele.

Los fondos buitre pidieron ayer al juez de Nueva York, Thomas Griesa, congelar los pagos de vencimientos del Bonar 2024, el título con que la Argentina consiguió u$s 1415,9 millones el pasado 22 de abril. Los demandantes reclamaron al magistrado declarar al Bonar 24 "deuda externa", lo que lo haría embargable, e impedir pagos de intereses y capital de ese bono "y otra deuda externa".

Si Griesa y las instancias superiores convalidan el pedido de Aurelius Capital, Blue Angel y otros holdouts, los bonos de ley argentina que no integraron los canjes de 2005 y 2010, hasta ahora a salvo de la justicia de Estados Unidos, podrían trabarse. Además del Bonar 24, el Boden 2015, que el 3 de octubre pagará u$s 6000 millones, está en ese limbo.

Los litigantes reclamaron a Griesa "una declaración judicial de los bonos Bonar 2024 como deuda externa" y pidieron prohibir a la República "realizar pagos de intereses y/o capital de los bonos Bonar 2024 y otra deuda externa a menos que un ‘pago proporcional’ sea hecho" a los demandantes. Ese "pago proporcional", había definido Griesa, es el total de la sentencia a favor de los fondos buitre por u$s 1330 millones más intereses (unos u$s 1700 millones), sin contar demandas me too (u$s 5400 millones más).

El nuevo pedido a Griesa llega luego de que los fondos buitre pidieran conocer detalles de la colocación de Bonar 24, con la sospecha de que los bancos Deutsche y BBVA y el fondo Marathon ayudaron al país y, por lo tanto, evadieron órdenes judiciales. Como Argentina ya se hizo del dinero, ahora intentan bloquear los pagos de intereses (el próximo es el 7 de noviembre) y capital (recién en 2019), y futuras colocaciones.

Para eso necesitan que Griesa declare a estos títulos emitidos bajo ley argentina como "deuda externa". Se trata, según expertos y funcionarios consultados, de una interpretación retorcida. El argumento de los holdouts es que el Bonar es deuda externa porque fue tomado por inversores extranjeros, a pesar de haberse emitido en el país bajo ley local. Primero, para pagar a Repsol y, semanas atrás, para financiar obras y sumar reservas.

"Argentina distribuyó en el mundo una invitación a suscribir los bonos Bonar 2024, y los bonos Bonar 2024 fueron luego transados en Europa y Estados Unidos por el Deutsche Bank y otros bancos internacionales y comprado por inversores casi exclusivamente fuera de Argentina", afirmaron los holdouts.
Para el Ministerio de Economía, la colocación es "deuda doméstica denominada en moneda extranjera, que nada tiene que ver con la jurisdicción del juez Griesa". En la interpretación oficial, la definición de deuda externa contenida en el Fiscal Agency Agreement, un acuerdo suscripto por Argentina que rige a la deuda emitida en 1994, defaulteada y en poder de los buitres, implica realizar colocaciones en el exterior, con roadshows y leyes foráneas. Eso no ocurrió con el Bonar 24.

Ese fue el argumento que usó Argentina al defender la exclusión de las órdenes de Griesa de los bonos Discount y Par en dólares y ley argentina que debía pagar Citibank. Griesa, en esa ocasión, evitó diferenciar entre deuda interna y externa y consideró que su sentencia hablaba de "bonos del canje". La orden primaria de Griesa, de febrero de 2012, sostiene que la cláusula de pari passu o tratamiento igualitario, por la cual Argentina no podría pagar otros bonos sin antes saldar la deuda con los holdouts, no puede violarse con relación a otra deuda externa presente o futura y luego prohibe el pago de los bonos del canje, sin discernir aquellos externos de los internos. Ahora, los fondos buitre piden ampliar esa orden, que hasta hoy alcanza a los bonos del canje, a toda la deuda externa. "Es claro que la República está embarcada en un esfuerzo sistemático para evadir las órdenes de cortes de Estados Unidos indefinidamente", afirmó el fondo NML en un comunicado.

"Hay tres puntos en contra del Gobierno. El anuncio del aumento de reservas con la colocación, la colocación de bonos a Repsol en España y el canje de Boden 15 por Bonar 24", opinó Marcelo Etchebarne, abogado del estudio Cabanellas Etchebarne Kelly. "Lo curioso es que (...) no atacan al Boden 15 que claramente es deuda externa porque se lo ofrecían enteramente a Venezuela (...). Quizá sea para permitir su pago y que caigan las reservas", continuó.