Así lo expresó el senador Navarro, quien expresó que “el proceso constituyente -anunciado por la Presidenta- es la oportunidad histórica de recuperar empresas estratégicas que fueron privatizadas”.
“El inicio de un proceso constituyente con miras a una nueva Constitución”, es lo que a juicio del Vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro, “lo que nos da la oportunidad histórica de plantear la recuperación por parte del Estado de empresas estratégicas para el país que durante más de dos décadas han hecho usufructo de nuestros recursos naturales y minerales”.
Para el legislador “la nueva Constitución es la instancia para poner fin al saqueo de nuestro país. Llegó la hora de recuperar estos recursos para beneficio de Chile en su conjunto”.
Puntualizó que tal como señalan los juristas Briones y Bosselin en una columna en un diario electrónico “Soquimich debe ser expropiada porque así lo exige el interés nacional, en el más alto concepto que ello conlleva”.
El congresista dijo que “la minera no metálica durante el año 2014 registró utilidades anuales por sobre los 2.400 millones de dólares, los que podrían ser utilizados en una gran reforma en salud”.
En esa línea, el senador Navarro manifestó que “es momento de pasar a los temas de fondo y hablar del por qué empresarios como Ponce Lerou entregan prebendas a todo el espectro político”.
A juicio del parlamentario “el yerno de Pinochet ‘mojaba’ a todo el mundo para garantizar la continuidad de su negocio y que no hubiese un cuestionamiento público de cómo llegó a ostentar tanto poder económico”.
El senador Navarro dijo que “Julio Ponce Lerou se hizo del poder político y económico de forma absolutamente ilícita, todo bajo el amparo y la protección de la dictadura militar”.
“Recordemos que fueron los militares del círculo de mayor confianza de Pinochet, que ocupaban cargos en el sector económico, quienes encabezaron el proceso de privatización de más de 725 empresas estratégicas, entre ellas la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) que quedó en manos del yerno de Pinochet”, señaló el parlamentario.
El parlamentario recordó que “esta situación nunca se pudo investigar, producto del acuerdo de la Concertación con la Derecha el año 1989, en el marco de la transición pactada, donde una de las primeras reglas con que renace el Poder Legislativo, es con la prohibición de investigar todas las privatizaciones que se hicieron durante la Dictadura Militar”.
Federico Nacif, sociólogo en temas estratégicos del Conicet y del Programa Socioambiental de la Universidad Nacional de Quilmes disertó en el seminario Desarrollo Sustentable de la cadena de valor del litio y agregado de valor local realizado por la Universidad Nacional de Jujuy.
Hizo una comparación entre la producción de litio de Argentina con la de Bolivia, ¿Cuáles son?
-Lo interesante es que a pesar de ser dos países limítrofes con una historia regional, política limítrofe común y con la convergencia de ser propietarios de las grandes reservas de litio en salmuera, surgen frente a la demanda mundial dos modelos de desarrollo muy distintos. El de Bolivia se conoce muy poco en Argentina, es una alternativa. En el presente en Argentina continúa el mismo esquema normativo y regulatorio diseñado en los años '90, básicamente la Ley de inversiones mineras, el Código Minero y la Constitución Nacional del '94 que sostiene un modelo de concesiones mineras para la exportación de commodities, a cambio del cobro de regalías y el cobro de impuestos.
Ese modelo de producción y desarrollo, hace que toda la discusión se limite al impacto de empleo que genera y no nos permite discutir un modelo de desarrollo en términos más amplios sobre qué hacer con esa producción, hacia dónde va ir destinada, en qué escala debe producirse, con qué empresas asociarse o no etc.
¿Y cómo es el caso de Bolivia?
-En Bolivia la diferencia es que el nuevo gobierno que surgió en el 2006 decretó la reserva fiscal sobre todos los recursos del subsuelo, particularmente en el Salar de Uyuni sacó un decreto para impulsar un Plan nacional de industrialización, creó la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos que es estatal y depende de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), una histórica empresa estatal creada en 1952. Dentro de ese plan de industrialización financiado con fondos públicos, propuso distintas fases, la primaria de producción de materia prima es 100 % estatal porque considera que no requiere tecnología de punta, que se puede desarrollar y no requiere inversiones que Bolivia no puede afrontar. Además supone que el control de ese recurso le permite diseñar una política soberana de industrialización. Paralelamente por fuera de eso, con la propiedad del recurso público deciden implementar una fase de industrialización que sí contempla la posibilidad de asociarse con empresas extranjeras, sobre todo a cambio de tecnología que las elige el Estado. Básicamente el modelo de industrialización de Bolivia es captar la renta que genera la exportación y volcarla hacia un plan de industrialización. O sea Argentina, modelo de concesiones para la exportación de commodities y Bolivia modelo de apropiación de renta pública para la industrialización.
Habló de un modelo que podría tener una perspectiva más amplia de industrialización sobre el desarrollo de baterías de litio para responder a una demanda puntual de Asia, ¿cómo sería?
-Cuando uno deja de ver al recurso natural como un simple commodity puede ver más allá de eso y ver para qué se puede aplicar el litio, simplemente para la principal demanda que es la de vehículos eléctricos de la industria internacional que controla muchos yacimientos como Toyota, la tecnología y va a desarrollar las baterías en sus institutos, bajo sus propios estándares de calidad, es muy difícil después venderles a ellos baterías. Es decir la industria trasnacional es la que más demanda el carbonato de litio, y la que hizo que se convirtiera en commodity está desarrollando su propia fábrica de batería en sus propios países. Más allá de su utilización hay otros posibles usos ya probados, de tecnología madura, que no hace falta tecnología de litio aire ni de aluminio, sino que con las de ion litio que pueden abastecer otras industrias que podrían ser importantes a nivel nacional y regional como el almacenamiento de la energía para uso doméstico o transporte público.
¿Considera positivo que el Gobierno declarara producto estratégico al litio y la asociación con una empresa mixta?
-Soy más crítico, en la cuestión de declararlo estratégico debe definirse en función a qué valor es estratégico el recurso. En Chile se declara estratégico y no se puede concesionar, es estratégico en función de la propia industria, como insumo, en Argentina tanto Jujuy, Catamarca y Salta lo declararon pero más en función de su precio internacional, que hay que concesionarlo ya. En ese sentido la definición de estratégico no necesariamente lleva al desarrollo alternativo.
