Para nosotros el contrato con Andacollo Gold está rescindido". Así definió el ministro de Energía, Alejandro Nicola, la situación administrativa del único proyecto de minería metalífera de la provincia, que está paralizado desde hace cuatro meses.

"Estamos analizando las opciones que tenemos y vamos a buscar los mecanismos para poner en valor el proyecto antes de hacer un nuevo llamado a licitación", sostuvo el funcionario en diálogo con "Río Negro". De todos modos aclaró que el tema está judicializado por lo que es imposible hablar de fechas hasta que no haya una resolución final.

"Para nosotros el contrato está rescindido. Hemos hecho todas las presentaciones que había que hacer y no hubo ninguna de respuesta de parte de la empresa", enfatizó. Es la primera vez que el Ejecutivo habla del fin del acuerdo.

De todos modos, será la Justicia la que termine de definir la situación de Andacollo Gold, que arrastra un millonario pasivo y que literalmente abandonó el proyecto sin dar señales de interés para retomarlo.

Por lo pronto, explicó Nicola, los trabajadores de la mina elaboran un plan para poner en valor el proyecto. Buscan crear una suerte de programa de trabajo que permita aumentar la productividad de la mina de oro y plata, de forma tal de hacer más atractiva la propuesta cuando pueda salirse en busca de un nuevo inversionista.

"La idea es preservar el proyecto porque esto tiene que tener continuidad. Hay distintas opciones que pueden mejorar el trabajo y a su vez ayudar a sostener el impacto económico que tiene en Andacollo y Huinganco", detalló Nicola.

Contó que entre los trabajadores de la mina que quedaron a la deriva (la empresa nunca los despidió ni se presentó a quiebra) hay geólogos e ingenieros.

El derecho de explotación de oro y plata en ese lugar pertenece a la estatal Cormine. En 1998, tras una licitación fallida, se firmó un contrato de usufructo con la empresa Andacollo Gold. En la práctica, fue una suerte de tercerización de la explotación minera.

La empresa cambió de dueños varias veces sin alterar el contrato, al que le quedaba una década de vida. Un grupo mendocino fue el último accionista, que llegó con promesas de inversión incumplidas. En diciembre cerró las puertas del establecimiento que hoy está bajo custodia del Estado.

El gobierno provincial se hizo cargo del salario de los 140 mineros afectados, que prestan tarea de custodia y de mantenimiento de las instalaciones.