Parado al lado de una bandera argentina, con jeans y campera liviana, Hugo Moyano recibe el saludo de Cristina Kirchner, que luce un trajecito anaranjado. Ambos sonríen. La postal es de febrero de 2008. El líder de los camioneros acababa de firmar con los empresarios su acuerdo de suba salarial, pese a que faltaban cuatro meses para que las mejoras llegaran al bolsillo de los trabajadores, porque el convenio previo seguía vigente. No importaba eso: el Gobierno había logrado mostrar en la Casa Rosada al líder de la CGT, entonces un aliado, contento con la suba conseguida y casi como "abanderado" de las paritarias. Claro mensaje para los sindicatos que pedían mayores aumentos.
Lejos de lo que pasaba cuando promediaba el período gobernado por los Kirchner, el último año de Cristina en el poder muestra un escenario sin sonrisas. Tras un año con pérdidas en el salario real, el Gobierno eleva su protagonismo hasta convertirse en el "tercero en discordia" que se interpone en acuerdos de partes.
Y sin encontrar esta vez, al menos hasta la semana que pasó, quien tome el papel de pretendido referente.
Con la preocupación puesta en los efectos que tendría en la inflación una suba salarial superior a lo que se cree que será el avance de los precios, el ministro de Economía, Axel Kicillof, es el acusado de exigir que los porcentajes de incrementos se tiren a la baja. El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, y el secretario general del sindicato mercantil, Armando Cavalieri, contaron que, tras acordar un alza de 30% chocaron contra la "orden" que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, les dijo haber recibido y por la cual se negó a la homologación. "No más de 25%", les aclaró. En un intento posterior, Cavalieri no tuvo suerte con el 28%, aunque el pedido conllevaba adicionales para elevar el efecto final.
La cifra de 28% marca ahora la esperanza de sellar acuerdos, y desde el Gobierno hay expectativas de que sean la Uocra (construcción), de Gerardo Martínez, o UPCN (estatales), de Andrés Rodríguez, quienes muestren sus pactos si no lo logra con los metalúrgicos. Antonio Caló, secretario general de ese gremio, ratificó un paro si hasta el miércoles, día que vence la conciliación obligatoria, no hay fumata, aunque el período de forzada paz -que el sindicalista se aseguró de tener antes de convocar al paro-, podría prorrogarse. Y para el martes se anuncia un paro de bancarios, que tienen trabadas sus negociaciones con un pedido de 33% y que recibieron sumas puente -algo que ocurrió en varios gremios- para compensar la demora en la renovación del pacto vencido en diciembre.
La estrategia oficial, tras un año en que la mayoría de los salarios perdieron en promedio 5 o 6 puntos contra la inflación, es como mínimo llamativa, según la visión de varios economistas consultados por LA NACION. Si la idea es que, junto al tipo de cambio los sueldos estén contenidos para evitar más inflación, se advierte que, al mismo tiempo, el gasto público y la emisión crecen a ritmo rápido.
"Los salarios y el tipo de cambio se ponen como anclas, mientras que el gasto público crece a más del 40% y el ritmo de alza de emisión se ubicaría este año en 31%", marca el economista Dante Sica, director de Abeceb.com, que estima que la inflación podría estar entre 25 y 30%. Así, señala, no hay una política que toque las fuentes del desequilibrio fiscal y externo para intentar un crecimiento. Más allá de lo que pretende Kicillof, dice, "las demás variables no están acordes con el objetivo de bajar la inflación".
Aunque durante años el discurso oficial pretendió negar que los salarios causen inflación, esta semana el ministro no ocultó la preocupación por estas paritarias, aunque lo hizo escudándose en que "hay empresarios que quieren trasladar el aumento completo a precios". Y no se privó de anudar a sus dichos el ya añoso lema de "paritarias sin piso ni techo". "Si los precios se desaceleraron y la inflación va a ser de 10 puntos menos [respecto de 2014], yo decía que en la paritaria ese componente también tiene que haberse reducido; es lógica pura, no es ponerle un techo", explicó el viernes en declaraciones radiales. Y deslizó un número emparentado con el señalado tope oficial: dijo que el peor pronóstico de inflación de los economistas es de 24 por ciento.
Pero la tendencia a la desaceleración de los precios ya fue revisada por varios analistas y se advierte que habría un repunte. La excusa del traslado posterior a precios también es cuestionada. "Las empresas ya previeron las subas salariales", dice Alberto Tomasone, asesor del sindicato de comercio, para desestimarla.
Kicillof había intentado desligarse el lunes del rol de quien pone topes. Ese día hizo un confuso anuncio de una rebaja en el impuesto a las ganancias con efecto para los asalariados que entre enero y agosto de 2013 tenían un sueldo bruto de 15.000 a 25.000 pesos. La resolución no corrige las graves distorsiones del esquema, pero intenta aliviar tensiones en algunas paritarias, como la de bancarios. Pero la compleja norma no tuvo buena recepción en los dirigentes.
"En un proceso ordenado de negociación, lo lógico sería que los asalariados conozcan antes cuánto se llevará el impuesto a las ganancias en el año, y que haya cierto nivel de certeza sobre la inflación", plantea Marcelo Capello, presidente del Ieral. Pero en materia del nivel de alza de precios, los negociadores advierten sobre lo complejo e irónico de que los funcionarios de un Gobierno que se ocupó de destruir la estadística oficial, pidan un acto de fe respecto de que no habrá desbordes.
Para Julián De Diego, abogado laboralista y asesor de las principales cámaras empresariales, es difícil que se acepte la idea de que la inflación está en baja. "Existe el fantasma de una inflación contenida", afirma el abogado, que cree coherente que desde el Gobierno se pretenda aceptar 25%; "lo raro sería que avale 35%", agrega.
Estas negociaciones tienen la particularidad de que gran parte de la vigencia de los acuerdos será ya con otro gobierno. "A partir de las PASO habrá un proceso más complicado por las expectativas que hay, por ejemplo, en cuanto al cepo cambiario", advierte el economista Orlando Ferreres.
Los temores del Gobierno están más enfocados en el corto plazo. Desde la idea de que en el contexto de una oferta que no se amplía por falta de inversión, los precios podrían subir más, justo antes de las elecciones.
Agustín D'Attellis, fundador de la Gran Makro, de pensamiento cercano al Gobierno, dice que algo de eso ya ocurre a partir del anuncio de medidas que incentivaron el consumo. "Es que las decisiones de inversión se postergan para 2016 y eso es independiente de quien gane", afirma quien ve lógico que las paritarias no se alejen de la inflación (dice proyectar para el año entre 20 y 22%) "para evitar conductas especulativas".
Con una estimación mayor del alza de precios, el economista jefe de FIEL, Juan Luis Bour, dice que "si se firman subas por 25% lo que se logra es... más conflictos". No cree que unos puntos más hagan variar demasiado la situación de la macroeconomía. "El Gobierno se preocupa por un precio privado [los salarios] pensando que va a frenar la inflación. La estrategia es extraña. Se pone el ancla en las tarifas, que es un tema que se tira hacia adelante; en los salarios, que cayeron en 2014, y en el tipo de cambio, que trae problemas de competitividad. Y al mismo tiempo, hay expansión fiscal y monetaria, y hubo aumentos de salarios públicos, para los docentes, que fueron importantes", analizó.
Para Eduardo Levy Yeyati, de Elypsis, un 3% de suba del salario real podría conllevar alguna recuperación del consumo. "Sin embargo, el detalle a no perder de vista es que la única manera de lograr un repunte sostenible en la economía es cambiar motores del consumo a la inversión", avisa.
En una visión que varios comparten, el economista Claudio Lozano entiende que, con sus decisiones "el Gobierno no resuelve nada y sólo administra el tiempo que le queda".
En ese intento, el último año de poder se le va en medio de un muy desprolijo y conflictivo proceso de negociación colectiva. Justo uno de los temas que el relato oficial no se cansa de marcar como un logro..
Un inesperado éxito de Axel Kicillof: al menos dos gremios K importantes como Comercio y la UOCRA aceptaron en las últimas horas firmar sus paritarias por un 26%, en un solo pago y con el agregado de sumas fijas. De esta forma, el Gobierno podrá exhibir como un logro la aceptación del tope salarial del 25% por parte de dos sindicatos clave y hasta cierta flexibilidad al haber aceptado superar ese techo en un punto, y los dirigentes, que el impacto del porcentaje sea mayor al pagarse de una sola vez a partir de abril y no en dos tramos, cuya última cuota sería cerca de fin de año. En el caso de los mercantiles, calculan que el aumento real será del 28,3%.
El acuerdo se alcanzó en una reunión secreta que mantuvieron anteayer el ministro de Economía con Armando Cavalieri (Comercio) y Gerardo Martínez (UOCRA), que integran la CGT oficialista, en la sede del gremio de la construcción. Algunas fuentes confiaron a Clarín que del encuentro también participaron Antonio Caló (UOM) y Andrés Rodríguez (UPCN), pero allegados a estos dirigentes lo negaron.
Cavalieri había acordado con las cámaras del sector un 30% en dos cuotas (15% y 13%), más dos sumas fijas de 1.200 pesos, pero el Gobierno lo rechazó y pretendió que no pasara del 25%, pese a que la mejora se pactó “en función de la rentabilidad del sector”.
Por eso el titular de Comercio criticó al Gobierno, habló de “Cavillof” por las semejanzas entre Domingo Cavallo y el actual ministro de Economía, y convocó a una movilización callejera para el jueves próximo con el fin de reclamar contra los topes a las paritarias.
Ahora, la aceptación del 26% más las sumas fijas le permitirá que el Gobierno no sólo le homologue el acuerdo sino también un acta complementaria, que contempla el pago de 1.200 pesos mensuales por trabajador, en 12 cuotas, para cubrir el déficit de la obra social.
En el caso de la UOCRA, había reclamado un aumento del 30%, pero estaba dispuesto a aceptar un 28/29%. Su titular, Gerardo Martínez, afirmó esta semana, en sintonía con el discurso gubernamental, que “nunca ha habido un techo a las paritarias, ni antes ni ahora”. Aquí también la UOCRA aceptaría un 26% con el agregado de sumas fijas.
Fuentes metalúrgicas advirtieron a Clarín que el gremio de Caló rechazará ese porcentaje (reclama un 32%), a menos que se puedan incorporar los 2.000 pesos de bono navideño a los sueldos básicos. El jefe de la UOM reunirá la semana próxima a su consejo directivo para analizar la propuesta de un 26% con “aditivos”. “Si se incorporan los $ 2.000 se redondearía un aumento del 28,5%, pero hay que ver si la gente lo acepta. Hay bronca porque los sueldos están muy bajos”, dijeron las fuentes.
Más allá de porcentajes, el gremio quiere elevar de $ 6.400 a $ 8.500 el sueldo mínimo garantizado. Caló estuvo anteayer con Kicillof en el Ministerio de Economía mientras transcurría la primera audiencia por la conciliación obligatoria en la cartera de Trabajo, donde unos mil delegados metalúrgicos reclamaban a los gritos un 32%. El jefe de la UOM apareció para anunciarles a sus militantes que no había ningún acuerdo y los citó allí para el próximo miércoles, en que se hará un nuevo encuentro con funcionarios y empresarios.
La conciliación obligatoria forzó al gremio a suspender el paro de 36 horas resuelto el 15 de abril por el congreso de delegados de la UOM.
Se trata de sindicatos clave, como el de Comercio y la UOCRA. El arreglo se produce luego de que el ministro de Economía pidiera un tope del 25%
Al menos dos de los gremios aliados con el Gobierno, como el de COMERCIO y la UOCRA, aceptaron en las últimas horas firmar sus paritarias por un 26%, en un solo pago y con el agregado de sumas fijas, en lo que refleja ser una aceptación sin reproches a la recomendación de Axel Kicillof.
La aceptación del tope salarial del 25% por parte de dos sindicatos clave y hasta cierta flexibilidad al haber aceptado superar ese techo en un punto, dejará al Gobierno satisfecho, al menos por el momento.
Los sindicatos, por su parte, podrán considerar un logro que el impacto del porcentaje sea mayor al pagarse de una sola vez a partir de abril y no en dos tramos, cuya última cuota sería cerca de fin de año. En el caso de los mercantiles, calculan que el aumento real será del 28,3%.
El acuerdo se alcanzó en una reunión secreta que mantuvieron anteayer el ministro de Economía con Armando Cavalieri (Comercio) y Gerardo Martínez (UOCRA), que integran la CGT oficialista, en la sede del gremio de la construcción.
Cavalieri había acordado con las cámaras del sector un 30% en dos cuotas (15% y 13%), más dos sumas fijas de 1.200 pesos, pero el Gobierno lo rechazó y pretendió que no pasara del 25%, pese a que la mejora se pactó “en función de la rentabilidad del sector”.
Ahora, la aceptación del 26% más las sumas fijas le permitirá que el Gobierno no sólo le homologue el acuerdo sino también un acta complementaria, que contempla el pago de 1.200 pesos mensuales por trabajador, en 12 cuotas, para cubrir el déficit de la obra social.
En el caso de la UOCRA, había reclamado un aumento del 30%, pero estaba dispuesto a aceptar un 28/29%. Y a pesar de que su titular, Gerardo Martínez, había afirmado que no existían techos a las paritarias, aquí también su gremio aceptaría apenas un 26% con el agregado de sumas fijas.
El gremio metalúrgico (UOM) que conduce Antonio Caló rechazará ese porcentaje (reclama un 32%), a menos que se puedan incorporar los 2.000 pesos de bono navideño a los sueldos básicos. El jefe de la UOM reunirá la semana próxima a su consejo directivo para analizar la propuesta de un 26% con “aditivos”.
