Desde que se firmó a principios de año, el contrato de exploración y explotación de las áreas mineras Cerro Atajo y Agua Rica entre la empresa estatal CAMYEN y la multinacional Yamana Gold estuvo envuelto en la polémica. Y si algo faltaba para levantar sospechas sobre un acuerdo que quizás no merezca tanta desconfianza, era que un alto representante del sector oficial, el abogado Fernando Musella, en su debut al frente de la vicepresidencia de CAMYEN, cometiera la torpeza de negar información a la oposición legislativa con el argumento de que hay aspectos secretos del contrato que aún no pueden ventilarse. "Hay cláusulas de confidencialidad que lo impiden y nosotros, de hacerlo, p
odríamos afectar los intereses de la Provincia porque está dispuesto en el contrato. Eso no significa que nosotros no vamos a difundirlo en el futuro ni nada por el estilo”, aseguró Musella en declaraciones a la prensa en Andalgalá acerca del pedido de informes presentado en la Cámara baja por el bloque del FCS. Fue más que suficiente para que la oposición, los sectores antimineros y la opinión pública en general se pusieran en alerta sobre el contrato. El abogado fue síndico de Minera del Altiplano-FMC hasta antes de asumir en la nueva sociedad estatal, de manera que no es inexperto en el tema. Sin embargo, esta vez le erró feo: pese a ser la minería una cuestión tan sensible en Catamarca, sumergió al acuerdo con Yamana en la oscuridad de lo reservado.
La historia reciente en Catamarca ha demostrado, a costos muy altos, que la minería debe y tiene que ser un ejemplo de transparencia, quizás más aún que las cuentas públicas. El contrato entre CAMYEN y Yamana Gold, en lo formal, se hizo entre privados, pero lo que está en juego son los recursos naturales no renovables de la provincia, con lo cual cualquier cosa que firmen y hagan estas empresas es de riguroso interés público. No obstante, después del yerro de Musella, la empresa estatal no dio mayores precisiones sobre el tema, ni menos aún respondió el pedido de informes de los diputados. Fue entonces que decidió la misma firma extranjera salir a decir lo que su socia estatal rehúye. El presidente de Yamana Argentina, Hernán Vera, de paso por Catamarca el viernes último, aseguró a este diario que el "acuerdo no es confidencial. La empresa estatal puede disponer comunicarlo de la forma que ellos quieran.
En el único punto donde se menciona la cláusula de confidencialidad es en uno de los datos obtenidos de la exploración durante un tiempo prudencial, por razones obvias”. Según Vera, lo que no se informa aún es "para evitar que resultados de corto plazo, positivos o negativos, hagan evaluar en forma tergiversada o con algún sesgo un depósito en su conjunto”. Puede ser cierto que determinada fase del proceso requiera algún grado de cautela, pero no es Yamana, lamentablemente, una empresa que en Catamarca haya dado muestras de transparencia en su trabajo. Tal vez ahora pretenda revertir esa imagen. Le espera mucho por delante, al igual que a CAMYEN.
Por lo pronto, no estaría de más que la empresa estatal apure la respuesta a la Cámara baja para despejar los fantasmas que merodean el contrato. El pedido de informes requiere datos del plan de inversión para la exploración y desarrollo de la infraestructura que financiara Yamana, tanto en Cerro Atajo como en Agua Rica, y plazos de ejecución; el análisis económico que se tuvo en cuenta para determinar la participación en la renta de ambos emprendimientos, y las acciones legales que presentó CAMYEN en el litigio con la empresa minera por el área de Cerro Atajo. Al margen de ello, la oposición insiste en que el acuerdo tiene muchos puntos "oscuros”, que deberían ser aclarados en su totalidad por tratarse de un usufructo pactado a 40 años a favor de Yamana.
Entre ellos, no se entiende bien por qué razón CAMYEN asume la responsabilidad plena de los pasivos ambientales que surjan de la explotación y cierta desventaja para la parte estatal en caso de rescisión contractual, por cuanto la privada puede dar por terminado el acuerdo con 90 días de anticipación, mientras que CAMYEN debería por su lado esperar que se agote la concesión minera, siempre y cuando su socio no la tramite nuevamente en la Justicia de Minas. En fin, hay varias cosas para explicar y, más aún, para satisfacer la curiosidad legislativa y de la comunidad catamarqueña.
El Ancasti
El presidente de Yamana Gold en Argentina, Hernán Vera, dijo ayer que no existe cláusula de confidencialidad en el acuerdo que la empresa firmó con CAMYEN para la puesta en marcha de Cerro Atajo. El representante de la empresa se refirió a los beneficios del acuerdo para la Provincia en el marco de una jornada por el Día de la Minería que se realizó en la Facultad de Tecnología en la que participaron.
"Este acuerdo no es confidencial. La empresa estatal puede disponer comunicarlo de la forma que ellos quieran. En el único punto donde se menciona la cláusula de confidencialidad es en uno de los datos obtenidos de la exploración durante un tiempo prudencial, por razones obvias. Son acuerdos normales para evitar la especulación, para evitar que resultados de corto plazo, positivos o negativos, hagan evaluar en forma tergiversada o con algún sesgo un depósito en su conjunto. Las compañías tanto Yamana como CAMYEN son disciplinadas en la información. Esa información es confidencial en un tiempo, luego que se analice y se estudie y se saque conclusiones esa información va a ser tan pública como el resto del convenio", señaló en diálogo con El Ancasti.
De esta manera, Vera, sin mencionarlos, hizo alusión a las críticas que surgieron desde la oposición a partir de las expresiones del vicepresidente de CAMYEN, Fernando Musella, que habló de la existencia de información confidencial.
En su presentación, Vera enumeró los beneficios que el contrato representará para la Provincia. "A partir del acuerdo celebrado queríamos dar la cara, porque es un acuerdo muy beneficioso para la Provincia. Yo creo que los catamarqueños se pueden sentir muy orgullosos porque es, por lejos, un acuerdo mucho más beneficioso en relación con otros que se han producido en otras provincias", manifestó al comparar el acuerdo que se realizó con empresas provinciales de otras provincias. En este sentido, destacó el cambio en la liquidación de regalías mineras, ya que no solo será sobre el valor boca mina sino que se considerará el valor de venta, "lo que es un 30 ó 40% por arriba del valor de boca mina", acotó.
Vera explicó ayer que el Distrito Minero Catamarca constituye un cluster, en el que CAMYEN y Yamana pueden obtener beneficios optimizando los recursos existentes en una relación de colaboración mutua. Está integrado por los yacimientos de Agua Rica y Cerro Atajo.
Los beneficios para CAMYEN son: hasta el 5% de las ganancias de Agua Rica. Un 3% solo por la constitución del Distrito y 2% adicionales si Cerro Atajo es explotado por Minera Agua Rica.
Un 7% del Valor Neto de Fundición (NSR) de Cerro Atajo. Corresponde al porcentaje de las ventas de minerales, menos los costos de fundición y transporte generalmente pagado al descubridor o vendedor de una pertenencia minera
A partir de la sociedad de la minera estatal Camyen con Yamana Gold, Catamarca tendrá beneficios como la percepción de un porcentaje de las ganancias directas que genere el yacimiento Cerro Atajo.
El dato fue difundido por el presidente de la empresa en Argentina, Hernán Vera, quien también afirmó que el contrato “no tiene el carácter de confidencial, dando por tierra a la suposición que desató polémica días pasados”.
El ejecutivo explicó estos detalles en una exposición realizada durante un ciclo de conferencias organizado por la Unca con motivo del Día de la Minería.
El titular de Yamana detalló algunos aspectos claves del acuerdo firmado entre la minera y Camyen que hasta ahora no habían sido clarificados de manera pública.
Quizás el dato más importante vertido por el minero fue que Catamarca, mediante el acuerdo, percibirá “el 7% del valor neto de fundición de la producción de Atajo”.
Sumado a esto, Vera informó que por la mina Cerro Atajo la provincia percibirá además el 3% de regalías calculado sobre el valor de la venta final del mineral. “Cabe destacar que el porcentaje de regalías mineras que deben pagar las empresas, establecido por ley, es del 3% del valor del mineral boca mina, es decir luego de descontar los costos de producción”, recordó.
El acuerdo también establece que la provincia, a través de Camyen será socia del yacimiento Agua Rica (hasta ahora de propiedad exclusiva de Yamana) y percibirá, cuando el mismo sea puesto en marcha, entre el 3 y el 5% de sus utilidades netas. Teniendo en cuenta la dimensión de Agua Rica, similar al yacimiento Bajo de la Alumbrera, “este porcentaje implicaría una altísima renta directa para Catamarca durante la vida útil de la mina, estimada hoy en más de 30 años”, destacaron.
Así las cosas, luego de lo comunicado por Vera, y de realizar una comparación con otros acuerdos similares rubricados en el país, “se desprende que el contrato entre Yamana y Camyen constituye, hasta ahora, el acuerdo más ventajoso firmado por una provincia y una multinacional minera, mejorando, incluso al de Cerro Vanguardia y Formicrz en Santa Cruz y al de la Barrik Gold y IPEEM en San Juan”, finalizaron.
En una jornada que se realizó en la UNCA, el secretario de Minería, Rodolfo Micone, dijo que a partir del incremento en las tasas para la actividad minera, que se realizó el año pasado por la ley impositiva, se logró frenar la especulación que existía con los yacimientos mineros.
El viernes último, Micone brindó un informe en la Facultad de Tecnología sobre el presente de la actividad minera en la Provincia. En ese contexto, puntualizó : "Hemos tratado de cortar con la especulación minera. Eso es importante porque antes no conocíamos lo que teníamos porque se especulaba. Cuando se sacó una nueva ley, se pasó de pagar $ 400 por una mina vacante a $ 12 mil pesos, es decir, ya no cualquiera puede tener 100 minas como tenían antes. Hoy, puede tener una mina el que quiere invertir y al que no directamente se le dio de baja en el padrón de minero. Eso hace que el negocio minero vaya generando alguna tranquilidad", expresó en la charla que brindó para alumnos y docentes que se desempeñan en las carreras que se dictan en la UNCA.
Luego, consultado por El Ancasti, dijo que todavía no se podía precisar la cantidad de yacimientos que la Provincia había rescatado de la especulación porque es una situación variable.
"Lo estamos midiendo día a día, antes teníamos muchos dueños de pertenencias que las tenían y no las podían explorar. Hoy nos estamos sentando con ellos para ver cuáles son los recursos que tienen, donde están esas pertenencias, hoy no se le hace fácil tener una mina y pagar el canon o los impuestos que tiene que pagar. Hemos frenado la especulación, hemos tratado que la prospección y la investigación se pueda hacer con más detalle en ciertas áreas", manifestó.
Micone destacó también la puesta en vigencia de un nuevo mapa minero que permite conocer el potencial que existe en la provincia a partir de herramientas tecnológicas.
Conforme a un informe oficial que El Ancasti difundió el año pasado, había 905 minas que estaban vacantes, caducas o con obligaciones vencidas. Esa cifra representaba al 41% del total del padrón de minas que tiene la provincia y un claro impedimento para el desarrollo minero porque son áreas inmovilizadas en las que no se realiza la minería. Muchas de ellas estaban en manos de concesionarios que las mantienen por años sin realizar ningún tipo de inversión.
El año pasado a partir de la nueva ley impositiva, el Gobierno decidió incrementar el valor del sellado para las concesiones mineras como una estrategia para poner un tope a la especulación.
Así, por ejemplo, para solicitar minas que habían sido declaradas vacantes se pagaba $ 250, la cifra se elevó a $ 500 en el 2001 y ahora se exige $ 12. Para completar el trámite, interviene también el Juzgado de Minas.
El geólogo Alfredo Marchiolli elaboró un documento en el que analizó la situación de la minería en la provincia y el impacto negativo en el sector de medidas que fueron tomadas por el Gobierno nacional.
Marchiolli asegura que en la actualidad hay varios proyectos que están paralizados. Atribuye la situación a la implementación de medidas contrarias a la actividad. En este sentido enumera:
- Retenciones a las exportaciones (2007). Según el documento, la medida afectó directamente a Minera Alumbrera, y a la Provincia de Catamarca por la conformación societaria de YMAD, con una retención del 10%.
"Esto imposibilitó que la Provincia percibiera a la fecha cerca de $1.500 millones, equivalentes en precios corrientes a: 24.000 viviendas tipo, 3 diques el Bolsón, o, incluso, el dique Potrero Clavillo", asegura.
"Los fondos recaudados por retenciones pasaron a "engordar” las arcas del Estado Nacional que destina discrecionalmente los recursos que, obviamente, no retornaron a la Provincia”, destaca el geólogo.
- Restricciones a las importaciones (2011): ofició uno de los principales obstáculos al desarrollo de los proyectos en operación incrementando costos y tiempos.
Marchiolli alude también la restricción a la liquidación de divisas (2012) y la política cambiaria e inflación descontrolada (2012).
"Si se pretende un crecimiento del sector, nada podrán hacer las provincias sino existe una política nacional con reglas claras y sostenibles, con medidas que brinden condiciones de certidumbre y confianza para inversiones de riesgo y largo plazo como la minería", concluye.
El dirigente de la Renovación Radical Popular Alfredo Marchioli di elaboró un documento titulado “Consideraciones sobre la Política Minera Nacional -Impacto en la Economía de Catamarca” en donde advierte la situación que atraviesa el sector, incluyendo algunas propuestas a corto y mediano plazo para recuperar el crecimiento de la actividad productiva “más importante de la provincia”.
En este marco y poniendo como destinatarios a potenciales y “futuros decidores políticos de orden nacional y provincial”, el expresidente de la Asociación de Empresas Mineras de Catamarca (AEMCA) y miembro de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), destacó las competencias jurisdiccionales, tanto a nivel provincial y nacional. Así, señaló que la primera tiene como misión la preservación del medio ambiente y distribución de los recursos económicos generados, mientras que la segunda tiene la potestad de imponer medidas macroeconómicas y particulares que impactan sobre el sector, las que inciden superlativamente para las inversiones destinadas a proyectos mineros, tanto para exploración como para explotación.
En el documento rescata los reclamos sociales que sucedieron en nuestra provincia, recordando que desde el 2009 las preocupaciones estuvieron asociadas al impacto ambiental, que luego fueron mutando al reclamo por la escasa percepción social de los beneficios socioeconómicos, “situación que puede asociarse al progreso de las herramientas de control ambiental gubernamental y por la falta de evidencias concretas de contaminación”.
Sobre este eje, destacó que “los reclamos se endurecieron proporcionalmente a los años de explotación, como el caso “15-F” en Andalgalá, con Bajo La Alumbrera, primer megaproyecto minero de la Argentina, situación “condimentada” con las actividades exploratorias del proyecto Agua Rica, por la “ineficacia” municipal para la inversión de los fondos provenientes de regalías mineras y la escasa inversión y presencia del Estado provincial”.
Competencia nacional
En cuanto al plano nacional y las principales medidas económicas y de comercio exterior que afectan al sector, indicó algunas, como las retenciones a las exportaciones (2007), la cual afectó directamente a Minera Alumbrera, y a Catamarca por la conformación societaria de YMAD, con una retención del 10%. “Esta medida imposibilitó que la Provincia percibiera a la fecha (mayo-2015) cerca de $1.500 millones”, apuntó, calculando que la cifra es equivalente a 24.000 viviendas tipo, 3 diques El Bolsón o, incluso, el dique Potrero Clavillo proyectado -en su versión conservadora-.
“Es una ironía que esas 24.000 viviendas cubran el déficit habitacional que posee actualmente la provincia de Catamarca”, sostiene el documento, más aún si “los fondos recaudados por retenciones pasaron a “engordar” las arcas del Estado nacional que destina discrecionalmente los recursos que, obviamente, no retornaron a la provincia”.
Otras de las medidas económicas que afectaron al sector, según el documento, fueron la Restricciones a las Importaciones, “uno de los principales obstáculos al desarrollo de los proyectos en operación incrementando costos y tiempos” y la Restricción a la Liquidación de Divisas, “que produjo la suspensión de las exportaciones y repercutió financieramente en Catamarca por la falta de liquidación de regalías. Esta medida fue posteriormente retractada por el Gobierno nacional”.
Con todo ello, indicó que previo a la modificación del régimen minero (2007) en la provincia se encontraban en proceso de exploración y factibilidad los proyectos mineros, “que actualmente se encuentran paralizados” de Agua Rica, Diablillos, Incahuasi, La Hoyada, Antofalla, Calalaste, Áreas Votorantim, Jackson Global, Madero Minerals, Salar de Antofalla y Sal de Vida, entre otros.
De esta forma, Marchioli exhortó a que, de pretender un crecimiento del sector, “nada podrán hacer las provincias sino existe una política nacional con reglas claras y sostenibles, con medidas que brinden condiciones de certidumbre y confianza para inversiones de riesgo”.
En Diputados
En la última sesión de la cámara baja, entró un proyecto de ley del legislador Jorge Lagoria, en el cual propone la modificación del artículo 7 sobre la ley provincial 5128 (Distribución de fondos de regalías mineras).
En este sentido, el diputado propone que, con la modificación a la normativa, se le asigne al departamento Santa María una participación extraordinaria del 10 por ciento de las regalías que forman el tesoro provincial conforme al artículo 2°, por la explotación de cualquier yacimiento minero en sus distintas metodologías que se realice en la región, mientras los mismos extraigan agua de dicho departamento durante la etapa de operación o finalizada la misma.
