El ex director de la petrolera de Brasil Petrobras quien admitió corrupción por un valor de unos 2.000 millones de dólares, reiteró que esa monumental trama de desvío de dinero fue orquestada por políticos que financiaron sus campañas con dinero sucio y apuntó especialmente al gobernante Partido de los Trabajadores de Lula da Silva y la presidenta Dilma Rousseff.

“No hay donaciones de empresas” para campañas que no apunten a “recuperar” el dinero después a través de “favores políticos”, dijo ante una comisión parlamentaria el ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa, condenado en primera instancia a siete años y seis meses de prisión por su participación en esa red.

Costa, quien ha acordado colaborar con la justicia a cambio de una reducción de pena, cumple prisión domiciliaria y fue trasladado este miércoles hasta el Congreso para declarar por cuarta vez sobre el asunto.

El ex-director de Petrobras ratificó que empresas privadas obtenían contratos amañados con la estatal, cuyos precios eran inflados a fin de que la diferencia acabase en las arcas de partidos políticos, en ocasiones presentada como “donaciones” para campañas electorales.

Según el ex funcionario, diversas formaciones políticas, entre las que incluyó fundamentalmente a algunas de la base oficialista y a los opositores partidos de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y Socialista Brasileño (PSB) , se beneficiaron de esa trama.

En el espectro oficialista, citó al Partido de los Trabajadores (PT) , de la presidenta Dilma Rousseff y su antecesor Lula da Silva, y también al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), liderado por el vicepresidente, Michel Temer.

También ratificó que está implicado en la trama el actual presidente del Senado, Renan Calheiros, quien encabeza una lista de medio centenar de políticos investigados por la Corte Suprema por el escándalo, en la que también figura el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. En su declaración de hoy, Costa no aportó detalles nuevos, pero incidió en el papel “determinante” que tuvieron los políticos en la red de corrupción.

“Todo esto no fue inventado ni por las empresas privadas ni por los directores de Petrobras” implicados en el asunto, declaró Costa, quien añadió con firmeza que “quienes lo inventaron fueron los malos políticos”.

Costa también insistió en que la red de corrupción enquistada en la petrolera tenía réplicas en otros sectores de la órbita estatal, entre los que citó concretamente el de generación eléctrica.

“Empresarios que participaban en el esquema me contaban que eso mismo pasaba en el sector eléctrico y en áreas de infraestructura de manera general”, declaró.

La investigación en Petrobras comenzó hace poco más de un año y desde entonces llevó a prisión a cinco ex directores de la empresa y a una veintena de ejecutivos de importantes constructoras del país.

El escándalo obligó a Petrobras a postergar la presentación de su balance del tercer trimestre de 2014, que finalmente fue publicado hace dos semanas, junto con el correspondiente a todo el año pasado.

La empresa admitió que el año anterior tuvo unas pérdidas cifradas en 21.587 millones de reales (unos 7.200 millones de dólares) , que representaron su primer resultado negativo desde 1991.

El balance también registró que la deuda de la compañía llegó a fines de 2014 a 351.000 millones de reales (unos 117.000 millones de dólares) y le puso cifras claras a la corrupción, al calcular que le ha costado no menos de 6.200 millones de reales (unos 2.066 millones de dólares) desde 2004.

El escándalo de corrupción de Petrobras tendrá graves consecuencias en la economía brasileña, ya que podría abocar al cierre a más de 51.000 pequeñas empresas, según estimaciones del Abogado General de la Unión, Luís Inácio Adams.

Todas esas decenas de miles de empresas, en su mayoría proveedoras y prestadoras de servicios, se verían muy afectadas por las restricciones de las 23 empresas que están siendo investigadas en el marco de la 'Operación Lava Jato', según ha explicado este jueves en un coloquio organizado por el diario 'Valor Económico'.

Entre las empresas investigadas por la Policía hay gigantes de la construcción y la ingeniería como Oderbrecht, Camargo Corrêa, OAS, Queiroz Galvão, Galvão Engenharia, UTC y Andrade Gutierrez, cuyos máximos responsables están acusados de entregar sobornos a políticos y directivos de Petrobras para garantizarse contratos con la estatal.

Una de las medidas que tomó recientemente Petrobras para limpiar su imagen y empezar una nueva etapa fue el compromiso de no firmar nuevos contratos de obra con ninguna de estas empresas cuestionadas, además de paralizar algunos grandes proyectos ya en marcha, lo que ya ha provocado numerosos despidos.

El caso más visible es el del Complejo Petroquímico de Río de Janeiro (COMPERJ), una ambiciosa instalación cuyas obras han sido paralizadas. Como consecuencia en marzo se despidió a 2.500 operarios de la empresa Alumni Engenharia y la economía de la región de Macaé se ha visto gravemente perjudicada.

Por ello Adams resalta que las medidas anticorrupción tienen que implementarse con cautela: "Cerrar los ojos a ese impacto es un auténtico absurdo", ha dicho, resaltando que la excesiva burocracia que hay en Brasil es lo que más estimula la corrupción a todos los niveles, también entre los pequeños empresarios.

Brasil desarrolló un modelo económico capitalista donde el Estado controla o participa en empresas de distintos sectores.

Por Gerardo Lissardy

Así como los brasileños tienen su propio estilo de jugar fútbol o crear música, también creían haber encontrado un camino especial hacia el desarrollo económico, con el Estado como actor clave.

Se trata de una forma de capitalismo en la que el gobierno controla empresas en sectores como el petróleo o la electricidad, que considera clave para su modernización.

Aunque ocurre en varios países, Brasil también impulsó recientemente una política singular de inversión indirecta del gobierno en determinadas compañías, colocando al Estado como accionista minoritario.

El fenómeno fue tan llamativo que en 2012 la revista británica The Economist señaló a Brasil como un ejemplo del aumento del "capitalismo de Estado" en el mundo emergente, junto con China o Rusia.

Y apuntó que las empresas estatales sumaban 38% del valor de mercado en el país sudamericano, que había "inventado" una de las nuevas herramientas más agudas del capitalismo de Estado.

Pero algo parece estar cambiando en Brasil ahora que su economía se estancó y la gigantesca petrolera estatal Petrobras sufre su peor crisis, endeudada en medio de un megaescándalo de corrupción.

En las últimas semanas surgieron aquí varios cuestionamientos a ese modelo de injerencia estatal en la economía, que creció desde 2003 bajo los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, su actual presidenta.
Joaquim Levy, un economista ortodoxo a quien Rousseff nombró ministro de Hacienda a fin del año pasado para recuperar la confianza de los mercados, dijo algo sugestivo en marzo.

"El capitalismo de Estado no funciona muy bien en una democracia", sostuvo ante un grupo de empresarios en São Paulo.
Entonces, ¿falló el capitalismo a la brasileña?

"Campeones nacionales"

El capitalismo de Estado comenzó a repuntar en la década de los años 90 en Brasil, paradójicamente cuando el país y la región vivían una ola de privatizaciones.

Por un lado, el Estado canjeó su participación mayoritaria en algunas empresas por una presencia minoritaria en varias otras.

También usó su poderoso banco nacional de desarrollo BNDES y fondos estatales de pensión para invertir en compañías de diversos sectores, desde la minería hasta los alimentos.

Y promovió fusiones de empresas en áreas como telecomunicaciones o producción de celulosa, en una política de elegir "campeones nacionales" que se acentuó en el gobierno de Lula, buscando impulsar la producción y el empleo locales.

"El primer exceso fue en el uso de capital estatal en varias empresas, muchas elegidas con criterios que no sabemos cuáles son, o que no precisaban esos recursos", le dijo a BBC Mundo Sergio Lazzarini, un economista de la escuela Insper de negocios en São Paulo y coautor de un libro sobre la reinvención del capitalismo de Estado.

Añadió que el proceso fue más drástico a partir del primer gobierno de Rousseff en 2011, cuando empresas con control mayoritario del Estado intervinieron activamente en el mercado, mediante controles de precios o negociaciones de contratos.

"Movimos mucho el péndulo hacia la intervención estatal cuando podíamos haber buscado una actuación más balanceada, privilegiando un poco más el capital privado y dejando el capital estatal muy selectivo", dijo Lazzarini.

El factor Petrobras

Petrobras fue el gran símbolo del capitalismo de Estado brasileño en la última década.

La petrolera estatal fue obligada por ley a participar con al menos 30% en cada consorcio que se forme para explotar los grandes yacimientos de crudo descubiertos en la profundidad del Atlántico.

Además, buscando generar trabajo, se establecieron porcentajes de contenido brasileño que debían tener los equipos que adquiere Petrobras, como barcos o sondas de perforación.

Con su popularidad por el piso, Rousseff defiende hasta hoy la vigencia de esas reglas, argumentando que está en juego quién se queda con la mayoría de las riquezas petroleras.

Pero han surgido opiniones diferentes en su propio gobierno.
El ministro de Minas y Energía, Eduardo Braga, habló el mes pasado de "revisar o debatir" el requisito de que Petrobras tenga un mínimo de 30% en los consorcios para explotar el crudo.

El diario brasileño Valor Económico informó esta semana, citando una alta fuente gubernamental, que el cambio también es apoyado por el ministro Levy y el presidente de Petrobras, Aldemir Bendine.

Uno de los motivos citados por Bendine es el peso de la deuda de Petrobras, de unos US$135.000 millones, que dificulta sus posibilidades de entrar en nuevos consorcios.

En el balance auditado de 2014 que la empresa divulgó en abril, con considerable atraso, figuran pérdidas netas por US$7.200 millones, de los cuales US$2.000 millones están vinculados a la corrupción.

La justicia investiga un gigantesco esquema de sobornos presuntamente pagados por empresas constructoras a miembros de Petrobras, del gobernante Partido de los Trabajadores y otros grupos políticos a cambio de jugosos contratos de obra.

¿Cambio ideológico?

Algunos creen que todo esto ha afectado la confianza general en empresas donde el Estado brasileño tiene participaciones mayoritarias o minoritarias.
"El capitalismo de Estado se mostró muy fallido en esa cuestión de empresas de economía mixta", le dijo a BBC Mundo Adriano Pires, un consultor brasileño de energía.

"El gobierno usó a Petrobras o Eletrobras (empresa eléctrica controlada por el Estado) para hacer todo lo que quería y faltarle el respeto a los accionistas", agregó.

A su juicio, la situación se extiende de modo "más sutil" a la gigante minera Vale, donde el gobierno brasileño usó en el pasado participaciones minoritarias del Estado para influir en decisiones importantes.

Ahora Brasil parece más concentrado en atraer inversión privada.
El gobierno de Rousseff prepara un nuevo programa de concesiones de obras de infraestructura que, adelantó Levy, tendrá mayor participación de bancos privados y menos del estatal BNDES, que este año dejó de recibir transferencias directas del Tesoro.

Sin embargo, algunos creen que esto responde a los problemas fiscales que atraviesa Brasil y no tanto a un cambio ideológico en el gobierno.

"No diría que es un fracaso del capitalismo de Estado, (sino) mucho más fruto de una conducción equivocada de la política económica en los últimos años (que) debilitó las cuentas públicas", sostuvo Carlos Antonio Luque, profesor de Economía en la Universidad de São Paulo.

Y observó que en países como Brasil, con alta concentración de renta y problemas sociales, suele haber más apoyo a la acción del Estado que al mercado para resolver las cosas.

"Tengo la impresión de que, superado este episodio, la presencia del Estado seguirá siendo importante", concluyó.