Luego de casi de dos meses de huelga, dos muertos, más de un centenar de policías heridos, destrozos de propiedades públicas y privadas, el Gobierno está definiendo una nueva estrategia para enfrentar el conflicto social y la posibilidad de declarar en emergencia la provincia arequipeña de Islay, tras frustrarse nuevamente el diálogo con las autoridades y dirigentes que se oponen al proyecto Tía María.
“Es una de las posibilidades que se están evaluando. Todavía no lo hemos definido”, manifestó Rosa María Ortiz, ministra de Energía y Minas, durante la mañana.
Al respecto, Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo salió al frente e instó al gobierno a dialogar.
“El Gobierno debería meditar bastante bien si la declaratoria de emergencia es una medida que conviene adoptar en Islay, porque todavía tenemos la oportunidad de insistir en el proceso de diálogo”, enfatizó.
Luque refirió que pese a que ha resultado desconcertante la posición que tomaron los dirigentes al abandonar la reunión programada del miércoles para buscar consensos, la Defensoría está convencida que “la única manera de que esto pueda tener un desenlace pacífico permanente es ponemos de acuerdo a través del diálogo. Cualquier otra medida siempre va a generar una situación de riesgo para la vida y la integridad física de las personas”.
La declaratoria de emergencia es un régimen de excepción que la Constitución prevé cuando se observa una grave alteración del orden público que requiere de una intervención más efectiva de las fuerzas del orden. El objetivo no es reprimir, es buscar la seguridad del conjunto de la población, precisó Luque.
Mientras que en Lima las autoridades discuten esta opción, lejos de calmar las aguas, la posibilidad de una declaratoria de emergencia encendió más los ánimos en Islay, al punto que los “manifestantes” quemaron un bus interprovincial y apedrearon otros dos.
La situación en Arequipa es cada vez más crítica. Lejos de consensos, las polaridades cada vez son más marcadas, y el gobierno sigue minimizando la protesta.
A pocos días de iniciado el conflicto, Ortiz señalaba que “Tía María no se va. La protesta de los antimineros es muy pobre, con el pasar de los días se ha desinflado. El gobierno está del lado de todo tipo de inversión, no solo minera". Pero a casi dos meses de paro, la situación se vuelve incontrolable y la única opción viable parece ser el del uso de la fuerza.
Tía María es un proyecto cuprífero tiene estimada una producción de 120 mil toneladas de cobre por año y una inversión US$1.400 millones para su construcción. En principio, el inicio de sus operaciones estaba planeado para finales del 2011, pero ya han pasado cuatro años y el proyecto no se ejecuta debido a la oposición ciudadana.
