La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) levantó cargos en contra de la Compañía Minera Maricunga - de la gigante Kinross- por la omisión en ejecutar las acciones necesarias para hacerse cargo de los impactos ambientales no previstos en la disminución del nivel freático en la cuenca Pantanillo-Ciénaga Redonda, ubicada en la Región de Atacama.
Más aún. Esta acción -según detalla la SMA en su escrito- habría provocado “el desecamiento de al menos, 70 hectáreas de humedales ubicados en el Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa”.
Lo anterior ha generando -según la autoridad- un riesgo inminente de expansión del área afectada, aproximadamente 73 hectáreas adicionales de humedales. Esto último pese a encontrarse implementada la medida de conexión de los pozos de extracción con las vegas de Pantanillo, contempladas en la autorización ambiental.
A través de su autorización ambiental (RCA N° 2/1994, que aprueba el proyecto Minero Refugio), la compañía estaba obligada a establecer todas las medidas de mitigación, prevención, control y/o atenuación de impactos medioambientales, a los que aludió en su Estadio de Impacto Ambiental (EIA).
En su escrito, la SMA calificó la infracción que habría incurrido la Compañía Minera Maricunga como gravísima.
La firma arriesga una multa de hasta 10.000 UTA (US$8,5 millones), la clausura temporal o definitiva y hasta la revocación del permiso ambiental.
Sin embargo, la compañía tiene un plazo de 10 días para acogerse a un programa de cumplimiento, y 15 días para presentar sus descargos.
Origen. Según detalla la SMA en su levantamiento de cargos, el proceso en contra de Maricunga es de larga data. El 1 de agosto de 2014, el subsecretario de Medio Ambiente remitió a la SMA una gran cantidad de antecedentes que dan cuenta de la eventual afectación de aproximadamente 70 hectáreas de humedales altoandinos, ubicados dentro del Sitio Ramsar Complejo Lacustre Laguna Santa Rosa y Laguna del Negro Francisco, producto de la sobreexplotación de los recursos hídricos de la zona.
Luego, en octubre de 2014, Maria Teresa Muñoz, abogada del CDE se comunica con la SMA para coordinar una visita en conjunto. Esto último debido a que el daño ambiental podría ser mayor, lo que culminó con un proceso de levantamiento de cargos.
