Una serie de efectos negativos podría traer a la economía del país la aplicación en la minería del cobre de la reforma laboral tal como está planteada, según se desprende de un estudio que mide un aumento de 10% en las remuneraciones en esta industria por motivos exógenos -como sería un cambio en las leyes laborales-, en un período de cinco años.

Bajo este escenario, podrían desencadenarse pérdidas para el país equivalentes a 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a cerca de US$ 3.000 millones.

Esto, basado en un análisis realizado por Fernando Fuentes y Carlos García, académicos de la Universidad Alberto Hurtado, con la colaboración del Consejo Minero.

El gerente de Estudios del gremio que agrupa a las mayores operaciones mineras locales, José Tomás Morel, dijo que el análisis toma una serie de variables y mide, entre otras cosas, la reacción de la política macroeconómica.

En ese sentido, explicó que ellos reconocen distorsiones en la legislación laboral vigente que se están resolviendo de modo inadecuado, por lo que "presumiblemente va a generar un aumento artificial de remuneraciones en el corto plazo. Como vemos en este estudio, en el mediano plazo el efecto previsible de esto sería una contracción que terminaría perjudicando a los mismos trabajadores".

Empleo y sueldos
Según los datos del estudio, un aumento de esta magnitud en las remuneraciones por temas que son ajenos a la productividad, podría resultar en varios efectos.

Además del PIB nacional también habría un retroceso de 1,4% en el PIB minero, que en 2014 superó los US$ 28.000 millones.

También habría una pérdida de empleos de 1,8% en la industria del cobre. En 2014 este sector generó 240 mil puestos de trabajos directos y más de 600 mil indirectos. El estudio agrega un efecto marginal, negativo de 0,1% en posiciones fuera de esta industria.

"Lo más llamativo es que este desencadenamiento de efectos contractivos termina incluso provocando una caída de 1,5% en la remuneración en la minería del cobre, es decir, el incremento inicial es revertido totalmente luego de cinco años e incluso se convierte en un resultado contraproducente para los mismos trabajadores", aseguró Morel.

Mientras a nivel país el ingreso mensual promedio imponible es de $ 599 mil, en la minería es de $ 1,3 millón, el más alto de los sectores económicos del país.

Al ligar el estudio con la reforma laboral en curso, Morel añadió que la productividad laboral ha caído entre 27% y 50% en 10 años, pero las remuneraciones crecieron entre 50% y 200%, lo que demuestra que "en minería no hay un problema de desbalance entre los poderes de negociación de empresas y trabajadores".

"Si un cambio legal fortalece aún más la parte laboral, el efecto probable es que se exacerbará la brecha entre salarios y productividad y precisamente esa es la dirección de la reforma en trámite", dijo.

Los temas del proyecto

Productividad versus salarios
El gremio que agrupa a las grandes mineras visualiza que hay una brecha creciente y preocupante entre remuneraciones y productividad, por lo que han señalado que pretender por ley aumentar las remuneraciones derivará en una menor contratación y un menor crecimiento del país.

Prohibición de reemplazo en huelga
Un punto que preocupa es la prohibición al reemplazo en huelga, donde se cuestiona que la huelga afecte a partes que no están en negociación en situaciones de baja representatividad. Es decir, evitar que se afecte a la mayor parte de la empresa porque un grupo pequeño de trabajadores decide parar.

Otros temas
El gremio minero ha estado mirando en detalle el proyecto, en temas como la titularidad sindical, la extensión de beneficios, la negociación con sindicatos interempresas y la adaptabilidad pactada, entre otros temas.

Un nuevo capítulo de las negociaciones entre los diputados de la Nueva Mayoría y los ministros de Trabajo y Hacienda se vivió ayer en la sede del Congreso en Valparaíso.

La cita era a las 16.30 horas, y se extendió hasta las 18.00 aproximadamente. Ahí también participaron los subsecretarios de Trabajo y Previsión Social y los asesores de ambas carteras.

Si bien, el lunes los diputados de la Nueva Mayoría, que pertenecen a la comisión de Trabajo, pusieron sobre la mesa cuatro demandas para aprobar las indicaciones presentadas en materia de negociación  colectiva, por ser facultad del Ejecutivo legislar al respecto y no de los parlamentarios, ayer lograron cerrar acuerdos en 2 temáticas, lo que implicará la presentación de nuevas indicaciones por parte del Gobierno.

Una de las materias en que se avanzó y se cerró un acuerdo entre las partes es en la negociación con Federaciones y Confederaciones.

En el proyecto original, el Ejecutivo había eliminado la posibilidad de que estos organismos pudieran negociar, aunque luego lo repuso en una indicación, donde se señala que las Federaciones y Confederaciones podrán negociar de manera voluntaria con el empleador, de haber acuerdo entre las partes.

Sin embargo, los parlamentarios consideraron esta definición muy amplia, que no lograba el objetivo real, por lo que se acordó generar incentivos a la negociación con Federaciones y Confederaciones. Uno de estos incentivos será que podrán negociar pactos de jornada laboral; así lo confirmaron fuentes de Gobierno y los propios parlamentarios participantes de estas negociaciones.

“Logramos acuerdos importantes respecto a lo que pide la CUT en materia de Federación y Confederación, colocando un tipo de incentivo para que voluntariamente se puedan dar las negociaciones a través de estas entidades”, dijo el diputado del PPD, Cristián Campos.

Fuentes del Gobierno añadieron que se estudiarán otros incentivos, más allá de los pactos de adaptabilidad.

El segundo tema acordado  fue la definición de servicios mínimos. Aquí señalaron que se precisará aún más la definición, con la idea de cumplir con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Se logró un acuerdo fundamental que es garantizar de manera efectiva el derecho a huelga a través de una precisión del concepto de servicios mínimos. La propuesta original del Ejecutivo era muy compleja para garantizar huelga efectiva porque daba la posibilidad a todos a optar por servicios mínimos. Entonces se hará una precisión conforme a los estándares de la OIT, incluso más exigentes”, señaló el diputado DC, Patricio Vallespín.

Desde el Gobierno confirmaron que estas materias, más otras que quedaron pendientes respecto al Libro III del Código del Trabajo (referente a procesos de sindicalización), como la ampliación de las figuras que pueden ser ministros de fé para constitución de sindicatos, serán presentadas como indicaciones antes del término de la discusión en particular en la comisión de Trabajo de la Cámara.

Pendientes

En materia de adaptabilidad a nivel de empresa, acordaron respetar la indicación ya presentada por el Ejecutivo, donde establece que puede ser pactada dentro o fuera de la negociación colectiva.

Respecto  a piso mínimo, la norma quedaría tal como el proyecto original, sin dejar explícita la incorporación del IPC, ya que desde el Gobierno han advertido que de esta manera no se está prohibiendo a las partes negociar este factor de reajustabilidad de existir un acuerdo.

En cuanto a la negociación ramal, los ministros habrían sido claros que no están de acuerdo en avanzar en esta materia, ya que el primer paso es el fortalecimiento de los sindicatos. Sin embargo, los parlamentarios señalaron que quedaron libres de votar esta indicación si alguno solicita votar la admisibilidad de las indicaciones a este respecto.

Las conversaciones entre los ministros y los parlamentarios continuarán en los próximos días, con el objetivo de lograr un acercamiento mayor en temas pendientes.