Los principales focos de discrepancia están en la caducidad de derechos de agua cuando no se usen, los plazos que se dan y la determinación de "interés público" del recurso cuando hay escasez severa. Mientras, en la Dirección General de Aguas plantean que existe consenso en establecer un único plazo estándar de caducidad tanto para los derechos nuevos como para los antiguos. 

Aún quedan huellas del temporal y aluviones que vivió el norte del país y ya todos se pelean por el agua. Para ser justos, la contienda es histórica. En el norte, el agua se la disputan entre agricultores, mineros y las empresas sanitarias. En el sur, los conflictos suelen enfrentar a los productores agropecuarios y a las empresas eléctricas, que necesitan del agua para operar sus centrales. Por eso, aunque todos sabían que era necesaria una reforma al Código de Aguas para apaciguar los ánimos y acabar con las peleas, el proyecto de ley que envió el Gobierno a fines de 2014 no disminuyó la tensión, sino que, sorprendentemente, la acrecentó. Además de las pugnas entre los distintos sectores, ahora la crítica también alcanzó al Gobierno y a la iniciativa que ingresó a la Cámara de Diputados.

¿Cómo un texto de pocas páginas despertó tal discordia? Porque enfrenta varios temas sensibles.

Para empezar, la iniciativa introduce un cambio sustancial: que los derechos de aprovechamiento de agua ya no serán eternos -como lo establece la actual normativa-, y si no se usan, se pierden.

Para los agricultores, eso es, derechamente, una expropiación. De hecho, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) encargó un estudio jurídico del tema al abogado Juan Colombo. "Se detectó que algunas modificaciones son inconstitucionales y amenazan el derecho de propiedad de los titulares de derechos", explica el presidente del gremio, Patricio Crespo. En Chile hay más de 330 mil titulares de derechos que en su mayoría son pequeños y medianos agricultores que dependen de la certeza jurídica sobre las aguas y la tierra para subsistir", agrega.

El problema de establecer plazos, a ojos del empresariado en general, es que los derechos de agua son considerados hasta ahora como un activo dentro de sus negocios. Los agricultores piden créditos a los bancos poniendo estos derechos como garantías. También los derechos tienen ese rol en las grandes inversiones de la minería y las eléctricas, precisan ejecutivos de estos sectores.

El problema de los plazos

Uno de los cambios más fundamentales que introduce el proyecto es el de los plazos. Hoy los derechos de agua son perpetuos, pero con las modificaciones que introduce el proyecto se establecen plazos. Y en el caso de los derechos de agua cuyos titulares no los estén usando, se estipula que caducarán.

En el caso de los derechos nuevos que se otorguen cuando entre en vigencia la ley, el proyecto consagra un plazo de cuatro años para usar el agua en el caso de los derechos consuntivos -aquellos en que el recurso se consume al usarlo-, y de ocho años cuando son derechos no consuntivos -aquellos en que el agua no se consume, sino que transita, como en los embalses de uso eléctrico-, señala el actual director de la Dirección General de Aguas (DGA), Carlos Estévez.

Y en el caso de los derechos antiguos (ya entregados antes de la vigencia de la nueva ley), los plazos para usarlos son de 12 años en derechos consuntivos y 14 años en derechos no consuntivos. En ambos casos, se cuenta desde la última modificación del Código de Aguas, que fue en 2006.

Para complejizar más el asunto, el director de la DGA adelanta que hay bastante consenso para cambiar estos últimos plazos y unificar bajo un único estándar tanto los derechos nuevos y antiguos: dejarlos ambos en 4 y 8 años (para consuntivos y no consuntivos), y que dicho plazo rija desde que se promulgue la nueva ley.

¿Por qué no ampliar estos tiempos? Estévez explica que la modificación anterior, de 2006, que fijó un pago para quienes no usaran el agua, no constituyó un incentivo suficiente y muchas empresas y personas prefirieron pagar los montos y acaparar el agua. El director de la DGA explica que esos nuevos plazos podrían acelerar el uso del recurso hídrico.

Consumo humano

Una tercera dificultad que complica a varios sectores productivos es aquella que establece una prioridad en el uso: es el consumo humano, para agua potable y saneamiento, el más importante.

Aunque nadie discute este punto públicamente, en la práctica sí se da que sectores productivos, como la agricultura, utilizan el recurso hídrico a veces ilegalmente y que esto redunda en dificultades para que las empresas sanitarias puedan abastecer a la población. Los mineros alertan que esto puede introducir una discrecionalidad, porque en el proyecto se habla de "interés público".

En la práctica ocurriría que en caso de escasez, la autoridad podría prorratear el uso, implicando una merma para quien tiene derechos en la zona en que ocurriera.

Hay otro aspecto que, si bien no está en el proyecto, suscita debate precisamente por su ausencia: el reforzamiento de la institucionalidad sectorial. En concreto, el Banco Mundial recomendó crear una subsecretaría del Agua y hay algunos sectores -Consejo Minero y Asociación de Generadoras Eléctricas, por ejemplo- que están de acuerdo con mejorar la institucionalidad y en particular perfeccionar el sistema de planificación, coordinación y fiscalización.

Hoy hay unas 20 instituciones en Chile que tienen alguna tuición en la gestión de recursos hídricos y se debiera reforzar el rol de la Dirección General de Aguas, sostiene la Asociación de Generadoras. El ex director de la DGA Rodrigo Weisner señala que lo ideal es separar el rol de planificación y coordinación de la labor fiscalizadora, y es partidario de crear también una superintendencia de Recursos Hídricos que vele por el correcto uso de los derechos otorgados o, más castizamente, "vigilar que no se robe el agua".

Agricultores: Hay expropiación

La SNA es el gremio que se opone más enérgicamente al proyecto. La entidad cuantificó en US$ 15 mil millones el daño de quitarles los derechos a los agricultores. Esto porque en la práctica ven que los cambios transforman los derechos de agua en una especie de "concesión", lo que merma su valor económico.

Patricio Crespo detalla que hay varias normas que son inconstitucionales, como aquella que permite quitar derechos no usados, según el estudio de Juan Colombo. También les complica la disposición que propone caducar derechos no regularizados. Rodrigo Weisner explica que el 80% de los derechos que hay en Chile -más de 350 mil según sus estimaciones- no están regulados y el proyecto establece un plazo muy restringido, de pocos años, para oficializarlos ante el Conservador de Bienes Raíces y la DGA.

Mineras: Con dudas

"Coincidimos en que se establezca una prioridad para el uso del agua en favor del consumo humano y el saneamiento, pero nos preocupa que con ese objetivo se quiera alterar más allá de lo estrictamente necesario la asignación y ejercicio de los derechos de aprovechamiento, sobre todo si se sujeta a un concepto muy genérico de interés público", explica Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero.

El ejecutivo también alerta de otros problemas de la reforma, como la caducidad de los derechos que no se usan, tema que está siendo analizado en su constitucionalidad y que tiene flancos débiles, como que "la calificación de no uso sea objetiva y se dé un plazo razonable para ejercer el uso desde el momento en que se otorga el derecho".

Los mineros también están disconformes con que no se aborde la debilidad institucional en materia de regulación y fiscalización, "ya que esta es causante de muchos de los problemas actuales". Las grandes compañías de este sector han sido muy afectadas por la extracción ilegal de agua (robos) y alegan que, además, hacen un uso más eficiente del recurso.

"El 74% de las aguas que usamos se reutiliza", destaca Villarino. En el país, en promedio, solo se recicla el 5% del agua utilizada, agrega el ex director de la DGA Rodrigo Weisner.

Sanitarias: Dará agua a las comunidades rurales

A los únicos a los que les gusta el proyecto del Ejecutivo tal como está es a las empresas de servicio de agua potable. El presidente de la asociación que las reúne, Andess, Guillermo Pickering, dice: "Estamos completamente de acuerdo con que la legislación establezca una prioridad para el consumo humano (otorgamiento de derechos de agua); Chile es el único país del mundo donde la legislación no consagra este principio".

El representante detalla que por ello cuando las comunidades rurales quieren disponer de agua potable, tienen que competir por el recurso con empresas, productores agrícolas, industriales, ganaderos o mineros. Según Pickering, estas localidades se verán beneficiadas por la iniciativa. Por lo demás, detalla, el proyecto pone al día el compromiso que Chile suscribió en 2011 con la declaración de Naciones Unidas que consagra el agua como un derecho humano.

Eléctricas: Hipoteca el desarrollo eléctrico

Las compañías eléctricas están haciendo un catastro de la duración de los proyectos hidroeléctricos hechos en Chile para que la autoridad constate que los plazos propuestos para la caducidad de los permisos son muy cortos. Y también están en permanente diálogo con el ministro de Energía, Máximo Pacheco, porque estiman que si se aprueba la reforma tal como está, el desarrollo hidroeléctrico del país -que es una prioridad de la autoridad- está en riesgo mortal, señalan en la Asociación de Generadoras. El director de la DGA, Carlos Estévez, sostiene que existe la posibilidad de "congelar" los plazos de caducidad de los derechos cuando, por ejemplo, un estudio ambiental tarda demasiado, hay juicios u otras contingencias. Pero, agrega, no pueden ser más de 16 años. "Vemos que los ríos de Chile están capturados por proyectos que no se hacen, que nunca se concretan, y muchos inversionistas no pueden invertir por eso (...) Esto apunta a introducir mayor competencia en el sector eléctrico", plantea Estévez.

LA SNA calcula en US$ 15 mil millones el daño económico de expropiar derechos de agua a los agricultores.