En forma creciente, las pifias han acompañado al ministro de Energía, Máximo Pacheco Matte, en sus salidas a terreno. Pifias que contrastan con una valoración cada vez mayor de parte del empresariado, del mundo político, gremial y del propio Gobierno, todos estamentos que ven en su gestión parte de la solución a un problema que tenía al Estado frente a las cuerdas: la inminencia de una crisis energética. Aunque aún hay algunos que cuestionan algunas de sus medidas.
Con todo, lo que es evidente es la caída en la imagen pública que muestran las encuestas sobre el ministro. Mientras en octubre gozaba de una aprobación del 53% de los chilenos -versus 35% de rechazo-, la última encuesta Adimark le dio apenas un 42% de respaldo y un 47% de opinión negativa, siendo el tercero de mayor rechazo ciudadano superando sólo a dos carteras cuestionadas, a estas alturas, casi de manera estructural: Educación y Transportes.
En un reciente sondeo a 38 empresarios y ejecutivos, elaborado en marzo por PULSO, Pacheco resultó ser el ministro con mejor evaluación de todos los ministerios económicos, alcanzando nota 5,4, mientras que el promedio fue de 4,0. En septiembre, pasado el titular de Energía también había sido el mejor evaluado, aunque esa vez con calificación 5,0.
Uno de los tantos ejecutivos que se reunieron con él en los últimos meses señala que Pacheco está consciente de las distintas posiciones que genera su gestión. Y en la industria lo atribuyen a la irresponsabilidad de algunos personeros políticos de “satanizar” algunos grandes proyectos eléctricos, como ha sido el caso de HidroAysén, Barrancones, Castilla y más recientemente Alto Maipo, iniciativas que fueron criticadas con dureza incluso desde los propios gobiernos. Así, en la opinión pública quedó la sensación de que estas iniciativas, algunas de ellas defendidas a rajatabla por Pacheco, son todas malas para el bienestar público, ya sea una gran central de embalse, un parque eólico o una central a carbón. Una idea instalada contra la que el economista de 62 años lucha constantemente.
Por ello, en las últimas semanas ha intensificado su agenda de salidas a terreno, sobre todo a zonas “calientes” respecto del debate eléctrico como, por ejemplo, Coronel. En la ciudad que alberga tres termoeléctricas (Bocamina I y II y Santa María, de Colbún) el ministro comprometió el envío al Congreso -antes de que termine el primer semestre- un proyecto de ley para rebajar las tarifas en zonas productoras de energía.
En la industria hay conciencia de que una de las cosas que faltan por resolver en el sector eléctrico -acaso la más importante- es romper con estos mitos de que los proyectos de por sí son malos. “El involucramiento de la ciudadanía en las materias energéticas ha aumentado en el último tiempo. De hecho, la implementación de la Agenda de Energía incluye múltiples instancias de participación ciudadana. Sin embargo, creemos que persiste un problema de confianzas y de credibilidad, que en algunos casos es justificado a la luz de ciertas experiencias, pero que en muchos casos no se justifica, y que es injusto con la gran mayoría de la industria eléctrica que es respetuosa de la normativa y de las comunidades”. La frase no la dice un ejecutivo de una generadora convencional, sino Carlos Finat, secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables, Acera.
“Esperamos que iniciativas como la Ley de Asociatividad y el entendimiento de que contar con energía es fundamental para el bienestar y desarrollo del país, permitan mejorar este aspecto y reconstruir las confianzas que puedan estar dañadas”, añade Finat.
“Valoramos la labor realizada por el Gobierno que ha permitido acercar a la ciudadanía con la industria. Ciertamente, una ciudadano bien informado y participativo vitaliza la interacción con la industria, y posibilita un diálogo sano que permite mejorar la atención a sus necesidades”, añaden desde AES Gener, uno de los cuatro mayores players en el segmento de generación.
El director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, añade que la ciudadanía desde hace tiempo sabe y ha hecho saber que tiene un rol. “Sin embargo, el desafío es que ese rol no sólo sea desde la crítica, sino también desde el aporte constructivo. El desarrollo energético de Chile, como el de todos los países, no es simplemente un tema de mercados. Requiere grandes acuerdos sociales, compromisos y esfuerzos de todos. Para que esto sea posible, esta ecuación debe ser equilibrada. Justa. Equitativa y debe implicar no sólo compartir los costos del desarrollo sino también los beneficios. Estoy seguro de que si logramos generar esos equilibrios, contaremos con la comprensión y el compromiso de la comunidad. Dicho en otras palabras, el desafío sigue siendo nuestro. Nosotros debemos generar confianza, valor compartido, equidad y compromiso mutuo”, dice.
Sobre la agenda propiamente tal, añade que, en su visión, los focos son “definitivamente” los correctos. “Los grandes temas del desarrollo energético de Chile se abordan de manera completa y adecuada en la agenda, con énfasis en las urgencias de corto y mediano plazo, pero también con una visión de futuro que permita generar una ruta de navegación que no postergue lo importante y estructural en pos de las urgencias de corto plazo”, sostiene Castillo.
¿Preocupaciones?
A la industria -Colbún lo ha manifestado públicamente- es una especie de subsidio velado a las energías renovables con los bloques horarios de las licitaciones eléctricas, pues en la práctica las centrales de base generarán sólo algunas horas en el día. Es una de las batallas que vienen.
(Por Hugh Rudnick*) Celebramos un año de la formulación de la Agenda de Energía. Surge como una sólida propuesta para enfrentar la incapacidad de Chile de desarrollar su matriz energética en formas sustentables y competitivas, dadas restricciones sociales, políticas y ambientales en la expansión de la infraestructura asociada. Esta incapacidad se ha transformado en un freno al desarrollo.
Celebramos la agenda, no sólo por su diagnóstico, ampliamente compartido, sino por la formulación de un agresivo plan de acción para superar las restricciones, con ambiciosas metas, particularmente en relación al desarrollo humano. Celebramos el proceso proactivo de consulta y participación que ha tenido lugar, donde ciudadanos, comunidades e instituciones públicas y privadas han participado en la definición de nuevas políticas públicas.
Se anticipaba que concretar las metas de la agenda no sería tarea fácil, pero ha habido avances substanciales. Se está avanzando en generar un nuevo rol del Estado en el ámbito energético, un rol proactivo, orientador de desarrollo, monitoreando el mercado, y promoviendo la competencia. Se logró un relevante ajuste a los procesos de licitaciones de las empresas distribuidoras, que anticipa crecientes reducciones de precios. Se progresa en una reformulación de la regulación de la transmisión, que aspira a facilitar la competencia y un adecuado uso de los recursos energéticos disponibles a nivel nacional. Un grupo transversal avanza en la definición de una hoja de ruta energética al 2050. Por otra parte, las energías renovables no convencionales van logrando apreciables niveles de penetración.
El objetivo final de todo este ejercicio es lograr que Chile disponga de un suministro energético seguro y económico, en un contexto de sustentabilidad ambiental y social. Sin embargo, es en esta última dimensión que los avances se han ralentizado. Efectivamente, la ambiciosa meta de formular una ley de asociatividad a fines del 2014 no pudo cumplirse. La ley busca hacer socias del desarrollo a las comunidades cercanas a proyectos de generación eléctrica, basándose en tres instrumentos: patentes locales de los generadores, reducción de tarifas en comunidades cercanas, y creación de un marco institucional que permita compartir beneficios de esos proyectos con las comunidades. El objetivo de hacer socias a las comunidades se enfrenta al interior del gobierno con visiones opuestas de ordenamiento territorial que pretenden asignar total autonomía energética a las regiones, cuestionando visiones del beneficio nacional del desarrollo energético.
Las restricciones enfrentadas son más que técnicas o económicas, sino más bien ambientales y sociales, y en ellas siguen estando los principales desafíos. Y mientras se adecua la ley de asociatividad, celebremos la publicación de un potente e inédito estudio de utilización de cuencas en la zona central, que a través de un proceso de diálogo ciudadano, identificó el potencial hidroeléctrico de la zona centro-sur del país, incluyendo dimensiones sociales, culturales, ambientales, turísticas, agrícolas y forestales. Aprovechemos ese potencial, con el debido respeto de esas otras dimensiones.
*Profesor Emérito de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
