Por ELIZABETH PEGER

La determinación del Gobierno de imponer un techo del 24% a los aumentos salariales de este año con la advertencia de que no homologará acuerdos por encima de ese porcentaje fue demasiado aún para los gremios más cercanos a la Casa Rosada, que ya preparan la resistencia contra la maniobra oficial y hasta amenazan con desplegar un profundo escenario de conflicto. La propia CGT que lidera el metalúrgico Antonio Caló reunirá esta tarde a su mesa chica con el objetivo de definir los alcances de la reacción gremial frente a lo que interpretan como una clara ofensiva para "limitar la libre negociación" entre sindicatos y empresas.

El estancamiento de la paritaria metalúrgica, en la que Caló y el resto de la conducción de la UOM se niegan a cerrar una suba en torno al 25%, sumado a la denuncia pública del titular del sindicato de comercio, Armando Cavalieri, acerca de que el Ministerio de Trabajo rechaza homologar el convenio salarial de 30% que ya acordó con las cámaras de la actividad, avivaron el malestar dentro de la central obrera oficialista. La intención de buena parte de la dirigencia es definir hoy mismo un pronunciamiento crítico contra la actitud del Gobierno y rechazar cualquier imposición de techos para los aumentos.

"Vamos a ir en busca del mejor salario posible y no vamos a aceptar ningún tope, es una locura firmar un 24% o 25%", aseguró Héctor Daer (Sanidad), referente junto a Cavalieri del denomina grupo de "los gordos". El propio jefe de los mercantiles advirtió, a su vez, con la posibilidad concreta de avanzar con medidas de fuerza en defensa de la "libertad" de las paritarias. "En esta situación estamos todos en conflicto", enfatizó.

El tenor de la réplica cegetista dependerá en buena medida del resultado de la nueva audiencia paritaria que la UOM y las cámaras metalúrgicas mantendrán hoy desde las 10 en la cartera laboral. Si Caló no logra llevarse de Trabajo una señal concreta de que podrá encaminar su convenio hacia un incremento apenas por debajo del 30% (el gremio estaría dispuesto a firmar entre un 28% y 29%), seguramente el malestar se trasladará a la reunión que horas después compartirá la primera línea de la CGT. "Es muy posible que se active el paro de 36 horas que está en suspenso", alertó anoche un dirigente de la cúpula de la UOM.

La alternativa de un escenario de conflicto en diversas actividades no es tan lejano. El gremio bancario, que reclama un aumento del 33% más una compensación por los descuentos de Ganancias, se volverá a reunir mañana con los representantes de los bancos y si no logra un entendimiento le pondrá fecha a una huelga para la próxima semana. "Pretenden imponer un tope, pero el relato alcanza hasta que el trabajador va al supermercado", acusó Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria, y alertó que "hay conversaciones con otros gremios para tomar medidas" de fuerza.

También la Federación gremial aceitera, junto con la CGT regional San Lorenzo, prevé disponer hoy mismo el inicio de una huelga por tiempo indeterminado que paralizará las exportaciones de granos en reclamo de un incremento salarial del 42%.

Los gremios enfrentados desde hace tiempo al Ejecutivo también se sumaron a la polémica. Pablo Moyano, número dos de Camioneros, cruzó duro al Gobierno al que acusó de "presionar" al sindicalismo y a las empresas para fijar un tope a los salarios y anticipó que su gremio rechazará cualquier suba inferior al 33%. "Presionan a los gremios y las empresas para imponer un techo y después vienen con el verso de paritarias libres", lanzó.

Tanto en la CGT opositora, que conduce Hugo Moyano, como en el frente de gremios del transporte, enrolados en la CATT, sumaron advertencias de conflictos si la Casa Rosada no da marcha atrás en su propósito de condicionar las paritarias.

Por primera vez en varios años, y ante un escenario electoral que no acepta escaladas inflacionarias, el Gobierno se alineó con los planteos empresarios respecto de las negociaciones salariales al presionar para que los acuerdos no superen el 24%. 

Luego de que trascendiera que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, rechazó el acuerdo que trabajadores y empresarios del sector de comercio llevaron, prácticamente cerrado, a un encuentro el jueves pasado –30% en dos tramos–, el titular de la UIA, Héctor Méndez, aprovechó para ratificar la posición que la entidad viene sosteniendo en las últimas semanas. 

El dirigente del rubro plástico aseveró que está "totalmente de acuerdo" con fijar un tope de 25% a los aumentos salariales previstos para este año, con el objetivo de evitar que "se disparen los precios".

"Estoy totalmente de acuerdo con ese máximo. Hay que tener una mentalidad de sacrificio compartida, porque hoy en el mercado internacional estamos afuera, no podemos competir así como estamos, ni siquiera con países latinoamericanos", enfatizó Méndez en declaraciones al diario Perfil. En línea con este mensaje, la junta directiva de la UIA recordó la semana pasada, en un comunicado, cuánto habían aumentado los salarios los industriales en la última década –mucho más que otros sectores de la economía– y que, aún en un contexto de estancamiento de la actividad, las empresas mantuvieron el empleo. 

Los dichos de Méndez, sin embargo, más que a concretar un incremento real del 25%, apuntan a evitar que los aumentos superen el 30%. Esta es la cifra aceptada por la mayoría del establishment, incluso sectores de pequeñas y medianas empresas consultadas por este diario.

Hasta el propio presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, aceptó este número de incremento en su paritaria, que fue frenado por el Gobierno, tal como adelantó El Cronista en su versión web. En declaraciones al programa Dinero por Nada, de Radio América, el directivo destacó que estaban a punto de cerrar un 30% de aumento en dos tramos de 15% y que fue Trabajo el que fijó un techo. "Los empresarios de comercio hemos demostrado buena voluntad para negociar", aclaró. 

De la Vega reconoció, sin embargo, que los incrementos salariales se trasladan a precios. Y es por este motivo que el Gobierno pretende evitar nuevos desmadres inflacionarios, en momentos en que logró mostrar una desaceleración en los incrementos. La administración de Cristina Fernández pretende que la inflación este año no supere el 20% y ésta fue la pauta de aumentos que les viene transmitiendo el secretario de Comercio, Augusto Costa, a los empresarios desde comienzos de año.