Ocurre con cierta frecuencia. Cada vez que Miguel Galuccio, presidente de YPF, se sienta delante de inversores, tiene la locuacidad y la crudeza de un empresario. Será por el 49% que a la petrolera le queda de privada. De cualquier modo, así se explayó hace unos días, cuando intentaba transmitirles sus urgencias a representantes de fondos de inversión. Hablaba del subsidio que reciben las empresas del sector para cobrar el gas a 7,5 dólares por millón de BTU, de la necesidad que él tiene de nuevos fondos, y entonces admitió que lo que se disponía a decir no estaba bien. Planteó: "El negocio, tanto para ustedes como para mí, es «esquilmar» al Gobierno, y para eso es necesario que los capitales que estén dispuestos a suministrar lleguen rápido".
Era el Galuccio político. El que intuye que el aporte del Estado para lograr ese precio largamente reclamado por las petroleras podría revisarse tarde o temprano porque las cuentas no cierran y el kirchnerismo se va. Cada tanto, Galuccio vuelve a su rol de soldado del proyecto. Como la semana pasada, cuando para obtener 1500 millones de dólares pagó una tasa de 8,6% -menos que el Estado nacional, pero casi el doble que sus vecinas Ancap (Uruguay) e YPFB (Bolivia)- para que se contabilicen en las reservas del Banco Central.
Es el costo que asume el Galuccio técnico, inmerso en una gestión energética prolífica en inconsistencias. Una de ellas es la torpeza en la importación de gas. El 30 de marzo y el 9 de abril, por ejemplo, la Argentina le compró a la británica BP dos barcos metaneros que llegaron a Bahía Blanca a 14,7 dólares por millón de BTU. Casi el doble de los 7,7 dólares que le pagó después a la española Gas Natural Fenosa por dos buques que arribaron a Escobar el 13 y el 19 de abril, y bastante más que el precio de la italiana ENI, que cobró 8,45 el 31 de marzo.
¿Esquizofrenia? ¿Mala intención? No, urgencia pura: los dos barcos de BP, los más caros, fueron contratados el año pasado en la modalidad "a término", al precio que tenían entonces; los otros corresponden al mercado spot, lo que cuesta cada día ese mismo gas. De tan necesitada, como un sediento que ofrece todo el oro por un vaso de agua en el Sahara, la Argentina no puede exponerse a que, por desencuentros logísticos, se interrumpa el suministro. Este ciclo energético terminará con varias ironías. En los últimos días, enterado de que la planta de regasificación que la firma Gas Sayago prepara en Uruguay no estará lista el año próximo, sino en 2017, y que, por lo tanto, no podrá importar gas desde allá, el Gobierno inició conversaciones para comprárselo a la chilena ENAP. Hace once años, la Argentina tuvo un conflicto bilateral cuando resolvió, por la escasez, cortar todas las exportaciones de gas a Chile. Habrá que ver ahora a qué precio llega la benevolencia trasandina.
En eso consisten varias de las elucubraciones políticas de Galuccio. Algunos delirios administrativos necesariamente llegan a su fin, sea quien fuere el ganador de las elecciones de octubre. Y esta conclusión, compartida en cámaras corporativas, desencadena ahora múltiples contradicciones. Algunos hombres de negocios, por ejemplo, enterados del último repunte de Daniel Scioli en las encuestas, empezaron a resignarse a lo que podría significar esa suerte de continuidad del modelo y fantasean con que tal vez no sea tan dramática. Pragmatismo empresarial. Imaginan, por lo pronto, al líder bonaerense retomando el diálogo con cada sector. Antigua virtud que le reconoce el establishment y que espanta a los pibes para la liberación: "Antes de tomar una medida, Daniel avisa", dicen. La contracara de un país en que los bancos se enteran por Télam de las inspecciones que van a recibir. Y bastante lejos del recelo que generan en las corporaciones candidatos como Sergio Massa o incluso Mauricio Macri, con quien coinciden ideológicamente, pero al que desde algunos foros -como la Unión Industrial Argentina- se lo ve más como constructor que como par. Con elegancia dudosa, el líder de un grupo alimentario suele contar que tuvo malestares estomacales la noche del día en que el jefe de gobierno porteño prometió salir del cepo en 24 horas. "Yo no estoy en condiciones de soportar una devaluación del 30% en un día", admite.
Esta preferencia por lo gradual antes que por el shock que promete Macri supone una de las rarezas del fin de ciclo: actitudes del jefe de Pro que molestan a empresarios merecen reconocimiento en el kirchnerismo, donde admiten que, con la elección del domingo, se recibió de "político". Le valoran, por ejemplo, el mensaje que dio al mundo de la política: prefirió respaldar públicamente a Rodríguez Larreta, un dirigente carente de carisma que se embarró trabajando con él durante ocho años, a pesar de que Gabriela Michetti tiene en el país incluso mejor imagen que Macri. Ese gesto hacia la militancia está apenas empezando: en el gobierno porteño esperan todavía que Michetti diga en público, de manera explícita, que trabajará por la candidatura de Rodríguez Larreta, algo que le encargó Macri en el anochecer del domingo y que ella, hasta ahora, apenas insinuó.
Ese reclamo forma parte de una estrategia que arrancó a las 15.30 de ese domingo, cuando la primera encuesta a boca de urna le daba a Rodríguez Larreta una diferencia de 12 puntos que todos imaginaban que bajaría a 8, pero que quedó finalmente en 10. Al contrario de lo que le pasó a Recalde, que se envalentonó con números apócrifos, Michetti tenía los mismos resultados que los ganadores, y eso provocó, cerca de las 19, la reunión y el pedido de Macri. Había cierto molestar: del lado triunfador le atribuyen todavía a la diputada haber soltado el rumor, transmitido por varios canales de televisión, que anticipaba un anuncio importante de Macri esa noche. El jefe de Pro lo desactivó a la mañana siguiente: dijo que ya tenía decidido quién sería su compañero de fórmula y descartó a Michetti.
Son reflejos que no alcanza a apreciar el 100% de los empresarios, más inclinados hacia lo predecible que a cualquier destreza de conducción. Perdido por perdido, y si es cierto lo que proyectan las encuestas, algunos confían en un Scioli deskirchnerizado. Aunque la apuesta suene a resignación y esté lejos de cualquier anhelo de renovación, más si la campaña viene con envión del Gobierno. El miércoles, en el hotel NH Cerrito, con el respaldo de La Cámpora, Aníbal Fernández anunciará su precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un viejo sueño que el jefe de Gabinete, que largará el 17 de mayo encuestas para sondear sus posibilidades, sustenta en la ausencia de propuestas. Lo explica en la intimidad y a lo Aníbal Fernández: "Si va un chupacirios como Domínguez, un Rambo de mesa de luz como Berni y unnerd como Bossio, ¿por qué no puedo ser yo, que soy la política?".
Es el mensaje que transmitirá la parte de la militancia que, tras la derrota de Recalde, tampoco quiere nuevos sobresaltos. El kirchnerismo y los empresarios suelen razonar de un modo bastante similar. No por nada han convivido tanto tiempo..
Por Nestor Scibona - Sin los subsidios estatales, el boleto promedio de los colectivos en la Capital Federal (hoy en $ 3,10) costaría $ 10,20 (229% más); en las líneas suburbanas de corta distancia pasaría de $ 3,31 a $ 11,25 (239%) y en las de media distancia de $ 11,85 a $ 31,05 (162% de aumento).
Estos datos, provenientes de fuentes oficiales, revelan la magnitud que alcanzaron los subsidios al transporte público de pasajeros, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), para cubrir la diferencia entre el costo del servicio y las tarifas que pagan los usuarios. En el caso de los colectivos, demandaron en 2014 casi 31.000 millones de pesos (equivalentes a unos 3800 millones de dólares), que podrían elevarse este año a $ 43.300 millones (40% más), según como cierren las paritarias del sector.
Esta última cifra, a su vez, supera en 2,6 veces a la que se proyecta en 2015 para el transporte ferroviario de pasajeros ($ 16.200 millones), únicamente para cubrir sus gastos de personal y operativos (o sea, sin incluir casi otro tanto en inversiones para reequipamiento y renovación de la red). De hecho, sólo el año pasado las transferencias corrientes para atender esos gastos en los ferrocarriles resultaron superiores a la inversión que demandó la compra al contado de los flamantes trenes chinos para las líneas suburbanas (unos 1300 millones de dólares).
Los subsidios son una de las cuestiones que alimentan el déficit fiscal y la emisión, y, por ende, más inflación
Aunque el Ministerio del Interior y Transporte prefiere denominarlos "compensaciones tarifarias", los subsidios se destinan en buena medida al pago de salarios: las proporciones varían entre 65% y 75% para los trabajadores ferroviarios y entre 40% y 60% para los colectiveros de las distintas líneas. De ahí que no resultó extraño que dirigentes de La Fraternidad (cuyos afiliados están alcanzados por el impuesto a las ganancias) y de la UTA (afectados en apenas 3%) se entrevistaran días atrás con Mauricio Macri, luego de gestionar sin éxito una audiencia con Cristina Kirchner. No es la primera vez, ni será la última, que los sindicalistas jueguen a dos puntas.
Más llamativo es que el maquinista Omar Maturano fuera el encargado de sostener tras el encuentro la necesidad de ajustar el boleto mínimo de los ferrocarriles suburbanos (hoy en $ 2) y escandalizara a los funcionarios kirchneristas ante el silencio del precandidato presidencial. Y que el titular de la UTA anunciara que estaría dispuesto a apoyarlo.
En realidad, es un secreto a voces que los presidenciables que encabezan las encuestas tienen en la mira el recorte de subsidios y el consiguiente ajuste de tarifas como la vía más directa para achicar el exceso de gasto público dentro de cualquier plan para bajar la inflación. Sobre todo, después de que Cristina Kirchner ya le endosó el problema al próximo gobierno: durante este año electoral no habrá cambios en subsidios ni tarifas y mucho menos en el AMBA, donde se concentra el mayor número de votantes.
Así y todo, los subsidios al transporte automotor, ferroviario y aéreo, que la consultora abeceb.com estima en $ 67.000 millones para 2015 (1,3% del PBI), representan poco más de la cuarta parte del total junto con los destinados a la energía, calculados en nada menos que $ 189.000 millones (3,8% del PBI). Esta suma de $ 256.000 millones (5,1% del PBI) constituye el segundo rubro en importancia dentro del gasto primario del sector público nacional, detrás del pago de jubilaciones y pensiones. Una cifra impresionante que no guarda relación con el beneficio a los usuarios: con la inflación de dos dígitos anuales que persiste desde 2006, lo que se ahorran en tarifas lo gastan con creces en otros productos y servicios privados que no dejan de aumentar. Lo mismo que el monto total de los subsidios, transformados en una bola de nieve que agranda el gasto público, el déficit fiscal y la emisión para financiarlo, en un círculo vicioso que realimenta la inflación.
Para los presidenciables esta herencia significa un dilema: la reducción de subsidios es el blanco ideal para achicar el gasto, pero su impacto sobre las tarifas no será fácil de aceptar para buena parte de la sociedad que, al cabo de 12 años, los considera un virtual derecho adquirido.
Es, claramente, un tema "piantavotos". Por eso ninguno quiere mencionarlo públicamente. Y sus asesores económicos prefieren definirlo como un "rebalanceo", mientras parecen inclinarse por una estrategia gradualista, que afectará principalmente a la clase media del la ciudad de Buenos Aires y el conurbano no alcanzada por las quitas selectivas (por barrios) de los últimos años. En todos los casos, prevén además una tarifa social para proteger a los sectores de menores ingresos; y, en algunos, con subsidios de suma fija orientados puntualmente a los usuarios, como los que el gobierno de Cristina Kirchner ahora ensaya con la "garrafa social" de gas licuado.
En el caso de los colectivos y trenes, la tarjeta SUBE podría ser un instrumento eficaz para aplicar tarifas sociales segmentadas a quienes realmente las necesitan. No es así: hay 13 millones de tarjetas emitidas, pero sólo 3,5 millones contienen los datos de sus titulares, tras la improvisación que rodeó en su momento a los operativos de entrega. Y un reempadronamiento no será nada sencillo.
Una prueba es que el Gobierno lanzó el plan "SUBeneficio" para que pueda ser utilizada además como tarjeta de descuento (10%) para compras en supermercados y comercios minoristas. Claro que este uso tiene sus propias limitaciones: en muchos casos, adquirir una camisa o un jean con esa rebaja, requerirá una recarga previa por un monto superior al que cuesta viajar en un mes.
Más complicado aún será reordenar la estructura tarifaria de gas y electricidad. En un reciente seminario, el economista Carlos Melconian (asesor de Mauricio Macri) citó el caso de Chile, donde se aplican tarifas diferenciadas para el gas (más caras en invierno, más baratas en verano) y los consumidores tienen la opción de comprar metros cúbicos anticipadamente para bajar costos.
En cuanto a la electricidad, dos escenarios para 2016 elaborados por la consultora que dirige Dante Sica indican que si se sincerara en 50% el precio de la energía eléctrica mayorista y el del gas natural, los subsidios bajarían el equivalente a 1,2 puntos de PBI y a 2,6 si fuera total. Pero ello implicaría que en el AMBA una tarifa eléctrica de $ 67 bimestrales con subsidio se elevara a $ 450 en el primer caso y a $ 900 en el segundo.
