Un fuerte eco tuvo ayer en el mundo empresarial la serie de medidas que anunció la noche del martes la presidenta, Michelle Bachelet, para enfrentar la crisis de confianza que atraviesa el país y, en particular, la mención a que en septiembre iniciará un proceso para generar una nueva Constitución.
Los líderes gremiales fueron los encargados de abrir los fuegos. En sus declaraciones, coincidieron en valorar el trabajo realizado por la comisión Engel, destacando que las medidas propuestas por la mandataria van en el sentido correcto para resolver los problemas de corrupción y transparentar la relación entre el dinero y la política.
Sin embargo, los posibles cambios en la Constitución los recibieron con inquietud. ¿Las razones? Argumentaron que el proceso será un nuevo foco de incertidumbre para la alicaída inversión en el país y que no tiene relación con las reformas para combatir las malas prácticas.
"Sumar ahora la tremenda incertidumbre de una Reforma Constitucional causa gran inquietud en los actores económicos, con lo que podría verse aún más afectada la inversión, por la paralización o retraso en la concreción de proyectos, por la falta de certeza que se abre en variados ámbitos con un anuncio como este", afirmó el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alberto Salas.
El máximo timonel de los empresarios recordó que han insistido en que la incertidumbre introducida por el conjunto de reformas "profundas desarrolladas por el gobierno, ha afectado significativamente el nivel de inversión". Esto, sostuvo, al punto de "dificultar que nuestra economía retome el merecido ritmo de crecimiento, con todos los beneficios que ello trae sobre el empleo, las familias y las personas".
Tajante, el dirigente sostuvo que "el anuncio de la presidenta de iniciar un "proceso constituyente", a mi modo de ver, no tiene relación con las necesarias reformas para erradicar las malas prácticas en la política, los negocios y en la forma como ambos se relacionan".
Desde su pespectiva, "es un error iniciar un proceso con apuro y sin que conozcamos el objetivo, en una materia tan fundamental como nuestra Constitución que ha dado la estabilidad y certezas indispensables para el progreso que Chile ha alcanzado las últimas décadas".
Salas, en todo caso, valoró el trabajo "serio, técnico y profesional" que realizó la Comisión Engel. Sobre el punto, expresó que el conjunto de propuestas que contiene el informe va en la línea correcta, por un lado, para luchar efectivamente contra la corrupción, los conflictos de interés y las malas prácticas en el sector público y privado; y por otro, para transparentar la relación entre dinero y política, evitar ilegalidades y faltas a la ética en este campo.
Anticipó que analizarán en detalle cada una de las medidas, pero desde ya manifestó su coincidencia con que se aumente la fiscalización por parte de los órganos responsables, que se endurezcan las sanciones, se evite el mal uso de recursos del Estado, se mejore la calidad de la política, y se avance con la debida prolijidad en las medidas administrativas y proyectos de ley necesarios para concretar las propuestas".
El presidente de la Confederación la Producción y el Comercio (CPC), Alberto Salas, valoró este miércoles las medidas anticorrupción dadas a conocer ayer por la Presidenta Michelle Bachelet, pero advirtió que la reforma constitucional podría afectar la inversión.
"Valoramos el trabajo serio, técnico y profesional que realizó la Comisión Engel. El conjunto de propuestas que contiene el informe va en la línea correcta, por un lado, para luchar efectivamente contra la corrupción, los conflictos de interés y las malas prácticas en el sector público y privado; y por otro, para transparentar la relación entre dinero y política, evitar ilegalidades y faltas a la ética en este campo", señaló Salas.
El dirigente precisó que el gremio analizará en detalle cada una de las medidas, pero adelantó que "coincidimos en que se aumente la fiscalización por parte de los órganos responsables, que se endurezcan las sanciones, se evite el mal uso de recursos del Estado, se mejore la calidad de la política, y se avance con la debida prolijidad en las medidas administrativas y proyectos de ley necesarios para concretar las propuestas".
Sin embargo, Salas advirtió que "el anuncio de la Presidenta de iniciar un proceso constituyente, a mi modo de ver, no tiene relación con las necesarias reformas para erradicar las malas prácticas en la política, los negocios y en la forma como ambos se relacionan".
En este sentido enfatizó que "hemos insistido que la incertidumbre que ha introducido el conjunto de reformas profundas desarrolladas por el gobierno, ha afectado significativamente el nivel de inversión, al punto de dificultar que nuestra economía retome el merecido ritmo de crecimiento, con todos los beneficios que ello trae sobre el empleo, las familias y las personas. Sumar ahora la tremenda incertidumbre de una reforma constitucional causa gran inquietud en los actores económicos, con lo que podría verse aún más afectada la inversión, por la paralización o retraso en la concreción de proyectos, por la falta de certeza que se abre en variados ámbitos con un anuncio como este".
El dirigente añadió que "perfeccionar la democracia y las reglas de una nación es una oportunidad, cuando es necesario y se hace bien. Pero es un error iniciar un proceso con apuro y sin que conozcamos el objetivo, en una materia tan fundamental como nuestra Constitución que ha dado la estabilidad y certezas indispensables para el progreso que Chile ha alcanzado las últimas décadas".
Tras analizar durante todo el fin de semana el dossier de 217 páginas elaborado por la Comisión Engel, que contiene propuestas sobre 21 temas relacionados a la relación política y negocios, Bachelet dio a conocer una serie de medidas, que incluyen el fin de los aportes de empresas a las campañas y un aporte estatal a los partidos políticos y además anunció la decisión de dar el vamos al proceso de una nueva constitución.
Con cierta expectación se esperaba el discurso de la presidenta Michelle Bachelet con el que enfrentaría la crisis de credibilidad instalada en el país, luego del estallido de los casos Penta-SQM y Caval.
Es que los anuncios que haría después de recibir el informe de la comisión presidida por Eduardo Engel, se consideraron, desde el primer momento, su gran apuesta para salir del problema que tiene en jaque tanto al gobierno como a toda la clase política.
En la cadena nacional del martes en la noche, la mandataria intentó mostrar su liderazgo, no sólo al dar a conocer medidas duras para la transparencia del sistema político, sino también al reiterar con firmeza, que sería ella personalmente quién conduciría el proceso para sacarlas adelante.
En términos generales, muchos de los anuncios no sorprendieron porque estaban en la agenda de discusión, como el fin de los aportes tanto de empresas como anónimos para financiar las campañas políticas, el límite a la reelección indefinida de cargos de representación popular –al que le puso discusión inmediata- además de otras tendientes a fortalecer los sistemas de fiscalización.
Lo que sí sorprendió, en cambio, fue que informara de su decisión de que, a partir de septiembre, se iniciara lo que llamó un "proceso constituyente", para que se comience a elaborar una nueva Carta Fundamental, que el propio Eduardo Engel reconoció que, aún cuando pudiera ser importante, no estaba entre las propuestas que realizó la comisión.
Fue ésa la jugada de la Presidenta para satisfacer a una ciudadanía que ella misma reconoció que estaba descontenta, porque al expresar que se trataría de un proceso abierto, con diálogos, consultas o cabildos, la idea es que la nueva Constitución no surja solamente de las elites, por ser las que están cuestionadas.
Con este anuncio, que de inmediato suscitó polémica al recibir críticas tanto de empresarios como de dirigentes opositores, la estrategia es abrir el debate sobre uno de sus principales compromisos postergados que genera adhesión ciudadana, pese a que no está directamente relacionado con el combate por la transparencia.
En cuanto las medidas que conforman propiamente la agenda contra la corrupción, aun cuando encontraron amplia acogida en todos los sectores, no parecen garantizar hasta dónde podrán ser la solución para la crisis de confianza desatada por situaciones que permanecen sin aclararse.
¿Impunidad con lo actual?
Nadie desconoce que las propuestas que se desprenderán de los anuncios presidenciales pueden ser un paso importante para lograr un sistema democrático más transparente en adelante, lo que podría darle la razón a la Presidenta, cuando afirma que ésta será la marca principal de su legado.
Eso no implica, sin embargo, que su apuesta necesariamente actuará como un antídoto frente al malestar existente, desde el momento en que no planteó ninguna solución concreta para los casos que están pendientes, como pudo haber sido un compromiso para que el Servicio de Impuestos Internos (SII) actúe con la transparencia que se le está demandando.
Es cierto que la mandataria se refirió implícitamente a los casos que han gatillado la crisis, como lo hizo al aludir a Caval, expresando que nadie podrá sacar ventajas indebidas con el cambio de planos reguladores, o cuando en relación a Penta-SQM, manifestó que se superarán los vacíos de la ley actual para asegurar sanciones efectivas a la facilitación o aprovechamiento de facturas o boletas ideológicamente falsas.
Pero en ambas situaciones quedó claro que se trataba de buscar una solución para que no se repitan en el futuro, no para aclararlos ahora. Incluso la última afirmación, que Bachelet incorporó después de recibir las propuestas de la comisión porque no formó parte de éstas- se interpretó como el intento de establecer que actualmente el tema de las boletas puede no ser delito, en consonancia con la tesis del ex director del SII, Ricardo Escobar, que ha sido recogida en el gobierno.
Es por eso que tras los anuncios presidenciales, quedó la sensación de que la fórmula para salir de la crisis no contemplaría seguir indagando en los casos actuales, especialmente el que compromete a la empresa de Giorgio Martelli, al punto que se presume que existiría una suerte de "pacto de silencio" entre los principales actores políticos, que se habría digitado desde La Moneda con la anuencia de los posibles afectados.
Es lo que confirma, por ejemplo, el cambio de actitud hacia la oposición por parte de las autoridades y la Nueva Mayoría, marcando una diferencia respecto a la que asumieron con la UDI cuando el único escándalo era el de Penta. Tanto es así que, frente a la compleja situación que enreda al ex presidente, Sebastián Piñera, por los pagos con platas de SQM y otras empresas al director de CHV, Jaime De Aguirre, el único que le ha pedido explicaciones, es su contrincante interno el senador RN, Manuel José Ossandón.
Es que las autoridades saben a estas alturas que si se desata la guerra pueden salir perdiendo porque en el tema de las boletas, tanto por los montos como por las personas comprometidas, golpearían con más fuerza al oficialismo.
Pero como tampoco la oposición está libre de las esquirlas de SQM comenzando por el propio Sebastián Piñera- muchos de sus dirigentes están en la línea de no insistir en la necesidad de que se aclaren los pagos de dicha empresa, porque al final todos pueden salir trasquilados.
¿Todo bajo control?
Es en ese contexto que los políticos de todos los sectores aparecen acogiendo las propuestas presidenciales, lo que augura que serán aprobadas sin problemas cuando lleguen al Congreso, con la expectativa de que de esa manera se podrá recuperar la confianza perdida.
El problema que enfrenta esta fórmula, sin embargo, es que paralelamente a los anuncios que se presume que podrían ser una salida a la crisis, se siguen conociendo antecedentes de boletas o facturas irregulares, como ocurrió recientemente con las que entregó SQM a la campaña de Eduardo Frei en 2009 por intermedio de la empresa de Martelli, o los pagos que esta misma sociedad realizó a distintos personeros que están en el gobierno, los que se suman a los recibidos por el ministro Rodrigo Peñailillo y sus asesores, que ahora alcanzan entre otros- a personas que trabajan para el titular de Hacienda, Alberto Arenas.
Esto implica que puede seguir subiendo la presión para que el SII actúe aclarando la situación de la empresa del autodenominado "operador político", como de hecho lo han comenzado a plantear no sólo desde la oposición, sino también desde la Nueva Mayoría, que consideran que la poca claridad de este caso puede ser una bomba de tiempo.
Por ahora, en todo caso, dichas presiones no han tenido efecto, puesto que aun cuando su director Michel Jorratt confirmó que se estaba investigando AyN –la empresa de Martelli- no ha dado cuenta de sus resultados. Pero a ello se agrega que la decisión del organismo fiscalizador es no presentar denuncias contra esa sociedad, tal como se desprende de la información de The Clinic, que señala que habría habido un acuerdo entre SQM y el SII para no rectificar las declaraciones de impuestos ni de la empresa de Martelli, ni de la de Cristián Warner, el principal asesor de Marco Enríquez-Ominami, por las que SQM presentó respaldo de sus trabajos, lo que escondería una decisión para que queden impunes.
Como todo indica que la información continuará apareciendo, en parte porque desde el interior del SII existen funcionarios dispuestos a darlas a conocer, a lo que se agrega que tampoco la prensa parece dispuesta a acallarla, es posible que pese al supuesto "pacto de silencio" se sigan conociendo antecedentes que compliquen tanto al gobierno como a toda la clase política.
Eso implica que no todo está bajo control como supone la autoridad, porque además está la decisión de la Fiscalía de poner presión al SII para que inicie acciones legales, que es lo que requiere para poder investigar, como lo hizo en estos días el fiscal Sabas Chahuán al presentar una denuncia al organismo que dirige Jorratt con los antecedentes de la empresa de Martelli que considera que pueden constituir delitos.
En este cuadro, es posible que la apuesta presidencial logre amainar la crisis al poner otros temas de debate en la agenda, comenzando por el constitucional, lo que no necesariamente garantiza la recuperación de la confianza, menos si se constata la intención compartida de las autoridades con la clase política, de que en los casos pendientes no se indague nada más.
Mientras en el oficialismo defienden la mención de la presidenta Michelle Bachelet acerca del inicio del "proceso constituyente" y destacan la "coherencia" del tema en el marco de una nueva institucionalidad, desde la oposición hacen hincapié en lo ambiguo del anuncio y acusan que se opacó el debate acerca de la agenda de trasparencia que concita respaldo generalizado, que debería ser el foco central de la discusión pública.
Desde la UDI hasta el Partido Comunista coincidieron en que los anuncios de la mandataria en materia de probidad y transparencia contribuyen a recuperar la confianza de la ciudadanía en la clase política. Tanto es así que el secretario general de la UDI, Guillermo Ramírez, destacó las medidas, asegurando que "la agenda es integral, tiene una cierta armonía y orgánica", por lo que comprometió los votos de su partido en aquellas materias.
En la NM destacan que estas medidas profundizan la democracia, separan nítidamente la política del dinero y terminan con las "malas prácticas" que se han producido en el cruce entre ambos en las últimas campañas. El timonel PS y vocero del pacto, diputado Osvaldo Andrade, aseveró que "las iniciativas planteadas superan ampliamente las expectativas que nos habíamos planteado" y en el sector valoran –dijo- que "generen los cambios que permitan devolver el prestigio social a la política y a los partidos".
La voz disonante en el marco de un acuerdo amplio fue la de la ex candidata presidencial gremialista Evelyn Matthei, quien en radio Sonar no dudó en especular que 45 días no son suficientes para hacer una cantidad tan importante de políticas en temas de probidad e ironizando advirtió: "Perdón, quiero saber si van a ser tan bien diseñadas como los Transantiago de la Reforma Tributaria y de la Reforma Educacional", y acto seguido aseguró que al Congreso "van a mandar mugres".
Una de las escasas propuestas que no generó consenso fue la del financiamiento público de los partidos.
Desde la UDI, donde siempre se han opuesto a este mecanismo, sugieren que lo más eficiente es un sistema mixto. En este contexto, el timonel de la DC, Jorge Pizarro, admitió que el tema es impopular; sin embargo, "el término de los aportes reservados, el término de los aportes de las empresas, el término del dinero en la política, sin nombre y apellido, es fundamental para la recuperación de la confianza", argumentó.
El choque
Donde sí hubo diferencias profundas entre ambos sectores fue en relación con el anuncio de la Presidenta de que en septiembre se iniciará un "proceso constituyente".
Para el gremailismo, la mandataria "eclipsó" la agenda de probidad con el tema en el que, adicionalmente, fue "un poco ambigua". De ahí que afirmara que "no nos vamos a prestar para firmar un cheque en blanco cuando no sabemos respecto de su contenido, ni los plazos, los planes y la forma".
En RN, el vicepresidente Luis Mayol advirtió que "estamos dispuestos a discutir temas constitucionales, pero dentro de un marco bastante estricto e institucional".
Y en la NM valoraron el hecho, ya que en la coalición estiman que va en la línea de los cambios institucionales que se están promoviendo a partir de la agenda de transparencia y probidad. Pizarro subrayó que la probidad y nueva Constitución están ligados, porque "aquí hay una reforma muy profunda que es consistente con una nueva Constitución".
"En septiembre daremos inicio al proceso constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos", manifestó la presidenta Michelle Bachelet, reinstalando la inquietud por los mecanismos de participación por los que concretamente optará el gobierno para una nueva Constitución. La intervención de la mandataria también plantea la duda de si es hoy, cuando el foco está puesto en combatir la corrupción, el momento para poner fecha al estreno del debate constitucional.
Arturo Fermandois, AC: "Nadie puede descartarla ni imponerla artificialmente"
-¿Cómo interpreta el mensaje de Bachelet?
-Siempre es positivo promover diálogos, debates y consultas; el punto es que no queda claro cómo eso se puede conectar con un proceso al que llama "constituyente". ¿Se trata de un proceso consultivo? ¿O será de alguna forma vinculante? El vínculo debe estar claro y debe enmarcarse en lo que la propia Presidenta definió, esto es, debe ser institucional. Nada justifica omitir las instituciones en algo tan trascendental como la ley suprema de un país.
-¿Es oportuna una Asamblea Constituyente?
-Una Asamblea Constituyente será convocada siempre que el clamor popular sea tan nítido que se refleje en las instituciones de nuestro Estado de derecho. Sólo en ese momento. Nadie puede descartarla, como tampoco imponerla artificialmente.
-¿Es oportuno que la Presidenta instale el debate constitucional cuando el foco está en probidad?
-Celebro que la Presidenta asuma el liderazgo para enfrentar institucionalmente la indignación pública con nuestros problemas de probidad. Pero ni una reforma constitucional ni una nueva constitución necesariamente se justifican por eso; son procesos que pueden toparse, pero tienen dinámicas, objetivos y proyecciones jurídico-políticas distintas. Sería grave constitucionalizar "en caliente" y artificialmente nuestro debate actual sobre financiamiento político y llevarlo a una refundación jurídica sin otros fundamentos.
-¿Es conveniente empezar el debate en septiembre?
-Hay muchas reformas legales ya lanzadas o en curso que requerirán atención y las ya aprobadas han demostrado que la actual Carta no era la camisa de fuerza que algunos pintaron en su momento.
Fernando Atria: "Lo ideal es que el proceso vaya tomando fuerza"
-¿Cómo lee las palabras de la Presidenta?
-Es un acierto de la Presidenta haber hecho la conexión entre el problema de legitimidad creado por estas revelaciones respecto del financiamiento de la política y el problema constitucional, porque lo que ha pasado con el financiamiento de la política es simplemente una de las consecuencias más problemáticas del problema constitucional.
-¿Y a qué se refiere específicamente el proceso constituyente?
-Se distingue de una reforma constitucional porque tiene una pretensión de legitimación mucho más marcada que una reforma constitucional y los cabildos y las consultas son maneras a través de las que el gobierno empezará ese proceso constituyente. Por lo tanto, para los efectos de un proceso constituyente, el que se dicte una ley de reforma constitucional, aprobada por los quórums que se establecen en el Congreso, no es suficiente.
-¿Es en ese contexto hay espacio para una AC?
-Cuando llegue la pregunta de cuál será el modo de legitimación de este proceso, la pregunta siguiente será cuán desarrollada está la demanda ciudadana por una nueva Constitución. Mientras más fuerza política tenga esa demanda más difícil será evitar mecanismos participativos.
-¿Es septiembre pertinente para empezar a discutir esto, considerando que hay otras reformas tramitándose?
-Si se piensa como proceso y no como que en septiembre empezamos y en octubre terminamos, no es problemático que haya otras cuestiones que también están siendo discutidas. Lo ideal es que este proceso vaya, progresivamente, tomando fuerza y ritmo para transformarse en el tema principal de discusión pública.
Jorge Correa Sutil: "Para ese debate necesitamos un Parlamento con más legitimidad"
-¿Cómo interpreta el mensaje sobre proceso constituyente emitido por Bachelet?
-Lo que la Presidenta ha anunciado es un proceso todavía informal y no vinculante para recoger la opinión ciudadana, lo que parece ser un requisito muy positivo para luego iniciar un proceso más formal de reforma a la Constitución.
-¿Se desecha AC?
-No me parece que esté ni apoyada ni descartada en ese mensaje, pero eso deberá contestarlo la Presidenta, porque todo este proceso aparece como un paso previo incluso a la definición del procedimiento de reforma constitucional.
-¿Es septiembre un buen plazo para ver el tema?
-Dependerá fuertemente del avance de la agenda de transparencia y probidad. Tenemos que enfrentar concentradamente y con mucha dedicación las reformas educacional y de probidad, que son indispensables para tener una democracia igualitaria, condición de cualquier otra definición. El plazo de septiembre me parece optimista, porque significa tener para ese entonces superada la discusión de transparencia. Pero si la discusión de esas normas se demorare más, lo prudente es postergar un debate constitucional para cuando los parlamentarios puedan impulsar ese debate ciudadano, del que habló la Presidenta, en sus respectivos distritos. En otras palabras, si la agenda pro transparencia no estuviere en los sustantivo ya despachada en septiembre, lo prudente es postergar el inicio del proceso constituyente y el debate constitucional.
-En ese sentido, ¿considera un tanto oportuno que el anuncio de nueva Constitución se haya hecho cuando el foco era lanzar esta agenda de probidad?
-Hay una conexión natural entre la reforma institucional de esta ingeniería más fina y el debate constitucional. Con todo, nuestra obligación ahora es concentrarnos en el debate de los temas de probidad y no en el constitucional. No debemos adelantarnos a ese proceso que la Presidenta anuncia para septiembre. Si no salimos bien de los temas de probidad, difícilmente podremos enfrentar bien un proceso constitucional. Un proceso de reforma constitucional interferido por la intromisión indebida del dinero en la política sería un proceso espurio y que será cuestionado. Necesitamos un proceso constituyente que tenga un alto nivel de legitimidad y hoy día no están dadas esas condiciones.
-¿Se logrará una nueva Constitución en este período presidencial?
-El proceso es largo y complejo y probablemente no se agotará en este gobierno, porque para debatir una nueva Constitución necesitamos un Parlamento con mayor legitimidad que la que tiene hoy y eso pasa porque el Congreso haya sido elegido por otras reglas en dinero y política, y con otro sistema electoral. Y eso recién lo tendremos al final de este gobierno.
