La máxima Corte de Justicia de Brasil concedió ayer la libertad condicional a nueve ejecutivos de grandes constructoras brasileñas que están presos desde noviembre pasado acusados de haber participado en la red de corrupción que desvió millonarios recursos de la petrolera estatal Petrobras.
Los ejecutivos obtuvieron el derecho a la prisión domiciliaria y tendrán que usar una tobillera electrónica para que puedan ser controlados, según determinó la Sala Segunda del Supremo Tribunal Federal (STF) por tres votos a favor y dos contra.
Los magistrados extendieron a ocho de los acusados por el gigantesco escándalo de corrupción el beneficio solicitado inicialmente en hábeas corpus por el presidente y propietario de la constructora UTC, Ricardo Pessoa, informó ayer la asesoría de prensa del tribunal.
Además de Pessoa, la medida beneficia también a José Ricardo Nogueira Breghirolli, Agenor Franklin, Mateus Coutinho y José Aldemário Filho, ejecutivos de la también constructora OAS; a Sergio Mendes, dirigente de la empresa Mendes Júnior; a Gerson Almada, ejecutivo de Engevix; a Erton Medeiros (Galvao Engenharia) y a Joao Ricardo Auler (Camargo Correa).
Además de la vigilancia con tobillera electrónica, los beneficiados, actualmente presos en las celdas de la Policía Federal brasileña en la ciudad de Curitiba, tendrán que presentarse ante un tribunal cada quince días.
La máxima corte también condicionó la liberación a que los acusados entreguen su pasaporte y a que se comprometan a no entrar en contacto con otros implicados en el proceso.
Los magistrados argumentaron que las órdenes de prisión preventiva que justificaron el arresto de los empresarios no pueden ser consideradas como sentencias anticipadas pese a la gravedad de los crímenes que son imputados.
Los ejecutivos fueron acusados de formar parte del cartel que pagaba millonarios sobornos para quedarse con los contratos de la petrolera por los presos que colaboran en la investigación a cambio de futuras reducciones de sus penas.
La Corte Suprema de Brasil ordenó este martes que los empresarios involucrados en el caso de corrupción de Petrobras salgan de la cárcel y cumplan prisión domiciliaria a la espera de sus juicios.
La medida, tomada con tres votos a favor y dos en contra por un cuerpo colegiado del Supremo Tribunal Federal (STF), beneficia a nueve ejecutivos acusados de participar de un "club" de empresas, que amañaba licitaciones para adjudicarse las mayores obras contratadas por la estatal entre 2004 y 2014.
Entre los beneficiados está Ricardo Pessoa, propietario de la empresa UTC, sindicado como el coordinador de este club. Destacan también ejecutivos de las constructoras OAS, Mendes Junior, Camargo Correa, Engevix y Galvao Engenharia.
Los acusados serán recluidos en sus domicilios y usarán una tobillera electrónica. No podrán viajar al exterior y deberán presentarse cada 15 días en un tribunal.
"El Supremo no aceptó el clamor público como justificación de la prisión preventiva. Eso convertiría al STF en rehén de reacciones de la sociedad. La defensa de la credibilidad de la justicia y el clamor público no justifican la prisión preventiva", justificó el magistrado Gilmar Mendes.
De acuerdo con la fiscalía, 16 empresas conformaban este "club". La lista incluye también a constructoras como Odebrecht y Andrade Gutierrez.
En reuniones secretas, las compañías definían quién ganaría una licitación específica y cuál sería el precio que pagaría. Las cotizaciones, siempre infladas en perjuicio de las arcas públicas, recibían el visto bueno de los directivos de Petrobras que cobraban los sobornos, de entre 1% y 5% del valor de cada contrato.
La fiscalía pidió un resarcimiento de más de 1.500 millones de dólares por enriquecimiento ilícito de varias compañías, que contempla indemnización por daños a la petrolera, además de una reparación económica al Estado y multas.
La maquinaria de corrupción en Petrobras llegó a mover unos 4.000 millones de dólares, según la fiscalía, y salpica a parte de la élite política, entre ellos, el extesorero del gubernamental Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari Neto, preso y acusado de corrupción y lavado de dinero.
La petrolera estatal calculó en su balance anual las pérdidas por corrupción en 2.059 millones de dólares.
