"El país ha conocido irregularidades, corrupción y faltas a la ética que afectan a la política y a los negocios. Eso es grave, porque deteriora nuestra democracia y crea abusos, privilegios y desigualdad. Los chilenos y chilenas están molestos", fue una de las frases con que la Presidenta Michelle Bachelet inició la cadena nacional donde dio a conocer las medidas que implementará tras recibir el informe del Consejo Asesor Anticorrupción.
Tras analizar durante todo el fin de semana el dossier de 217 páginas, que contiene propuestas sobre 21 temas relacionados a la relación política y negocios, Bachelet dio a conocer una serie de medidas, que incluyen el fin de los aportes de empresas a las campañas y un aporte estatal a los partidos políticos.
Sin embargo, la sorpresa del anuncio fue la decisión de dar el vamos al proceso de una nueva constitución.
Si bien la Presidenta fijó el inicio del proceso constituyente en septiembre, no detalló los plazos que durará este proceso y la redacción misma de la nueva carta fundamental.
LAS MEDIDAS QUE ANUNCIÓ LA PRESIDENTA
La Mandataria destacó que el informe de la Comisión Engel "contiene diversas propuestas para luchar en forma eficaz contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción".
"He estudiado en detalle estas propuestas. Basada en ellas, en las medidas que he venido implementando, en leyes actualmente en trámite, y en otras propuestas que me han entregado líderes sociales y políticos, he definido un conjunto de medidas administrativas y proyectos de ley que impulsarán una reforma amplia e integral, para erradicar las malas prácticas en la política, en los negocios y en la relación entre ambos", dijo.
Bachelet remarcó que "son medidas severas, y algunos querrán resistirlas para que las cosas queden igual. Pero mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero".
La Presidenta remarcó que "esta será una de las reformas que marcará el legado de mi gobierno y la voy a conducir personalmente, con toda mi energía y sin temor de ningún tipo".
Respecto de los plazos se fijó un 15 días para dictar las medidas administrativas y un plazo máximo de 45 días para el ingreso al parlamento de los proyectos de ley. De hecho, a partir de mañana se pondrá discusión inmediata al proyecto de ley de probidad y transparencia y a la moción que termina con la reelección indefinida de senadores, diputados y otros cargos de elección popular.
Fin de los aportes de empresas y financiamiento estatal: Bachelet dijo que "transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados, y las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito".
El financiamiento estatal, en todo caso, tendrá requisitos, entre ellos que se tendrán que reinscribir todos los militantes para "sincerar los registros", además de contar con un funcionamiento democrático y una contabilidad "transparente y fiscalizada".
Fortalecimiento del Servel: La idea es que esta entidad y el Tricel sean autónomos "y tengan reales capacidades de fiscalización y sanción para hacer respetar la ley". Para estos efectos, se dará autonomía constitucional al Servel.
Reducción de límite de gasto: La idea es que sólo se pueda realizar propaganda en zonas delimitadas. Junto con esto será constitutivo de cohecho la entrega de regalos de campaña y el pago de cuentas.
Pérdida de escaño: Bachelet reiteró que "todos aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública, no nos podrán representar en los cargos de elección popular y perderán sus escaños".
Sanciones "efectivas" a la facilitación y uso de boletas ideológicamente falsas: Bachelet dijo que se trabajará para superar "los vacíos de la ley actual".
Junto con esto se tipificará y sancionará "el delito de corrupción entre particulares, tal como los pagos indebidos para obtener negocios".
Medidas contra la "puerta giratoria": La Presidenta dijo que se va a "ampliar y reforzar las inhabilidades e incompatibilidades para ingresar a la función pública. Ampliaremos el ámbito de la prohibición de contratación en el Estado, a parientes de las autoridades".
"Regularemos la 'puerta giratoria' entre empresas y el servicio público, para impedir que autoridades y ejecutivos circulen sin límites entre ellas", remarcó.
Medidas al lobby: Se establecerá un registro público obligatorio de lobistas, "para que todos sepamos quiénes representan intereses del mundo privado ante los que toman decisiones en el mundo público".
Si bien no aludió directamente al caso Caval, que involucra a su hijo y a su nuera, dijo que"tenemos que evitar los negocios irregulares y especulativos. Nadie podrá sacar ventajas indebidas con los cambios de los planos reguladores".
Urgencia a reforma al Ministerio Público: Bachelet dijo que "mantendremos la suma urgencia a la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad y al proyecto de modernización del Ministerio Público".
Regresa la educación Cívica: La Presidenta dijo que "todas las escuelas, universidades y centros de formación deberán tener un programa sólido y explícito en formación cívica".
A minutos de finalizar la cadena nacional que realizó para anunciar una serie medidas para enfrentar la crisis institucional por la que atraviesa el país y establecer un marco regulatorio entre la política y los negocios, la presidenta Michelle Bachet fijó el inicio del proceso por medio del cual dará cumplimiento a la tercera reforma comprometida durante su campaña a La Moneda: la nueva Constitución.
Así tras detallar las propuestas adoptadas a partir del informe que le fue entregado el pasado viernes por el consejo anticorrupción, la mandataria señaló que "la tarea que hoy emprendemos se completará de manera natural con la redacción y aprobación de una nueva Constitución".
Y continuó: "En Septiembre, mes de Chile, daremos inicio al proceso constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos".
Previamente la jefa de Estado había planteado en líneas generales las medidas que liderará su gobierno a fin de establecer un nuevo marco para regular la relación entre la política y los negocios, a partir de las cerca de 236 iniciativas discutidas y acordadas por el consejo que lideró el economista Eduardo Engel.
En su intervención la mandataria partió reconociendo la gravedad de los hechos que se han ido conociendo, y que investiga el Ministerio Público: "El país ha conocido irregularidades, corrupción y faltas a la ética que afectan a la política y a los negocios. Eso es grave, porque deteriora nuestra democracia y crea abusos, privilegios y desigualdad. Los chilenos y chilenas están molestos", expresó.
La Presidenta calificó las medidas como "severas", adelantando "que algunos querrán resistirlas para que las cosas queden igual. Pero mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturados por el poder del dinero".
Bachelet tal como lo venía diciendo desde la semana pasada volvió a reafirmar que será ella quien lidere este proceso, destacando que la trascendencia de estas reformas "marcarán el legado de mi gobierno".
Sobre las medidas concretas, respecto a los partidos, reafirmó que no habrán aportes anónimos ni reservados, siendo el Estado quien financie la actividad política.
En esa línea detalló que "será el Estado el que financie el trabajo de los partidos. Para eso tendrán que cumplir con exigencias y controles claros. Tendrán que reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros; tendrán que ser democráticos en su interior, tener contabilidad transparente y fiscalizada, dar espacio a nuevos líderes. Ésta es una inversión necesaria para tener una mejor vida pública y mayor participación ciudadana".
Además confirmó el fortalecimiento del Servel y del Tribunal Calificador de Elecciones, asi como la autonomía constitucional del primero. De igual modo anunció la ampliación del rango de aplicación del Sistema de Alta Dirección Pública.
Sobre el financiamiento de las campañas, dijo que se tendrán que reducir sus costos: "Por ello, reduciremos el gasto, sólo podrá hacerse propaganda en zonas delimitadas y serán delito de cohecho los regalos de campaña y el pago de cuentas".
En los negocios
En un segundo punto abordó las formas en que se hacen negocios, destacando que "buscar ganancias transgrediendo las normas éticas y legales, no es progreso, sino retroceso".
En ese plano, sin aludir directamente al caso de su hijo, Sebastián Dávalos, se refirió concretamente a la especulación inmobiliaria, por la cual se le investiga a él y a su señora, Natalia Campagnon: "Tenemos que evitar los negocios irregulares y especulativos. Nadie podrá sacar ventajas indebidas con los cambios de los planos reguladores".
Asimismo adelantó que "Superaremos los vacíos de la ley actual para asegurar sanciones efectivas a la facilitación y aprovechamiento de facturas y boletas ideológicamente falsas.
Y "tipificaremos y sancionaremos el delito de corrupción entre particulares, tal como los pagos indebidos para obtener negocios".
Agregó que "el Estado no es para hacer negocios, y los negocios limpios no se hacen usando impropiamente los recursos y facultades del Estado".
De igual forma planetó que "vamos a ampliar y reforzar las inhabilidades e incompatibilidades para ingresar a la función pública. Ampliaremos el ámbito de la prohibición de contratación en el Estado, a parientes de las autoridades".
Tal como muchos parlamentarios de la Nueva Mayoría le habían pedido al gobierno, la Presidenta también fijó plazos para implementar estos anuncios.
"Para las medidas administrativas nos hemos puesto un plazo de quince días para dictarlas y para los proyectos de ley, un plazo máximo de 45 días para su ingreso al Parlamento".
Así también, indicó que a fines de la próxima semana se entregará el plan completo de medidas en la materia.
En lo inmediato la mandataria, firmará en La Moneda las nuevas urgencias a los proyectos de ley sobre la probidad y contra la corrupción.
Después de meses de inmovilismo, la presidenta chilena Michelle Bachelet ha lanzado un primer intento de tomar el control de la crisis institucional en sus manos. Lo ha hecho con el anuncio de una reforma potente para erradicar las malas prácticas en la política y en los negocios. En su primera intervención en la cadena de televisión nacional desde el estallido de los escándalos investigados por la Fiscalía y que han tocado a casi todos los sectores, incluida su familia y a su ministro del Interior, la socialista se dirigió la noche de este martes a sus compatriotas con el objetivo de anunciar un paquete de medidas para prevenir la corrupción, regular los conflictos de interés, el financiamiento de la política y la confianza en los mercados. “Será una de las reformas que marcará el legado de mi Gobierno y la voy a conducir personalmente, con toda mi energía y sin temor”, ha indicado la Jefa de Estado.
Junto con detallar sus propuestas, la socialista ha aprovechado su intervención para anunciar que adelanta el debate sobre una nueva Carta Fundamental, una medida reclamada por sectores de su conglomerado de centroizquierda Nueva Mayoría. “En septiembre, mes de Chile, daremos inicio al proceso constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos”, ha señalado la mandataria, que tenía contemplado este capítulo para la última parte de su mandato que culmina en 2018.
La mandataria comenzó su intervención con un reconocimiento a la indignación ciudadana. “El país ha conocido irregularidades, corrupción y faltas a la ética que afectan a la política y a los negocios. Eso es grave, porque deteriora nuestra democracia y crea abusos, privilegios y desigualdad. Los chilenos y chilenas están molestos”, señaló la socialista, que ha debido enfrentar una compleja posición por los negocios inmobiliarios de su nuera y primogénito, conocido como caso Caval. En la misma línea del viernes pasado, cuando realizó una autocrítica por no condenar esta trama con fuerza y a tiempo, Bachelet se ha referido a su papel: “Los que tenemos posiciones de liderazgo y poder, debemos asumir nuestra responsabilidad en esta situación. Y parto por mí misma”.
Sobre la base de un informe con medidas anticorrupción entregado hace cuatro días por la Comisión Engel, un comité de expertos independientes mandatados por el Gobierno en medio de la crisis, la Presidenta busca una transformación sustancial de la actividad política y de los partidos. En una de las mayores reformas que se hayan conocido en Chile en esta materia, Bachelet pretende transparentar el financiamiento, eliminar los aportes anónimos y reservados, y prohibir que las empresas entreguen dinero para el funcionamiento de las colectividades, como sucede actualmente en Chile. En cambio, ha anunciado Bachelet, será el Estado el que financie el trabajo de los partidos, que deberán cumplir con estándares altos.
Paralelamente, la socialista ha señalado que su Gobierno pretende fortalecer el Servicio Electoral y al Tribunal Calificador de Elecciones para que robustecer su autonomía y, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, tengan reales capacidades para fiscalizar y sancionar. La debilidad de ambos organismos ha quedado de manifiesto en los últimos escándalos que ha enfrentado Chile: el caso Penta, la trama de financiamiento irregular de la política que afecta sobre todo a la derecha, se conoció por una causa de evasión de impuestos y no debido a los controles de las instituciones pertinentes.
Bachelet también pretende regular el financiamiento de las campañas, un problema profundo que ataca a todos los sectores y que se ha hecho visible con las presuntas donaciones fuera de la ley que realizó la empresa Soquimich, minera del exyerno de Augusto Pinochet, a cientos de personas y sociedades vinculadas a políticos de distinto color político. La Presidenta ha señalado que se reducirá el gasto, que habrá zonas delimitadas para la propaganda y que se considerará delito de cohecho los regalos de campaña y el pago de cuenta. “Todos aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública, no nos podrán representar en los cargos de elección popular y perderán sus escaños”, ha indicado Bachelet.
Con un 31% de popularidad, pero con mayoría en el Congreso, Bachelet ha señalado que Chile debe fortalecer la calidad, integridad y transparencia de los que trabajan en el servicio público, para lo que también el Gobierno ha diseñado un paquete de medidas. Paralelamente, ha anunciado cambios a la forma en que se hacen los negocios: “Necesitamos una buena economía para desarrollarnos. Buscar ganancias transgrediendo las normas éticas y legales, no es progreso, sino retroceso”. Bachelet también ha anunciado medidas contra la especulación inmobiliaria, el negocio que llevó adelante la sociedad de su nuera y en el que trabajaba su primogénito: “Tenemos que evitar los negocios irregulares y especulativos. Nadie podrá sacar ventajas indebidas con los cambios de los planos reguladores”.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció este martes que a partir de septiembre se iniciará un proceso para elaborar una nueva Constitución.
La mandataria hizo el sorpresivo anuncio en un mensaje transmitido desde el palacio de La Moneda en cadena nacional donde también dio a conocer algunas medidas anticorrupción.
"En septiembre, mes de Chile, daremos inicio al Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos", dijo durante su mensaje.
La reforma de la carta fundamental del país fue una de las grandes promesas de la presidenta durante su última campaña, junto a la reforma educativa y fiscal, recordó el corresponsal de BBC Mundo en el Cono Sur, Ignacio de los Reyes.
"Movimientos ciudadanos y miembros de la coalición de partidos que apoyan a la presidenta habían demandado una reforma profunda del sistema político del país, azotado en los últimos meses por una serie de escándalos de corrupción", recordó el corresponsal.
Además de este proceso constituyente, Bachelet también presentó una serie de medidas destinadas a luchar contra la corrupción, que serán enviadas al poder legislativo en las próximas semanas.
Entre los anuncios se encuentran la eliminación de aportes anónimos y reservados a políticos o partidos y mayor regulación de las campañas electorales, reduciendo el gasto y limitando los espacios donde hacer propaganda.
Además, las empresas no podrán hacer aportes y será el Estado quien regule los gastos de los partidos siempre y cuando cumplan con ciertos requerimientos.
Los regalos de campaña serán delitos de cohecho y aumentarán las exigencias y transparencia en el uso del dinero público en el Estado, según dijo la mandataria.
Habrá además un registro público de lobistas o cabilderos y los políticos que violen la ley electoral perderán su cargo.
Bachelet también señaló que habrá medidas que afecten a la relación entre la empresa privada y los cargos públicos.
"Regularemos la 'puerta giratoria' entre empresas y el servicio público, para impedir que autoridades y ejecutivos circulen sin límites entre ellas", dijo.
Y explicó que confía en "ampliar y reforzar las inhabilidades e incompatibilidades para ingresar a la función pública".
"Ampliaremos el ámbito de la prohibición de contratación en el Estado, a parientes de las autoridades", anunció.
Bachelet dijo que se encargará "personalmente" de lograr la aprobación e implementación de estas medidas.
Pero el gran interrogante, explicó el corresponsal de BBC Mundo, es si el Congreso aprobará un paquete de medidas que acota el poder de actuación de los propios legisladores, regula más estrechamente su relación con las empresas privadas y limita el financiamiento de los aspirantes a cargos públicos.
En los últimos meses, Chile ha vivido una crisis política sin precedentes en su historia reciente, marcada por los llamados casos Penta, SQM, y Caval.
Los tres escándalos han minado la confianza de los chilenos en sus partidos políticos y han puesto en alerta a una sociedad poco acostumbrada a conocer de la corrupción al más alto nivel.
El primero involucra una supuesta red de fraude fiscal y el financiamiento de campañas electorales a través de facturas falsas del grupo de empresas Penta, que sacudió al partido de la derecha Unión Demócrata Independiente (UDI) y a conocidos empresarios nacionales.
Al Caso SQM o Soquimich, una empresa controlada por Julio Ponce, exyerno del exlíder de facto Augusto Pinochet, se lo conoce por haber afectado además a políticos de otros partidos.
Pero el caso que más afectó a la imagen pública de la presidenta, que registra sus peores niveles de popularidad, es el conocido como Caval, la empresa de su nuera, que está siendo investigada por posible uso de información privilegiada y tráfico de influencias tras la compra y venta de un terreno de 44 hectáreas.
Un hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos, participó personalmente en la reunión que aseguró el crédito bancario usado en la operación y se vio luego obligado a renunciar a las labores que su madre le había dado como director sociocultural del Gobierno.
"En septiembre, mes de Chile, daremos inicio al proceso constituyente" fue el anuncio de la presidenta Michelle Bachelet con el que coronó el discurso en que anoche se refirió a las principales medidas propuestas por el Consejo Asesor Presidencial y para cuya implementación impuso un período de 15 días a las administrativas y un máximo de 45 para que ingresen a tramitación al Congreso aquellas que requieran trámite legislativo.
En el mundo político no causó sorpresa que la mandataria decidiera mezclar el proceso de cambio a la Constitución, comprometido en su programa de gobierno, con las medidas anticorrupción propuestas por el consejo para superar la crisis de confianza que generaron los casos de corrupción, a raíz del financiamiento irregular de campañas políticas.
De hecho, a juicio del senador Felipe Harboe (PPD), quien hace varios meses comenzó un proceso de consulta ciudadana a los largo del país, el anuncio resulta coherente, pues "es lógico que se requiera adecuar la Carta Fundamental al nuevo marco institucional" que surgirá a partir de la implementación de las medidas con las que se espera superar la crisis institucional.
Pese a ser partidario de la Asamblea Constituyente y no perder la esperanza de que en septiembre, la Presidenta de un paso más y se incline por esa opción, el diputado socialista Leonardo Soto -presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja-, hace un análisis similar al de su predecesor: "En el marco de esta propuesta amplia era ineludible ir a la raíz del problema, viculándolo con la Constitución que debe englobar todo lo institucional".
Aunque la presidenta Bachelet no menciona la fórmula concreta que pretende utilizar para cumplir con uno de sus más esperados compromisos de campaña, Soto está convencido de que el hecho de que haya señalado que el proceso constituyente será "abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos" entrega "pistas" acerca de la postura que anunciará en septiembre.
Lo cierto es que en la Nueva Mayoría resulta lógico el que la mandataria haya incluido este tema en el tan esperado discurso.
De hecho, para el presidente de la Cámara Alta, senador Patricio Walker (DC), "es importante que se ponga una fecha de inicio y espero que el proceso democrático, participativo e institucional se haga dentro del Parlamento, a través de una Comisión Bicameral". Desde otro punto de vista, los dichos de la mandataria no hacen más que ratificar "que cumplirá los compromisos que asumió en campaña".
Pero la interpretación que hace Walker de que se haya elegido la instancia del anuncio de las medidas para superar la crisis institucional, para ponerle fecha al proceso de cambio a la Constitución, es que "se refuerza la línea de que se va a trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad. Es decir, fortalece la legitimidad de las instituciones y, a la vez, del marco que las regula".
Mirada de la oposición
Mientras tanto, desde la oposición, el integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el UDI Arturo Squella, tampoco se sorprendió con la mención al cambio constitucional y estima que la mandataria "no dijo nada distinto a lo que ya ha dicho en esta materia. En ningún caso abre la puerta a la Asamblea Constituyente"y cree que sólo respondió "a las expectativas que se generaron ante la cadena nacional". El diputado gremialista es mucho más categórico aun, advirtiendo que con las palabras de anoche de Bachelet "se hundió la Asamblea Constituyente, porque nada de lo que dijo se puede interpretar en esa línea".
Por su parte, el senador de RN Andrés Allamand también descarta que la mandataria haya dado alguna señal en la línea de la AC. Por el contrario, está convencido que "una vez que se haya tramitado la agenda de probidad, el Congreso quedará legitimado" para asumir la responsabilidad institucional de tomar en sus manos la tarea de elaborar una nueva Constitución", ya que cree que hay que enfrentar, "a través de los caminos institucionales, la nueva constitución".
Claudio Fuentes, miembro del consejo asesor: "Ahora la responsabilidad le cabe a los actores políticos en el Congreso"
-¿Los anuncios de la presidenta recogen lo medular de las propuestas que hicieron en el consejo?
-Había un par de temas que no estaban considerados dentro del informe, por ejemplo, el registro de lobbystas, no hicimos propuestas en eso, pero sí evaluar la ley de lobby que está entrando en vigencia. Segundo, sobre el límite a la reelección, nosotros sólo propusimos límites de reelección para alcalde, ella hizo un anuncio más general. También, avanzó en las campañas electorales hacia un 100% de transparencia, en el consejo estábamos divididos en un 50% -50%. Algunos dijeron que había que tener algún tipo de reserva. La Presidenta se la jugó por el 100%.
-¿Hubo el tiempo necesario para realizar un debate en profunidad?
-Pese a que 45 días suena mucho, entrar en profundidad era complejo, no todos éramos expertos en los temas, si bien se habla de un consejo de expertos, algunos no tenían nada que ver y no habían trabajado algunos temas. Yo, por ejemplo, no sabía nada de gobiernos corporativos de empresas.
-¿Sintieron presión, luego de las críticas que hubo respecto a la utilidad que tendría este consejo?
-Ninguna.Todos estábamos bien conscientes de nuestro rol. Queríamos contribuir a la generación de ciertas propuestas. No íbamos a legislar y siempre actuamos con madurez y el liderazgo de Eduardo fue bien importante, de no dejarse caer en polémicas. Después de la segunda semana cuando los partidos ya van entendiendo el rol que le cabía al consejo, nunca sentimos esa presión.
-¿Qué señal da la presidenta con estos anuncios, es un punto de inflexión?
-Creo que sí, desde el punto de vista de las medidas para avanzar en un conjunto de materias que tienen que ver con corrupción, es relevante. Ahora desde el punto de vista más político, acá va a depender mucho de cómo se gestione políticamente esto, quién va a tomar esta agenda y cómo se va a tramitar en el Congreso. Ahora la responsabilidad, no cabe duda que le cabe a los actores políticos en el Congreso.
-¿Qué quiere decir la Presidenta cuando dice que ella liderará este proceso?
-En el sentido de que hay políticas públicas que son mucho más sectoriales como educación, en donde el ministro lleva la agenda; en este caso, ella asumió el rol de tener una supervisión mayor, dada la crisis de desconfianza que hay. Está apostando su capital político en esto.
-¿Podrá mejorar en su evaluación ciudadana?
-Si le va bien, será el legado que va a dejar. Transformar esto en lo que llamó el sello de la nueva democracia va a depender mucho de cuanto arriesgue su capital político y que efectivamente pueda llevar a puerto las medidas que se están proponiendo.
Álvaro Castañón, miembro del consejo asesor presidencial: "No somos tan pobres como para no poder financiar nuestra democracia
-El discurso de la Presidenta, ¿recogió el sentido del trabajo del Consejo?
-En un sentido general recogió muy bien el espíritu de lo que discutimos en el Consejo, respecto de que la ley tiene serias falencias, que hay cosas que hay que mejorar y otras en las que derechamente hay que hacer reformas, como lo vemos en el caso de la puerta giratoria. Creo que es mucho lo que queda por hacer y es clave también el proceso constitucional.
-¿Faltó enfatizar en algo?
-Pudo haber una mención más explícita a las medidas de transparencia, que son claves para prevenir la corrupción. La actual Ley no abarca completamente al poder legislativo y judicial, hay una propuesta del Consejo para homologar la competencia del Consejo para la Transparencia en todos los órganos autónomos, entre otras propuestas.
-Las propuestas, ¿contaron con un respaldo mayoritario de los integrantes del Consejo?
-Hubo bastante debate, con posiciones polarizadas, pero en el grueso del informe se logró llegar a un muy buen nivel de acuerdo. La unanimidad del informe es una de sus principales fortalezas.
-¿Cómo enfrentará el Estado el financiamiento a la política?
-No somos un país tan pobre como para no poder financiar nuestra democracia, que es uno de los pilares de la convivencia en sociedad. No es una inversión menor, pero vale la pena y es importante que Hacienda haga los ajustes necesarios. Además, hay bastantes casos de pequeñas malas prácticas que, acumuladas, significan para el Estado muchos millones de pesos.
-¿Cómo recibiría la ciudadanía que el Estado invierta en financiar la política, en medio, justamente, de la crisis de credibilidad política?
-Cuando se pueda echar en marcha este nuevo sistema sin duda todos nos daremos cuenta que es una inversión que valió a pena. Además, en el caso del financiamiento de campañas, el Consejo apuesta por disminuir los gastos de campaña y eliminar los monumentales, estos carteles arriba de los edificios, las palomas, en definitiva: terminar con este carnaval que se produce cada vez que hay elecciones también significa una disminución en el gasto.
-¿Cómo interpretas el mensaje de que el proceso constituyente abierto a la ciudadanía a través de diálogos y cabildos?
-Más allá de que nosotros en el preámbulo hayamos manifestado que el proceso de nueva Constitución se tiene que realizar lo antes posible, pero el método fue una bajada de la Presidenta. Pero espero que signifique realmente escuchar, levantar metodologías de participación, y que no sea simplemente un saludo a la bandera donde se escucha a mucha gente, pero al final las definiciones se cortan por otro lado. En el Consejo en todo momento tuvimos fe que esa clase de errores no se cometerán ni para el proceso de Constitución, ni para el debate de las nuevas leyes para prevenir la corrupción.
La instancia liderada por el economista Eduardo Engel abordó en profundidad temas de prevención de la corrupción; financiamiento de los partidos -donde destaca la prohibición de las donaciones de empresas-; obligaciones y limitaciones de los funcionarios públicos, división clara entre funciones del sector público y el mundo privado; cambios al funcionamiento de los gobiernos corporativos y del mercado financiero; fortalecimiento de servicios fiscalizadores, como el Servel y las superintendencias; e incluso nuevas medidas para educar a la población en derechos ciudadanos y ética.
1 Prevención de la corrupción
32% del informe se destinó a este capítulo
Con el objeto de fortalecer la integridad en la vida pública y prevenir la corrupción y el tráfico de influencias, el consejo propone 8 ámbitos de acción:
a) Probidad y fortalecimiento de municipios
Dado los márgenes de discrecionalidad existentes a este nivel y el volumen de recursos que se gestionan se proponen diez medidas específicas en ámbitos como capacitación y profesionalización de personal, selección en base a méritos, aprobación anual de cursos de probidad para funciones sensibles y de manejo presupuestario, declaración de intereses y patrimonio de alcaldes, concejales y jefes clave; prohibición de contrataciones a honorarios durante seis meses previos a elecciones; entre otras.
Tres medidas clave
- El director de Obras Municipales debe concursar por ADP y su inamovilidad tendrá un límite de tiempo
- Los alcaldes no podrán ser reelegidos más de una vez
- Uso de ChileCompra obligatorio en proceso de adquisiciones
b) Reforma al sistema de Alta Dirección Pública
Se recomienda fortalecer la ADP ampliando cargos vía concurso a Fonasa, Odepa, Senama y Sercotec; se limitan cargos provisionales y transitorios a no más de 10% en el primer nivel jerárquico y hasta por seis meses; cargos de segundo nivel no podrán ser transitorios o provisionales; se extiende calidad de agente público a las personas a honorarios en el Estado, entre otras.
Dos medidas clave
- Empresas públicas tendrán directores independientes elegidos por ADP
- Funcionarios de primer nivel de alta exposición pública elegidos por ADP no podrán postular a cargos de elección
c) Reforma al sistema de compras públicas, concesiones y gasto en Defensa
Para asegurar transparencia en estos procesos clave se propone: que ChileCompra sea un sistema único e integrado; crear unidad de apoyo a servicios que no cuenten con recursos propios para ejecutar procesos de compra, ampliar alcance del sistema de compras públicas a otros ámbitos como el apoyo al desarrollo de bases de licitación, adjudicación y ejecución de contratos; estandarizar compras públicas pala lograr mayor capacidad negociadora y transparencia del Estado; pago oportuno del Estado a proveedores para fomentar participación de proveedores.
Dos medidas clave
- Crear sistema de denuncia anónima de irregularidades
- Exigir declaración jurada de ausencia de conflictos de interés a evaluadores de licitaciones públicas
d) Persecución y sanción penal de la corrupción
Para elevar estándares y suplir vacíos se postula: generar estadísticas de seguimiento de delitos de corrupción; adecuar penas tipificación y prescripciones a estándares internacionales; fortalecer PDI en su capacidad de investigar asuntos de corrupción.
Medida clave
- Crear Fiscalía de Alta Complejidad y dotarla de recursos apropiados
e) Transparencia y acceso a la información pública
Reconocimiento explícito constitucional de la transparencia y el acceso a información pública; corregir limitaciones de la Ley de Transparencia en ámbitos Legislativo, judicial y órganos con autonomía constitucional, garantizar acceso a correos electrónicos institucionales en los mismos términos que fija la Ley de Transparencia de la Función Pública, y crear política nacional de datos que abarque a todas las instituciones del Estado, entre otras.
f) Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Obligación de implementar sistemas de prevención sobre cierto tamaño corporativo, fortalecer la SVS para que fiscalice sistemas de prevención y empresas certificadoras; y que las multas a las personas jurídicas sean proporcionales al beneficio obtenido.
g) Prevención de la corrupción en la planificación territorial
Se propone asegurar participación ciudadana efectiva en cambios a planos reguladores; permitir al Estado capturar la mayor parte de las ganancias asociadas a su propia acción, como el cambio de uso de suelos; usar nuevas tecnologías para precisar planos reguladores y establecer un plazo perentorio de tres años para iniciar las obras de los proyectos aprobados por las Direcciones de Obras, entre otras.
h) Creación de un servicio de evaluación de las políticas públicas
El consejo postula en este ámbito crear un servicio de la Calidad de las Políticas Públicas descentralizado que evalúe los programas con criterios de costo-eficiencia; incorporar en esta agencia o en el INE una unidad que cruce bases de datos innominadas; y robustecer el rol presupuestario del Senado con capacidad de hacer seguimiento a los cambios presupuestarios y proyecciones de ingresos, gastos y deudas.
2 Regulación de conflictos de interés
18% del informe se destinó a este capítulo
Con el objetivo de que las decisiones y acciones públicas se inspiren en intereses colectivos y no particulares, el consejo postula 4 grandes áreas de acción:
a) Puerta giratoria, inhabilidades e incompatibilidades entre sectores público y privado
Se propone un amplio conjunto de medidas dentro de las cuales destacan: por el plazo de un año ministros, subsecretarios y autoridades normativas y fiscalizadoras no podrán emplearse, proveer servicios o tener vínculos con organizaciones privadas relacionadas con la función previa; estos funcionarios tampoco podrán presentarse a licitaciones públicas en las reparticiones que trabajen, ni contactar a funcionarios por asuntos de su responsabilidad; por dos años el Fiscal Nacional, el contralor de la República y los fiscales regionales no podrán postularse a cargos de representación popular.
Además, se propone que los lobistas no puedan ser ministros, subsecretarios o directores de servicios o superintendentes hasta un año después de dejar dicha actividad y que las contrataciones de cargos de confianza de familiares directos de ministros y subsecretarios sean por concursos con actas públicas. Asimismo, los concejales no podrán ser contratados en ningún municipio, ni los consejeros regionales si estos están en su región. Se fija plazo de 10 años a los condenados por crímenes para ser candidatos, entre otras medidas.
Se fija dedicación exclusiva a senadores y diputados y se impiden asesorías a estos parlamentarios por parte de concejales, consejeros regionales y lobistas.
b) Declaración de patrimonio e intereses
Se fijan plazos y formalidades detalladas para la entrega de estas declaraciones, las que serán fiscalizadas por la Contraloría; se amplían las autoridades afectas por la exigencia, entre otros a los fiscales; ministros del TC, integrantes del TDLC, entre otros; se elevan las multas asociadas a las transgresiones con agravante penal en casos de falsedad, entre otras.
c) Fideicomiso ciego y fideicomiso diversificado
Se plantea establecer parámetros objetivos para quienes deban constituirlos y se propone crear un fideicomiso diversificado como una mejor forma de evitar conflictos de interés.
d) Lobby y gestión de intereses
En este ámbito el consejo propone crear un Código de Conducta para lobistas que defina buenas prácticas y prohibiciones; crear un plan de capacitación y cursos sobre esta ley para los funcionarios que ingresen al Estado, el cual irá acompañado de evaluaciones periódicas y agregar el registro de reuniones no solicitadas o informales, así como crear una norma técnica para la entrega de datos al Consejo para la Transparencia.
3 Financiamiento de la política para fortalecer la democracia
31% del informe se destinó a este capítulo
El Consejo diagnostica que el sistema de los partidos políticos se ha debilitado, entre otras cosas por la ausencia de financiamiento público, falta de fiscalización y la ley de partidos vigente. Por esto, propone atender esta necesidad para tener una democracia fortalecida a través de tres ejes principales.
a) Democracia interna y financiamiento de partidos políticos.
El Consejo indica que el sistema de partidos requiere con urgencia un cambio radical en sus prácticas internas y en su relación con la sociedad. Para esto propone diez medidas específicas, que incluyen financiamiento público a los políticos, una nueva ley de partidos que garantice mayor transparencia, democracia interna y rendición de cuentas; establecer topes a las donaciones de personas naturales a los partidos y prohibir aportes de empresas.
Medidas clave
- Establecer un Fondo Público de Financiamiento de los partidos políticos de unos $ 6.900 millones anuales, lo que equivale al gasto anual de campaña.
- Convertir los partidos en personas jurídicas de derecho público, limitando así su accionar.
- Reinscripción de todos los militantes, para asegurar padrones confiables. Esto será obligatorio para acceder a financiamiento público.
- Prohibir aportes de personas jurídicas a partidos.
b) Regulación de campañas electorales
Se busca dar más equidad al sistema, regular la forma en que se gasta, el papel de los funcionarios públicos y del gobierno a través de 18 medidas.
Medidas Clave
- Extender el período en el que ingresos y gastos deben ser declarados al Servel.
- Las radios deben informar sus tarifas de propaganda electoral y no habrá discriminación de candidatos.
- Además habrá una franja radial gratuita.
Establecer Código de Comportamiento Electoral para autoridades y funcionarios públicos y municipales a fin de evitar el intervencionismo.
- Prohibir el uso de asignaciones parlamentarias con fines electorales
- Limitar el gasto en publicidad del gobierno al promedio de los dos años previos a la elección.
c) Fiscalización de la política y su financiamiento
La debilidad del actual sistema de control de la acción política y su financiamiento contribuye a mermar la confianza y legitimidad de las instituciones ante la ciudadanía. Por esto, se proponen medidas que fortalezcan el Servel y castiguen de forma más dura a quienes infrinjan las leyes electorales.
Medidas clave
- Convertir al Servel en organismo autónomo constitucional.
- El sistema de ADP seleccionará a los candidatos para integrar el consejo del Servel. Luego el Presidente de la República designará a los candidatos de esa lista para ser aprobados por el Senado.
- Se establecerán sanciones proporcionales a las faltas para los partidos que no cumplan con los requisitos establecidos, pudiendo llegar hasta la cancelación del registro del partido.
- Alcaldes, concejales, CORES, senadores y diputados perderán sus cargos frente a infracciones graves a las normas de financiamiento y gasto electoral durante la campaña.
4 Confianza en los mercados
8% del informe se destinó a este capítulo
Con el objetivo de recuperar la confianza en los mercados y prevenir prácticas contra la probidad, el consejo desarrolló dos propuestas clave:
a) Atribuciones para una fiscalización eficaz de los mercados
Entre las medidas están; dotar de mayores atribuciones a las superintendencias para una fiscalización más eficaz como, por ejemplo, que las autoridades tengan fiscalizadoras acceso al contenido de llamadas telefónicas y correos electrónicos; potenciar las denuncias de ilícitos fortaleciendo la delación compensada y los programas de protección a informantes.
b) Fortalecimiento de gobiernos corporativos en las empresas
El consejo indica que es indispensable aumentar la eficacia en los directorios de las empresas para evitar abusos a accionistas minoritarios, mejorar los mecanismos de autorregulación y potenciar los procesos de auditorías interna y externa para prevenir conductas ilícitas. En esta línea, se prohíbe que empresas que compiten tengan directores comunes y se insta a revisar el rol de gremios como eventuales facilitadores de la colusión.
Medidas clave
- Revisar sanciones a estos delitos para asegurar proporcionalidad al daño causado, y que penas más drásticas sean también aplicables efectivamente.
- Establecer criterios generales para transacciones ajenas al giro de la empresa, como donaciones que gocen de beneficios tributarios.
- Definir estándares mínimos y publicitar reglamento sobre transacciones con partes relacionadas.
- Reforzar independencia del auditor interno
- Definir políticas de remuneración e incentivos a ejecutivos, incluyendo sus formas de pago.
- Establecer mecanismos para evitar la simulación en subastas de acciones.
5 Integridad, ética y derechos ciudadanos
11% del informe se destinó a este capítulo.
El Consejo estima que el progreso real no es posible sin principios comunes y una organización social que respete a las personas y reconozca su dignidad. El organismo indica que las sociedades con bajos niveles de corrupción y donde se logra separar de forma adecuada lo público de lo privado son la base para no tolerar estos fenómenos, al tener estándares éticos que exceden los mínimos legales, con sistemas adecuados para educar, difundir y fortalecer la honestidad.
Para esto, el consejo plantea tres medidas clave: cambios curriculares durante gran parte de la vida escolar, para que se contemple la formación ciudadana como una habilidad que se adquiere de manera progresiva; el proyecto educativo de cada establecimiento deberá incluir de manera integral la formación ética y ciudadana. Y, en la misma línea, la formación de los profesores deberá contener el pensamiento crítico y la formación ciudadana y ética.
