El retorno a la explotación petrolera por parte de Petroperú, es un deseo mayoritario entre las personas que fueron encuestadas por la empresa GFK, ello pese a que esa posibilidad le fue negada por indicación del Ministerio de Economía y Finanzas.

La encuesta realizada por GFK revela que si bien un 69% de encuestados desconoce que existía la posibilidad de que Petroperú participe en la explotación de lotes cuyos contratos expiraron, un contundente 61% apoya que la petrolera sea una empresa integrada verticalmente, es decir que retorne a producir petróleo propio, después de 20 años de la privatización.

Como lo explicó en su momento Pedro Touzett, ex presidente de la estatal, esta posibilidad es histórica y oportuna pues sin aplicar una política estatista ni romper contratos, había un paquete de lotes ubicados en Talara cuyos contratos vinieron expirando en los últimos meses.

El caso más sonado fue el de los lotes III y IV, cuya licitación fue ganada por Graña y Montero pero según las bases del contrato (elaborado por Perupetro), Petroperú podía ejercer su derecho a ingresar hasta con un 25%.

Esta decisión fue tomada en febrero mediante un acuerdo de directorio, pero fue cuestionada por la nueva ministra del sector, Rosa María Ortiz. Según indicó en su momento por no ajustarse a lo dispuesto por la ley.

El nuevo directorio tomó la decisión de ya no ingresar a ambos campos petroleros que en conjunto cuentan con 24 millones de barriles de crudo, cuyo valor potencial bruto se sitúa entre US$ 1.200 millones (al precio actual de US$ 50/barril) y US$ 2.400 millones (al precio posible histórico de US$ 100/barril).

En opinión de los especialistas, el retiro de Petroperú implicó que la empresa deje de incorporar a sus activos, como mínimo, entre US$ 300 millones y US$ 600 millones; patrimonio que le fue transferido a Graña & Montero a cambio de nada para el Estado peruano.

La semana pasada Petroperú (a través de su administración y ya no de su directorio) decidió también no ingresar con un 25% en el lote VII/VI junto a Sapet por diez años. Ese lote tiene 30 millones de barriles de reservas probadas. Los trabajadores advierten que esa decisión es ilegal.

Como refleja la encuesta de GFK y en respuesta a estas incongruencias del sector, los peruanos dejan en claro que quieren el fortalecimiento de Petroperú a través de la explotación petrolera.

La Ley 30130 y sus candados

Un tema de fondo y que ha puesto un candado a Petroperú es la Ley 30130 (que viabilizó el proyecto para modernizar la refinería Talara), en especial uno de sus artículos, el cual impide a la empresa realizar cualquier tipo de inversión (entiéndase de riesgo) que comprometa el repago del PMRT.

Con el objeto de derogar este "candado" así como el otro artículo (aquel que privatiza hasta el 49% de la empresa) el congresista Manuel Dammert impulsa junto a los trabajadores petroleros una Iniciativa Ciudadana.

El proceso está encaminado y se esperan resultados en breve.