A Daniel Scioli le ha dado últimamente por enojarse delante de las cámaras. El viraje, ninguna novedad para quienes lo conocen en privado, es acaso un mundo nuevo para las audiencias televisivas y los votantes, y está, como le gusta decir a Axel Kicillof, "perfectamente estudiado". Así lo cuentan en la provincia de Buenos Aires, donde se explayan en detalles: los últimosfocus group detectaron que la imagen positiva del gobernador era en algunos ámbitos atenuada por la condición de "tibio", el peor pecado del decálogo kirchnerista.

La sobreactuación es frecuente en política, aunque a veces pueda convertirse en arma de doble filo. Basta, por ejemplo, con volver a ver la reacción de Scioli el martes, cuando rechazó en el canal TN, durante el programa de los Leuco, la afirmación de que la inflación era del 35%. "¡No, 35, no, de ninguna manera!", se sobresaltó, siguió con un titubeo acerca de cuánto podría ser ese número tan misterioso aquí. "Póngale veinte... veintidós..., veintitrés...", ensayó.

Desde que Cristina Kirchner le aceptó agradecida a Scioli una gestión sobre la Justicia para la causa Hotesur, la opinión del gobernador es más que nunca la opinión de la Presidenta. Y lo mismo podría decirse de su espontáneo cálculo de índice de precios al consumidor: el rango de entre 20 y 23% es el techo que los industriales de Adimra, una entidad de inmejorable relación con el Gobierno, han fijado como "máximo posible a pagar" en la negociación con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). El número pone en apuros a Antonio Caló, líder de la UOM y la CGT: aunque probablemente sea lo que termine ocurriendo, resignar el 32% de reclamo salarial en que decidió plantarse sería una señal de debilidad frente a sus pares sindicales. "Me da lástima Caló", viene repitiendo en público Hugo Moyano. Caló fue el primer dirigente sindical en proclamar adhesión a esa candidatura presidencial.

La definitiva unción del gobernador para la continuidad del proyecto nacional y popular es evidente desde hace días en varios frentes. Primero, en el propio estado de ánimo del protagonista, al que sus allegados califican ahora de "exultante". Y en segundo lugar, porque esa convicción, también advertida por los empresarios que acompañaron esta semana a la Presidenta a Moscú, es alentada sin vacilaciones en La Cámpora. Allí aceptaron la orden de acompañarlo y prometen encorsetarlo mediante la instalación mediática de posibles compañeros de fórmula. La táctica, que muestra fehaciente conocimiento de Scioli y cierta ingenuidad frente a la historia peronista, apunta a evitar cualquier ensoñación de desobediencia después de un eventual triunfo en octubre.

Con los empresarios, el diálogo está partido. Los mismos motivos que le insuflan euforia al candidato dinamitan las últimas esperanzas de tener una administración más racional. "La política es la que conduce a la economía", recitó el martes Scioli. Hasta colaboradores que soñaban desde 2006 con ver a su jefe rompiendo con el kirchnerismo parecen ahora convencidos: nadie piensa en la emancipación. Hace unos días, el politólogo Fabián Perechodnik tranquilizó a un grupo de funcionarios bonaerenses de segunda y tercera línea con una conclusión largamente esperada: una eventual cohabitación con Kicillof en la fórmula casi no ahuyentaría votantes.

Los espantados son los empresarios. Ayer, en un restaurante porteño, un grupo de inversores extranjeros de compañías energéticas revivía una vieja pesadilla de 2003. Aquella jornada de agosto en la que, durante el precoloquio de IDEA en Tucumán, el entonces vicepresidente pronunció una frase que le valió la primera reprimenda de Kirchner: "Las subas del gas y la electricidad van a venir porque necesitamos inversión para que haya más energía", dijo Scioli, y fue desmentido al día siguiente por Miguel Núñez, vocero presidencial. ¿El eterno retorno de la postergación tarifaria? Sería el fin de una ilusión que lleva por lo menos un año: desde abril de 2014 hasta ayer, la inminencia y la necesidad de aumentos dispararon la acción de Transener más de 320%; la de Pampa Energía, 265%, y la de Edenor, 155%.

Si es cierto que se cumplirá el anhelo militante que le augura "al proyecto la reelección", es natural que desde algunos foros corporativos, como el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), continúen todavía los remordimientos por haber invitado la semana pasada a Broda, Melconian y Espert, economistas que trazaron diagnósticos que el Gobierno no está dispuesto a escuchar. Carlos Tomada removió esos escrúpulos el martes, durante un encuentro con Cgera, una entidad de pymes que crecieron al calor del modelo. "El otro día, en una reunión de empresarios impúdicamente publicitada, hubo tres economistas irresponsables que tienen mucha suerte, porque siguen con trabajo, pese a que anunciaron catástrofes que no se cumplieron", se escandalizó el ministro de Trabajo, y cerró con un halago al auditorio: "Yo prefiero juntarme con ustedes, yo prefiero estar acá, nuestro interés es un interés común".

Hablaba frente a pymes protegidas que están muy lejos de lo que siente el resto del sector fabril, cuya actividad cae de manera ininterrumpida desde hace 20 meses, según el Indec. Esa tarde, a pocas cuadras, la Unión Industrial Argentina volvía a sacar el tema del impuesto a las ganancias, tributo que los sindicatos piden que asuman las empresas y los hombres de negocios llaman "la privatización del impuesto". Es un reclamo inaugurado en estas paritarias. "Muchachos, cayó un tío de España que se llama impuesto a las ganancias", graficó José Ignacio de Mendiguren, secretario de la UIA.

¿Será que el fin del kirchnerismo y sus extravagancias fueron un envalentonamiento empresarial prematuro? Nadie está seguro, porque hasta las encuestas han perdido credibilidad en elestablishment. Eso no impide que grandes empresas encuentren en esos relevamientos un ardid para no traficar valijas, bolsos o cajas de zapatos: la nueva modalidad consiste en aportar a las campañas pagando sondeos que, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en la modalidad "presencial", prescindiendo del teléfono, cuestan unos 300.000 pesos.

Una encuesta no se le niega a nadie. El clásico recurso de la apuesta a tres bandas: una jugada segura para cualquier empresario argentino desde tiempos inmemoriales.

Desde agosto de 2013 existe un corralito que no lleva ese nombre, pero que, según cifras oficiales, encierra a más de un millón de asalariados que cobraban un sueldo bruto igual o superior a 15.000 pesos mensuales y desde entonces están forzados a pagar cada vez más impuesto a las ganancias. Ello a pesar de que destinen el excedente a cubrir gastos de alquileres, expensas, colegios, atención médica, refacciones hogareñas, uso del auto, peajes, estacionamiento u otros rubros que han venido subiendo lo mismo o más que la inflación y mal podrían considerarse réditos sujetos a impuesto.

Aunque dentro de ese corralito hay otro grupo aún más perjudicado (los trabajadores independientes que deben pagarlo por encima de un mínimo casi tres veces inferior a aquella cifra), la situación del primero mantiene en ascuas las paritarias de los principales gremios del sector privado. Y, por lo tanto, torna más incierta la política salarial del gobierno de Cristina Kirchner en este año electoral.

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, lo dijo con todas las letras durante un seminario organizado días atrás por la empresa Arizmendi. Cuando habló de la paritaria mercantil explicó que "aunque los sueldos de los empleados no estén alcanzados por Ganancias, ningún dirigente pide menos de 30% para no quedar descolocado frente a otros que reclaman porcentajes más altos para compensar el impuesto". Por eso urgió definiciones oficiales. En actividades intensivas en personal como el comercio, buena parte de los ajustes salariales terminan trasladándose a los precios.

No muy diferente es la situación de la Unión Obrera Metalúrgica, donde una distancia superior a ocho puntos separa el reclamo sindical (32% en dos tramos, más tres adicionales fijos de $ 1000) del ofrecimiento de las cámaras empresarias (24% fraccionado en tres) y mantiene empantanadas las negociaciones. Antonio Caló, titular de la UOM y de la CGT oficialista, buscó destrabarlas anunciando un paro por 36 horas que luego suspendió a instancias del Ministerio de Trabajo. El argumento oficial fue que debía esperarse el regreso al país de la Presidenta y Axel Kicillof del viaje a Rusia, pero no se habló de Ganancias. Como puede advertirse, la negociación aquí es tripartita por ser un caso testigo. Mañana habrá otra ronda, pero ni empresarios ni sindicalistas están apurados en firmar. Unos y otros temen encontrarse con alguna sorpresa que los deje pagando. Por ejemplo, un porcentaje que comience con 2 para el título de los diarios y "letra chica" que suba los costos; o bien pagos no remunerativos que afecten los ingresos de las obras sociales.

Hasta ahora, uno de los pocos convenios homologados por Trabajo fue el de empleados de estaciones de servicio, con un ajuste de 28% (20% en abril y 8% en julio), más el compromiso tácito de cuatro pagos de $ 750 que se incorporarían al básico de $ 10.142 en enero de 2016. Pero también incluye un aporte empresario a la obra social del gremio de $ 1000 por trabajador ($ 500 en mayo y $ 500 en agosto).

Si se tratara de una ruleta, hasta el año pasado la mayoría de los reclamos salariales podía encuadrarse dentro de la tercera docena (25% al 36%), aun cuando significaron una pérdida real de poder adquisitivo. Pero en 2015 ya no alcanza. Las distorsiones que provoca el "corralito" de Ganancias hacen que los pedidos sobrepasen el 45% en varios gremios con mayoría de trabajadores alcanzados por el impuesto.

No siempre se los presenta de esa manera. Por caso, los bancarios reclaman un ajuste de 33% y que las entidades compensen el impacto impositivo sobre el salario de bolsillo, como ocurre en algunos bancos públicos. Aunque ya amenazó con paros parciales, el gremio todavía no formalizó el pedido. En cambio, los petroleros patagónicos ya acordaron tres pagos de $ 6000 hasta junio (más $ 3000 por medio aguinaldo), que significan un ajuste de 13% a cuenta de la paritaria anual. Pero se abonarán como adicionales por "viandas, gastos de alquiler y horas de viaje", que fueron exceptuados de la base imponible de Ganancias por una ley de 2006.

Más complicada es la negociación de los gremios donde el pago de sueldos depende mayormente de subsidios del Estado, como ferroviarios o colectiveros. De ahí que, tras el contundente paro general del 31 de marzo, soliciten ahora una incierta audiencia con CFK. En cambio, el gremio de Luz y Fuerza se apresta a reclamar a las deficitarias empresas eléctricas un aumento de 52%, tras haber obtenido un bono de $ 4000 en enero y febrero. En 2014 había acordado un ajuste de 32% en tramos. Pero en la letra chica se incluyó un extra por "veteranía" (de 2,14% por año de antigüedad), que elevó ese porcentaje a 45/50% y los sueldos promedio a $ 27.000/29.000 mensuales para jornadas de 6 horas (incluyendo una para "aseo personal").

En cambio, en sectores afectados por la caída de la actividad como el automotor, el sindicato de mecánicos aún no planteó una cifra, pero se estima que estará más cerca del 20% que del 30% para preservar las fuentes de trabajo.

Para el gobierno de CFK esta dispersión de reclamos y salarios en el sector privado también significa un dilema. Preferiría homologar aumentos cercanos al 30% para empujar el consumo interno, pero fraccionados para que el impacto sobre costos y precios no se haga notar antes de las elecciones. Y no muy superiores para evitar mayores expectativas inflacionarias, aunque ello implique el riesgo de conflictos laborales en plena época electoral.

Mientras tanto, buscará la forma de flexibilizar el "corralito" de Ganancias antes de las PASO, pero sin abrirlo demasiado. Según versiones no confirmadas, pero creíbles, una opción sería que el Congreso vote entre junio y julio una ley para abrir las achatadas escalas del impuesto y aliviar la presión tributaria sobre los que ya pagan, pero sin ajustar el mínimo no imponible. Sin embargo, esta variante no resuelve la inequidad que introdujo el decreto presidencial de agosto de 2013, que hace que hoy queden fuera del corralito algunos trabajadores y dentro otros, incluso en una misma empresa y con salarios no muy diferentes.