“Estamos rediseñando la política minera”, dijo este viernes el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, durante la clausura del Congreso Nacional de Minería que se realizó en Cartagena.
El Mandatario explicó que el rediseño de esta política está orientado a estimular este sector, que hace grandes aportes al desarrollo del país.
“Es bueno recordar que con los recursos totales que aportó el sector minero-energético en 2013 –que fueron más de 30 billones– nos alcanza para financiar toda la educación pública del país, 11 años del programa Familias en Acción o más del 60 por ciento del costo total de las autopistas de cuarta generación”, indicó el Jefe de Estado.
Sostuvo que por esto y por los bajos precios que en los últimos años le ha tocado enfrentar a la industria, le ha pedido al Ministro de Minas que impulse las medidas necesarias de estímulo para el sector.
“El Plan Nacional de Desarrollo parte de la necesidad de darle un trato diferenciado a los distintos tipos de minería. Así, las reglas son más claras para todos y los apoyos llegan de acuerdo con las necesidades de cada uno”, dijo.
“Queremos modificar el canon superficiario para que cada tipo de minería pague según su escala y pueda ser competitiva”, agregó.
Dijo que también el Gobierno propone una fiscalización diferenciada “para facilitar el camino a la formalización, y establecemos áreas estratégicas de reserva para que puedan desarrollarse proyectos de todas las escalas de la manera correcta”.
Igualmente, indicó que es indispensable asegurar unas reglas de juego claras y estables y unas instituciones fuertes.
Al respecto el Presidente Santos recordó que el trabajo entre las autoridades mineras y ambientales en la delimitación del Páramo de Santurbán, es un muy buen ejemplo.
“Ese trabajo, además de dar absoluta certeza sobre las áreas en las que se puede y no se puede desarrollar proyectos mineros, permitió hacer compatibles las dimensiones ambientales, sociales y económicas en la toma de la decisión”, dijo.
En este mismo sentido –explicó– “van las propuestas que hemos incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. Queremos que haya certeza sobre los criterios para tomar las decisiones de prórroga de contratos y de integración de títulos, que son condiciones que requieren muchos proyectos mineros para ser viables”.
El Jefe de Estado resaltó que el Gobierno sigue avanzando en fortalecer los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico.
“Hoy los 15 proyectos mineros de mayor impacto en el país cuentan con un seguimiento especial y con un equipo dedicado a apoyar los trámites y remover las barreras que enfrentan”, puntualizó.
El endurecimiento de las normas por la vía de un proyecto de ley, fue la fórmula que planteó el presidente Juan Manuel Santos para impulsar la dinámica del sector minero.
En la clausura del primer congreso de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), ayer en Cartagena, el mandatario anticipó que se llevará al Congreso una propuesta que, según dijo, evitará que se aprovechen los vacíos normativos que facilitan la explotación ilegal de los recursos minerales.
El presidente de la Asociación, Santiago Ángel Urdinola, insistió en la necesidad de implementar el Plan de Impulso a la Productividad de la Industria Extractiva (Pipex), que incluya medidas como la deducción por inversión en activos fijos productivos o la eliminación del impuesto adicional a los explosivos, a lo que Santos respondió que se adoptarán las medidas “necesarias para estimular a la industria” y añadió que parte de esos apoyos están contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Entre los instrumentos para impulsar el sector, el Presidente mencionó que se dará un trato diferenciado a los distintos tipos de minería, aclarando las reglas para todos y permitiendo que los apoyos se ajusten a las necesidades de cada uno.
“Queremos modificar el canon superficiario para que cada tipo de minería pague según su escala y pueda ser competitiva. También proponemos una fiscalización diferenciada y eso para facilitar el camino hacia la formalización”, añadió.
Minería colombiana. Un mapa que espera
Por su parte, los empresarios celebraron la decisión de ajustar el canon superficiario e incorporar el marco legal para los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines) en el PND. “Estas son señales en la dirección correcta. Estamos seguros, de que la reforma tributaria incluirá medidas que reconozcan la necesidad de disminuir la carga fiscal a las empresas en concordancia con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico”, declaró Ángel.
Otro insumo conocido en la última jornada del congreso de la ACM fue el estudio Brújula Minera (del Centro Nacional de Consultoría y JA&A) que constató que la percepción de la minería tanto de los líderes de opinión, empresarios, gobierno y sobre todo, de los ciudadanos de municipios mineros y no mineros, ha mejorado en doce puntos porcentuales, lo que se aprovechará para seguir trabajando en el conocimiento y aceptación de la industria.
El Gobierno se comprometió a crear una Agencia de Diálogo Social y a tramitar una ley de delitos minero-ambientales.
De tres promesas que el Gobierno les hizo a los mineros en el Congreso del gremio, dos deberán ser debatidas y aprobadas en el Congreso de la República.
Por un lado, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció durante su intervención que en la próxima legislatura presentará un proyecto de ley para crear una Agencia de Diálogo Social, donde se concentrarán los procesos de consulta previa que, según los empresarios del sector, ocasionan retrasos en los proyectos.
Sin embargo, sostuvo que en el Gobierno actual se han logrado importantes avances en los procedimientos para consultas previas, al punto que el año pasado se dieron 204 acuerdos con las comunidades, mientras en años anteriores el promedio estaba entre 7 y 9.
Por otro lado, el presidente Juan Manuel Santos se comprometió a presentar un proyecto de ley sobre delitos minero-ambientales. “Una ley que defina con claridad los delitos minero-ambientales y establezca penas no solo para el que explote o explore, sino también para el que beneficie, almacene, transporte, transforme o comercialice minerales de procedencia criminal”, aseguró el jefe de Estado.
La idea es que no haya lugar a dudas en la interpretación de la ley. “El proyecto va a convertir la extracción ilícita de minerales en una conducta que también es fuente del delito de lavado de activos. Que les quede claro a quienes se dedican a esta actividad, que no podrán esconderse en los vacíos del código penal”, señaló.
Agregó que incluirá en la estrategia formación de jueces especializados en delitos mineros, para que sea más fácil avanzar en los procesos jurídicos.
El tercer compromiso que dejó el mandatario tiene que ver con una de las peticiones más reiteradas durante el Congreso por la Asociación Colombiana de Minería, ACM: disminución en la carga fiscal de las empresas.
Santos aseguró que dio las instrucciones a los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, y de Minas y Energía para que se pongan de acuerdo para construir una propuesta tributaria que le facilite a las empresas disponibilidad de caja.
El presidente de la ACM, Santiago Ángel, se declaró satisfecho con los anuncios del Gobierno, en particular con el relacionado con el tema tributario.
El presidente de Cerrejón, Roberto Junguito, dijo que el Gobierno debe generar incentivos para promover la inversión del sector.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el sector minero-energético era considerado por el Gobierno actual como una locomotora para el crecimiento de la economía, decía además que “las elevadas proyecciones de producción de petróleo y carbón para los próximos años, las estimaciones al alza de los precios internacionales de la canasta y la creciente actividad de exploración en el territorio nacional muestran claramente el papel crucial que tendrá este sector en la economía colombiana en los próximos años”.
Hoy las cosas han cambiado, el sector ha sido golpeado por los precios bajos de los commodities en el ámbito internacional, haciendo casi imposible su ejecución y trabajando en la mayoría de veces a pérdidas. A esto se le suman las sanciones sociales y ambientales, ya sea por carga, explotación en zonas de páramo o contaminación en ríos. El gremio se ha quejado por las dificultades en el transporte interno y recientemente se adelantan protestas en minas como Cerro Matoso, afectando el ambiente laboral y sus operaciones.
A continuación revisaremos los principales números del sector en el país y los retos venideros.
La minería en cifras
El país cuenta con 114’218.901,09 de hectáreas en su territorio y, de este total, 5’084.084,91 son utilizadas para la actividad minera, de acuerdo con el catastro del sector actualizado al 20 de febrero de este año.
En números de la Agencia Nacional de Minería (ANM), existen 9.594 títulos mineros vigentes, correspondientes al 4,5% del territorio nacional, y de ellos, 3.557 están en exploración, 2.273 en construcción y montaje, y 3.764 en explotación.
Materiales de construcción es el segmento con mayor participación en el sector, con 3.711 títulos asignados, de los cuales 1.135 son de exploración, 663 en construcción y montaje, y 1.913 en explotación.
Oro, plata y platino son los otros minerales que ocupan un lugar importante en el país y para éstos existen 2.261 títulos ocupando un área de 2’854.487,105 hectáreas. De estos permisos, 1.251 son de exploración, 443 en explotación y 567 en construcción y montaje.
El carbón es el tercer mineral con mayor actividad en Colombia, cuenta con 1’057.133,690 hectáreas utilizadas para su extracción. La ANM asegura que hay actualmente 552 títulos para su explotación, 482 en montaje y 500 en exploración, para un total de 1.534 títulos.
Las esmeraldas y el níquel son los de menor asignación en permisos para su actividad, mientras que para las piedras verdes hay 354 títulos y para el de níquel hay tan sólo 13. En el país andino hay 61 autorizaciones de explotación para las esmeraldas y uno para el níquel, operado por Cerro Matoso.
Producción
Al desglosar la producción por regiones, se evidencia que del carbón, los departamentos con mayor participación son Cesar, con el 52%, y La Guajira, con el 39%; en níque
