La Auditoría General de la Nación (AGN) publicó un crítico informe sobre los pasivos ambientales de la empresa minera de Río Turbio YCRT propiedad del Estado. A meses de la puesta en marcha de la usina térmica, el documento expresa la preocupación por la falta de especificación de la empresa sobre el depósito de más de 1.000 toneladas de cenizas que la obra generará diariamente. La promesa energética del Gobierno tiene una extensa lista de observaciones medioambientales que debe remediar.
A 301 kilómetros de la ciudad de Río Gallegos, se encuentra la Cuenca Carbonífera donde desde 1946 opera YCRT, que pasó a manos de privados en los 90 y en 2002 volvió al Estado. Está intervenida por el Gobierno y bajo la órbita del Ministerio de Planificación. La empresa será la responsable de gerenciar y producir el carbón necesario para la “megausina” que garantizará 240 Mw de energía. Es una de las millonarias obras del kirchnerismo en su propia provincia.
La AGN finalizó el año pasado una auditoría sobre la empresa, con preocupantes observaciones. “YCRT no ha diseñado e implementado un plan integral de remediación de pasivos ambientales” es la primera observación.
YCRT se encuentra en un año de transición. En meses, según la promesa del Gobierno, se pondrá en funcionamiento la usina térmica construida por Isolux Corsán con un presupuesto de $ 2.963 millones. A la fecha, el yacimiento produce sólo el 16% del carbón que va a demandarle la usina, que exigirá 112.320 toneladas por mes. El coordinador general informó que YCRT produce 19.008 toneladas mensuales. La intervención de la empresa informó que “la producción diaria se incrementará a medida que se produzcan los avances correspondientes”.
Pese a la búsqueda y mejoras de las instalaciones con millonarias inversiones del Planificación (dos programas de $ 8.000 millones), la AGN especifica que no está definido el destino final de las cenizas. El año pasado, el abogado José Luis Janezak y Eduardo D´Elia, dirigente ambientalista, presentaron un amparo denunciando la falta de especificación del destino de “1.800 toneladas diarias de desechos tóxicos que generará la usina”. El organismo nacional recomienda la realización de una nueva auditoría cuando esté operando la usina, a fin de evaluar “su impacto sobre el medio ambiente”.
El pasivo ambiental de YCRT es uno de los puntos más preocupantes. Esto ya fue observado por la AGN en 2008, y “a la fecha no han sido regularizados”, señala el documento. Pese a la presentación de un Informe de Impacto Ambiental, el mismo sigue sin ser aprobado por la autoridad de aplicación. La auditoría señala que la envergadura de los pasivos acumulados en el complejo minero, ferroviario y portuario de YCRT “requiere la puesta en marcha de un plan de remediación” y, ante la falta de su saneamiento, la AGN indicó que “persiste el impacto sobre los recursos naturales y el riesgo para la salud de la población”.
Los depósitos asignados para baterías y aceites tampoco se sujetan a las normas mínimas de seguridad. “Los tambores presentan pérdidas y sus cierres no son herméticos. Se desconoce el destino del vaciado de las baterías”, detalla en las observaciones la AGN.
La falta de almacenamiento de residuos es otra falencia de la minera, aún pese a la licitación realizada en 2013 para la construcción de un patio de residuos peligrosos “sobre todo para equipos transformadores”. La auditoría señaló que esto debe remediarse al igual que la chatarra dispersa (vagones, automotores, vagonetas, locomotoras, arcos metálicos).
Tal como OPI lo diera a conocer hace tiempo y fuera desmentido sistemáticamente por YCRT e Isolux Corsán, la usina de Río Turbio no podrá abastecer del carbón necesario que demandará el funcionamiento de la generadora y por tal motivo han realizado contrataciones para que la Minera Chabunco SA de Chile, realice la explotación del yacimiento Última Esperanza a 15 Kms de Puerto Natales (Chile), desde donde acarrearán el carbón en camiones hasta Río Turbio.
Cuando publicamos en OPI que la usina de Río Turbio no podría abastecerse de carbón con la producción de YCRT, desde la empresa y los medios pagos de la provincia salieron a desmentir la información y a calificar de “operación” la noticia que se apoyaba en declaraciones que a esta Agencia había realizado el Ingeniero Eduardo Delía. En aquella oportunidad, se indicaba que había gestiones para extraer carbón de un yacimiento próximo a Puerto Natales (Chile), desde donde acarrearían el carbón suficiente para mover los generadores de la Termo usina de Río Turbio.
De acuerdo a una entrevista mantenida esta mañana con Luis Cornejo, Director de Radio Natales, OPI pudo tomar conocimiento que la Minera Chabunco SA, empresa chilena perteneciente al holding “Ingeniería Civil Vicente”, de ese país, encargados de la explotación de los yacimientos carboníferos magallánicos Bitsch, Laguna Loayza y Pecket, se encuentra abocada a pedir los permisos necesarios para explotar el yacimiento de carbón “Última Esperanza”, a solo 15 Kms de Puerto Natales (Chile), donde se encuentra el proyecto denominado “El Tranquilo” cuya área está sometida a un Estudio de Impacto Ambiental para establecer las consecuencias que puede tener para el entorno, la explotación de esta veta de carbón, ya que se hará bajo la modalidad “a cielo abierto”.
Cornejo indicó que representante de Chabunco SA se hicieron presentes en el Concejo Deliberante de Puerto Natales, explicando los detalles de la explotación y allí indicaron expresamente, que se trata de obtener carbón que será vendido a la Argentina, para abastecer la usina de Río Turbio ubicada en el paraje Julia Dufaur entre Río Turbio y 28 de Noviembre. La comitiva empresarial estuvo presidida por Héctor Rojas, quien básicamente intentó obtener la “licencia social” para comenzar a explotar el carbón, con destino a la usina de nuestra provincia.
“Acá todavía no hay nadie trabajando – indicó Cornejo – no hay infraestructura ni nada que se le parezca, la minera solo está obteniendo autorización para hacer el Estudio de Impacto Ambiental y todo eso va a ser puesto a consideración de las autoridades comunales y luego, el Alcalde y los concejales, decidirán si autorizan o no a esta empresa, a explotar este yacimiento a cielo abierto, que, de acuerdo a quienes han investigado la forma que impactará en la región, se calcula que podría ser negativo para Natales, ya que la llegada de unos 400 mineros o más, alteraría demográficamente el lugar, pero a su vez está en estudio la forma en que una mina a cielo abierto, podría afectar al medio ambiente más cercano como Torres del Paine”, expresó el periodista.
Apuro e incertidumbre
La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, en tanto, ayer dio un paso más para acelerar la transformación de YCRT en una Empresa Carboeléctrica Sociedad del Estado, que deje a la estructura del actual yacimiento, a salvo de profundas modificaciones estructurales y administrativas, si el próximo gobierno nacional que llegue, advierte que no es una empresa autosustentable y que su principal objetivo, el cual fundamenta su existencia, que es el de proveer carbón a la usina de Río Turbio, no lo podrá cumplir.
La necesidad de constituirla en una empresa Sociedad del Estado, lleva a legisladores, gobierno de la provincia, concejales y a la propia Intervención, a desplegar una campaña de “concientización”, sobre la necesidad de extender esta categoría a YCRT, pero el verdadero motivo es sostener el status quo y que sus más de 2.000 integrantes, entre mineros, empleados y jerárquicos (en su mayoría), tengan asegurado su continuidad y estabilidad y no dejen de drenar los millonarios presupuestos que acopia anualmente el yacimiento.
Funcionalmente, tal como lo hemos informado tantas veces desde nuestras páginas, YCRT no es sustentable y no podrá cumplir con la demanda de cabrón de 1.800 toneladas diarias que le demandará la usina térmica, en caso que ésta funcione a pleno algún día, hecho que hoy le confirmaron a OPI desde Puerto Natales (Chile). También hemos señalado en varias oportunidades cuáles son los reales motivos que promueven este nuevo status de empresa y básicamente la deficiencia en la que incurre la actual Intervención, la cual está solo abocada a la inversión en frentes, máquinas e insumos, pero por fuera de cualquier estrategia de producción y desarrollo, orientada más que nada a hacer grandes negocios, como ha quedado demostrado en las pruebas de sobrefacturación que muchas veces hemos publicado.
En el año 2009, ATE Río Turbio, en momentos de encontrarse enfrentada con la intervención, realizó un informe lapidario, donde se denunciaba que YCRT no llegaba a las 100 mil toneladas de carbón anuales. Aquel informe demolía la campaña de Planificación (Julio de Vido) y los esfuerzos de la UTN, por hacerla aparecer a YCRT como la empresa próspera y necesaria para abastecer a la usina termo eléctrica.
También sobrevoló la sospecha de que la usina de Río Turbio será un complejo con abastecimiento dual de energía (carbón y gas) éste último obtenido del yacimiento Cerón Chico, que está en áreas petroleras que tiene Lázaro Báez y esto también fue negado enfáticamente desde los medios que difunden las campaña de las “buenas noticias” que produce YCRT/Isolux/UTN; sin embargo obreros de la cuenca, nos aseguran que un caño de gas de más de 60 cms, llega al complejo.
Hoy más que nunca se cae otra mentira de la Intervención de YCRT. El gobierno le comprará carbón a Chile, porque el yacimiento de Río Turbio no tiene capacidad para producir la demanda que insumirá la termo usina. Mientras tanto, mensualmente nos enteramos de multimillonarias inversiones que se hacen en Polonia, viajes, comisiones, compras de herramientas, frentes y maquinarias, bajo el argumento de que YCRT tiene un futuro promisorio, atado al suministro de carbón que le hará a la usina que allí se construye.
Con la presencia del gremio de ATE Río Turbio, los legisladores aprobaron una resolución apoyando el proyecto de ley que fuera consensuado entre la empresa y los sindicatos para transformar a YCRT en una carboeléctrica estatal. También sancionaron la creación de una Defensoría Oficial en Los Antiguos.
Presidida por el vicegobernador Fernando Cotillo, se realizó ayer la 4º sesión ordinaria del presente período legislativo.
La singularidad de la sesión fue la sanción de la resolución por la cual los diputados manifiestan el total apoyo a la presentación del proyecto sobre la transformación de la empresa YCRT en Empresa Carboeléctrica Sociedad del Estado, que fuera consensuado y adoptado oportunamente por la intervención de YCRT y por todos los sindicatos con ámbito en la mencionada empresa.
Este debate fue seguido de cerca por integrantes del gremio de ATE Río Turbio, encabezados por su secretario general Mario Castillo, quien se dirigió a los presentes y agradeció la resolución. Este mismo proyecto fue presentado días atrás al gobernador de la provincia, quien también plasmó su firma de apoyo.
“Este es un trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo”, indicó Castillo al móvil de LU 12 Radio Río Gallegos apenas se sancionó la norma y resaltó que la propuesta “nació del Congreso del Cabrón. Necesitamos una carboeléctrica estatal”, indicó Castillo y dijo que esta figura jurídica “es el futuro de las futuras generaciones de la cuenca”, indicó.
En el recinto, además de Castillo, estaba ocupando su banca de diputado por pueblo el interventor de YCRT, Atanasio Pérez Osuna, quien explicó al móvil de la emisora su satisfacción por la sanción de la norma. “La idea es tener una empresa carboeléctrica para que sea una sola unidad económica, vender energía y no vender carbón. Esto ya lo mandamos a Planificación Federal, ya se está trabajando y esperamos que se apruebe rápidamente en el Congreso para que se sancione y tener así nuestra figura legal, y quedarnos tranquilos los trabajadores, la familia y la comunidad en general”.
Además de una serie de resoluciones y declaraciones de interés, los diputados también sancionaron el proyecto de ley Nº 102/13, que trata sobre la modificación del Artículo 4° de la Ley 3.271 - Tasas por Servicios Judiciales. Y el mismo tratamiento recibió el proyecto de ley N° 304/14, que crea una Defensoría Pública Oficial de Primera Instancia en Los Antiguos.
Por otra parte, aceptaron la nota de la Secretaría Legal y Técnica de Gobierno Nº 276/15, que trata sobre el Veto Parcial y Texto Alternativo, propuesto por Decreto N° 008/15, a la ley sancionada el 11 de diciembre del año 2014 (modificación de la Ley 3.252 - Ley Impositiva - Proyecto 581/14).
También aceptaron la nota de la Secretaría Legal y Técnica de Gobierno N° 284/15, que trata sobre el veto total, propuesto por Decreto N° 2.571/14, a la ley sancionada el 27 de noviembre del año 2014 (Adhiérase la provincia de Santa Cruz a la Ley Nacional 26.991 - Regulación de las relaciones de producción y consumo - Proyecto 481/14).
Boleto gratuito: esperan opinión del Gobierno
El diputado del Frente para la Victoria, Jorge Arabel, se refirió al tratamiento legislativo que se le viene dando al proyecto de ley de su autoría, tendiente a crear el boleto educativo gratuito urbano e interurbano para estudiantes de los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario que residan en Santa Cruz. Recordó que se ha solicitado la presencia del ministro Mauro Casarini y de la titular del CPE, Silvia Sánchez, siendo que los mismos por distintos motivos aún no han podido asistir a las reuniones de trabajo.
El diputado indicó que “es importante conocer cuál es el universo de personas al que beneficiará esta medida y la inversión que deberá realizar el Poder Ejecutivo para sostenerla”. Y ratificó que “la intención de esta Legislatura es poder sancionar la norma cuanto antes, pero debemos ser responsables en que lo que se apruebe pueda ser sostenido en el tiempo y abarque a los beneficiarios, de manera que realmente sea una ayuda para acceder a un derecho tan importante y básico como es la educación”.
Sólo un diario oficialista como La Opinión Austral, de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, puede reproducir los dichos del diputado nacional Eduardo Arnold sobre su no-responsabilidad en el tema Río Turbio, luego de haber sido durante dos años el administrador de la mina de carbón, y no manifestarle que es un caradura.
"Respecto de las cuestiones de seguridad, estuve un año y medio como interventor de la empresa y no he recibido en ese tiempo de parte del Comité de Seguridad, integrado por representantes de distintos gremios, ningún reclamo y el ingeniero Loncaric tampoco, al menos hasta los últimos días", manifestó el diputado nacional Eduardo Arnold, en un extenso diálogo mantenido con los periodistas del programa Era Hora, que se difunde por LU 12 Radio Río Gallegos.
Agregó que la mina estaba funcionando, "la habíamos recuperado del lugar donde estaba cuando llegamos. En ese momento hacía 6 meses que no se cobraban los sueldos, estaba cortada la cadena de pagos, con una asamblea de 4.000 personas en Río Turbio y la Legislatura tomada por los mineros y sus mujeres, en reclamo de la continuidad de la explotación y que se rescindiera el contrato con el concesionario inescrupuloso que tenían, cosa que el presidente (Eduardo) Duhalde hizo, me nombró como interventor y de a poco, con la ayuda de los trabajadores fuimos sacando las cosas adelante y logramos cosas que ahora no vienen al caso".
¿Qué tiene que ver esto con las normas de seguridad de la mina? Vaya uno a saberlo...
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El legislador indicó: "Ahora queremos resolver este tema, los muertos están, es necesario un peritaje como corresponde, la empresa ha ordenado el sumario administrativo correspondiente con profesionales altamente capacitados, donde se encuentra el ingeniero electromecánico Uranga, que fue quien puso en funcionamiento las dos calderas, el ingeniero Garabello que es palabra autorizada en todo el yacimiento y lo conocen todos los mineros por su actuación destacada cuando estuvo, más un representante de la Universidad Nacional de Buenos Aires que es especialista en seguridad y un sumariante de una cátedra de Derecho de Buenos Aires".
¿Y la gente de las ARTs, especializadas en accidentes de trabajo? En todo caso tiene que hablar la gente de la aseguradoa de vida.
Según Arnold, el tema es conocer ahora por qué ocurrió el incidente y cuál fue la razón por la cual el procedimiento de evacuación no fue el más adecuado.
Arnold confirmó lo manifestado por algunos sectores gremiales en cuanto a que el concesionario Sergio Tasselli (1994-2002) había desmantelado el sector de seguridad e higiene industrial: "A mí me correspondía hacer como interventor una auditoría integral, la hicimos y la presenté cuando terminó la intervención, donde le hice un cargo de más de US$ 130 millones a Tasselli, nosotros le ganamos el juicio de manera heroica, donde los abogados del Ministerio de Economía de la Nación estaban ocupados con el corralito y con nuestros abogados ganamos en un fallo histórico el final de la concesión que Tasselli quería continuar y frenamos el avance del concurso de acreedores que había".
Arnold dijo que los síndicos que habían mandado en su momento "eran tan delincuentes como el concesionario".
Decidido a echar culpas a otros y no asumir nada, Arnold manifestó que la auditoría integral "fue entregada a la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Minería pero no sé lo que habrá hecho y además envié copia a la SIGEN (Sindicatura General de la Nación), la Auditoría General de la Nación, al Presidente de la República, al ministro de Economía, Roberto Lavagna, a quien le mandé tres notas con las responsabilidades que estaba teniendo el Estado Nacional y no las cubría, es decir que en nuestra gestión lo cubrimos porque era nuestra obligación y porque verdaderamente alguien tenía que escribir todo lo que Río Turbio mostraba, que era el abandono total del yacimiento, incluidas también las cuestiones que tenían que ver con la seguridad y en esto, los trabajadores lo que querían era trabajar y en un año y medio hubo sólo un accidente pequeño y otros menores, en el marco de una mina que tiene galerías que tienen el equivalente en su extensión a los subterráneos de Buenos Aires, cada minero que entra sabe que hay peligro, pero no lamentablemente con las características de la catástrofe que vivimos ahora".
Preocupado de que su futuro político se derrumbe, ahora que es vicepresidente 2do. de la Cámara de Diputados de la Nación, aseguró que lo que no se debe hacer "es lo que algunos irresponsables hacen, que es tratar de sacar una mezquina y asquerosa ventaja o beneficio particular o sectorial de una desgracia tan grande, me estoy refiriendo claramente a algunos gremialistas", sostuvo Arnold, quien a la hora de requerirle nombres, mencionó al secretario general de ATE Río Turbio, Lino Heredia.
Uno de los temas que salieron a la luz en estos días es una querella que Arnold le iniciara a Silverio Méndez, por reclamos sobre seguridad. Al respecto, Arnold sostuvo que no es verdad, más allá que Elisa Carrió salió a hablar del tema, "creo que injuriándome también ella, pero eso lo veremos en los próximos días".
Luego explicó que el problema con Méndez fue cuando éste era representante gremial de Río Turbio y en una de las manifestaciones que hicieron, no por seguridad sino por temas salariales, "no demandó nunca seguridad Silverio Méndez, hablé muchas veces con él pero no tengo ninguna nota donde exista este reclamo, sí ropa de trabajo y se las dimos. Lo que ocurrió es que me injurió y agravió personalmente no por problemas de seguridad, dijo una sarta de barbaridades donde por mandato constitucional estoy obligado a querellar para reivindicarme y lo hice, él no asistió en la primera y en la segunda se retractó totalmente, me pidió disculpas y tengo el expediente en mi poder, yo dejé sin efecto la querella porque el trabajador se había retractado, de todas maneras los $ 50.000 que representaban la querella eran para el Hospital de Río Turbio en caso de que el tema continuara".
