En julio del 2009,  el grupo México, propietaria de Southern Copper, la empresa minera más grande de Perú, anunció el inició de la explotación del proyecto minero Tía María en la región Arequipa, 800 kilómetros al sur de Lima.

La inversión anunciada, entonces, era de 950 millones de dólares. Seis años después, el proyecto  resistido por los pobladores lugareños y dirigentes anti mineros, se encuentra en un punto muerto, pero las protestas siguen más vivas que nunca.

La región Arequipa, una de las más importantes del país, protagonizó en las últimas horas  una paralización de 24 horas en protesta contra el anuncio  del reinicio de las operaciones del cuestionado conglomerado minero.

La protesta tuvo un desenlace trágico, un agricultor muerto y más de 20 heridos entre manifestantes y policías hoy, en la provincia de Islay, donde se asienta la mina a tajo abierto, se cumple un mes de paralización indefinida.

Las idas y venidas provocaron un desplome temporal  de 1.85 por ciento de las acciones del Grupo México en la Bolsa de valores mexicana y aún cuando se ha anunciado una nueva fecha para el inicio de operaciones: mediados del 2017 y una inversión superior a los 1,400 millones de dólares, lo cierto es que hasta hoy la conflictividad minera mantiene el proyecto en luz roja.

Es una mala noticia para el Perú que confía en duplicar su producción anual de cobre con la operación mexicana en Tía María y peor aún porque la desaceleración de la economía ha frenado bruscamente la locomotora del desarrollo del país.

Los pobladores de la región señalan que el proyecto afectará la producción agrícola y ganadera y causará grave daño al medio ambiente. Las autoridades, dicen que no y afirman resueltamente que el Perú no se puede dar el lujo de rechazar esa operación minera.

Desafortunadamente, las mesas de diálogo que se han abierto no han dado hasta ahora resultados positivos y una corriente de aire gélido  recorre el andamiaje del sector minero en cuyo sector  hay inversiones paralizadas que suman más  de 25 mil millones de dólares.

En total son 20 los proyectos mineros que están paralizados en Perú. Demasiado dinero en juego y una mala señal frente a los inversionistas que, según el gobierno, buscan alejarse de los conflictos sociales y dirigirán inevitablemente  la mirada a otros países con iguales recursos naturales que Perú, pero sin conflictividad minera. Un panorama nada esperanzador.