Por MARIANA SHAALO.

El juez de Nueva York, Thomas Griesa, consideró ayer en una audiencia mantenida entre las partes que los holdouts tienen derecho a conocer los términos de la flamante colocación de Bonar 2024 que realizó esta semana la Argentina por u$s 1415,9 millones mientras que el fondo Aurelius Capital advirtió que la emisión podría ser considerada un "fraude" y los inversores podrían ser demandados.

En una audiencia pedida por el fondo NML Capital, el juez indicó que "es legítimo" que los acreedores procuren buscar datos sobre la forma en que se estructuró la operación pero no dictó órdenes hacia las entidades financieras presuntamente involucradas.

"Estoy resolviendo que los demandantes tienen derecho a determinar si el nuevo financiamiento producirá activos que puedan satisfacer, total o parcialmente, las deudas insatisfechas y de larga data de los demandantes", indicó Griesa.

Sin embargo, el magistrado destacó que pese a las publicaciones de la prensa, no ve "ninguna indicación fáctica de que el país esté intentando evadir órdenes previas", tal como aseguraron los fondos buitre.

Ahora los holdouts buscarán establecer que hubo inversores del exterior que compraron Bonar 24, lo que convertiría a los títulos en "deuda externa" y factibles de ser alcanzados por la cláusula "pari passu", según admitió Robert Cohen, abogado de NML Capital en la audiencia.

El mismo martes cuando el Gobierno anunció el resultado de la colocación, NML envió una carta al Deutsche Bank para preguntar si estaba ofreciendo bonos a inversores. Deutsche y JP Morgan sondearon en el exterior una colocación de deuda a fines de febrero, pero fueron impedidos de actuar por Griesa. Deutsche habría comprado ayer Bonar 2024, de acuerdo con fuentes del sector financiero consultadas por este diario.

Economía informó el martes que los casi u$s 1500 millones colocados se cambiarán por pesos que se emplearán para obras de infraestructura y vivienda. Pero los dólares servirán para pagar importaciones y vencimientos de deuda, como el del Boden 2015, que en octubre insumirá más de u$s 6000 millones.

Ayer ante Griesa, el abogado que defiende a Argentina, Jonathan Blackman, refutó la postura de los holdouts al sostener que los Bonar 2024 en dólares con legislación argentina son deuda doméstica, de modo que quedan fuera del alcance del magistrado.

El juez de Nueva York mantiene bloqueados los pagos de deuda reestructurada y uno de los puntos que genera discusión es qué porción de deuda es externa y cual no lo es, ya que el juez sólo tendría potestad para actuar sobre lo que es considerado deuda externa.

Según trascendió, el abogado del Deustche Philippe Zimmerman le aseguró ayer a Griesa que la entidad financiera cooperará y brindará información pero criticó a NML por considerar su pedido "desafortunado y preocupante".

Tras la audiencia, otro de los fondos favorecidos por el fallo de primera instancia de Griesa, Aurelius Capital Management, emitió un comunicado advirtiendo a inversores que la flamante colocación de Bonar 2024 podría ser considerada un "fraude" y por ello ser demandados.

En este sentido, el fondo advirtió que podría demandar a algunos o todos los que participaron en la oferta del bono y a los compradores por "fraude" si es que se prueba que la emisión busco evadir una orden judicial.

Por Carlos Burgueño.

El Thomas Griesa más furioso de los últimos tiempos contra la Argentina ordenó a varios bancos internacionales a que le informen oficialmente si tuvieron que ver o no con la colocación del Bonar 24 como agentes colocadores o, incluso, si adquirieron estos títulos. Tal es el enojo del juez que ahora quiere sancionar a los que compraron los bonos, especialmente al Deutsche Bank y al BBVA, entidades que, según los datos que le habrían llegado a Griesa, adquirieron gran parte de las colocaciones. En la mira están, además, algunas empresas multinacionales de seguros y algunas mutuales norteamericanas que también habrían participado de la operación. El juez quiere que desde Buenos Aires, tanto el Gobierno argentino les envíe los datos a los compradores, así como que esas entidades aclaren si operaron como colocadores o si adquirieron esos bonos. Si Griesa finalmente avanzara con sanciones a los que compraron la deuda emitida el martes, el "juicio del siglo" entraría en una nueva etapa: la de sancionar a los que adquieren deuda soberana argentina emitida bajo jurisdicción local. Para los especialistas legales que asesoran al Gobierno de Cristina de Kirchner, Griesa entraría así en una especie de "disparate jurídico" y en un intento de violación de la soberanía argentina. 

El juez de Nueva York llamó ayer a una audiencia en su despacho a los representantes legales de la Argentina y de los querellantes del "juicio del siglo", los fondos buitre, para averiguar personalmente sobre la operación de la deuda y para insistir en que, según su consideración, es "absolutamente ilegal". Sin embargo, y vía telefónica, desde el Ministerio de Economía de Axel Kicillof se le afirmó al juez que la colocación se realizó bajo jurisdicción de la Argentina y sin la intervención de ningún banco privado "ni como consejero", con lo cual Griesa no tendría nada para embargar.

Griesa ayer manifestó toda su ira ante la colocación de los u$s 1.415 millones del Bonar, y prometió venganzas jurídicas varias ante el avance de la operación, considerada desde noviembre del año pasado como ilegal por parte del juez, ya que, según su visión de la realidad, cualquier deuda voluntaria colocada por la Argentina debe realizarse en los Estados Unidos y someterse a la aplicación de la cláusula "pari passu". Esto es, a eventuales embargos. Lo mismo sucede, siempre según su visión, con las colocaciones realizadas fuera de EE.UU., incluyendo Buenos Aires, criterio con el cual avanza hasta a sancionar a los bancos privados internacionales que participen de las colocaciones que realice el país, incluyendo la del martes pasado. Sin embargo, según la visión de los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H), al no existir operador privado, no hay nadie para sancionar, más allá de la Argentina, múltiplemente castigada ya por el juez. "Qué le hace una mancha más al tigre", reflexionaban desde Buenos Aires ante esta situación.

Desde Buenos Aires se afirmaba que la única alternativa es que el juicio de Nueva York se traslade a Buenos Aires y que alguno de los fondos buitre o el resto de los holdouts, alguno de ellos argentinos, haga una presentación judicial en el país y le reclame a un magistrado local que avance con embargos sobre los pagos del Bonar 24. Para Economía, se trataría de un imposible y de una intromisión jurídica inaceptable para la jurisdicción local, y que sólo la eventual existencia de un juez "enemigo" podría avalar semejante presentación. Sería un capítulo más de la guerra política que parte de la Justicia local mantiene con el kirchnerismo. 

Ayer Griesa les otorgó formalmente a los fondos buitre el derecho a conocer los alcances de la colocación del Bonar 24, asegurando que la colocación es ilegal. La representación de la furia ante la decisión de la Argentina de emitir deuda llegó hasta los fondos buitre, que, más allá de las decisiones de Griesa, también avanzaron en amenazas múltiples y cruzadas. El vocero en este caso fue el fondo buitre Aurelius, el segundo en importancia en el juicio original ante el tribunal de Griesa, que ayer emitió una "nota pública" a la que tuvo acceso en exclusiva este diario en la que comunica a todos los que "hayan participado" en la colocación de Bonar 24 y "todas las futuras operaciones similares", que éstas son ilegales y que tanto los eventuales participantes activos en la operación como los "compradores" están alcanzados por el fallo original de Griesa con la aplicación de la cláusula de "pari passu".