La polémica iniciativa argentina de instalar una planta de uranio en Formosa, que puso en alerta a los pobladores del departamento de Ñeembucú, ahora tiene vía libre para proseguir las obras, pese a que senadores paraguayos se opusieron a este proyecto, considerado como atentatorio contra el medio ambiente.

La justicia argentina decidió no dar lugar a una medida cautelar para paralizar las obras de la planta de uranio. “Esto, no sorprende, debido a que incluso los fallos de la justicia responden a los intereses del gobernador”, según afirmaron los pobladores de la zona fronteriza entre Paraguay y Argentina. Precisamente, la responsable de la coordinadora “Ciudadanos por la Vida” de Pilar, Ludmila Sánchez, sostuvo que “la decisión de la Justicia Federal de la Argentina de declararse incompetente ante una medida cautelar que pedía la paralización de las obras de la planta de uranio a cargo de la estatal Dioxitek, ya no sorprende a los ciudadanos de la zona. Todo el fallo responde a los intereses del gobernador Gildo Insfrán (de Formosa)”.

Sin embargo, la empresa Dioxitek argumentó que “no iniciaron trabajo alguno al momento de la presentación de la medida cautelar, por lo que resulta improcedente pedir que se suspenda algo que nunca se inició”. Negaron la posibilidad de que esta planta sea una instalación contaminante. “No genera riesgos para la salud”, sostienen los empresarios afectados.

También, representantes de la Asociación de Médicos de Formosa habían advertido acerca de los peligros de la instalación de dos plantas nucleares en la vecina provincia argentina. “En caso de un desastre nuclear, el impacto afectará indefectiblemente al Paraguay”, había anunciado el doctor Nuncio Toscano Cabrera al titular de la Comisión Permanente del Congreso, senador Arnoldo Wiens, en febrero del 2014, en una reunión en la sede del Congreso paraguayo.

A fines de mayo del 2014, el Senado paraguayo organizó una audiencia pública para manifestar su preocupación por la planta procesadora de Dioxitek, que ya fuera clausurada en Córdoba, Argentina. En esa oportunidad, los senadores compatriotas votaron en mayoría a favor del rechazo por la instalación de la planta en el límite con nuestro país.