Un polémico y millonario proyecto de minería a cielo abierto que preveía llevar adelante una empresa India está "detenido" en Uruguay "por el momento", afirmó el presidente Tabaré Vázquez a periodistas.
"Por el momento Aratirí (nombre del emprendimiento de extracción de mineral de hierro) está detenido, y no tengo ninguna información de su reactivación", dijo Vázquez en la noche del domingo, en medio de continuas protestas de ambientalistas por el impacto que podría tener el proyecto en extensas zonas del país.
Colateralmente, un proyecto de puerto de aguas profundas al este del país, sobre el Atlántico, que permitiría a Uruguay desprenderse de la lucha portuaria con Buenos Aires y que depende de la existencia de Aratirí, quedará también en suspenso.
"Una cosa es un megapuerto de aguas profundas con una industria de hierro, con extracción de hierro -eso requiere grandes movimientos y un puerto importante para canalizar la salida de la producción- y otra es el país sin esa explotación", argumentó Vázquez.
"El puerto de aguas profundas en este preciso momento cede paso al fortalecimiento de un plan nacional de puertos para fortalecer al puerto de Montevideo, y también a los puertos del litoral" oeste, en la frontera con Argentina, concluyó el mandatario.
La polémica ha rodeado al proyecto de la minera Aratirí, filial local del grupo indio Zamin Ferrous.
El Parlamento aprobó a fines de 2013, bajo mandato de José Mujica (2010-2015), un nuevo código de minería con miras a darle marco jurídico al emprendimiento. Entonces se anunció la firma inminente de un contrato con la minera, cuyos términos jamás fueron revelados a la población.
El proyecto abarcaría cinco departamentos (provincias) del centro-oeste del país, sobre una zona de 14,000 hectáreas. De concretarse, la inversión rondaría los 2,800 millones de dólares.
El rechazo a la instalación de la minera es unánime entre los ambientalistas del país, porque afectaría a zonas de gran riqueza natural. Buena parte de la iniciativa conlleva la inundación de vastas extensiones de terreno, además de la construcción de megaductos para trasladar al mineral de hierro.
Las juntas departamentales (parlamentos locales) de los departamentos de Tacuarembó (centro-norte), Lavalleja (sur-este), San José (sur) y Paysandú (norte) emitieron en 2014 declaraciones que buscan frenar la megaminería en sus jurisdicciones.
Mientras tanto, la admisión del presidente Tabaré Vázquez de que el proyecto está congelado y sin perspectivas de reactivarse generó críticas mordaces de la oposición.
Francisco da Silva, dirigente del sindicato de Aratirí, dijo a El País que en junio vence el seguro de paro que están cobrando 90 trabajadores de la firma y que "no queremos más seguro de paro, queremos alguna alternativa". La posición del sindicato metalúrgico (Untmra), al que pertenecen los empleados de Aratirí, es que la explotación debe ser estatal, aseguró Manuel López, responsable del Interior en el gremio. La situación, dijo, es de "incertidumbre" por lo que el sindicato espera reunirse con la ministra de Industria, Carolina Cosse, y el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, para intentar clarificar el panorama.
Luego de que el presidente Vázquez dijera el lunes en Melo que el proyecto de Aratirí "está detenido" porque "no tengo ninguna información de su reactivación", y que asegurara que esto hace que el puerto de "aguas profundas" de Rocha ya no sea redituable, las reacciones no se hicieron esperar. Raúl Viñas, del movimiento "Uruguay Libre", que quiere prohibir la minería a cielo abierto, dijo a El País que "esto demuestra que el puerto era para Aratirí".
"Esto nos hace tomar más fuerza para seguir juntando firmas para el referéndum (para prohibir la minería a cielo abierto) y para que nunca más venga una empresa de estas", señaló Viñas.
"Uruguay libre" asegura que cuenta ya con más de 80.000 firmas recogidas. De todas formas, el expresidente José Mujica insistió ayer en que el puerto es viable. "Es posible que se difiera en el tiempo, pero esto va a continuar. El puerto tiene dos escolleras fundamentales, el proyecto de Aratirí financiaba una, que era la mitad del puerto, pero el puerto nunca fue concebido para el Uruguay solo", dijo a El País el expresidente y actual senador.
Por su parte, el vicepresidente Raúl Sendic dijo a El País que el de Aratirí "es un proyecto que requiere un enorme financiamiento, estamos hablando de varios miles de millones de dólares. "Tengo la impresión que esa es la dificultad. El proyecto está detenido, pero no descartado", agregó.
Ayer, en Cerro Chato, la localidad más cercana junto con Valentines a la zona donde Aratirí planeaba extraer hierro, se preguntaban qué ocurrirá ahora. El productor Gustavo Sclavo, en cuyo establecimiento se explotaría una de las cinco minas que conforman el proyecto Aratirí, dijo a El País que la empresa no ha pagado sus obligaciones contractuales con los productores propietarios de predios donde hay hierro.
"No han pagado, no hay ningún tipo de contacto y no hay con quien hablar", aseguró el productor.
En el ámbito político, el senador blanco Luis Lacalle Pou fue durísimo con la forma en que el gobierno manejó todo lo vinculado al puerto de aguas profundas y Aratirí. Lacalle Pou convocará al Parlamento al ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, para que explique la actitud del gobierno de Vázquez de poner en el congelador el puerto de aguas profundas a raíz de la ausencia de noticias sobre la actividad de la empresa Zamin Ferrous (impulsora del proyecto Aratirí).
Lacalle Pou recordó que hace tres años había advertido sobre la "dificultad" de ambos emprendimientos y que no le inspiraba confianza la empresa Zamin Ferrous y el constante cambio del lugar elegido para la construcción del puerto (su ubicación fue modificada cuatro veces durante la anterior administración).
"Se ha actuado con negligencia, con falta de visión a futuro. Estas acciones del gobierno generan el freno de las inversiones turísticas, incertidumbre en la costa atlántica. Acá hay responsabilidades y queremos saber qué ha pasado con la expropiación de entre 2.500 y 4.000 hectáreas en la costa para la instalación del puerto, con una erogación de US$ 90 millones. Queremos saber si se expropió, yo creo que sí, y por cuánto dinero", dijo el líder nacionalista.
El Frente Amplio "ha tenido un seguimiento de este tema desde el primer gobierno de Vázquez. Y ahí hay responsabilidades políticas", agregó. "Esto queda en un gran signo de interrogación, hay incertidumbre, desconfianza. Hay imprudencia o negligencia de este gobierno", sostuvo. "De las cuatro rutas que llevarían mercadería, tres son intransitables, la batimetría no está, se hizo a ojo, el lugar cambió cuatro veces, y el Estado ya hizo erogaciones. Pero lo más importante es que un puerto de aguas profundas necesita entre 58 y 62 millones de toneladas por año para ser viable, para que haya inversores interesados en su construcción. Y hoy no se puede asegurar nada", denunció.
La postura asumida este domingo por Vázquez sorprendió a los representantes de los otros partidos de la oposición. El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, lo consideró "una noticia negativa". Y el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, escribió en Twitter: "tanto tiempo perdido con Aratirí, si el FA escuchara algunas de las advertencias que se le hacen...".
El proyecto original de Aratirí era exportar 18 millones de toneladas anuales pero sobre el final del gobierno de José Mujica reformuló su iniciativa y planteó exportar entre 1,5 millones y 2 millones anuales, ya no por las costas de Rocha sino por Montevideo. Pero luego no surgieron novedades.
La evolución del precio internacional del hierro (que se utiliza para fabricar acero) no ayuda. Está por debajo de los US$ 50 la tonelada y Aratirí calculaba que necesitaba un precio de alrededor de US$ 90 para que sus proyectos fueran rentables. La principal razón de esta situación es la desaceleración del crecimiento chino. China explica el 70% de la demanda de hierro a nivel mundial.
El gobierno, tras el Consejo de Ministros del domingo, siguió anunciando compromisos para Cerro Largo. El vicepresidente Raúl Sendic dijo que "es necesario que Melo tenga un anillo de circunvalación para sacar el tránsito pesado del centro, como lo tienen la mayoría de las capitales, y esos compromisos de la campaña que se entregaron en forma escrita se van a cumplir".
Al que no le gustó la forma en que se realizó el Consejo de Ministros en Melo fue al intendente de Cerro Largo , Sergio Botana, que libra una dura batalla con el Frente Amplio para mantener el control nacionalista de la intendencia. "Aquí se instalan para desacreditar un departamento, el trabajo de los funcionarios y una administración seria", dijo, y reafirmó que "la intendencia de Cerro Largo ha cumplido con las obras del fondo de desarrollo del interior", luego de que el director de la OPP, Álvaro García, señalara que hay obras inconclusas. "Aquí en Cerro Largo hubo un tornado en Tres Islas y nos dieron solamente 40 chapas, y reconstruirnos el pueblo gracias al lomo de la gente. Entonces lamentamos que se confunda un Consejo de Ministros con un comité de base", dijo Botana.
El gobierno recibió gran cantidad de planteos en Cerro Largo. La candidata colorada a la intendencia, Walkiria Olano, planteó al ministro de Salud Pública, Jorge Basso, que sea obligatoria la vacuna contra el virus del papiloma humano. Y al ministro interino de Economía, Pablo Ferreri, se le planteó la eliminación del Iva a los productos de la canasta básica familiar en Cerro Largo y la extensión del descuento en el Imesi en los combustibles para compras con tarjetas a 60 kilómetros de la frontera para que se pueda abarcar a Melo. Al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, los comerciantes le pidieron que se extienda la videovigilancia a Melo en tanto productores agropecuarios le solicitaron que medie ante el Poder Judicial para que los detenidos por abigeato no queden libres rápidamente.
Por otra parte, el presidente del Codicen, Wilson Netto, dijo en Melo que el nombramiento de Alejandra Martínez Motta, (hija del candidato a la intendencia montevideana Daniel Martínez) como coordinadora del Departamento de Diseño del Espacio Sarandí (Cultura y Diseño), dependiente de UTU, fue resultado de un concurso y no de una designación directa como denunció el sindicato de ese centro de estudios. "En este tema de la hija de Martínez hay una desinformación muy grande, hubo un llamado y obtuvo el primer lugar", aseguró Netto.
El gobierno de Tabaré Vázquez ha marcado distancia con el de Venezuela. En particular lo ha hecho a través del canciller Rodolfo Nin Novoa, que cuestionó la represión del gobierno de Nicolás Maduro, quien siempre ha destacado su cercanía con el ex- presidente José Mujica. El gobierno también parece dispuesto a negociar el acuerdo de liberalización del comercio de servicios, conocido como Tisa, pese a la oposición decidida del Pit-Cnt. Vázquez no quiere mantener un perfil tan alto para su persona en materia de política exterior, como el que tuvo su antecesor.
El Fondo para el Desarrollo (Fondes), ideado para respaldar proyectos autogestionados durante el anterior gobierno, no convencía, tal como está diseñado, a la actual administración. Por ello le quiere introducir cambios ante la renuencia del MPP y la central sindical. El gobierno quiere un estudio mucho más cuidadoso de la rentabilidad de los proyectos que se respaldan, preocupado por las malas experiencias de emprendimientos como la curtiembre "El Águila" y la imprenta Pressur.
El expresidente José Mujica habló varias veces en su audición radial de las ventajas del proyecto minero Aratirí para dinamizar parte del este del país y cuestionó a los productores rurales que lo criticaban, con el argumento de que querían mantener bajos los salarios de la zona. También impulsó decididamente el puerto de "aguas profundas" y llegó a señalar que se ofrecería a los países del Mercosur una especie de administración conjunta, cuando quedó claro que las cargas que podía llegar a movilizar cuestionaban su viabilidad. Señaló el interés de Brasil e incluso de capitales chinos en el mencionado puerto.
Ahora, el presidente Vázquez, como antes había hecho el ministro de Transporte, Víctor Rossi, señala que el proyecto no es prioridad, y pone en tela de juicio la viabilidad del proyecto minero Aratirí.
