Por Jorge Lapeña*
En el año 2014 la producción total de petróleo de Argentina bajó un 1,5% respecto a 2013; la producción de gas natural lo hizo un 0,5%. En 2015 la luz se corta en Buenos Aires cuando hace mucho calor y las empresas concesionarias –Edenor y Edesur- están al borde de la quiebra por la aplicación de una incorrecta política tarifaria por parte del Ministerio de Planificación. El siglo XXI produjo la mayor caída productiva en materia de petróleo y gas de toda la historia energética argentina. También hubo una extraordinaria disminución de las reservas comprobadas sobre todo de gas natural que denotan ineficiencia y falta de visión estratégica estatal de los últimos lustros para alentar la inversión de riesgo en nuevas exploraciones.
Argentina dejó en 2010 de ser el país energéticamente autoabastecido que fue; y desde ese año hemos importado Energía por 50.000 millones de u$s. Una cifra enorme si se tiene en cuenta que nuestras reservas totales en divisas alcanzan aproximadamente a 29.000 millones de u$s y el cepo cambiario es una realidad difícilmente modificable. Un capítulo aparte es el de los astronómicos e irracionales subsidios energéticos de alrededor de 15.000 millones anuales en 2014 que compensan a Enarsa; a Cammesa y a YPF por costos energéticos incurridos que no son afrontados por los usuarios. Y acá se da una paradoja notable que interpela la racionalidad de todo el sistema. ¿Porqué un gobierno que se dice popular castiga a los consumidores fijando el precio del petróleo a las refinerías a 77 u$s/ b cuando el precio en el mercado es 50 u$s/b? Esto –si se mantienen los precios actuales- implica transferir 5000 millones de u$s anuales de la gente a la corporación petrolera.
Es evidente que en materia energética se debe cambiar respecto a lo hecho en los últimos 12 años. Continuar como estamos implica poner en jaque a nuestra macroeconomía; a nuestra competitividad y a nuestra calidad de vida. En este campo no se puede repetir el eslogan vacío– usado por muchos candidatos en campaña- que dice “conservar lo que está bien y cambiar lo que está mal”. En Energía hay que cambiarlo todo porque todo, o casi todo, lo hecho en estos 12 años está mal pensado y mal hecho.
Cambiarlo todo sin embargo no significa destruir lo que está funcionando, lo que sería perjudicial para el conjunto social. Significa sí cambiar el paradigma actual de decisiones por uno basado en: a) La racionalidad; b) la honestidad; c) la eficiencia y la eficacia para gestionar; y d) la aplicación de reglas de una sana economía energética. Esto implica un giro copernicano respecto a lo hecho en estos 12 años.
La racionalidad de las decisiones energéticas no existe: el reciente anuncio de la compra de varias centrales nucleares a China sin estudios previos que lo justifiquen y fuera de un Plan Energético Estratégico; la construcción del Gasoducto del Noreste (GNEA); la construcción de una central nuclear Carem en Formosa; la errada creencia gubernamental de que Argentina es una nueva Arabia Saudita por la mera existencia en Neuquén de la formación de Vaca Muerta; no haber invertido en exploración petrolera en años; son algunos ejemplos de decisiones no racionales y alto costo tomadas en el vértice decisorio y ejecutadas por una militancia no capacitada técnicamente.
Los costos y los plazos de las obras que se ejecutan exceden largamente lo programado y son muestras –siendo benévolos- de gestión ineficaz. Por otra parte es obvio que la sistemática violación durante 12 años de la reglas de la economía energética llevó al sector a la profunda crisis en la que se encuentra.
Proponer un nuevo paradigma para la toma de decisiones implica recorrer un camino distinto al clásico cuando se debate sobre Energía. En esos debates se suele discutir sobre la utilización de nuestros recursos naturales pero se omite debatir a fondo y en forma transparente sobre la organización; sobre la economía; sobre la ley; y sobre los defectos que deben ser corregidos.
Propongo un enfoque centrado en la definición de los roles del mercado y del estado en cada uno de los campos en que se divide la Energía; en las formas en que debe ser financiada la nueva inversión; en las formas en que los consumidores deben afrontar los pagos por la energía, y también en la definición taxativa del universo de los compatriotas que deben ser subsidiados.
Un debate en definitiva centrado en la organización más conveniente para efectivizar la explotación de nuestra abundante dotación de recursos energéticos primarios renovables y no renovables.
Ese enfoque clarificará lo que tiene que hacer un Estado moderno como regulador, como árbitro, como empresario e inversor; y también el rol fundamental que debe cumplir el mercado y la iniciativa privada para satisfacer en forma cierta un buen suministro energético. El problema está acotado y tiene solución práctica.
La racionalidad económica y política, y la honestidad y firmeza en la toma de decisión, y los equipos técnicos jugarán un rol decisivo en los primeros 100 días del nuevo gobierno.
*Es secretario de Energía
Por Daniel Montamat.
Los subsidios económicos son subsidios a la oferta. Incluyen como rubro principal la energía, luego el transporte, las empresas públicas y otros menores. El año pasado, según la Asociación de Presupuesto (ASAP) totalizaron $ 178.605 millones (u$s 21.977 millones). En el 2005 eran de $ 5.965 millones (u$s 1.904 MM). Esta suma no incluye algunas resignaciones de cobro de impuestos como la compra de combustibles desgravados (gasoil, naftas) que también impactan en las cuentas públicas. Para tener una idea de su importancia relativa una primera comparación relevante se debe hacer con los subsidios sociales que tienen beneficiarios individualizados (asignación universal y otros) y que el año pasado sumaron $ 25.710 millones, representando alrededor del 10% de los subsidios totales. Para tener otra idea de su magnitud, el total de subsidios económicos en el 2014 fue de casi 6% del PIB, una cifra un poco inferior al déficit fiscal.
Cuando el festival de subsidios recién comenzaba a escalar, el inolvidable Abel Viglione los caracterizó como subsidios Hood, Robin porque redistribuían al revés, beneficiaban más a los que más tenían. Hubo sucesivas investigaciones que probaron con datos la inequidad distributiva de los subsidios económicos. Una de las más serias la dio a conocer el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires el año pasado. Involucraba los distintos servicios (gas de red, gas envasado, electricidad, agua, colectivo, tren, avión) y concluía que del total de subsidios el quintil de menor ingreso se había beneficiado con el 12.1% de los subsidios, mientras el quintil de los que tienen más ingreso recibió casi el 30% de los subsidios. Hay otros análisis que han probado la inequidad regional y que sirven para entender su vigencia en el tiempo pese a su regresividad. Los subsidios económicos favorecen las zonas de mayor concentración electoral (Area Metropolitana -Cono Urbano) en perjuicio del interior del país.
Este año los subsidios económicos van a seguir creciendo aunque a un menor ritmo debido a la reducción de los subsidios destinados a importar energía (influidos por la baja de precios internacionales), pero ya constituyen un desafío mayúsculo para cualquier estrategia estabilizadora que se proponga la nueva administración de gobierno. Una eliminación total de los subsidios económicos implicaría una suba tarifaria que, además de su impacto en los presupuestos familiares, de entrada tendría repercusión en la tasa de inflación. Algunos estiman que el impacto inflacionario sería de entre un 10 y un 15% adicional. En el otro extremo, si se decidiera convivir con la herencia de este esquema de subsidios, sería imposible reducir el desequilibrio de las cuentas públicas y articular una estrategia antiinflacionaria creíble. El gradualismo aparece como el camino políticamente indicado, pero siempre queda la duda sobre si conviene extraer un tumor por partes.
De cualquier manera, hay ciertas recomendaciones de buena práctica que habrá que tener presente cuando se intervenga el paciente económico que transfiere esta administración. En primer lugar, donde sea operativo, hay que transformar el subsidio a la oferta en subsidio a la demanda. Un ejemplo lo ha dado el propio Gobierno con la tarjeta SUBE el año pasado, o al transformar este año el subsidio al gas licuado (garrafa social) en un subsidio focalizado en los consumidores (2.5 millones sobre un total de 4.5). La instrumentación de una tarifa social permitiría focalizar por indicadores socio-económicos a los argentinos a ser beneficiados con tantos metros cúbicos de gas o kilovatios de electricidad por mes traducidos en pesos de crédito sobre la tarifa. Los consumos adicionales pagarán la tarifa no subsidiada.
Segundo, en la reestructuración de subsidios y recomposición de tarifas hay que tender a precios mayoristas únicos en los servicios públicos donde sea posible. A partir de esos precios las distintas jurisdicciones asumirán responsabilidad por los tramos tarifarios que les correspondan. Tercero, las tarifas resultantes deben contener estí mulos al uso eficiente y, en lo posible, atenuar picos y congestiones.
