La transición hasta las elecciones de octubre no tiene nada que ver con las mejores prácticas políticas e institucionales para un país democrático y republicano.
Cristina Kirchner gobierna como si no fuera a dejar la Presidencia dentro de ocho meses. Pese a que sus decisiones en política exterior y económica comprometen los márgenes de maniobra de quien vaya a sucederla -ya sea oficialista u opositor-, no hay atisbos de diálogo ni mucho menos de concertación. Más bien todo lo contrario: en sus monólogos por la cadena oficial advierte que a la futura administración le será difícil modificar la actual política intensiva en gasto, empleo público y subsidios al por mayor, sin admitir que no es sostenible. Ni que las restricciones externas amenazan con mantener el estancamiento productivo y una inflación que sigue ubicada en el podio mundial, a pesar del atraso cambiario y tarifario y el desprecio oficial por las estadísticas confiables.
Esta semana en Rusia, CFK firmará con Vladimir Putin acuerdos energéticos y financieros similares a los de China. En este caso, inversiones de Gazprom en Vaca Muerta; créditos para la represa Chihuido I y la instalación en Atucha IV de un reactor nuclear con tecnología rusa -agua presurizada y uranio enriquecido- dentro de varios años. Como ya ocurrió en Pekín, la Presidenta probablemente vuelva a presentarlos como una política de Estado, aunque nunca haya sido debatida y estas nuevas "alianzas estratégicas" respondan a la necesidad de atenuar el aislamiento financiero externo. Un aislamiento agravado por el default parcial de la deuda que también dejará como herencia, junto con la ley de pago soberano que bloquea cualquier negociación con losholdouts.
No sólo eso. Según los ocho ex secretarios de Energía, los planes con Rusia en el sector nuclear comprometen más de 23.000 millones de dólares y advierten que -al igual que con China- esas obras a largo plazo se encararán, a cambio de financiación a bajo costo, sin licitación ni mecanismos que aseguren precios competitivos. También que la compra de centrales nucleares debería surgir de un consenso sobre la tecnología más adecuada para migrar de los reactores de agua pesada y una planificación estratégica que deberá encarar el próximo gobierno. Aún así, la estatal Nucleoeléctrica Argentina (NA SA) trabaja en el proyecto de Atucha III, con tecnología canadiense (de agua pesada y uranio natural) y financiación china (CNNC) atada a la participación directa del país asiático y proveedores argentinos.
Precisamente, la improvisación kirchnerista en materia energética deja además como herencia la necesidad de importar gas natural y combustibles por unos 10.000 millones de dólares anuales. Y también el cepo cambiario, que fue la respuesta oficial a los déficits estructurales de divisas en este sector, la cadena automotriz, la electrónica fueguina y el turismo externo, con su correlato de racionamiento de importaciones no energéticas. Mientras tanto, las exportaciones totales vienen declinando desde hace cuatro años y reducen el superávit comercial. Incluso, hasta la perspectiva de vender más alimentos a Rusia se ve limitada por la reducción de saldos exportables.
Parece un chiste que, en este contexto, CFK volviera a reclamar mayores inversiones privadas y exhortara a las empresas a reducir rentabilidad o "traer algo de lo que se llevaron afuera". Desde el cepo cambiario, no sólo está frenado el giro de utilidades y deben negociar cupos de importación, sin previsibilidad jurídica y fiscal, mayor intervencionismo estatal y un horizonte económico que apenas llega a diez meses.
Más llamativo, sin embargo, es que los principales candidatos a suceder a Cristina en la Casa Rosada eviten blanquear desde ahora la herencia de desajustes macroeconómicos que habrán de recibir en diciembre. O que lo hagan con cuentagotas; o bien con eufemismos para no ahuyentar a potenciales votantes. Quizá porque faltan casi cuatro meses para las PASO. O para no reflejarse prematuramente en el espejo brasileño de Dilma Rousseff.
Por lo general también monologan. Suelen prometer medidas parciales que sus audiencias quieren escuchar, pero sin colocarlas en un contexto más amplio. Cuando algunos de sus asesores se pasan de la raya, buscan reencauzarlos indirectamente. Acaba de suceder con el economista Miguel Bein, quien como asesor de Scioli se atrevió a diagnosticar que a fin de año más de 25.000 millones de dólares que el BCRA contabilizará en sus reservas corresponderán a pagos que deberá atender o refinanciar la próxima administración. Y propuso un esquema gradual de prioridades para el uso de divisas, colocando en primer lugar a las importaciones de insumos y bienes de capital; en segundo, al giro de utilidades a cambio de inversiones, y en el tercero, a las ventas de "dólar ahorro". Inmediatamente, la ministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis, salió a apoyar el actual manejo cambiario del BCRA.
Carlos Melconian (economista de cabecera de Mauricio Macri) acuñó a su vez el término "shock gradual", ante un auditorio empresario -convocado por el Cicyp- impresionado por el duro diagnóstico macroeconómico que trazó junto con otros dos colegas (Miguel Ángel Broda y José Luis Espert) y que mereció críticas de José Ignacio de Mendiguren (actual diputado massista y ex titular de la UIA). Fue además una forma implícita de atenuar la resonante promesa de Macri de acabar con el cepo cambiario el 11 de diciembre.
Probablemente sea mucho a estas alturas pedirles a los presidenciables que busquen acuerdos políticos, incluso en cuestiones extraeconómicas; por más que hayan frenado por ahora la unilateral designación de Roberto Carlés en la Corte Suprema. Pero ni siquiera se pronunciaron ante hechos alarmantes como el asesinato de cuatro narcos en el Bajo Flores o los tiroteos alrededor de la feria de La Salada, meca del comercio ilegal que vino multiplicándose en todo el país con anuencia oficial. De ahí que el Cippec se haya propuesto como objetivo para 2015 promover un debate entre todos los candidatos presidenciales por todos los canales de TV abierta, como en muchos países. Créase o no, de concretarse sería la primera vez en la Argentina.
Sergio Massa inquietó a un grupo de ejecutivos el lunes, durante la comida que organizó el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) con políticos y hombres de negocios. Dijo que no le auguraba al país una transición ordenada en octubre, sino todo lo contrario: el kirchnerismo, razonó, abandonará la Casa Rosada sin ninguna colaboración administrativa para con sus sucesores. "Van a cerrar todo y tirar la llave", insistió. Los empresarios están en realidad en un estadio anterior a esos temores: las últimas encuestas, consultadas y manoseadas como nunca, los han alertado sobre la posibilidad de que, como le gusta decir a Axel Kicillof, "el proyecto continúe".
Esta enorme tribulación es, en parte, un fantasma que ellos mismos ayudaron a crear. A diferencia de lo que ocurre en Brasil, el establishment argentino ha cedido a veces no sólo la iniciativa en el ámbito de los negocios, sino hasta el uso de las palabras. Es lo que explica que, 24 horas después de haber organizado un almuerzo en el que los economistas Miguel Ángel Broda, José Luis Espert y Carlos Melconian discutieron algo tan elemental como los ajustes que necesita la economía, haya cundido anteayer, en el propio Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), la entidad anfitriona, desesperación por las repercusiones que generaban esos términos. Se discutió, una vez más, sobre artículos de diarios: Cristina Kirchner se burló por la noche de esas declaraciones que había leído y, en reuniones reducidas, los empresarios buscaron el modo de equilibrar los efectos del panel. Se resolvió entonces que los próximos almuerzos, en mayo y en junio, tengan como invitados a economistas más emparentados con el pensamiento de Daniel Scioli o Massa. Ajuste y capitalismo son en la Argentina palabras prohibidas. El revuelo interno había empezado el mismo miércoles, inmediatamente después de ese almuerzo en el hotel Alvear, cuando José Ignacio de Mendiguren, uno de los disconformes con los expositores, llevó la primera objeción al café que, en uno de los salones contiguos, tomaban Eduardo Eurnekian, líder del Cicyp, y varios empresarios.
Es cierto que el Scioli que los hombres de negocios imaginan en el poder no es aquel que, hace un año, juzgaban kirchnerista portador sano. La posible nueva versión puede, en cambio, venir con militantes e ideología en el paquete. Son inquietudes crecientes que anteayer precipitaron a varios a un almuerzo en la sede de la Bolsa. La invitada de honor, Elena Highton de Nolasco, ministra de la Corte Suprema, no quiso hablar de política, pero logró al menos tranquilizarlos sobre los alcances del nuevo Código Civil. "La propiedad privada no corre riesgo", dijo. Escuchaban Adelmo Gabbi, anfitrión, y Adrián Werthein, Héctor Méndez (Unión Industrial Argentina), Cristiano Rattazzi (Fiat Auto), Juan Chediack y Gustavo Weiss (Cámara de la Construcción), Martín Cabrales, José Urtubey (Celulosa), Gustavo Cinosi (Sheraton Pilar), Enrique Mantilla (Cámara de Exportadores), Eduardo Santamarina (Banco de Valores) y Luis Corsiglia.
Tanta preocupación parte de un razonamiento que todavía no fue planteado en público: si el gobierno de la Alianza voló por los aires como consecuencia de las divergencias internas y al macrismo podrían acecharlo problemas similares en una eventual convivencia con el radicalismo, ¿cuánto tiempo le llevaría a Scioli construir la armonía entre Kicillof, a quien los empresarios le asignan un rol decisivo en un posible gobierno, y los asesores Miguel Bein o Mario Blejer?
Los pesimistas de esta transversalidad ideológica se basan en términos que el ministro de Economía suelta casi sin darles importancia, generalmente ante auditorios afines. Pasó el lunes en el Mercado Central, durante una extensa exposición suya ante referentes de Adimra, la cámara que nuclea a empresas metalúrgicas, y Cgera, agrupación de pymes consustanciadas con el modelo productivo de acumulación con matriz diversificada e inclusión social. Allí, acompañado por los camporistas Eduardo De Pedro y Juan Cabandié, y en un tono menos encendido que el que usa ante las cámaras, Kicillof cuestionó el mundo académico que lo formó. Dijo que, en general, las universidades enseñaban "economía liberal", una cosmovisión que en el mejor de los casos ubica a la distribución de la riqueza en una segunda etapa, detrás de la prioridad que representa el crecimiento. "Ofertismo", definió Kicillof, y subvirtió entonces: "Hay que redistribuir para crecer. La redistribución es un instrumento de crecimiento".
Orador incansable, se explayó entonces durante más de una hora sobre nociones que, dijo, sostuvieron académicos como Michal Kalecki, economista polaco que conoció personalmente a Keynes y que sustentó su teoría del ciclo económico en la redistribución de la renta. "El ofertismo es lo que se enseña en todas las universidades del mundo", afirmó, y agregó que esa escuela había sido refutada en la Argentina de los últimos años. "A mí me enseñaron en la facultad que a la macroeconomía había que darle sustentabilidad y previsibilidad", insistió, y tanto entusiasmo -y acaso la tranquilidad de estar hablando sólo en términos teóricos- lo llevó al universo de los pobres que dice no estar en condiciones de contar: "Pero ¿cómo vamos a dar sustentabilidad y estabilidad a nuestra economía y a nuestras políticas económicas si tenemos a medio país excluido, con dificultades para acceder a la comida, a los bienes básico que tiene que dar el Estado, la salud, la educación, la infraestructura, las cloacas? ¡Eso no es estabilidad, eso es explosivo!".
Esta idea de la generación de riqueza como efecto residual de distribuirla, y no al revés, no es la única raíz de su diálogo de sordos con las corporaciones: algunos prejuicios contribuyen otro tanto. En esa misma charla Kicillof recordó, como al pasar, un sarcasmo que acababa de transmitirle un hombre de finanzas extranjero a quien no llegó a nombrar: el empresario argentino es difícil, citó el ministro de Economía, porque en general fuga al exterior los primeros 100.000 dólares que gana, destina los segundos 100.000 a comprarse una casa en Punta del Este o Miami, y los terceros 100.000 a contratar un abogado "por si lo pescan en las tropelías que hizo". La descripción, osada para quien incluyó una casa y dos terrenos con domicilio en Uruguay en su declaración jurada de 2013, desencadenó una ovación en el público.
El escepticismo empresarial se funda en alegorías como ésa. En una sociedad abrumadoramente crítica del capital, pocos candidatos, y menos aún los convencidos, podrían resistirse a semejante aplauso.
Miguel Bein, soltó una denuncia política precisa: alerta que la dupla Axel Kicillof-Enrique Vanoli está dilapidando los dólares y que ambos comprometen el futuro de las reservas del Banco Central.
Esa fue su intención cuando lanzó la afirmación acerca del dólar ahorro, que en verdad buscó advertir sobre una suerte de despilfarro de fondos públicos por parte del actual equipo económico. Bein lo hizo después de elaborar un inquietante informe para Daniel Scioli, en el cual se concluye que la actual conducción económica dejará con fuertes compromisos y pocas reservas al próximo presidente. Afirma que esa situación reducirá los márgenes de acción para corregir las distorsiones que acusa la economía y le generará altos costos políticos al futuro gobierno.
Scioli le pidió silencio al economista y la cuestión motivó un tenso diálogo privado entre el Bein y Enrique Vanoli. Esto sucedió porque las declaraciones públicas de Bein abrieron un debate sobre algo que el Gobierno quiere ocultar: la bomba de tiempo que le deja al próximo presidente en materia de divisas y reservas.
El trabajo de Bein precisa que las obligaciones impagas del Banco Central alcanzan a 19.800 millones de dólares y que a eso hay que agregarle 5.000 millones de reservas que el Gobierno venderá a los ahorristas para intentar mantener tranquilo el billete hasta octubre.
En otras palabras: se trata de la friolera de 24.800 millones de dólares, un 78% de las escuálidas reservas declaradas ahora por la propia Casa Rosada.
En los informes que elabora Bein se puntualiza que la actual conducción económica contabiliza como reservas fondos ya comprometidos en pagos realizados a los bonistas pero retenidos, importaciones y giro de dividendos.
El economista cumplió con la tarea de advertir la situación a Scioli. Ahora resolvió aceptar la sugerencia del gobernador: mantener silencio y no continuar con la polémica política.
Vanoli reaccionó porque los dichos de Bein lo dejaron mal parado: el presidente del BCRA suele elaborar informes confidenciales para Daniel Scioli, aunque sin trasmitirle la verdad sobre lo comprometidas que están las reservas. Vanoli se esmera en comunicar todo tipo de información al gobernador, con la intención de ganarse la confianza de Scioli, incluso la vinculada al desempeño de otros funcionarios del equipo de Kicillof. Hace esta tarea de “topo” porque tiene un objetivo político: continuar en el cargo en caso de que Scioli gane la elección presidencial.
Entre los hombres de negocios se conoce que Scioli ahora tiene el apoyo de La Cámpora, después de una negociación secreta con Máximo Kirchner.
Por su lado, Vanoli cumple con Cristina: avanzó en una campaña de hostigamiento contra el banquero Jorge Brito, a quien el BCRA envió innumerables inspecciones financieras.
La denuncia de Bein dejó al descubierto un tema que conocen todos: la bomba de tiempo que, por una mezcla de impericia y decisión política, Kicillof le quiere dejar al próximo gobierno.
La cuestión golpeó, porque Bein es un economista moderado y hasta la propia Cristina utilizó sus argumentos para explicar la corrida cambiaria y la devaluación. Fue en cadena nacional, en el convulsionado febrero del 2014.
Esta semana se reunieron los equipos técnicos del Grupo de los 6 para elaborar el documento en el cual los hombres de negocios van a detallar la temible herencia que Cristina le dejará a la próxima administración. Sin “beneficio de inventario”, dirán que el Gobierno miente con los niveles de pobreza. En la UIA, y bajo la coordinación del director ejecutivo Martín Etchegoyen, se realizaron los primeros trabajos. La acción la motoriza Héctor Mendez, quien opina como Bein: que la gestión Kicillof va a complicar al futuro presidente.
Méndez lo expresó en privado en forma cruda: “Alfonsín hizo el Plan Primavera y Cristina el Plan Bomba de tiempo.”
En ese encuentro trascendió una ofensiva de Roberto Lavagna contra un importante industrial. El ex ministro culpa a un influyente directivo de la UIA de trabajar para impedir una interna abierta amplia de la oposición, entre Mauricio Macri y Sergio Massa.
Los propios datos confirman los temores sobre el efecto del “Plan Bomba”: desde que asumió como ministro, Kicillof puso a la actividad económica y a la industria en recesión.
Los empresarios interpretan que Cristina tiene la decisión política de complicar la economía con el atraso del dólar, el empobrecimiento de las reservas, la aceleración inflacionaria y la irresolución del conflicto con los fondos buitre.
Pero en el G-6 también consideran que en materia energética la Presidenta dejará una situación desvastadora.
El problema lo trataron los jefes de las diez empresas petroleras que operan en la Argentina. Fue el martes, en el Club del Petroleo. Y un comentario fue que se volvió a calentar la pelea interna entre Kicillof y Miguel Galuccio.
El ministro culpa a Galuccio por la sucesión de fracasos para aumentar la producción. Pero en verdad, Kicillof no le perdona la dura presentación de YPF en la SEC de los Estados Unidos. Kicillof lo acusa de que así intentó congraciarse con los candidatos y trasmitió en la Quinta de Olivos que Galuccio ofreció dinero proveniente de la petrolera semi estatal como aportes a las campañas presidenciales de Scioli y del propio Mauricio Macri. A cambio pide quedarse en el cargo después de diciembre.
Kicillof reaccionó fuerte contra Galuccio por una cuestión: como la denuncia de Bein, también el documento de YPF desnuda las mentiras del relato económico de la Casa Rosada.
