Santiago Pedraglio

La reciente declaración del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, llamando al Poder Judicial y a la Fiscalía de la Nación a aplicar la Constitución y la ley en Islay, pues “no podemos permitir que grupos de violentos vengan a impedir el desarrollo”, es un portazo en la cara a los suscriptores del pronunciamiento que a inicios de la semana firmaran el alcalde provincial de Islay y los alcaldes de los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón.

El segundo punto del pronunciamiento aludido dice que “La negativa de considerar someter el EIA (estudio de impacto ambiental) de Tía María a algún organismo internacional experto en temas ambientales que sea objetivo y neutral ha demostrado a la opinión pública que nuestra posición nunca ha sido intransigente y, más bien, estaba fundada en la falta de credibilidad de los técnicos del Ministerio de Energía y Minas”.

Pero, incluso dudando de las palabras de las autoridades locales, el gobierno debiera recogerlas, actuar con flexibilidad y recurrir de común acuerdo –no de manera unilateral, como se hizo en Conga– a un organismo internacional.

Esto podría abrirle un espacio a la viabilidad del proyecto. ¿Que eso retrasaría algunos meses el eventual inicio? Sí, ciertamente, pero mantendría viva la posibilidad de su viabilidad. ¿Por qué la exasperada premura? ¿Acaso el Ministerio de Economía y Finanzas consideró, para calcular el crecimiento del PBI de este año, la inversión en Tía María? Hace mal el gobierno en encasillarse en el juego impuesto por Southern-Grupo México. Porque hay que recordar que la actual dinámica de confrontación se recalentó no solo con la huelga provincial, sino también con las declaraciones del alto representante de la empresa, que afirmó que el proyecto se suspendía “por causa de los antimineros”, declaraciones sin duda consultadas y aprobadas por los altos mandos, duchos en la maniobra política y empresarial.

*Periodista