Los últimos sucesos ocurridos en Arequipa, respecto al proyecto minero Tía María, suscitan una serie de interrogantes. Las respuestas a muchas de ellas –¿hizo las cosas bien Southern?, ¿hizo las cosas bien el gobierno?, ¿será realmente beneficioso este proyecto para los pobladores de la provincia de Islay?, ¿qué tanto contaminará el proyecto?– son realmente difíciles de conocer. Una pregunta que posiblemente sea más fácil de responder es ¿qué opinan realmente sobre este proyecto y sobre la minería formal los pobladores de la zona y de la ciudad de Arequipa? ¿Están a favor o no?

Según una encuesta de Ipsos Perú para Arequipa metropolitana de mediados del 2013, el 47% de la población opina que la minería genera más beneficios que perjuicios. Según el mismo informe, los habitantes de la ciudad de Arequipa piensan que la minería formal y el turismo son las actividades económicas que más contribuyen al desarrollo regional y que son, a su vez, las actividades económicas que impulsarán el crecimiento de la región en los próximos cinco años (74% opina que la minería formal contribuye mucho o bastante al desarrollo de la región). La percepción de los arequipeños es que las empresas mineras contribuyen en mayor medida a generar empleo, al desarrollo de la región y al desarrollo de la infraestructura.

Por otro lado, una encuesta también a nivel de Arequipa metropolitana de Aurum Consultoría y Mercado, de inicios del 2015, indica que 73% de los pobladores de la ciudad de Arequipa opina que la minería formal es favorable para la generación de empleo. De igual manera, el porcentaje que opina que la minería formal es favorable para desarrollar la región es también de 73%.

En pocas palabras, la opinión de los pobladores de Arequipa metropolitana, que concentra más del 85% de la población de la región Arequipa, se encuentra más a favor que en contra respecto a la minería formal. Prueba de esto es que la ampliación de Cerro Verde, ubicada muy cerca de la ciudad, prácticamente no encontró ningún tipo de rechazo ni obstáculo por parte de la población. Cabe destacar que Cerro Verde sobresale entre las grandes mineras del país por su buena gestión en cuanto a las relaciones con las comunidades, desarrollo de obras de impacto, comunicación con la población, etc.

No obstante, en la provincia de Islay, ubicada a varios kilómetros de la ciudad de Arequipa, inmersa en otra realidad y no necesariamente beneficiada por la buena gestión de Cerro Verde, la opinión no tendría por qué ser similar. Se dispone de los resultados de un estudio de opinión pública sobre el proyecto Tía María en la provincia de Islay, realizado en el 2011 por una de las principales encuestadoras a nivel nacional, los cuales permiten conocer cuál era hace cuatro años la real percepción de los pobladores oriundos de la zona sobre la minería formal y Tía María.

Este estudio refleja que el 82% de pobladores de la zona conocía en ese momento el proyecto Tía María y al 34% de ellos les agradaba o les agradaba mucho el proyecto. Dentro de los aspectos positivos que los pobladores resaltaban del proyecto, están principalmente la generación de puestos de trabajo (56%) y el desarrollo para la provincia (31%); por otro lado, los principales aspectos negativos percibidos por los pobladores giraban en torno a los efectos de la contaminación que el proyecto podría traer, como la contaminación del medio ambiente (54%) y el daño que se generaría a la agricultura (34%). Asimismo, el 40% de pobladores estaba de acuerdo con Tía María y 21% tenía una opinión neutral, y ascendía de esta manera a 61% el porcentaje de la población que no estaba en contra del proyecto. El 39% que afirmaba estar en desacuerdo con el proyecto lo hacía en gran medida por el temor a que se viera afectada su principal fuente de ingresos –la agricultura–, por efecto de la contaminación que consideraban se produciría en la zona.

Si bien tanto en la ciudad de Arequipa como en la provincia de Islay existen grupos que no están a favor de la minería formal, éstos son una minoría, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones, donde grandes proyectos mineros también encontraron un fuerte rechazo por parte de la población. Entonces se podría concluir que el rechazo de Tía María no obedece a la ‘voluntad del pueblo’, sino a cuestiones de otra índole.

Abad Ventura

El fiscal de la provincia de Islay, Álvaro Torres, formalizó  el requerimiento de prisión preventiva por 9 meses para el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo Reynoso, y el agricultor Roger Ramos Flores, quienes son acusados de obstruir las vías de comunicación y   desacato a la autoridad.

Cornejo y Ramos fueron detenidos el último miércoles  por la policía en el sector de El Fiscal-Valle de Tambo, cuando presuntamente pretendían bloquear la Panamericana Sur.

Un día antes el premier Pedro Cateriano advirtió que el gobierno solicitará la detención de quienes sigan enfrentándose a la policía en su oposición al proyecto Tía María de Southern Perú.

Mañana, a primera hora, la jueza de investigación preparatoria de Mollendo, Janet Lastra, decidirá si acepta o no el pedido de prisión preventiva.

Cornejo es uno de los dirigentes que encabezaron desde el primer día (23 de marzo) el paro indefinido y las protestas contra Tía María.

PIDEN LIBERTAD

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, calificó ambas detenciones como arbitrarias.

"Hemos conversado con el dirigente y estamos seguros de que es una detención arbitraria porque se le acusa de haber querido tomar la carretera y no se les puede juzgar por un delito que pudiera cometer en el futuro", afirmó.

Agregó que espera que la Fiscalía y el Poder Judicial tomen una buena decisión sobre la situación de Cornejo para que el conflicto no se encienda más. "No se eche más gasolina al fuego", anotó.

Silva Santisteban llegó al Valle de Tambo para recoger información sobre probables violaciones de derechos humanos por el excesivo uso de la fuerza policial.

A BUEN RACAUDO

Tras la detención de Cornejo, otros dirigentes como Pepe Julio Gutiérrez no han vuelto a ser vistos en público y mantienen sus teléfonos apagados. 

Quien sí aceptó dialogar brevemente por teléfono con La República fue el alcalde distrital de Punta de Bombón, Jaime de la Cruz. Expresó que no teme ser detenido. "No tenemos miedo, porque no somos delincuentes y no hemos cometido ninguna infracción", dijo. 

Manifestó que la presencia del Estado en el valle de Tambo no se siente, pese a que existen compromisos para solucionar el conflicto. 

Mientras tanto, el ministro de Educación, Jaime Saavedra, invocó a los manifestantes del Valle de Tambo que permitan la reanudación de las labores escolares, suspendidas hace más de 20 días.