El Concejo Deliberante de Córdoba dará tratamiento esta mañana al proyecto de ratificación del acuerdo suscripto entre la empresa Dioxitex S.A., la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Municipalidad de Córdoba. Este convenio, firmado el 7 de noviembre de 2012, establecía en 18 meses -con una prórroga de otros seis meses más- el plazo máximo para “cumplir con las tareas de traslado y la relocalización” de la planta.

En diálogo con El Argentino, el concejal del bloque Eva Duarte, Miguel Siciliano, adelantó que es esperable que la planta se traslade “en menos de un año”. “Quedan pocos meses”, estimó el edil y señaló que luego de la reubicación quedará pendiente “el tema de los residuos”.

En noviembre del año pasado, a pocos días de sufrirse el impacto que generó la explosión de la Química Raponi en pleno corazón de barrio Alta Córdoba, la gestión Mestre decidió la clausura de Dioxitek.

La decisión implicó no solamente poner en peligro el abastecimiento de las centrales nucleares argentinas –que generan energía para más de 7 millones de argentinos-, sino también abrir al mismo tiempo un escenario de incertidumbre para los trabajadores de la planta. Además, la clausura implicó el planteo de un posible frente de negociación con el gobierno nacional.

 Próximo destino, Formosa

Entretanto, la empresa estatal -cuyas acciones pertenecen en un 99% a la CONAE y 1% a la provincia de Mendoza- que provee de polvo de uranio a las centrales nucleares de Embalse, Atucha I y II, ya venía cumpliendo con los pasos necesarios para trasladar sus actividades a Formosa.

Antes de la clausura, Dioxitek había presentado el estudio de impacto ambiental que exige la Ley N° 1060 vigente en Formosa, y que fue aprobado por el Ministerio de Producción de aquella provincia, según se publicó el 31 de octubre de 2014 en el Boletín Oficial formoseño. Con la posterior apertura del proceso de licitación anunciado en enero, es prácticamente un hecho que la planta de dióxido de uranio se emplazará en el predio del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de esa provincia.

El proceso de relocalización de una planta de esas características implica una serie de procedimientos técnicos que deben ajustarse a las normativas vigentes, tanto a nivel local, como nacional. La inversión para concretar el traslado a Formosa rondaría los 150 millones de dólares y su concreción depende de los plazos formales que hacen a su radicación en la nueva locación.

De acuerdo a lo que informó oficialmente la empresa, el ‘Proyecto Nueva Planta de UO2 en Formosa’ implica el “diseño, construcción, montaje y puesta en marcha de una planta industrial que contará con la tecnología más avanzada que existe actualmente para este tipo de instalaciones a nivel mundial”.

“La nueva planta de Dioxitek tendrá capacidad para producir 460 toneladas de dióxido de uranio por año, lo que significa triplicar el actual nivel de producción con el que cuenta nuestro país”, detallaron desde la firma.

Ante el inminente traslado, los trabajadores de Dioxitek realizarán una asamblea el próximo martes en la planta “para analizar la situación”. Así lo confirmó a este medio Diego Guerra, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y aseguró que hasta el momento, los empleados “no conocen más detalles” acerca de la relocalización.