Los tres últimos años no han sido buenos años para la industria minera en el país. Entre el 2012 y el 2014, específicamente, la inversión en proyectos de exploración cayó en un 49%. Actualmente la mitad de mineras junior están cerrando sus puertas, proyectos importantes como Michiquillay y Cañariaco se encuentran paralizados y el precio de los minerales dista mucho de aquel que despertó el interés de inversionistas a principios de la década.
Esta mala racha, sin embargo, no es exclusiva del Perú. Países como Canadá, Australia y Estados Unidos, por ejemplo, han podido ver cómo, durante los últimos dos años, la financiación de sus proyectos se ha reducido en más del 50%.
La reactivación de la exploración y explotación mineras significaría, sin embargo, el desarrollo de megaproyectos con capitales que beneficiarían enormemente al crecimiento de nuestra economía. Con ello en mente, ¿cómo puede el Estado Peruano luchar contra la caída de ese mercado en la actual coyuntura?
Los resultados del estudio publicado este año por el Instituto Fraser pueden darnos una pista. Si tomamos en cuenta el potencial geológico del país, el Perú ocupa el puesto 9 entre los 122 territorios evaluados. Nuestro subsuelo es bastante atractivo y deberíamos ser, en consecuencia, gigantes mineros capaces de atraer inversiones de todo el mundo. La realidad, empero, no resulta tan alentadora. Y es que, si lo que se evalúa son más bien políticas gubernamentales y riesgo político –incertidumbre en la administración de regulación medioambiental, tributaria, catastral, etc.–, nos precipitamos al puesto 52 de la lista. Este contraste entre el potencial geológico y la realidad política nos hace vulnerables al disminuir nuestra capacidad de competir con otros países de la región, con lo que ese potencial deviene solo en una oportunidad que nunca logramos aprovechar.
En otras palabras, barreras burocráticas y sociales hacen que, al momento de tomar decisiones de negocios, los inversionistas vean borroso el panorama nacional y decidan dirigir su capital a países que, sin necesariamente tener mayores riquezas minerales, cuentan con políticas públicas más eficientes y de menor riesgo. Esto debería ser razón suficiente para promover reformas institucionales que ayuden a impulsar la generación de nuevas inversiones mineras, ya que, de no hacerlo, países como Chile, por citar un competidor directo que se encuentra en el puesto 22, tendrá una ventaja sobre nosotros al promover su cartera de proyectos.
Por eso, negar la importancia de la minería como uno de los motores de la economía nacional, tal como hacen quienes se oponen a las explotaciones en Cajamarca, Arequipa y tantas otras regiones del país, es irresponsable. No se puede tomar a la ligera una actividad que representa cerca del 62% del valor de nuestras exportaciones, contribuye con el 14,7% del PBI, beneficiando –directa e indirectamente– a más de 2,5 millones de peruanos, y significa para el Estado cerca del 15% del total de su recaudación. Queda claro, entonces, que no disminuir la brecha entre el potencial minero ideal y la realidad del sector, equivale para nosotros a tener un tesoro escondido y no poder desenterrarlo.
Lograr esto, desde luego, no es fácil. La confianza empresarial es muy susceptible en momentos de crisis y, pese a que se han realizado ciertas reformas desde el Ministerio de Energía y Minas (Minem) –la creación de una comisión para destrabar inversiones mineras que incorpora conceptos como la intervención temprana, la atención descentralizada de la conflictividad, la intervención multisectorial articulada y la promoción de la transparencia en las actividades extractivas– esto no es suficiente. Y los resultados muestran que aún existe bastante escepticismo en el sector.
Urgen, en consecuencia, nuevas gestiones sociales del Minem para destacar el valor productivo de esta actividad económica, que involucren a las comunidades y los gobiernos regionales concernidos. Y es que, mientras continúen produciéndose situaciones como la de Conga –donde pese a que se contaba con todos los permisos necesarios la explotación minera fue saboteada por el gobierno regional– o la del proyecto Tía María –cuya eventual cancelación supondría la pérdida de un ingreso cercano a los S/.300 millones anuales para Arequipa–, la debilidad institucional seguirá sugiriendo que, por el momento, el riesgo pesa más que la promesa de un tesoro enterrado bajo los Andes.
