El gobierno neuquino envió ayer a Rusia la ley que sancionó la Legislatura provincial la semana pasada que declaró de utilidad pública unas 22.000 hectáreas de tierras. Se trata de las parcelas que serán expropiadas para garantizar el lugar donde se construirá la presa Chihuido I, que cuenta con financiamiento de aquel país.

Así lo confirmó el gobernador Jorge Sapag, quien consideró que el viaje de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a Rusia es algo así como la etapa preliminar a que se asegure el financiamiento para la concreción de un proyecto anhelado por el gobierno.

Al mismo tiempo, el titular del Ejecutivo ratificó que sigue habiendo interés del gigante de los hidrocarburos Gazprom en venir a invertir a Neuquén.

Sapag consideró que en el viaje de la presidenta a Rusia “se van a repasar todos los términos contractuales de la firma del contrato de financiamiento que se va a firmar más adelante en la provincia de Neuquén”.

Agregó que “se van a ver los detalles del financiamiento”. “Hoy (por ayer) estamos enviando a Rusia el texto de la ley aprobada en la Legislatura para la expropiación de las tierras necesarias para las 18.600 hectáreas del lago”, dijo.

La intervención rusa es sustancial: la obra demandará una inversión estimada de 18.039.210.643 pesos, de los cuales el Banco de Desarrollo y Comercio Exterior de la Federación Rusa aportará el 85%, a través de un préstamo de 1.938 millones a las empresas encargadas de la obra.

Para el gobernador, la concreción del proyecto está “cada vez más cerca; ahora falta empujar la pelota en el arco. Falta la firma del financiamiento que, si Dios quiere, sería en el mes de junio”.

“Ojalá -deseó el gobernador- podamos iniciar  las obras antes del 10 de diciembre, porque algún adversario mío dijo que Vaca Muerta está más muerta que nunca y que Chihuido no se iba a hacer”.

En otro tramo, Sapag dijo que “Gazprom tiene mucho interés de invertir en la provincia de Neuquén”, y por eso también definió como “importante” al viaje de Cristina.

Sobre la ley de expropiación, los diputados provinciales aprobaron por una amplia mayoría el proyecto que declara la utilidad de tierras en la zona de influencia de la represa. Se estima una indemnización cercana a $20 millones.