Miembros del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán quieren que la Justicia anule la disposición por la que la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) resignó, en 2008, la mitad de las utilidades de la firma Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). La casa de altos estudios aspira a recuperar el 40% de las utilidades que tenía en forma original. Según publicó el diario La Gaceta de Tucumán, el tema estaba previsto en el orden del día de la reunión del Consejo Superior que se realizó ayer.
La Ley N° 14.771 (creación de YMAD) prevé que las utilidades de esa firma se debían distribuir del siguiente modo: el 60% para Catamarca y el 40 % para la UNT, hasta que se termine la construcción de la "ciudad universitaria” -en referencia a aquella obra inconclusa, ubicada en San Javier, que se empezó a construir durante el rectorado de Horacio Descole (1946-1951). Una vez finalizadas estas obras, la UNT debía pasar a percibir el 50% de lo que recibía -es decir, el 20% del total-, y la mitad restante -otro 20% del total- se distribuiría entre las demás universidades del Estado.
El 2 de enero de 2008, el entonces rector, Juan Alberto Cerisola, firmó una resolución en la que daba por terminada la construcción de la ciudad universitaria, sobre la base de una redefinición de aquel concepto.
Esta decisión -que se conoció a partir del informe de fin de gestión del ex representante de la UNT ante el directorio de YMAD Florencio Aceñolaza- implicó que desde aquel momento la UNT dejó de percibir un 20% de las utilidades que, según había estimado Aceñolaza, sumaban unos $ 500 millones en seis años.
El tema estaba en el orden del día de la primera sesión del Consejo Superior que se realizaba ayer.
El pedido, para que la UNT recurra a la Justicia para reclamar la nulidad de la resolución firmada por Cerisola, contaría con el aval de una veintena de consejeros.
Según fuentes del máximo órgano deliberativo de Gobierno de la UNT, solo la Justicia puede anular la disposición, debido a que ya generó efectos, puesto que varias universidades nacionales ya recibieron fondos de YMAD, de la parte que resignó la UNT.
Según trascendió, el Consejo Superior pediría que la Justicia declare nula aquella resolución y que se comunique a la empresa minera, a las otras universidades nacionales y a la Fiscalía de Investigación Administrativa. A esta última, para que realice una pesquisa y determine si en el contexto del acto administrativo se cometió algún delito.
La primera sesión del año del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se desarrolló por momentos en un clima denso, que incluyó graves acusaciones por parte de un consejero en contra de sus pares. El clímax se dio durante el tratamiento del primer punto de la orden del día, que proponía que las autoridades soliciten a la Justicia que anule una resolución de 2008 por la cual se daban por finalizadas las obras referidas a la “ciudad universitaria”, lo que implicaba que la UNT dejaba de recibir la mitad de sus utilidades de la firma Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).
La Ley N° 14.771 (creación de YMAD) prevé que las utilidades de la empresa se distribuyan del siguiente modo: el 60% para Catamarca y el 40 % para la UNT, hasta que se termine la “ciudad universitaria” -en referencia al edificio inconcluso, ubicado en San Javier, que se empezó a construir durante el Rectorado de Horacio Descole-. Acabadas las obras, la UNT debía percibir la mitad de lo que recibía -el 20% del total-, y el otro 20% del total se distribuiría entre las demás universidades del Estado.
El 2 de enero de 2008, el ex rector Juan Alberto Cerisola firmó la resolución por la cual daba por terminada la “ciudad universitaria”, sobre la base -según dijo a LA GACETA en septiembre pasado- de una redefinición del concepto. “Cuando (YMAD empezó a distribuir utilidades) nos dimos con que el proyecto de ciudad universitaria ya no era viable. Por ello, repensamos la ciudad universitaria, lo que significaba sustituir el proyecto de San Javier”, había dicho. Según estimaciones del ex representante de la UNT ante YMAD Florencio Aceñolaza, tal decisión significó que la universidad dejó de recibir unos $ 500 millones.
Pese a que en la última sesión del año pasado se había decidido que las tres comisiones permanentes del cuerpo se pronuncien respecto del planteo de que la rectora, Alicia Bardón, pida a la Justicia que anule aquella disposición, el tema volvió al recinto ayer sin contar con todos los aconsejamientos.
La titular de Enseñanza y Disciplina, la decana de Naturales, Margarita Hidalgo, explicó que esa comisión no había adherido a la propuesta porque consideraban necesario la opinión de Asuntos Jurídicos. “El artículo 1° decía que la rectora disponga realizar acciones de lesividad. Hasta no oír a Jurídicos no íbamos a firmar”, señaló.
“Queremos esquivarlo”
Visiblemente enojado, el consejero por los graduados Ricardo Cisneros reclamó su tratamiento, con severidad. “¿Perdemos $ 500 millones y hablan de un tecnicismo jurídico? ¡En la comisión hay una asesora de Asuntos Jurídicos! Lo digamos de frente: ¡no queremos tratarlo, queremos esquivarlo! ¡Demos la cara, no nos ocultemos! Para eso hicimos un juramento. ¡Hay que tratar este tema!”, bramó.
Hidalgo le respondió a Cisneros. “No existe la intención de esquivar, de ocultar o de no tratar el tema. Al contrario; queremos hacerlo, pero con conocimiento válido e irrefutable”, dijo. El titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro, precisó que el asesoramiento que pudiera brindar la persona de esa dependencia que colabora con las comisiones no debe interpretarse como un dictamen oficial del área.
La decana de Artes, y titular de la comisión de Interpretación y Reglamento, Raquel Pastor, también le contestó a Cisneros. “No me haré cargo de acusaciones que van y vienen. Trabajé con seriedad, compromiso y objetividad cada tema”, afirmó. Y explicó por qué acordaba con la moción del consejero Jorge Molina (docentes titulares) de que el tema sea tratado en una reunión conjunta de las tres comisiones. “Por respeto, no diré de quiénes; pero hay muchas opiniones que están siendo modificadas, y por eso considero que debería darse la instancia de la discusión en comisiones”, indicó Pastor.
El cuerpo decidió por unanimidad que desde las 8.30 del martes se reúnan las tres comisiones para debatir un dictamen que será tratado el martes 28.
