El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) defiende esta tarde ante el Tribunal del Indecopi la legalidad del Aporte por Regulación (ApR), pues su vigencia resulta vital para la vigilancia del uso sostenible de nuestros recursos, aseguró su titular.

Un día decisivo para la fiscalización ambiental en el país, pues el Indecopi deberá decidir el futuro de casi el 80% del presupuesto destinado a estas actividades de monitoreo, ¿verdad?

–En efecto, para hoy está programada la audiencia oral de apelación en segunda instancia ante la Sala Especializada en Defensa de la Comptencia del Indecopi, en que se deberá decidir sobre la denuncia presentada por cuatro empresas contra el OEFA para no pagar el Aporte por regulación (ApR). De cuestionarse este aporte, estaría en riesgo la fiscalización ambiental minera, por afectarse como lo menciona casi el 80% de los recursos destinado para ese fin.

–¿Cómo se llega a esta situación? ¿Por qué un grupo de empresas mineras quiere desconocer este carácter recaudador ante el Indecopi y la judicatura?

–Un grupo de empresas mineras, junto al gremio que las reúne, presentó dos demandas de acción popular contra el DS Nº 130-2013-PCM que fija en 0.15% la alícuota del ApR, aduciendo que este vulneraba los principios de legalidad y de no confiscatoriedad. La Corte de Lima declaró infundadas ambas demandas. La decisión fue impugnada y estamos a la espera de que sea ratificada por la Corte Suprema.

–Sin embargo, ¿estas acciones continuaron en sede administrativa?

–Otro grupo de cuatro empresas demandó al OEFA ante el Indecopi afirmando que el ApR constituía una barrera burocrática ilegal. Esta entidad se pronunció en primera instancia calificando al aporte como tal, aun cuando reconocía expresamente que respetaría las sentencias judiciales pendientes en los procesos en marcha. Justificó su decisión aduciendo que no existía una ley que expresamente califique al OEFA como acreedor tributario. Nuestra entidad apeló la decisión planteando que se reconozca la prevalencia de las dos sentencias dictadas por el Poder Judicial en los procesos de acción popular que confirman la legalidad y constitucionalidad del ApR.

–¿Confía en todo caso que este colegiado reserve el fallo hasta que la Corte Suprema decida en última instancia jurisdiccional?

–En efecto, el OEFA ha solicitado al Indecopi que suspenda su fallo final, a la espera de que la Corte Suprema resuelva las acciones populares interpuestas contra el ApR, con la finalidad de evitar la existencia de dos pronunciamientos opuestos que podrían afectar la seguridad jurídica, ya que la decisión del Poder Judicial prevalecerá sobre lo resuelto en sede administrativa.

–¿Impugnarían la decisión del Indecopi ante el PJ?

–De ser necesario, lo haremos porque nos asisten la razón y el derecho.

4,295 supervisiones directas estarían en riesgo para este año

De persistir el Indecopi en su posición, ¿cómo se afectaría la fiscalización ambiental en el país?

El OEFA necesita del ApR para no retornar al esquema anterior financiado por las propias unidades mineras, a través del llamado arancel, que limitaba este proceso solo a la verificación de las instalaciones y, que por consiguiente, no evitó problemas de contaminación que generaron desconfianza en la población. Por ello, insistimos en que la calificación de este aporte, como una barrera burocrática ilegal, afectaría la nueva estrategia de fiscalización ambiental diseñada por el OEFA para los ámbitos más críticos del sector minería.

¿Esta es la diferencia entre arancel y aporte?

Así es, este aporte financia no solo la zona de influencia de la actividad minera, sino también la evaluación de la calidad ambiental, el monitoreo ambiental participativo, la participación en espacios de diálogo para reducir la conflictividad social, y el régimen de incentivos de buenas prácticas.

¿Cuántas fiscalizaciones no se realizarían si el Indecopi mantiene su posición?

Para este año, la OEFA tiene planificado realizar 4,295 supervisiones directas en los tres rubros de competencia: 730 en minería, 3,295 en hidrocarburos y 270 en electricidad. A esto deben sumarse siete planes integrales de evaluación ambiental, ocho monitoreos y la participación en 32 mesas de diálogo, entre otros.