Miguel Páez, Ricardo Bordón y Cristian Gordillo, asambleístas de ATE Río Turbio, desnudaron inconvenientes internos en YCRT con algunos funcionarios y con los representantes de APS, luego de las negociaciones por la aplicación de la Resolución 410. Hoy se realizará una reunión con trabajadores que fueron mal liquidados por irregularidades en torno a esta disputa con el gremio hermano.

Los dirigentes son los elegidos por los integrantes del sindicato para representar los intereses de la organización en las últimas asambleas realizadas el año pasado. Por caso, fueron quienes estuvieron en la negociación por la aplicación de la Resolución 410, que establecía el límite de representación entre ATE y APS, como así también una equiparación salarial que beneficiaría a 1853 trabajadores. 

“Después de volver de Buenos Aires, se conformó una comisión para seguir el cumplimiento de lo acordado. Por eso se empezaron a hacer las gestiones para sustentar los reclamos ante la empresa, que interpretó el acta y que nos planteó sus propuestas. Nosotros no las consideramos correctas, porque había rubros que no tenían que tomarse en cuenta, como el título o la antigüedad, porque son funciones iguales en ambos sindicatos. Ellos afirmaron su propuesta, que alcanzaba a 194 compañeros, a diferencia de los 1853 que nos habían dicho en Buenos Aires. Pusieron el título como una función, equiparando a un administrativo con título de APS con uno de ATE, cuando en realidad, había que equiparar a los administrativos de cada gremio, con o sin título. Hicimos varias reuniones. En su momento, la empresa incumplió lo acordado y se hizo una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, porque tenían que pagar la equiparación desde el 1 de enero de este año; no fue así, recién este mes se abonó el retroactivo al 1 de enero. Fuimos a las reuniones con todos los argumentos necesarios para defender nuestra iniciativa, e incluso pedimos que se cumpliera lo acordado de palabra, que es la equiparación de los 1853 trabajadores. 
La última fue el 6 de marzo. Participaron el interventor Atanacio Pérez Osuna y el coordinador Miguel Ángel Larregina, quienes hicieron diferentes ejercicios de liquidación. Nos plantearon que los que no estaban en el listado de los 194 iban a recibir un aumento del 10 %. Nosotros no podíamos seguir discutiendo esta situación, porque iba en contra de nuestros intereses. Siempre nos sentamos de buena fe, y ellos tuvieron mala intención. Decidimos recibir ese 10 % para unos 2035 compañeros para avanzar en la negociación. Lo tomamos como un principio de aplicación de la 410. Ahora, queremos avanzar al 30 de abril y que se aplique la 410 definitivamente”, manifestó Páez, inicialmente.