(Por Julio Lira Segura*) Se cumplen 23 días del paro en Islay contra el proyecto cuprífero de Tía María, que impulsa Southern. Esta vez, el propio presidente de la República, Ollanta Humala, ha salido a jugársela para que, a diferencia de anteriores iniciativas, esta no se frustre.
Pero no solo en este empeño se encuentra el mandatario, también el ministro del Ambiente (Minam), Manuel Pulgar-Vidal, que en el sector empresarial no tiene mucha aceptación. El titular del Minam se ha expresado tanto en Islay (en Arequipa) como en diversos medios a favor de Tía María. Incluso, señala que ya se han absuelto todas las observaciones que se hicieron al estudio de impacto ambiental.
Aun así, las protestas continúan. Se espera que cuando el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, se presente ante el Congreso para obtener el voto de confianza, el Gobierno haya logrado disminuir la resistencia a la inversión. Es esta resistencia la que todavía detiene la decisión del Ministerio de Energía y Minas para dar a la empresa la licencia de construcción a fin de que empiece con las obras.
Si bien, hay un componente político en las protestas, también hay mucha desinformación sobre el impacto ambiental del yacimiento, que por cierto es aprovechado por quienes se oponen al mismo.
Mal haría el Gobierno, si como en Conga, renunciara a promover la construcción de la mina. Más bien, Tía María puede constituir el punto de inflexión para que se recupere la confianza en la minería. Esta tarea no solo corresponde a las autoridades del Gobierno, de las regiones y de los municipios, sino también al sector privado, a fin de que la licencia social no se convierta en un obstáculo y pase a ser un requerimiento básico y de compromiso con la población para que se mitiguen las consecuencias que toda inversión tiene sobre el ambiente.
Desde que se inició la administración Humala, se estima que hay cerca de US$ 14,000 millones de inversiones mineras que están paralizadas. El Ministerio de Energía y Minas considera que hay una cartera de más de US$ 52,600 millones con plazos establecidos, pero la realidad es otra. Se prevé que no suman más de US$ 20,000 millones las iniciativas que pueden concretarse, constituyéndose en menos de la mitad de la cartera que se maneja en Chile e incluso en Argentina.
Recuperar la credibilidad en la actividad extractiva es una tarea que deberá ser parte del debate en las elecciones presidenciales del 2016. También será necesario afinar los procedimientos y mecanismos de aprobación de los permisos ambientales, así como aclarar si corresponde -como ha planteado la Defensoría del Pueblo- llevar a cabo consultas previas en la sierra donde haya comunidades campesinas. Asimismo, deberá establecer una hoja de ruta de la fiscalización, ya que hay una mayor regulación y varias disputas, algunas pertinentes, otras no. Un ejemplo de ello será la decisión que esta semana se adopte sobre los aportes y el destino de los recursos de la OEFA.
Pretender explicar el retroceso que hay en la exploración y explotación minera solo por factores políticos, puede ser un error.
*Director de Gestión.
