Todo está encaminado a que se revierta el aumento en las boletas del gas. El algunos casos la suba llegó al 600%.

Gasnor tenía tiempo hasta el 10 de abril para cumplir con la orden que dio la Justicia federal para presentar los resultados de una audiencia pública sobre el aumento en las boletas del gas, vigente desde el año pasado para los usuarios salteños.

La empresa distribuidora de gas nunca convoó a tal audiencia y la desobediencia judicial da lugar a que avance el recurso de amparo en contra del tarifazo, el mismo fue presentado por la asociación civil El Consumidor en Acción (ECEA).

Salta es la única provincia del país donde todavía se mantienen los aumentos en las facturas del gas, que llegaron en algunas viviendas hasta un 600 por ciento.

El incremento tarifario, que se implementó a nivel nacional tras las quitas de subsidios, fue revocado en 27 jurisdicciones mediante recursos de amparos.

Solo en la provincia de Salta la Justicia federal, representada en este caso por el juez Miguel Medina, no hizo lugar al reclamo de inconstitucionalidad de los decretos que autorizaron las subas en las boletas del servicio del gas.

En febrero de este año la Cámara Federal falló en contra de la resolución del juez Medina y le ordenó que inste a la compañía Gasnor a realizar una audiencia pública, ya que la empresa no había cumplido con este paso previo antes de realizar el aumento de un servicio público, como establece la ley nacional 24.076.

Por Annabella Quiroga.

La semana pasada se puso en marcha el Plan Hogar, con el que se subsidiará la compra de garrafas para 2,5 millones de hogares de bajos recursos. La medida marca un cambio en la estrategia del Gobierno, que hasta ahora estaba focalizada en sostener la oferta antes que en apuntalar la demanda. Para los analistas, el crecimiento exponencial de los subsidios económicos –las transferencias al sector privado destinadas a compensar el atraso tarifario– y la inequidad que éstos generan serán una piedra en el zapato de la próxima gestión presidencial. “Los subsidios han crecido en forma exponencial desde 2006 hasta llegar a representar más del 5% del PBI”, indica Lucio Castro, director de Desarrollo Económico del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y uno de los economistas que más ha estudiado el tema.

La consultora ACM detalla que en 2014, los subsidios económicos totalizaron $235.00 millones –un monto equivalente al 5,9% del PBI– y que representan el 80% de las transferencias al sector privado. “Estas partidas explicarían poco más del 30% del crecimiento el gasto primario en 2014”, dice Maximiliano Castillo Carrillo. Claramente, dentro de la composición del gasto tienen más peso estas transferencias a los servicios públicos que los subsidios sociales, como la Asignación Universal por Hijo.

La primera mirada sobre los subsidios suele estar puesta en el impacto que éstos tienen sobre las cuentas públicas. De hecho, en diálogo con iEco, Castro destaca que “el crecimiento exponencial de estas partidas se dio en la era de los superávits fiscales, cuando el resultado positivo alcanzaba al 3% del PBI”. Esos tiempos quedaron atrás. El déficit público ya supera el 5% del PBI, y según la proyección de ACM, Cristina Kirchner se encamina a terminar su mandato con un rojo fiscal de la misma magnitud que el que existía en la década del 80.

Si bien parte del aumento del gasto está vinculada a los subsidios –por lo que la reducción de estas partidas será una de las principales cuentas pendientes del próximo gobierno–, los analistas remarcan que el actual esquema es insostenible no solo porque es caro, sino también porque es ineficiente.

Según la Asociación Argentina del Presupuesto (ASAP), “el actual esquema genera filtraciones hacia sectores de ingresos medios, mantiene niveles no menores de exclusión de hogares vulnerables, y enfrenta significativos desafíos de implementación”. La entidad consigna que en los últimos dos años hubo algunos avances en la reducción de estas partidas. Tras los aumentos tarifarios de 2012, los subsidios al transporte disminuyeron su participación en el total de estas transferencias: del 40% que representaban en 2011 pasaron al 28% en 2013. También apunta que en esta segunda etapa se lograron mejoras en la calidad del servicio de transporte, ya que bajó la antigüedad media del parque y aumentó la calidad de kilómetros recorridos. En cambio, “no se logró disminuir la inequidad en la distribución geográfica de los subsidios, persistiendo una concentración en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano”.

El CIPPEC apunta que, según estándares internacionales, los subsidios deberían estar destinados a los hogares en los que el transporte representa más del 10% del gasto. “El hecho de que las partidas estén focalizadas en la demanda y no en la oferta genera estas distorsiones”. Castro precisa que “el Gobierno eligió subsidiar a la oferta porque es lo más fácil; subsidiar a la demanda requiere tener capacidades administrativas que no son triviales para identificar a aquellos usuarios que se quiere beneficiar. En la mayoría de los casos, un aumento en los ingresos equivalente al monto del subsidio sería un medio eficaz para mejorar el bienestar de ese segmento de la población”.

Para argumentar la inequidad de los subsidios, Castro remarca que en la estructura poblacional “los dos deciles de mayores ingresos se apropian del 30% de los subsidios, mientras los dos deciles de menores ingresos reciben el 10%”. Pero advierte que “no hay que confundir reducir con eliminar. En todas partes del mundo hay subsidios al transporte, pero en la Argentina el 80% de los ingresos de las empresas están explicados por el subsidio, cuando a nivel internacional una relación lógica es de 50%”.

Para el analista de CIPPEC, tras doce años de tarifas subsidiadas, “la salida de este esquema será difícil y estará plagada de riesgos. Y va a ser técnicamente complejo. El principal mandato del próximo gobierno será implementar algún plan de estabilización de precios. Por eso, cualquier salida a los subsidios tiene que tener en cuenta el impacto distributivo”. Los cálculos del CIPPEC muestran que por cada 30% de aumento en las tarifas de servicios, la inflación sube 4,5 puntos porcentuales. “Hay un efecto de segundo orden, ya que si suben las tarifas, parte de ese aumento las empresas lo van a volcar sobre los precios. Dependiendo de cuánto traspaso haya, mayor va a ser el impacto inflacionario”, indican.

Para el economista Fernando Navajas, de FIEL, “un aumento del precio de la energía para eliminar los subsidios provoca un shock del 11% sobre la tasa de inflación de corto plazo, si bien reduce la misma en el largo plazo”.

Castro indica también que “el peso de estos servicios en la canasta de gastos va aumentando a medida que disminuye el ingreso promedio. Por eso hay que implementar un esquema gradual y segmentado que apunte a proteger a los sectores más vulnerables, pero también hay que tener en cuenta que buena parte de la clase media sigue siendo frágil”.

Otra de las distorsiones que generan los subsidios es que desincentivan las inversiones. Esto ocurre porque la ganancia de los empresarios ya no depende del consumo que generen sino que está atada a las transferencias públicas. El relevamiento del CIPPEC indica que en promedio, desde 2003, las tarifas ajustadas por inflación cayeron 40%. “Esto genera una erosión fenomenal de la rentabilidad, que fue compensada con subsidios masivos a la oferta”, indica Castro.

Además del caso de las garrafas, la implementación de la tarjeta SUBE es otro de los pasos que ya se han dado para pasar del subsidio de la oferta al subsidio a la demanda. En diciembre de 2012, la SUBE se utilizó para segmentar la tarifa en favor de jubilados, estudiantes, titulares de planes sociales, empleadas domesticas y discapacitados. “Para el resto de la sociedad, la tarifa de colectivo subió 10% en términos reales”, sostiene Castro.

A seis meses de las elecciones presidenciales, hasta ahora los precandidatos no se han definido respecto a los subsidios. “Los candidatos están tomando conciencia de que el escenario será más complejo de lo que se esperaba hace un año. No va a haber lluvia de capitales, hay un deterioro del escenario internacional, Brasil no repunta, hay suba de tasas en Estados Unidos, peores precios en los commodities y menos crecimiento global. Reducir los subsidios es difícil de procesar políticamente, pero no hay mucho margen desde el punto de vista fiscal. Cualquier otro ajuste, como el recorte de salarios y jubilaciones que se hizo en el pasado, sería profundamente regresivo”.

Desde el último trimestre del año pasado, los fondos destinados a los subsidios económicos se vienen desacelerando por la baja en el precio del petróleo y su traslado sobre el resto de los combustibles. También la estabilidad del tipo de cambio –que abarata en pesos la importación del combustible necesario para proveer de electricidad y gas– y el deterioro de la actividad económica hicieron que, según ACM, las importaciones de combustibles cayeran 60% interanual en el primer bimestre de 2015.

En este contexto, Castillo Carrillo señala que las transferencias al sector privado crecieron solo 21,3% en enero, cuando en todo 2014 lo hicieron por 59,1%. De cara el resto del año, “continuamos esperando una desaceleración importante que implique un desembolso en términos nominales levemente superior al de 2014. Sin embargo, en un año electoral, los riesgos son al alza”, advierte.