La denuncia, realizada por la Cancillería y el Ministerio de Planificación Federal, fue presentada por el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, y la secretaria de Energía, Mariana Matranga, ante el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella.

"No podemos permitir que se lleven las riquezas del territorio argentino y que son recursos pertenecientes a los 40 millones de argentinos. Estas empresas van a tener que responder ante la justicia argentina", afirmó Filmus en declaraciones a la prensa tras presentar el escrito en la sede de la Procuración General de la Nación.

Las empresas denunciadas integran un consorcio responsable de la contratación de una plataforma semi-sumergible, que el pasado 6 de marzo inició una campaña exploratoria en la cuenca Malvinas Norte -a unos 200 kilómetros de las islas- durante la que prevén perforar al menos seis pozos. La denuncia fue realizada concretamente contra los directores, gerentes, síndicos o representantes de las compañías Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited, Noble Energy Inc. y Edison International SpA.

La reforma de la ley 26.659 castiga a las empresas que realicen esas tareas sin el permiso del gobierno argentino en la zona ubicada alrededor de las islas y prevé penas de hasta 15 años prisión, multas equivalentes al valor de 1,5 millones de barriles de petróleo, así­ como la prohibición de que personas y compañí­as puedan operar en Argentina. Esa nueva legislación fue rechazada, tras la aprobación, por el gobierno británico, que consideró que la medida no rige en la zona de las islas y aseveró que su derecho es "legítimo" y "legal".

Filmus precisó que el pasado 2 de marzo el gobierno argentino comunicó a su par del Reino Unido su "formal y enérgica protesta" ante el inminente inicio de actividades de perforación, en tanto que el 9 de marzo se presentó una nota a la empresa Ocean Rig, propietaria de la plataforma Eirik Raude, para que se abstenga de realizar las actividades, pero "todas esas advertencias fueron desoídas". "Esta denuncia está siendo acompañada en el apoyo que tiene a nivel de organismos multilaterales por numerosas declaraciones que le dan a la Argentina el derecho para hacer este reclamo y defender los recursos de los 40 millones de argentinos", sostuvo el funcionario.

Las mismas empresas ya fueron inhabilitadas para operar en territorio argentino por parte de la secretaría de Energía. "Vamos recopilando las pruebas y cuando se demuestra la operación clandestina las inhabilitamos. Estas empresas ya han sido debidamente declaradas ilícitas y han sido inhabilitadas para operar en el territorio nacional por un período de entre 15 y 20 años", explicó Matranga.

El pasado 2 de abril, la prensa británica publicó que las compañías habían encontrado reservas de petroleo y gas en las islas Malvinas, durante el comienzo de una nueva campaña de exploración, en el primero de los cuatro pozos a perforar, ubicado al norte de una de las islas. En su discurso de ese día desde Ushuaia, al cumplirse 33 años del inicio de la guerra que enfrentó a la Argentina con el Reino Unido, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que era una "provocación" el anuncio el mismo día del aniversario del comienzo del conflicto.

Las firmas implicadas en la denuncia son Premier Oil Plc, Falkland Oil and Gas Ltd, Rockhopper Exploration Plc, Noble Energy Inc y Edison International Spa, según un comunicado de la Cancillería argentina.

El hallazgo de petróleo elevó la tensión por el control del archipiélago del Atlántico más de 30 años después de que fuerzas militares argentinas ocuparan la isla y Reino Unido enviara tropas para recapturarla, en una breve guerra en la que murieron 649 argentinos y 255 británicos. 

Argentina denunció a las firmas y a sus directores "por llevar adelante actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin haber obtenido la correspondiente autorización de la Secretaría de Energía", dijo la Cancillería. 

"Las empresas denunciadas integran un consorcio responsable de la contratación de la plataforma semisumergible Eirik Raude, que el pasado 6 de marzo inició una campaña exploratoria en la cuenca Malvinas Norte, a unos 200 kilómetros de las Islas Malvinas, durante la que prevé perforar al menos seis pozos a lo largo de un período estimado de 240-260 días", agregó. 

Premier Oil Plc y Falkland Oil and Gas Ltd comunicaron la semana pasada que hicieron un descubrimiento de hidrocarburos en un pozo en las islas del Atlántico Sur, el primero tras nueve meses de campaña de perforaciones.

Argentina reclama la soberanía de las islas -denominadas Falkland Islands en inglés-, que están ubicadas a unos 480 kilómetros de la costa del país y a unos 12.872 kilómetros de Gran Bretaña. 

A su vez, el gobierno de Reino Unido convocó el jueves a la embajadora argentina para que explique una escalada verbal por la disputa por las Islas Malvinas, que había incluido la inicial amenaza de enjuiciar a empresas de energía británica que operen en la zona.

Por Alejandro Bianchi

La existencia o no de petróleo en el mar que rodea a las islas Malvinas es uno de los puntos que más enfrenta a los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña. Unas pocas empresas están explorando pero todavía no extrajeron ni comercializaron nada. El precio bajo del barril en torno a los u$s 50 y los altos costos de la extracción off shore frenan el negocio. 

Unas pocas empresas se animaron a buscar petróleo y gas en una zona muy hostil en términos climáticos y con esa infraestructura para la actividad petrolera. Desire, Premier Oil, Rockhopper, Argos y Faulkland Oil and Gas son las británicas que están buscando hacer el gran negocio, que todavía no existe. La italiana Edison y la estadounidense Noble Energy también son socias en algunas licencias. 

Desire cree que el potencial de las islas es de 3.500 millones de barriles de petróleo. De concretarse, se transformarían en la nueva Noruega. Otras empresas como la estadounidense Exxon dice que no hay suficiente petróleo como para obtener una ganancia. Shell exploró durante un tiempo años atrás y abandonó las operaciones. 

El gobierno británico en Malvinas, por las dudas, ya armó un esquema para no perderse los ingresos del sueño petrolero. Fijó una regalía del 9% y un impuesto del 26% para las futuras licencias de exploración. Las autoridades quieren armar un fondo soberano donde depositar los ingresos petroleros y así mejor la vida de los isleños. 

El Congreso argentino, en respuesta a la zanahoria que busca mostrar Gran Bretaña, aprobó laley 26.659 que penaliza con "hasta 15 años de prisión, multas equivalentes al valor de 1,5 millones de barriles de petróleo para individuos y compañías, y la confiscación de equipamiento y cualquier hidrocarburo que sea extraído ilegalmente". 

Lo concreto es que nadie ha podido extraer una gota de petróleo y molécula de gas. El precio del barril a 50 dólares desalienta el negocio. No es rentable para las firmas la comercialización de lo que puedan sacar de los pozos mar adentro por los altos costos debido a la hostilidad del clima y la falta de infraestructura en la región. En consecuencia, hacen anuncios cada tanto para intentar atraer inversores y subir el precio de sus acciones en las bolsas que cotizan.

Justo el 2 de abril, Premier Oil y Falkland Oil & Gas hicieron el último anuncio de hallazgo petrolero en las islas Malvinas. La primera dice que tiene 400 millones de barriles recuperables en la zona pero necesita al menos u$s 3.800 millones para sacarlos, recién para 2018. La firma busca un socio comercial para sus áreas. 

Falkland Oil and Gas, la más licencias tiene de todas, es la otra que hizo anuncios en la fecha tan especial. En el mismo comunicado en el que se enorgullece de haber encontrado petróleo y gas en el pozo "Zebedee", dice en los últimos párrafos que el pozo será tapado, que se contratará a un tercero para evaluar los resultados. 

El Gobierno presentó ayer una denuncia penal en la Justicia argentina contra cuatro empresas petroleras que están operando en las costas de las islas Malvinas. Lo hizo en una jornada en la que se renovó la tensión diplomática con Gran Bretaña y cuando la posibilidad de juicios contra las compañías que buscan petróleo en Malvinas habría formado parte de la "preocupación" expresada por el Foreign Office a la embajadora argentina Alicia Castro.

Ésta es la primera oportunidad en que empresas internacionales que buscan petróleo en el mar de Malvinas, son llevadas a la Justicia. Con anterioridad, en agosto de 2013 la Secretaría de Energía inhabilitó por períodos de 15 a 20 años a seis empresas para desarrollar actividades en el país, por realizar exploración en la plataforma continental en zonas próximas a las islas sin haber obtenido habilitación de parte de la autoridad competente de la Argentina. Entre esas firmas, Falkland Oil and Gas, Premier Oil y Rockhopper se encuentran también en las denunciadas ayer.

La Cancillería y el Ministerio de Planificación presentaron ayer ante la Procuración General de la Nación una denuncia penal contra Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited, Noble Energy Inc. y Edison International SpA, y sus directores, gerentes, síndicos o representantes, por llevar adelante actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin haber obtenido autorización de la Secretaría de Energía.

La denuncia penal se efectuó en aplicación de la Ley N° 26.915 de diciembre de 2013, que contempla la responsabilidad penal en que incurrirán las personas físicas y jurídicas que, sin la autorización del organismo competente, realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en el lecho o en el subsuelo del mar territorial o en la plataforma continental argentinos.

Las empresas denunciadas integran un consorcio responsable de la contratación de la plataforma semisumergible Eirik Raude, que el 6 de marzo inició una campaña exploratoria en la cuenca Malvinas Norte, a unos 200 kilómetros de las islas, con el plan de perforar al menos seis pozos en un período estimado de 240-260 días.

Previamente, el 2 de marzo el Gobierno de Cristina de Kirchner ya había comunicado al Reino Unido una "formal y enérgica protesta" por el inminente inicio de actividades de perforación. Asimismo, el 9 de ese mes presentó una nota a la empresa Ocean Rig, propietaria de la plataforma Eirik Raude, mediante la cual insta a la empresa a abstenerse de realizar actividades no autorizadas en la plataforma continental argentina.

Rockhopper y Falkland Oil and Gas son empresas creadas en Gran Bretaña para operar en Malvinas. Premier Oil también es británica y según su página web tiene intereses en Reino Unido, Asia y África. Noble Energy es una empresa estadounidense con actividades de exploración en el golfo de México. En apariencia, Edison es una empresa energética italiana.

La potencial riqueza petrolera en el mar que rodea a Malvinas viene siendo objeto de negocios poco claros en Gran Bretaña desde hace varios años. Entre 2010 y 2011, Rockhopper y Desire recaudaron fondos en la Bolsa londinense para explotar el yacimiento Sea Lion frente a las islas , sin que se haya pasado de la etapa de perforaciones preliminares.

Por Mariana Verón.

Con una tirante relación con los Estados Unidos y en medio de la creciente tensión con el Reino Unido, la presidenta Cristina Kirchner llegará hoy a esta ciudad al filo de la madrugada para participar recién mañana de la VII Cumbre de las Américas, en una suerte de despedida de los grandes encuentros de mandatarios.

Sin reuniones bilaterales aún cerradas, aprovechará su estadía de sólo unas horas para reinstalar el debate por la soberanía de las islas Malvinas después de que ayer se elevara el voltaje político con Gran Bretaña, y podría tener un cara a cara, de manera casual, con el presidente Barack Obama tras el duro diagnóstico sobre la salud de la economía argentina que hizo la administración norteamericana.

El canciller Héctor Timerman volvió a condenar ayer la "injerencia de países extranjeros en los asuntos internos" tras las declaraciones de Roberta Jacobson, principal representante de Obama para la región, quien había dicho que la economía argentina estaba "en muy mala forma". Con tono irónico, mostró su sorpresa porque no había ningún alto funcionario de los Estados Unidos en la reunión de cancilleres de la que participó ayer y relató que la delegación argentina esperará hasta hoy para "tener un panorama más claro" sobre lo que piensa la Casa Blanca.

"No hablé con la Presidenta sobre ese tema", respondió cuando LA NACIÓN le consultó si Cristina Kirchner tenía previsto plantearle a Obama sus quejas. "La Argentina es un país que dialoga con todo el mundo y tiene una política exterior independiente y trabaja para conseguir que el pueblo viva cada vez mejor y en armonía con todos los países del mundo sin aceptar liderazgos que no fueron elegidos por el pueblo argentino", remarcó. El canciller dejó así abierta la puerta a algún tipo de contacto, aunque cada vez que pudo esquivó definir si la Presidenta mantendrá aquí algún tipo de reunión con otros mandatarios.

"No hay ningún alto funcionario de los Estados Unidos por ahora en la cumbre. Vamos a ver quién viene mañana [por hoy] para tener más claro el panorama. Hoy había un representante, pero simplemente leyó unas pocas palabras de agradecimiento a Panamá por la cumbre", relató. Timerman participó de la reunión preparatoria de la cumbre con sus pares de los 35 países que integran este foro, que quedó monopolizado por el debate por las sanciones que Estados Unidos decretó contra Venezuela y la histórica presencia de Cuba.

Con una escasa participación, a Cristina Kirchner le quedará insertar el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas en el debate de mandatarios de mañana. Ayer, como se preveía, fracasó la redacción de un documento final por la falta de acuerdo en temas como educación, salud y medio ambiente y por la intención del gobierno de Nicolás Maduro de encabezar el texto con el pedido a Obama para que derogue el decreto que consideró a Venezuela una "amenaza".

En medio de la creciente tensión con Gran Bretaña, Cristina tendrá aquí una vidriera internacional para sostener la denuncia que presentó el Gobierno ayer contra las cinco empresas que realizan exploraciones petroleras en Malvinas.

"La Presidenta va a llevar el tema al debate", anticipó Timerman en un contacto con los medios. Dispuesto a hablar, se rió cuando un micrófono le golpeó la cara (sin intención, claro) en el mismo momento en el que pasaba por al lado su par venezolana, Delcy Rodríguez, a los gritos y perseguida por los medios de su país, lo que lo obligó a interrumpir sus palabras. Fue ella, de hecho, quien planteó en el encuentro de ministros el pedido para que todo el continente condene la militarización del Atlántico Sur, que Cristina traerá al plenario.

"Vamos a llevar la denuncia a todo el andarivel de la Justicia y esperamos que se condene a quienes usurpan y roban la riqueza de la Argentina", planteó Timerman sobre la denuncia contra las petroleras que había presentado horas antes el Gobierno. No en vano Cristina llegará con una delegación integrada por Daniel Filmus, secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, además del senador Ruperto Godoy y el diputado Guillermo Carmona, presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras legislativas. El otro participante será el secretario legal y técnico, Carlos Zannini. Se hospedarán en el Intercontinental Miramar, en la zona financiera frente al Pacífico, uno de los tantos hoteles de esta ciudad cargada de shoppings, casinos y bancos.

MENSAJE DE LA SIP A LOS PRESIDENTES

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) les remitió a los jefes de Estado de la cumbre una carta para comprometerlos a "que los principios sobre las libertades de expresión y de prensa no estén ausentes en las discusiones, acuerdos o declaraciones y que nadie pueda quedar callado cuando éstos sean violentados"..

Por Martín Dinatale.

Dos citaciones a embajadores casi en simultáneo, una denuncia penal y un duro intercambio de palabras reactivaron ayer con dosis de elevada tensión el conflicto diplomático que protagonizan la Argentina y Gran Bretaña por las islas Malvinas.

Losdichos de Cristina Kirchner del 2 de abril pasado, cuando objetó a Londres por el aumento del presupuesto de defensa para las Malvinas, sumado a un presunto espionaje británico a Buenos Aires y la denuncia penal de la Argentina contra las empresas inglesas que realizan actividades de exploración de hidrocarburos en la zona del Atlántico Sur, se convirtieron en condimentos perfectos para desatar una nueva tormenta.

Anteayer por la tarde, el Foreign Office citó en Londres a la embajadora argentina Alicia Castro para que dé explicaciones sobre los dichos de Cristina Kirchner. Es porque en el acto por la conmemoración de los 33 años de la Guerra de Malvinas la Presidenta dijo que el aumento de la defensa británica en las islas obedecía tanto a una postura favorable al "lobby armamentista" como a cuestiones de política interna de Londres.

En este contexto, fuentes del Foreign Office dijeron a LA NACIÓN que se objetaron esas declaraciones ante la embajadora Castro. Las mismas fuentes indicaron desde Londres que "el Reino Unido no tiene dudas acerca de su soberanía sobre las islas Malvinas y sus áreas marítimas circundantes, como tampoco del derecho de los isleños acerca de decidir su propio futuro".

La mención de las áreas marítimas respondió a la decisión de la Argentina de presentar una denuncia penal contra las empresas británicas Rockhopper Exploration, Premier Oil y Falkland Oil And Gas Limited, que llevan adelante trabajos de exploración de petróleo en la zona de Malvinas.

Unas horas después de que se conociera la citación de Castro, el vicecanciller Eduardo Zuain decidió convocar al embajador británico John Freeman para exigirle explicaciones por el silencio de Londres frente a las revelaciones del ex agente de la CIA Edward Snowden, a través de la publicación The Intercept, sobre acciones de espionaje electrónico masivo dirigidas contra la Argentina. Desde que se conoció esa denuncia, el viernes pasado, Gran Bretaña mantuvo un sugestivo silencio.

"Fue una reunión muy dura y cargada de tensión", graficó a LA NACIÓN una calificada fuente del Gobierno. El encuentro de Zuain (el canciller Héctor Timerman estaba de viaje a Panamá para la Cumbre de las Américas) con Freeman se realizó ayer y duró 40 minutos. Fue tiempo suficiente como para que el vicecanciller planteara el malestar del Gobierno por las denuncias de espionaje y se quejara por el "maltrato" que recibió la embajadora Castro en Londres. Zuain dijo que el caso de espionaje viola el derecho a la privacidad según las resoluciones 68/167 y 69/166 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y constituyen "actos de intrusión grave, violan los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión y pueden ser contrarios a una sociedad democrática". Según ratificaron al menos tres fuentes de la diplomacia local y extranjera a LA NACIÓN, el presunto espionaje británico a la Argentina no habría estado vinculado con las Malvinas, sino con las negociaciones que mantuvo el Gobierno con Irán por el memorándum de la causa AMIA.

El embajador británico no dio explicación alguna sobre el espionaje. "No haremos comentarios", se limitó a decir Freeman, siempre según la versión argentina, ya que la embajada británica no emitió comunicado alguno ni quiso informar sobre el encuentro en el Palacio San Martín.

La reunión entre Zuain y Freeman derivó luego en la denuncia de la Argentina contra las petroleras británicas. La Cancillería informó que junto con el Ministerio de Planificación se presentó una denuncia penal contra las empresas que realizan trabajos de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin haber obtenido autorización de la Secretaría de Energía y en violación de la ley 26.915 y las resoluciones de la ONU referidas a las Malvinas. En este punto el embajador británico se mostró muy preocupado por las represalias y presiones que podrían sufrir las compañías británicas.

Pero quizás el punto más álgido del encuentro haya sido cuando se abordó el tema de aumento de la defensa británica en Malvinas. Según pudo saber LA NACIÓN, el vicecanciller expresó al embajador británico el malestar del Gobierno por las declaraciones del secretario de Defensa del Reino Unido, Michael Fallon, cuando anunció el incremento del gasto militar en las islas y la introducción de nuevo equipamiento bélico, alegando una supuesta "amenaza" argentina.

"Es inverosímil y fantasiosa la idea de Gran Bretaña de una supuesta amenaza militar argentina en las islas. Nuestro gobierno siempre buscó y buscará resolver el conflicto por la vía pacífica", asestó Zuain. Sin embargo, el embajador Freeman mencionó el "hostigamiento" y las amenazas que sienten los isleños de parte de la Argentina. "No pueden siquiera consumir fruta fresca porque la Argentina no les permite a los países de la región abastecer a las islas", se habría quejado el embajador británico.

El reciente intercambio diplomático fue áspero. Ni en Londres ni en Buenos Aires se arribó siquiera a un principio de acuerdo sobre Malvinas y todo quedó peor que antes.

"Esperamos que la justicia condene a quien usurpa y roba lo que es parte de las riquezas naturales de la Argentina", sostuvo el canciller argentino Héctor Timerman, en referencia a la exploración de petróleo en la zona de las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña.

Al finalizar la reunión de cancilleres, realizadas en Panamá, en el marco de la VII Cumbre de las Américas, el funcionario se refirió a la denuncia penal presentada por Argentina contra las empresas que realizan la exploración y explotación petrolera.

En ese sentido, explicó que "el Gobierno inició acciones penales en defensa de la soberanía y de las riquezas naturales de las Islas Malvinas que le pertenecen al pueblo argentino".

Al respecto, el integrante del Ejecutivo nacional consideró que "la exploración es una violación a las resoluciones de las Naciones Unidas que impiden la exploración y explotación de zonas donde hay una disputa de soberanía" como es el caso de las Malvinas. 

"Gran Bretaña cree que puede imponer una práctica colonialista en cualquier lugar a pesar de estar en el siglo XXI", concluyó Timerman.