Latinoamérica ha sido El Dorado para las empresas españolas. Pero en los últimos tiempos algunas de las principales multinacionales se están encontrando con auténticos problemas, tanto de expropiaciones –Iberdrola y Red Eléctrica–, como fiscales, los más costosos, tal y como le acaba de sucedera Telefónica en Perú. La última en sufrirlo es Repsol, que ha reconocido un conflicto con Ecuador que va a acabar en un tribunal internacional de arbitraje.
La empresa petrolera dirigida por Antonio Brufau y sus socios de Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) ya han advertido al país que preside Rafael Correa que “está analizando la posibilidad de interponer una demanda de arbitraje contra el Gobierno de Ecuador por distintos motivos”. El principal es el contencioso que la filial de Repsol tiene con el ejecutivo ecuatoriano por “el tratamiento fiscal de la deuda subordinada emitida para la financiación de sus operaciones”.
La sociedad obtuvo una primera sentencia favorable a sus pretensiones en la Corte Nacional, pero fue recurrida ante la Corte Constitucional por la propia Administración ecuatoriana. Esta instancia judicial anuló la sentencia de la Corte Nacional y ordenó que se dictara un nuevo fallo. Adicionalmente, el Gobierno destituyó a los miembros de la Corte Nacional que habían fallado a favor de la Repsol. Posteriormente, la nueva Corte Nacional emitió tres resoluciones adversas en relación a los ejercicios 2003 a 2006 de OCP, que ha decidido acudir a un tribunal internacional para defender sus derechos. La reclamación total asciende a 250 millones.
OCP opera uno de los dos mayores gaseoductos de Ecuador, con más de 500 kilómetros de extensión. El Gobierno ha mostrado su descontento con los accionistas, hasta el punto de que Correa les acusó de haber estado evadiendo impuestos, ya que la matriz de esta filial está domiciliada en las Islas Cayman. Además, les acusó de haberse concedido préstamos ficticios con altos tipos de interés del 18% y de haber inflado el coste de la construcción, que se multiplicó por más de dos desde los 600 millones iniciales.
Esta empresa está participada por China Andes Petroleum, controlada a su vez por China National Petroleum y Sinopec, el socio chino de Repsol en Brasil. La española es dueña de un 30% de esta filial, que entre sus accionistas también tiene al gigante estadounidense Occidental Petroleum Corp, la brasileñaPetrobras, la francesa Perenco y la italiana ENI.
A pesar de que ahora las relaciones son óptimas, según destacan en la petrolera, los tiras y aflojas de Repsol con Ecuador, país donde obtiene el 13% de su producción de hidrocarburos, ha sido constante en el tiempo. La empresa participada por CaixaBank y Sacyr ya tuvo un conflicto internacional con el país latinoamericano, al que en 2008 llevó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el principal organismo de litigios corporativos.
La pelea, derivada también por una cuestión impositiva, provocó amenazas de embargo por parte del Gobierno de Correa, que se enfrentó a varias petroleras mundiales por una causa similar. Finalmente, la disputa se resolvió alargando la concesión de un bloque petrolífero a cambio de que Repsol se comprometiese a una inversión mayor.
El conflicto de OCP no es el único que Repsol tiene en Ecuador, cuyo Servicio de Rentas Internas de Ecuador (la Agencia Tributaria española) ha cuestionado a los diversos consorcios petroleros en los que participa la compañía por la deducibilidad en el Impuesto a la Renta y por los pagos de la tarifa de transporte de crudo. El asunto está pendiente de decisión ante el Tribunal Fiscal.
Además, el pasado año, otra filial de Repsol acordó pagar 31 millones de dólares al Gobierno por una reclamación de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) de Ecuador en relación con la cuantificación irregular de la venta de GLP a la empresa pública EP Petroecuador. La sanción inicial era de 60 millones, pero las dos partes llegaron a un acuerdo en octubre de 2014 para finiquitar el litigio. Además, Repsol tuvo que provisionar 129 millones de euros por el saneamiento de varios activos en el país andino.
La Caixa se está replanteando qué hacer con su cartera de participaciones industriales. Y, según precisó Isidro Fainé, presidente de la entidad, al Financial Times en una información difundida este jueves, Caixabank sopesa hacer caja con el 11,7% que tiene en la petrolera Repsol.
“Podemos decidir vender la participación en Repsol”, asegura Fainé. El también presidente de Caixabank calificó esa participación como “un activo sólido y líquido, que suministra ingresos y diversificación”, pero subrayó que “no es estratégica” para el grupo. Caixabank es el principal accionista de Repsol, en cuyo accionariado también destacan las participaciones de la constructora Sacyr (8,9%) y el fondo soberano de Singapur (6%).
En la conversión de la caja de ahorros en banco, Caixabank se quedó con la participación de la entidad en Repsol y con el paquete de acciones en Telefónica (5%), que sí considera estratégica. El resto de participaciones industriales, antes integradas en Criteria (como el 34% en Gas Natural o el 19% en Abertis) pasaron a un nuevo holding.
Fainé también se plantea sacar este último holding a Bolsa, como antes ocurría con Criteria. “Es un proyecto que tengo en la cabeza, pero dependerá de la decisión final del consejo”.
Al presidente de Caixabank, una de las entidades más activas en la reestructuración del sector (ha comprado Banco Valencia, Banca Cívica o la red española de Barclays), se le preguntó por la posibilidad de nuevas operaciones. “Soy como el gato esperando fuera de la ratonera, todo es posible”, dijo, “creo que el sistema español se simplificará, como los otros. Ahora hay 14 bancos, pero creo que quedarán seis o siete”.
