Por Juan Pablo De Santis

A través de dos empresas residuales de la familia Eskenazi, el fondo buitre Burford Capital inició una demanda ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra YPF y la República Argentina por la expropiación de la mayoría de acciones de la petrolera.

La demanda fue presentada el 8 de abril pasado, una semana antes del tercer aniversario de anuncio de proyecto de ley de nacionalización de YPF, y reclama un resarcimiento económico alegando que durante el proceso de expropiación se violaron las leyes de oferta pública en los Estados Unidos.

Todavía no fue establecido un monto solicitado, pero se presume multimillonario, dado que las acciones en cuestión habían sido adquiridas hace siete años por una cifra superior a los 3300 millones de dólares.

En los papeles, la acción legal fue iniciada por las firmas españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía que la familia Eskenazi constituyó para adquirir entre 2008 y 2011 el 25% de las acciones de YPF SA.

Aunque en la práctica, el litigio es financiado y conducido por Burford Capital, el fondo que "compró el juicio" con el único fin de litigar contra la Argentina. Esta empresa es una de las más importantes de Estados Unidos que invierte en la industria del litigio corporativo, tal como se lo conoce en la jerga, y tiene una cartera valuada en U$S 500 millones.

El texto del planteo jurídico al que accedió LA NACION reclama un resarcimiento económico porque al momento de llevarse a cabo la expropiación el Gobierno argentino no lanzó una oferta pública de adquisición sobre las acciones a un precio predeterminado para retomar el control de la firma, tal como lo establecían "los estatutos de YPF" y el prospecto de oferta pública que la compañía presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos en 1993.

Así los litigantes afirman que fueron violados sus derechos como inversores. "Pero Argentina e YPF intencionalmente y de mala fe rompieron esas promesas", dice el texto de la presentación judicial alegando que "el resultados de violar el requisitos de oferta de compra y otras conductas ilícitas fueron devastadoras para Petersen y otros accionistas de YPF".

Por su parte, el Grupo Petersen Argentina -de la familia Eskenazi y con sede en Buenos Aires- afirmó a este medio a través de un comunicado que sus accionistas nada tienen que ver con la presentación de esta denuncia, sino que es producto del proceso de liquidación de estas dos empresas con las que habían comprado su participación en YPF y que está observado por la Justicia de España.

"Estamos al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior", reafirmaron.

LA RUTA DE LA DEMANDA

Tras haber acordado su ingreso a YPF con el Gobierno argentino y Repsol, el grupo empresario de la familia Eskenazi constituyó en Madrid (España) un arquitectura legal para comprar las acciones de la petrolera: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, ambas sociedades anónimas unipersonales que oficiaron de cascarón legal. A su vez estas dos estaban integradas por Petersen Energía PTY Ltda, con sede en Australia.

En 2008, los Eskenazi compraron el 14,4% de YPF a Repsol y en 2011 ejercieron una opción de compra hasta alzarse con un cuarto de la propiedad de la firma. En una maniobra poco común, la compra se materializó vía un préstamos de Repsol y otros cinco que fueron concedidos por los bancos Itaú, Credit Suisse, Citibank, Standard Bank y BNP Paribas.

Los créditos serían repagados con utilidades que los nuevos accionistas cobrarían en la compañía. Por entonces, Sebastián Eskenazi fue nombrado CEO.

Ahora bien, 16 abril de 2012 la presidenta Cristina Kirchner anunció el proyecto de ley de expropiación del 51% de acciones de YPF en manos de Repsol, que se sancionó el 3 de mayo. Los Eskenazi no pudieron repagar los préstamos, el pool de acreedores ejecutó las garantías y se quedó con las acciones que estos poseían en la petrolera.

EL PROCESO EN ESPAÑA

Al haber quedado vaciadas de activos, las legalmente españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía se acogieron a la ley de bancarrota -un proceso similar a lo que localmente se conoce como concurso de acreedores- y un juez competente debió intervenir en la liquidación de las sociedades.

"Las dos firmas en liquidación actuando bajo la autoridad de una Corte Española competente y con el interés de atender las deudas de ambas empresas iniciaron una demanda multimillonaria contra YPF y la Argentina por la pérdida del 25% de su participación en YPF", informó a través de un comunicado de prensa en Londres la agencia Neustria Partners, representates de prensa de los litigantes.

"En el contexto que se presenta el fondo Burford Capital que salió a buscar el único activo, por llamarlo de algún modo, que le quedaba a estas dos empresas cáscara en liquidación con las que se compraron acciones de YPF. La estrategia es clara, adquiere los derechos del juicio por una pequeña suma y luego litiga", explicó a LA NACION un abogado societarista de un importante estudio porteño con conocimiento de la demanda, pero que requirió no divulgar su nombre.

YPF SA fue consultada por este medio, pero no brindó comentarios al respecto.

Un fondo de inversión inició en Nueva York una demanda contra YPF y la República Argentina por la expropiación de las acciones de la petrolera a la familia Eskenazi. Estos, sin embargo, niegan tener relación con la demanda.

Los Eskenazi compraron el 25% de YPF a través de dos empresas radicadas en España, Petersen Energía Inversora, S.A.U. y Petersen Energía, S.A.U. Estas compañías recibieron créditos por unos US$ 2.500 millones para pagar las acciones a Repsol. Unos 1.800 millones fueron prestados por la propia petrolera española, y el resto por un consorcio de bancos. La garantía de esos créditos fueron las propias acciones de YPF.

Cuando el Estado estatizó YPF, las dos Petersen españolas entregaron a sus acreedores las acciones como parte de pago por los créditos. Y luego fueron a la quiebra. Hoy están en proceso de liquidación,  bajo la autoridad de la justicia española.

En ese marco, explicaron fuentes ligadas a la operación, el Tribunal español cedió a una subsidiaria de Burford Capital Limited el derecho de iniciar juicios a la Argentina e YPF por no haber hecho las OPA requeridas por las normas de la petrolera. "Compraron los derechos al juicio, son gente especializada en ese tipo de operaciones", dijeron las mismas fuentes. Sin embargo, en los hechos, son las propias compañías Petersen españolas las que aparecen haciendo las demandas, representadas por King & Spalding y Kellogg Huber Hansen Todd Evans & Figel. La demanda es en el distrito del Sur de Nueva York, los abogados de Burford.

Frente a versiones que vincularon al Grupo Petersen con una eventual denuncia contra la empresa estatal por un supuesto reclamo luego de la estatización de YPF, el grupo empresario privado emitió un comunicado al que accedió Infobae donde aclara:

-Con posterioridad a la toma de control de YPF SA por parte del Estado Nacional, Petersen Energía SA y Petersen Energía Inversora SA procedieron a desprenderse de la totalidad de las acciones que mantenían de dicha compañía en garantía de los préstamos recibidos para su adquisición, razón por la cual desde ese momento no poseen ninguna tenencia accionaria en YPF SA.
- Por lo tanto, el Grupo Petersen aclara que está al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior.

La expropiación de YPF fue aprobada en el Congreso de la Nación 20 años después de su privatización. Después de dos días de debate y de más de un centenar de oradores, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de expropiación del 51% de las acciones de la compañía en mayo de 2012.

La ley declaró "de interés público y nacional la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina". Además definió que el 49% restante será de las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofhepi).

Un fondo de inversión que se hizo de las acciones de dos empresas subsidiarias del Grupo Petersen inició una demanda en Nueva York contra la “conducta ilícita” de YPF y la Argentina, por la expropiación de las acciones de la petrolera que manejaba Sebastián Eskenazi.

El juicio fue iniciado por Burford Capital, un experimentado fondo de inversión que compra deudas para litigar, quien reclamó una “compensación justa y adecuada”, alegando que durante el proceso de expropiación de la compañía por parte de la Argentina se violaron las leyes que regulan la oferta pública en los Estados Unidos, ya que YPF cotiza en Nueva York.

Según la demanda, a la que accedió DyN, las acciones legales fueron presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por dos empresas españolas compradas por Burford –Petersen Energía Inversora y Petersen Energía– que pertenecían a la familia Eskenazi y que eran las tenedoras de 25 por ciento de las acciones de YPF.

En las vísperas del tercer aniversario de la estatización de YPF -será en seis días-, una mezcla hecha por el oportunismo de un estudio de abogados y las desprolijidades con las que el Gobierno avanzó en la recuperación de la empresa le dio a la presidenta Cristina Kirchner una pésima noticia. Burford Capital Limited, una especie de megabufete con activos por más de US$ 500 millones y fama de ganar cada juicio que plantea, presentó ayer en la Corte de Distrito Sur de Nueva York una demanda contra la petrolera y el Estado por el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos con los tenedores de acciones de YPF.

Los demandantes aún no le pusieron una cifra a su reclamo porque esperan antes "medir los daños" que provocó la estatización, pero especialistas en litigios descuentan que se tratará de una suma millonaria.

Burford eligió un camino incómodo para el Gobierno y para la familia Eskenazi, que en 2008 desembarcó en YPF con la bendición del ex presidente Néstor Kirchner. Le compraron a la justicia española la posibilidad de demandar a la Argentina por la quiebra de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que los Eskenazi crearon en ese país, junto a otra bajo las leyes australianas, para esquivar el riesgo jurídico argentino y que los bancos y la propia Repsol, la anterior controlante de YPF, le prestara fondos para comprar 25% de la petrolera.

En 1993, en el marco de la privatización de YPF, el gobierno de Carlos Menem ofreció casi el 100% del capital de la empresa a través de acciones clase D y listó los ADR -el título bajo el cual se negocian los papeles extranjeros en los Estados Unidos- en la Bolsa de Nueva York. En ese momento, tanto el país como la empresa se comprometieron a que cualquier otra adquisición posterior de una porción de control de la empresa obligaría a hacer una oferta por el total de las acciones. Esa salvedad figura no sólo en los documentos que YPF envió a la SEC (el regulador bursátil norteamericano), sino también en su viejo estatuto.

En las semanas previas a la estatización, el por aquel entonces viceministro de Economía Axel Kicillof notó el detalle y estudió alternativas para contemplarlo. Fue un trabajo inconducente. Según los cálculos del Gobierno, aceptar esas condiciones hubiese implicado para la Argentina un desembolso enorme por toda la empresa, cuando el Gobierno sólo quería una porción de control. Kicillof lo expresó en una presentación ante el Senado. "Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a US$ 19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!" Son algunas de las palabras que eligieron los demandantes para justificar que el país no cumplió con las leyes.

La estatización golpeó a nivel personal a los Eskenazi. Sin embargo, se mantuvieron ajenos a la exposición pública, quizá con la intención de proteger el resto de sus negocios. Ayer, debieron salir nuevamente al ruedo a través de un comunicado en el que deslindaron responsabilidades respecto de la demanda. "Con posterioridad a la toma de control de YPF por parte del Estado, Petersen Energía y Petersen Energía Inversora procedieron a desprenderse de la totalidad de las acciones que mantenían de dicha compañía en garantía de los préstamos recibidos para su adquisición, razón por la cual desde ese momento no poseen ninguna tenencia accionaria en YPF. Por lo tanto, el Grupo Petersen aclara que está al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior".

De todas maneras, Burford cimenta toda su demanda, de 30 carillas, en los daños que fueron provocados a ambas empresas de la familia local..