Siete presidentes de partidos de gobierno y oposición -DC, PS, PPD, PR, PC, RN y UDI- consensuaron ayer una declaración de seis puntos en la que, entre otras cosas, aseguran que "reconocemos en la presidenta Bachelet, en su calidad de jefa de Estado, un actor central y articulador de aquellas iniciativas que nos permiten abordar los desafíos que nos plantea la construcción de esta nueva institucionalidad", discurso que se da en medio de los reiterados llamados que se le han hecho estas semanas, a la mandataria, para que justamente dé muestras de liderazgo y conducción.

Adicionalmente, la declaración de "Probidad y Transparencia" suscrita valora la labor del Consejo Asesor Presidencial y se comprometen a asumir sus conclusiones; además, plantean que concentrarán los esfuerzos legislativos en la Comisión Especial sobre Probidad y Transparencia creada en el Senado.

Asimismo, aclaran que respetan la labor del Ministerio Público, Poder Judicial y "no respaldaremos ningún tipo de impunidad". Dicen que "es nuestra convicción de que Chile cuenta con recursos institucionales para hacer frente a la grave situación que compromete la credibilidad de las autoridades públicas y privadas".

También hacen un mea culpa, comprendiendo la indignación ciudadana por las "conductas reñidas con la ética".

Según el timonel DC Ignacio Walker, el documento "que hemos suscrito los principales partidos de gobierno y oposición, desde la UDI hasta el Partido Comunista, sin duda que es una contribución a la tarea que nos hemos propuesto de construir un camino institucional que nos permita ir recuperando las confianzas de la ciudadanía hacia las institiciones".

Cuando el rumor había comenzado a extenderse sin que nadie lo confirmara, pero tampoco lo desmintiera, fue la propia presidenta Michelle Bachelet la que se hizo cargo de él, al manifestar que jamás había pensado en renunciar, e incluso abundó en que no sabría ni cómo hacerlo.

Pero la sorprendente aclaración que, de manera espontánea, realizó antes los corresponsales extranjeros, lejos de consolidar su imagen presidencial, confirmó lo debilitado que está su liderazgo, como para sentirse conminada a desmentir que no abandonaría el cargo.

Hasta ahora la posibilidad de que hubiera sugerido siquiera la idea de una renuncia no parecía creíble, pero con su desmentido quedó al descubierto que, al menos, ha transmitido la sensación de lo incómoda que está para hacer frente a una crisis que la golpea directamente.

Es lo que parece haber ocurrido, no en una, sino en distintas ocasiones. De hecho, se supo que uno de los orígenes de dicho rumor fue el comentario que deslizó en un encuentro con los máximos representantes de los canales de TV, aludiendo a que si los problemas actuales se solucionaran si ella renunciaba, lo haría sin problemas, porque no estaba "apernada".

Como sea, aun cuando las interpretaciones puedan haber sido equívocas, la precisión de la mandataria resultó sintomática de lo que está ocurriendo, donde lo que parece indesmentible es que los últimos escándalos, especialmente el que afecta a su familia, la han impactado tan fuerte, generando incluso la paralización del gobierno.

Es un secreto a voces lo afectada que está Michelle Bachelet con el caso Caval -que esta semana marcó la agenda con la declaración de su nuera, Natalia Compagnon en la fiscalía- el que no sólo la ha golpeado en lo personal, sino también en lo político.

Porque tal como confirman todas las últimas encuestas, desde que estalló ese caso, junto al desplome del apoyo que tenía, también ha perdido parte importante de su capital, como ha sido su credibilidad.

Es un escenario que preocupa a todos los sectores, considerando que en un país presidencialista como éste, la única salida a una crisis de la magnitud de la que se está enfrentando, es con el ejercicio del liderazgo presidencial.

Decisión de marginarse
Frente a las crecientes críticas que surgen desde distintos sectores que reclaman para que la Presidenta tome la conducción, ella misma ha asumido algunas, pero desmintiendo las debilidades de las que se le acusa. Fue lo que hizo esta semana, cuando en dos actividades en terreno afirmó que, contrariamente a lo que algunos sostenían, el gobierno no está paralizado, porque se está trabajando en todos los frentes.

Pero como indican muchos de sus críticos, ninguna de sus últimas apariciones dan cuenta, sin embargo, ni que esté retomando el control de la agenda, ni tampoco reimpulsando sus propias reformas, lo que confirma la falta de protagonismo de ministros como el titular de Educación, Nicolás Eyzaguirre, o la ausencia de otras propuestas legislativas relacionadas con compromisos programáticos pendientes.

En todo caso, más allá de esa parálisis, que algunos reclaman porque creen que un camino para enfrentar la actual situación sería recuperar la iniciativa, los principales cuestionamientos están dirigidos a su falta de disposición a liderar una salida al problema que se suscitó con los distintos escándalos que estallaron, que son los que generaron la crisis de confianza en que está sumergido el país.

Pero todo indica que sus planes no son hacerse cargo de esta situación. Porque cuando tras las denuncias del SII, la arista SQM del caso Penta, alcanzó con sus esquirlas al oficialismo, Bachelet sólo se limitó a defender la presunción de inocencia, al manifestar que esperaba que no hubiera un linchamiento generalizado.

De acuerdo a lo que indican algunos inquilinos de Palacio, en el ánimo de la Presidenta no está ponerse al frente de ninguna salida o acuerdo en la línea de lo que estarían impulsando los distintos partidos, sino que su decisión en esta materia sería sólo esperar las propuestas de la Comisión Engel, para luego hacer un planteamiento con todas las ideas que se recojan, con el fin de regular en el futuro la relación del dinero con la política.

Por ahora, nada más. Porque aun cuando la semana pasada, algunos personeros de La Moneda habrían mostrado disposición a participar de un acuerdo como el que han estado elaborando los partidos, finalmente se desestimó por considerar que no había piso suficiente para ello, ante la posibilidad de que se pudiera interpretar como un arreglo entre los políticos.

Tanto es así que, a pesar que algunos indican que el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, participaba de la idea, en el comité político del lunes cerró toda posibilidad.

Reclamo partidario
La inquietud de los políticos reclamando que la Presidenta asuma su liderazgo adquirió especial fuerza cuando percibieron que el caso SQM podría golpear de tal manera al mundo político, que la situación quedara completamente fuera de control.

Fue en ese contexto que se iniciaron los contactos en el Congreso tendientes a buscar una salida que al menos permitiera dar una señal frente a la crisis, al manifestar la disposición de realizar cambios profundos en materia de regulación.

La idea, que se trató con la participación de todos, incluidos los dos principales partidos de oposición, fue que la propia Presidenta liderara una suerte de acuerdo que, si bien se focalizara en proponer medidas para el futuro, pudiera actuar como freno al descrédito de la clase política.

Por lo que indican algunos de sus impulsores, en ningún momento se planteó la posibilidad de un acuerdo que pudiera implicar algún tipo de amnistía, o que éste buscara interferir en las indagaciones de la fiscalía, pero no se desconoce que para algunos, era importante que se estableciera que el SII retomará su papel de organismo recaudador, porque no le correspondía ser el denunciante ante la justicia.

Pero esa incipiente idea es la que fue desestimada por La Moneda, en parte porque no estaba clara, pero sobre todo, porque tampoco existe un solo criterio entre los partidos ni al interior de éstos, respecto a lo que se quiere concordar.

Como tampoco en el comité político se desestimó por completo, sino que se planteó que se debía buscar una salida institucional, los dirigentes partidistas continuaron con su esfuerzo para insistir en su camino, al que no renunciarán a pesar de que esta semana abortó un encuentro en que se iba a tratar de concordar un compromiso de todos, básicamente por el rechazo de algunos partidos de izquierda.

Nada por ahora
Pero aun cuando la base principal de la propuesta de los partidos, es recurrir al necesario liderazgo de la Presidenta Bachelet, para lo que incluso - a diferencia de la actitud inicial- comprometen el respaldo total a lo que haga la comisión Engel, la decisión de la mandataria parece ser continuar al margen.

Una prueba de ello, es la reiteración por parte de los ministros de La Moneda, de que no es cierto que la mandataria no esté ejerciendo su liderazgo, porque se ha hecho cargo de los problemas que enfrenta el país, como la catástrofe del norte, mientras en los relacionado con la crisis política, insisten que sólo se buscarán grandes acuerdos para la transparencia en el futuro.

En otras palabras, nada por ahora. Es lo que también se desprende de los dichos de la propia Presidenta a los corresponsales extranjeros, cuando descartó cualquier tipo de acuerdo que pudiera interpretarse como "arreglín", incluso al aludir a que eso fue lo que los partidos expresaron a la salida del comité político, quedó en claro que ella misma lo desestimó.

Es que según lo que indican personeros de Palacio, la estrategia de Bachelet para recuperar la confianza, en ningún caso pasa por enfrentar esta crisis como un asunto prioritario, sino que la decisión es esperar que ella siga su curso, sin que nada aparezca como que se está interfiriendo en las tareas de la fiscalía.

En esa línea, la idea es continuar con sus salidas a terreno, para lo que incluso ha retomado el uso de su delantal blanco de médico, con la expectativa de esa forma podría recuperar al menos parte del capital político que ha perdido.

No es, en todo caso, una receta compartida, porque de hecho los sondeos demostraron que su presencia en la catástrofe del norte no le redituó nada en términos ni de respaldo, ni de confianza.

Es que a estas alturas, no es ése el liderazgo que se le reclama, porque más allá de que acepte o no la posibilidad de encabezar un acuerdo como el que pretenden los partidos, la demanda general es que se haga cargo de que el país está frente a un problema político serio, del cual la única salida es que ella lo asuma en toda su dimensión, no con desmentidos a que no renunciará.

A través de un texto elaborado tras una serie de conversaciones, los partidos del oficialismo y de la Alianza elaboraron y firmaron esta tarde un documento de seis puntos en los cuales se asume la responsabilidad de los hechos que han desencadenado la crisis política, así como respaldan a la Comisión Asesora Presidencial y a la Presidenta Bachelet.

El documento, el cual intenta dar una salida institucional a la crisis y dar fin a la crisis provocada por los casos Penta, Caval y SQM, habría sido redactado en su base por el senador Ignacio Walker a petición del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y fue corregido este jueves por los timoneles de la Nueva Mayoría.

En su elaboración, Walker se contactó con el movimiento Amplitud, el cual se negó a firmar el textoargumentando, según su presidente Joaquín Godoy, que "aquí hay un manto de duda: nadie sabe para qué es este acuerdo", agregando luego que "no vamos a participar de este encuentro".

En tanto el MAS y el IC fueron invitados una vez que el restos de los partidos oficialistas ya trabajaba en el borrador del acuerdo, lo que habría generado la molestia de los líderes del IC, Sergio Aguiló, y del MAS, Alejandro Navarro, quienes también se restaron de participar en el documento.

Entre los puntos destacados en el texto figuran un "mea culpa"y una autocritica al trabajo realizado por los partidos.

Además, se respalda la figura de la Presidenta Michelle Bachelet, plantéandose que con su liderazgo, ella debe conducir el proceso de cambio y se reafirma la autonomía del Poder Judicial, apoyándose su labor investigativa en los casos que indaga.

A continuación, el texto firmado por los presidentes de partido:

1.- Asumimos la indignación que existe en la ciudadanía frente a conductas reñidas con la ética, en el sector público y privado, y nos dejamos interpelar como partidos políticos, de gobierno y oposición. Asumimos nuestra propia responsabilidad en estos hechos, y el compromiso de superar esta situación en un marco de legitimidad y en la perspectiva de construir una nueva institucionalidad en materia de probidad y transparencia. Nuestro mea culpa es transversal, sin apuntar a nadie con el dedo y esperamos que cada cual asuma su propia responsabilidad.
 
2.- Respaldamos y valoramos la labor de la Comisión Asesora Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción y asumimos desde ya sus conclusiones como un paso importante  para impulsar aquellas iniciativas legislativas que sean necesarias, en la perspectiva de construir una nueva institucionalidad sobre probidad y transparencia.
 
3.- Reconocemos en la Presidenta Bachelet, en su calidad de Jefa de Estado, un actor central y articulador de aquellas iniciativas que nos permiten abordar los desafíos que nos plantea la construcción de esta nueva institucionalidad.
 
4.- Concentraremos los esfuerzos legislativos en la labor de la Comisión Especial sobre Probidad y Transparencia, creada recientemente en el Senado, y la correspondiente de la Cámara de Diputados, para tramitar aquellos proyectos de ley y mociones parlamentarias que sean conducentes al objetivo señalado, en el más breve plazo.
 
5.- Somos respetuosos de la labor del Ministerio Público y del Poder Judicial en la investigación de delitos y la determinación de eventuales responsabilidades que puedan surgir de los procesos de que conocen y en consecuencia no respaldaremos ningún tipo de impunidad. Somos respetuosos también de la acción del Servicio de Impuestos Internos, del Congreso Nacional, del Ejecutivo, del Tribunal Constitucional, de la Contraloría General de la República, y de todas las instituciones que conforman el Estado de Chile. Esta es la hora de las instituciones. Es nuestra convicción de que Chile cuenta con recursos institucionales para hacer frente a la grave situación que compromete la credibilidad  de las autoridades, públicas y privadas.
 
6.- Hay todo un campo de acción para la sociedad civil, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, las universidades, las Iglesias y, en general, todas aquellas organizaciones e instituciones que constituyen el tejido social de Chile, cuya voz debe ser escuchada.
 
Firman

Osvaldo Andrade, Presidente del PS
Javier Macaya, Presidente de la UDI
Cristian Monckeberg, Presidente RN
Jaime Quintana, Presidente PPD
Guillermo Teillier, Presidente PC
Ernesto Velasco,  Presidente PRSD
Ignacio Walker, Presidente DC