El ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura ha señalado que el PBI podría crecer este año menos de 4.2%, cifra que ya había sido recortada. Ello sumado al crecimiento del 2.35% reportado el año pasado, permite cuestionar la efectividad de las medidas que el Poder Ejecutivo impulsó el año pasado para reactivar el crecimiento económico del país.
Las medidas adoptadas por el gobierno en el 2014 –como la reducción de detracciones y percepciones, la reducción del Impuesto a la Renta y corporativa y de trabajos— permitirán inyectar S/.5,000 millones durante el 2015, estimó APOYO Consultoría en diciembre del año pasado. Sin embargo, ¿qué otras medidas están pendientes a fin de conseguir un impulso al crecimiento económico?
Aún existen propuestas del Poder Ejecutivo para reactivar el crecimiento económico y facilitar las inversiones que esperan ser debatidas en el Pleno del Congreso. Una de estas es el llamado cuarto paquete reactivador, proyecto de ley que busca simplificar la tramitología ambiental. La principal medida implica crear una certificación ambiental integrada: que la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de un proyecto incluya los permisos ambientales correspondientes para iniciar las obras. Actualmente, estos permisos son tramitados por separado luego de la aprobación del EIA, lo que genera un ‘tiempo muerto de espera’ para las empresas.
El Poder Ejecutivo espera que la certificación integrada reduzca los plazos de permisos y EIA hasta por dos años en el mejor de los casos (si 14 permisos se aprueban a la par del EIA). El proyecto de ley también incluye otras medidas para reducir los plazos de diferentes trámites medioambientales, como compartir la línea de base socioambiental.
El proyecto de ley fue enviado al Congreso a inicios de noviembre. El miércoles la comisión de Pueblos Andinos emitió un dictamen favorable, y el proyecto podría debatirse mañana en el Pleno.
Otra propuesta del Ejecutivo es la flexibilización de la regla fiscal. Este proyecto de ley busca ampliar el déficit fiscal máximo en el que puede incurrir el gobierno de 1% a 2% del PBI para el 2015; y de 0.8% a 1.7% en el 2016. Esta ampliación permitiría evitar fluctuaciones violentas en el ritmo de crecimiento del país, indicó Alex Müller-Jiskra, economista para el Perú del banco de inversión BTG Pactual y blogger de semanaeconomica.com.
El proyecto ya cuenta con dictamen favorable en el Congreso y también podría debatirse mañana en el Pleno.
Las propuestas anteriores sólo resuelven parte del problema.Reformas más estructurales son necesarias. Una de las más importantes es el Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP), impulsado por el Ministerio de Producción (Produce). En éste se incluyen mesas técnicas sectoriales y productivas a fin de que haya diálogo entre el sector público y el privado. El Produce ya identificó los factores que ayudan y los que obstaculizan cumplir con los objetivos trazados. Así, es necesario que el sector privado que participa en estas mesas esté bien organizado y conozca el sector; y que el sector público tenga vocación por resolver con rapidez y eficiencia los problemas de coordinación. “Las mesas son ejecutivas, no de discusión”, indicó el ministro Piero Ghezzi en una presentación sobre el PNDP en marzo. El objetivo es resolver los problemas y llegar a acuerdos.
De nada sirve que la exista la ley —es decir, que sean aprobadas en el Pleno— si es que en la práctica ésta no puede ser aplicada por falta de precisiones sobre su implementación. Es el caso de la ley forestal, cuyo reglamento aún no es aprobado a pesar de que la ley fue emitida en julio del 2011. Así, la clave siguiente del Ejecutivo.
Con el objetivo de reactivar el crecimiento económico del país, el Poder Ejecutivo propuso cuatro paquetes reactivadores, los que tendrán un impacto fiscal de S/. 4.700 millones, adelantó la jefa de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Tania Quispe, en su exposición en la Comisión de Economía del Congreso.
"Con el proceso de modernización en la Sunat se espera compensar los menores ingresos tributarios esperados por los paquetes de reactivación aprobados recientemente y por la ausencia de ingresos extraordinarios proyectados", dijo.
Y ante los indicadores macroeconómicos, que estiman un menor crecimiento de la economía, la jefa del ente recaudador adelantó que no podrán cumplir con la meta planteada por el Gobierno, de alcanzar un presión tributaria de 18% del PBI en el 2016.
"El Congreso y el Ejecutivo tomaron medidas para impulsar la economía como lanzar varios paquetes tributarios que, sin duda, tienen un costo de corto plazo que es el que estamos viviendo en este 2015 y que van a hacer que la presión tributaria disminuya", declaró Quispe.
Para este año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima una presión tributaria de 15,2% del PBI, por lo que se hará lo posible para mantener el mismo nivel de ingresos tributarios del 2014 de US$ 95 mil millones impulsado por las medidas de ampliación de base tributaria y la lucha contra la evasión.
"No es posible saltar dos puntos para el 2016, no lo ha hecho ningún país y no sería realista, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando contra la evasión y la informalidad de cara al 2018 o 2020 cuando se volverá a estos indicadores", manifestó a La República.
Recaudación en el 2014
Tania Quispe detalló que durante el año pasado, la Sunat recaudó S/. 30.800 millones más que los resultados logrados en el 2010, con lo cual la presión tributaria pasó de 15,4% a 16,6% del Producto Bruto Interno (PBI) pese al menor crecimiento de la actividad económica del país.
“Uno de los principales logros de los últimos tres años es el incremento de la recaudación de los sectores productivos no mineros; la presión tributaria del resto de sectores creció de 13,6% a 15,6% entre el 2010 y 2014, el énfasis en aumentar la presión tributaria estructural, diversificando los ingresos tributarios, ha contribuido a la solidez fiscal”, declaró tras su presentación en la Comisión de Economía del Congreso.
Precisó que con la modernización de la Sunat, los niveles de evasión, por ejemplo, del IGV pueden disminuir de 28,3% en el 2013 a 20,8% en el año 2018.
