Crece la tensión entre los departamentos de Belén y Andalgalá por la disputa limítrofe en torno a la ubicación del yacimiento de cobre y oro de Bajo El Durazno y el consiguiente reparto de regalías mineras.
En las últimas horas, legisladores de Belén confirmaron que irán a la Justicia, en pos dequedarse con la totalidad de las regalías que derivan de esa explotación, y no compartirlas con Andalgalá.
A fines de febrero, Minera Alumbrera y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio iniciaron la explotación de Bajo El Durazno, a 4 kilómetros de Bajo de la Alumbrera. Bajo El Durazno es, en rigor, una ampliación de Bajo de la Alumbrera, cuya vida útil entró en etapa de agotamiento.
El conflicto radica en que, según la norma que rige la distribución de las regalías mineras, el 25% de esos fondos le pertenece al departamento donde se encuentre ubicada la explotación, mientras que también define que si el yacimiento se despliega en dos departamentos, les corresponderá el 35% de las regalías (17,5% para cada uno).
Hoy se da este segundo escenario, de reparto por mitades. Andalgalá, a su vez, lo redistribuye entre dos comunas, mientras que Belén hace lo propio con nueve.
Pero la pretensión de Belén es quedarse con la totalidad de las regalías contempladas para el departamento."Vamos a hacer una acción declarativa de certeza; el juez (de Minas Raúl) Cerda señala que el yacimiento se encuentra en Belén, por lo que no tenemos que sentarnos a hablar", afirmó el senador Ricardo Castellanos(Frente Cívico y Social) a El Ancasti.
En febrero, el municipio de Andalgalá pidió a la Corte provincial que se expida sobre el conflicto de límites.
En tanto, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto en el que se solicita al magistrado que se "abstenga de adelantar opinión sobre la pertenencia territorial de Bajo El Durazno".
La tensión creciente de la discusión que mantienen los departamentos de Belén y Andalgalá por la localización del yacimiento Bajo El Durazno augura escenarios inquietantes para cuando el emprendimiento comience a liquidar regalías. Los belichos exhiben un espíritu más combativo. Consideran que ya fueron perjudicados en 2004, cuando se sancionó la ley de distribución secundaria de las regalías y se repartieron en mitades con los andalgalenses el 35% de las de Bajo La Alumbrera, sobre cuya ubicación existía el mismo litigio que encuadra ahora la inminente puesta en marcha de Bajo El Durazno.
Más de diez años han transcurrido desde entonces, y las autoridades de una provincia que postula a la minería como política de Estado, sin distinción de facciones, no han movido un dedo para establecer límites precisos entre los departamentos mineros. Como resultado, la remisión de la furia antiminera es reemplazada ahora por las reyertas entre las fuerzas políticas y sociales de las jurisdicciones que se verían beneficiadas por las regalías. Resolver la cuestión ahora, con la expectativa de millones de pesos de por medio, resultará mucho más dificultoso.
Aunque el 35% de las regalías de Bajo La Alumbrera se repartió en partes iguales entre Belén y Andalgalá, en los hechos Andalgalá salió ganancioso, porque el departamento tiene solo dos comunas -la homónima y Aconquija-, mientras que Belén distribuyó su partida entre nueve. Dado el modelo de administración de las regalías en vigencia, cada intendente manipuló su parte como mejor se le ocurrió. No existieron proyectos coordinados entre las comunas que potenciaran con eventuales inversiones conjuntas lo que cada jefe comunal embuchaba cada tres meses para gastarlo a su arbitrio, y tampoco desde el Gobierno se promovieron políticas por el estilo.
Esto devino en un gasto caótico y finalmente inocuo en términos de desarrollo genuino, aunque muy coherente en otro aspecto: las regalías se escurrieron en gastos corrientes, electoralismo y corruptelas. La disputa por las regalías de Bajo El Durazno es de tal modo lógica: como las comunas de Andalgalá y Belén malversaron sus rentas circunstanciales, como son las mineras, para elevar sus gastos fijos hasta el paroxismo, se enfrentan el riesgo del colapso cuando éstas mermen o desaparezcan. Y las regalías de Bajo El Durazno serán significativamente menores que las de Bajo La Alumbrera. Si las diferencias se resuelven y resulta que Bajo El Durazno está totalmente ubicado en uno de los dos departamentos, el que se imponga se quedará con el 25% de lo que el yacimiento abone. De lo contrario, seguiría el diseño del "fifty-fifty": 17,5% para cada uno.
La contienda, sin embargo, también podría ser oportuna para una revisión integral del diseño de inversión de las regalías mineras en las zonas donde están ubicados los yacimientos y sus adyacencias. En el diseño actual, las regalías que le corresponden a cada municipio se depositan cada tres meses en la cuenta respectiva, a disposición de los intendentes. En teoría, los fondos deben destinarse a proyectos tendientes al desarrollo, pero el concepto es tan difuso y el procedimiento de rendición de cuentas tan enmarañado y largo, que los jefes comunales gastan y después ven, con lo que las sanciones por incumplimientos quedan sujetas a la decisión política del Gobierno de suspender o no los depósitos.
Belichos y andalgalenses, cada cual con sus argumentos, debaten la localización de Bajo El Durazno y la propiedad de las regalías. En el tironeo, brilla por su ausencia una cuestión central: ¿para qué quieren la renta minera? Lo que se hizo con lo que les tocó por Bajo La Alumbrera no es precedente alentador. Por ahí, quizás, si alguien planteara el interrogante podrían alumbrar alternativas con alcances más trascendentes que los de una pelea por la medianera.
El administrador de Catastro provincial, Marcelo Murúa, señaló que no existe una definición sobre la ubicación exacta del yacimiento minero Bajo El Durazno, y afirmó que la Legislatura debe dictar una ley que los defina. "El decreto vigente no es el instrumento idóneo", dijo.
"La documentación y reglamentación vigente sobre la cuestión limítrofe es un decreto del 22 de abril de 1895 que fijaba los límites para toda la provincia, pero aclaraba que esas determinaciones no son las más precisas. Allí ya se aclara que era menester dictar una ley de límites que solucione esas indeterminaciones. Desde esa fecha, hasta ahora, no se dictó ningún instrumento por parte del Poder Legislativo", comentó el administrador, en relación con la disputa que protagonizan Belén y Andalgalá por la propiedad de Bajo El Durazno.
En ese sentido, Murúa señaló que "el decreto no es el instrumento idóneo", y que "es necesario que la Legislatura avance sobre una ley, como indica la Constitución". "Cualquier otra opinión es una irresponsabilidad. Nosotros aportaremos todos los antecedentes que existan de ambas partes, pero por ahora carece de validez lo que cada parte pueda decir e interpretar si no se hace en el ámbito legislativo", dijo.
Además, Murúa comentó que desde que está a cargo de la Administración de Catastro (septiembre de 2014) no hubo gestiones de ningún tipo respecto de pedidos de información por parte de la Legislatura, pero admitió que existió un pedido anterior.
"Hemos tenido diferentes reuniones con concejales de Belén y de Andalgalá, pero solo a título informativo, porque no hubo mayores gestiones más allá de esas consultas", aseguró el funcionario.
Las declaraciones de Murúa coincidieron con las que hiciera el ex administrador, Mario Richard, a El Ancasti en junio del año pasado, cuando indicó que la única forma de determinar la exactitud de los límites era mediante una ley.
