Casi  $900 millones de pesos  en anticipos especiales de emergencia han sido cancelados, a la fecha, por las oficinas de ENAMI en la zona afectada por el temporal que azotó al norte el 24 y 25 de marzo pasados. La suma es parte de las medidas inmediatas adoptadas por la Empresa Nacional de Minería para contribuir a la reactivación de las faenas de la pequeña minería paralizadas o parcialmente operativas entre Taltal y Vallenar.

Al mismo tiempo, ya han sido aprobados 17 créditos de emergencia por un valor de  US$ 225.874 entre Taltal y La Serena, siendo Copiapó el lugar donde más se ha recurrido a esta línea crediticia sin garantías y 3 meses de gracia.

Desde ocurrida la emergencia, ENAMI concentró sus esfuerzos en definir instrumentos de apoyo al sector que pusieran  en marcha la actividad minera en el más breve plazo. La entrega de anticipos especiales, la prórroga de la vigencia de padrones y la disponibilidad de una línea crediticia de emergencia son algunas de las medidas que aprobó el Directorio de la empresa la semana pasada.

Por otra parte, dentro de las acciones destinadas a rehabilitar el movimiento productivo de la minería de pequeña y mediana escala, ENAMI encabeza la elaboración de un catastro del sector que está siendo realizado en conjunto con el Ministerio de Minería, Sernageomin y SONAMI.

En la zona siniestrada  existen 780 faenas activas de pequeña minería que venden un promedio mensual de casi US$15.000.000 (considerando el primer trimestre del año 2015 hasta antes de la emergencia). Este circulante dinamiza las economías locales y ocupa más de 5.500 trabajadores directos y genera sobre 22.000 empleos indirectos. Hasta ahora, se ha logrado catastrar a cerca del 90% de ellas.

En el área de mayor daño, correspondiente a la zona entre Taltal y Vallenar, se han verificado 507 faenas activas en el primer trimestre. Los resultados del catastro arrojan  278 faenas operativas, 160 inaccesibles y 17 dañadas.

Concluida esta tarea  de diagnóstico,  se inicia el trabajo de rehabilitar las faenas y los caminos de tal modo que los pequeños mineros puedan volver a su trabajo, gestiones que ENAMI realiza en  conjunto con  la Seremi de Minería y la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI).

Las medidas de ENAMI para reactivar la pequeña y mediana minería

Para los pequeños productores mineros, ENAMI ha definido aportar en forma extraordinaria, un  anticipo especial de emergencia en las regiones de Antofagasta y Atacama, correspondiente al 30 % del valor de producción de un mes a todos quienes han solicitado el beneficio, y un 20 %  adicional que aumentará hasta llegar a la producción de un mes, para quienes tengan aún las faenas  dañadas, cifra estimada en 400  mineros.

Abierta línea de créditos de emergencia sin garantías y con 3 meses de gracia. Requisitos de postulación disponibles en www.enami.cl o en oficinas comerciales ENAMI.

Prórroga de vigencia hasta el 30 de abril para los padrones vencidos el 31 de marzo, para las regiones de Coquimbo y Antofagasta. Padrones vencidos a la fecha renovados automáticamente por 90 días más en Taltal y la región de Atacama.

Para el sector de mediana minería, se elevó el precio de sustentación a US$ 2,80 la libra, existiendo un crédito disponible para quienes lo soliciten individualmente.

A dos semanas de decretarse estado de catástrofe en el norte del país por las fuertes lluvias que afectaron a la II y III región, el Ejecutivo ya le puso cifras preliminares al costo que involucrará levantar las zonas afectadas: en total, serán US$ 1.500 millones el gasto fiscal involucrado en el proceso, cifra cercana a la revelada por el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, a parlamentarios en el almuerzo de coordinación del lunes en Teatinos 120.

Según el jefe de las finanzas públicas, un tercio del gasto se financiará con una norma especial que se enviará al Congreso la próxima semana -con discusión inmediata- para traspasar US$ 500 millones de recursos de la Ley Reservada del Cobre a los ingresos generales de la nación.

Dicho mecanismo ya se utilizó para financiar el proceso de reconstrucción tras el terremoto del norte y el incendio en Valparaíso que azotaron dichas zonas entre abril y marzo del año pasado, proceso que costó al Fisco unos US$ 1.244 millones.

"De la misma manera que fuimos capaces de enfrentar el terremoto en el norte el año pasado, y el incendio en Valparaíso, que sumando las dos catástrofes significaron comprometer recursos en torno a los US$ 1.200 millones, vamos a financiarlo de manera responsable", aseguró Arenas en el marco de una sesión especial del Senado para abordar la catástrofe, en la que participó junto a los titulares de Interior, Rodrigo Peñailillo, y de Defensa, Jorge Burgos.

En la oportunidad, el secretario de Estado especificó que al igual que los desastres naturales de 2014, el resto de los recursos serán obtenidos vía reasignaciones presupuestarias, echando mano al erario nacional de este año y de los dos próximos ejercicios (2016 y 2017).

"Asimismo, si fuera necesario, se destinarán recursos del Presupuesto 2018 para afrontar la reconstrucción", aseguró en la Cámara Alta.

De esta manera, y tal como le anticipó a los parlamentarios el lunes, Hacienda descartó echar mano a los fondos soberanos para afrontar la contingencia.

"Estamos dando una señal de seguridad, de protección social, de estabilidad para los ciudadanos que hoy día están damnificados por la catástrofe del norte. El Ejecutivo está trabajando en "distintas dimensiones y el gobierno hoy no solo está en terreno, sino que está trabajando", afirmó tajante el jefe de Teatinos 120.

Ante los senadores, Arenas comprometió que habrá un fuerte impulso de parte de la inversión pública en el proceso de levantar el norte.

"Hoy estamos avanzando aceleradamente en los temas de agua potable, en los temas de alcantarillado, en el despeje de las carreteras, en la reconstrucción y reparación de las viviendas y, por cierto, inversiones de esta magnitud van a significar repriorizar proyectos que vayan atender lo más importante, que son los problemas que aquejan a los ciudadanos".

Medidas adicionales
En la instancia, el ministro de Hacienda enumeró doce medidas implementadas por los servicios dependientes de la repartición para ir en ayuda de los damnificados del norte del país.

Por el lado del Servicio de Impuestos Internos (SII), destacó la postergación del pago de contribuciones en las zonas afectadas desde el 30 de abril hasta el 30 de junio para la primera cuota, mientras la segunda desde el 30 de junio al 31 de julio.

A esto se le agrega la ampliación del plazo para declarar el IVA hasta el 30 de abril y la condonación de multas e intereses de impuestos adeudados

BancoEstado, por su parte, dispondrá de líneas de crédito de emergencia a costo de fondeo, la postergación del pago de cuotas y dividendos a personas afectadas, además de facilidades para que los clientes hagan denuncias de seguros.

En tanto, la Tesorería General de la República implementará procesos especiales para los cobros judiciales e impuestos adeudados, la suspensión de remates -donde se demuestre la destrucción total de viviendas o terrenos-, además del diseño de convenios especiales para pago de obligaciones tributarias, entre otras medidas.

senado: polémica por rol del gobierno

Una tensa sesión se vivió en la sala del Senado, luego de que los parlamentarios se enfrentaran por el rol del gobierno en el desastre natural que afectó al norte hace dos semanas.

El primero en disparar fue el senador de RN por la III Región, Baldo Prokurica, quien tildó de "lento" el actuar del Ejecutivo –particularmente la Onemi- durante la emergencia. "Chile no está preparado para estos desastres naturales. El actuar del gobierno ha sido lento, se sabía por meteorología lo que se venía y no se le informó a tiempo a la ciudadanía", dijo.

Punto que fue contrastado por la senadora PS por la misma zona, Isabel Allende: "El gobierno estuvo en terreno desde el primer día de la emergencia. La misma presidenta de la República llegó a la zona. Es estéril la discusión sobre la actuación del gobierno".

Por su parte, el senador UDI Iván Moreira criticó que el proyecto de ley para reformar la Onemi -enviado por el gobierno de Sebastián Piñera- se "entrampó" y pasó a ser "la última prioridad" cuando asumió el gobierno de la Nueva Mayoría.

En tanto, el senador independiente por la II Región, Pedro Araya, matizó la responsabilidad del Ejecutivo, planteando que "ni siquiera meteorología" podría haber anticipado el nivel de las precipitaciones en la zona.

"No aporta en nada al debate enfocarse en quién hace mejor la reconstrucción. Lo importante es levantar las zonas afectadas".

Medidas de Defensa e Interior

En la sesión especial en el Senado, los titulares de Interior, Rodrigo Peñailillo, y de Defensa, Jorge Burgos, dieron cuenta de los avances en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas en el norte del país.

El jefe de gabinete señaló que a la fecha se han catastrado 11 mil familias para definir los beneficios y subsidios que recibirán del Estado. Asimismo, informó que a la fecha 5.500 efectivos de las fuerzas de orden y voluntarios se han movilizado para ayudar a reconstruir las zonas afectadas. "A eso se le suma el aporte para la compra de enseres por $ 1 millón y un aporte para la vestimenta también de $ 200 mil por familia, es decir, estamos hablando de $ 1.200.000", señaló el titular de Interior.

En tanto, Peñailillo destacó que la conectividad en la zona se está retomando.

"La terrestre está muy avanzada y tenemos desde el tercer, cuarto día, conexión con los grandes centros urbanos, se ha avanzado hacia el interior, quedan pocas zonas del interior que conectividad total todavía no existe".

Por su parte, Burgos señaló que en las próximas semanas se definirá que el Ejército traspase "paulatinamente" a Carabineros la gestión del toque de queda en algunas de las zonas afectadas, "cuando tengan los medios necesarios, porque están empleados hoy en otras cosas". También informó que 3.989 efectivos del Ejército están desplegados en las zonas de catástrofe.

“Como gobierno realizaremos todo aquello que sea necesario para encontrar a las personas que permanecen desaparecidas por el tiempo que sea necesario”. Así lo planteó ayer el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien se refirió a uno de los puntos más complejos que dejaron los aluviones que azotaron a tres regiones del norte del país: 125 personas de las que no hay noticias desde hace 14 días.

Desde el Ejecutivo se explicó que es clave la labor que realizan las policías para dar tranquilidad a los afectados. Esto, pues en comunas como Chañaral, aún hay grupos de parientes de las víctimas que salen cada día a rastrear cuerpos y hay quienes han declarado que esperan encontrar vivo a un familiar que se perdió.

La declaración del ministro Peñailillo fue refrendada por el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. La autoridad, quien lidera junto a la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) el programa de ayudas a los damnificados, afirmó que “la voluntad expresada hoy (ayer) por la Presidenta Michelle Bachelet es clara: el gobierno ayudará con todo lo que sea necesario a la población del norte. Encontrar a sus deudos es una tarea crucial luego de la emergencia”. 

La Onemi publicó ayer una lista de personas presuntamente desaparecidas luego de la catástrofe, basada en la información recopilada por la Policía de Investigaciones y Carabineros.  

Las víctimas habitaban en las comunas de Antofagasta, Calama (Región de Antofagasta), Copiapó, Caldera, Diego de Almagro, Chañaral, Alto del Carmen, Tierra Amarilla (Atacama), Ovalle, Vallenar y Vicuña (Coquimbo).

En la cartera de Interior se explicó que si alguna familia desea cerrar el caso y declarar judicialmente que su pariente falleció, pueden solicitar a un tribunal civil la declaración de muerte presunta por una catástrofe, una vez transcurrido seis meses del hecho. Según la ley, un juez civil es el encargado de oficializar el deceso.

Incesante búsqueda

En Chañaral, Genaro Ortiz (39), junto a otros parientes, continúa buscando a su hermano mayor, Carlos Ortiz, de 42 años, quien el día de la tragedia se encontraba trabajando en un taller ubicado en la salida norte de la ciudad. 

De acuerdo a Ortiz, la PDI sigue trabajando en la búsqueda de cuerpos, pero añade que “de las autoridades no tenemos ningún apoyo. Aquí hay gente de rescate y la búsqueda la seguimos haciendo nosotros mismos o con la colaboración de voluntarios”. A pesar de esto, Ortiz dice que todos los días, desde hace dos semanas junto a su familia y vecinos, “nos movemos para todos lados, pero aún faltan recursos”. En cuanto a poner término a esta búsqueda, sostiene que esto no sucederá hasta que encuentre a su hermano.   

En las áreas afectadas aún existe la idea de que hay una mayor cantidad de personas que se perdieron tras el evento, la que superaría el número del registro que tiene el gobierno. 

Iván Pérez, residente de la localidad de Paipote, en la comuna de Copiapó, asegura que aún puede haber “muchos más desaparecidos”. “En el sector bajo de Paipote resultaron destruidas casas completas. La autoridad debería ir a cada uno de los hogar para catastrar con planos y comprobar si  está la vivienda o ubicar al menos a un familiar para asegurarse de que estén bien todas las personas”.

Leonel Ortiz, funcionario de la Dirección de Vialidad de Atacama, se ha dedicado desde el primer día, junto a su equipo, a despejar las calles para darle conectividad a la comuna. “La localidad de Paipote es la ‘zona cero’ del aluvión, quedó todo arrasado, se perdieron todas las construcciones de adobe. Fue algo increíble, aquí se levantó una ola que llegó a doblar la parte de arriba de los postes”, dice Ortiz, quien además indica que existen denuncias de desaparecidos, pero no a nivel de Chañaral o Diego de Almagro. 

“A mí no me ha tocado ver en este sector ningún fallecido, pero hemos encontrado autos sin pasajeros, en lugares donde podría haber habido gente al momento del aluvión”, añade.

Pedro Rivera, vecino de Copiapó, señala que “seguramente hay muchos más fallecidos de los que están diciendo. Lo que pasa es que aún hay lugares en donde el barro tapó todo, hay casas que están sepultadas”, donde, dice, podrían haber familias.