"Hay que ver qué sirve y si hay algo que no, modificarlo". Con esas palabras, el gobernador José Luis Gioja ayer abrió la puerta para retocar la denominada ley de compre minero sanjuanino.
La norma ha despertado malestar en el sector dado que exige un cupo del 75 por ciento de contratación de proveedores e insumos locales cuando en la práctica, según aseguran los empresarios, hay rubros que no se producen en la provincia.
También el mandatario no descartó que hasta tanto se revise la norma, podrían prorrogar el plazo para que los prestadores puedan inscribirse en el Registro Único de Proveedores Mineros (Rupem).
Este punto también ha desatado quejas de los prestadores, ya que la fecha para anotarse venció el 31 de marzo y muchos han quedado afuera del listado que los habilita justamente a ofrecer sus servicios a las empresas mineras.
Si no están en el registro, las compañías no pueden llegar al tope establecido en la norma para la rendición anual, por lo que se exponen a sanciones económicas. Sobre ese punto, Gioja dijo que "si hay que suspender su aplicación por unos días, no tenemos problemas en hacerlo".
La ley se sancionó en diciembre de 2013 y desde su gestación tuvo resistencia, a pesar de que su espíritu es favorecer a los proveedores locales.
El presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, sostuvo como ejemplo que "de lo que tengo que comprar, el 50 por ciento no se fabrica en San Juan, como combustibles, el cianuro, repuestos de máquinas importadas y otros rubros, por lo que no voy a poder cumplir con el cupo del 75 por ciento que se exige".
El encuentro servirá para tratar a fondo todo lo concerniente al Registro Único de Proveedores Mineros (RUPEM).
El presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Berge, dialogó con DiarioHuarpe.com y confirmó que en los próximos días se reunieran con el gobernador José Luis Gioja para tratar el tema del Registro Único de Proveedores Mineros (RUPEM) al considerar que la ley no contempla la realidad actual por la que está atravesando el sector.
“Desde la entidad que represento hemos pedido una audiencia con el gobernador José Luis Gioja y nos han confirmado que seremos recibidos. Todavía resta definir día y horario, pero lo importante es que podremos llegar con nuestros planteos”, dijo Bergé.
Al ser consultado sobre el temario del encuentro, el representante de la Cámara Minera apuntó que “queremos hablar sobre el RUPEN, hoy nos parece que es algo que no favorecerá a nadie. Para que vamos a tener una ley que perjudica a todos y no contempla la realidad del sector minero en la actualidad. Queremos dar nuestro punto de vista para que todos salgamos favorecidos”.
Es por iniciativa de los diputados del Frente para la Victoria, Silvio Suárez y Carlos Albrieu, y luego de analizar con empresarios del sector la necesidad de incrementar la contratación de servicios y la compra de bienes e insumos locales por parte de las operadoras mineras. Se establecen obligaciones tanto para prestadores como para empresas mineras.
Los diputados del Frente para la Victoria, Silvio Suárez y Carlos Albrieu, vienen trabajando junto a representantes de la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz, en la elaboración de un proyecto de Ley tendiente a crear el Registro de Proveedores Mineros, con el objetivo de regular la adquisición de bienes, insumos y servicios que adquieren las operadoras mineras dentro del territorio.
De esta manera, y luego de diversas reuniones que se vienen desarrollando desde diciembre del año pasado junto a este sector que nuclea a los proveedores de la actividad minera, y en cuya
representación participaron Mauro Suárez, Dante Melano, Sobeida Miris y Lucio Gómez, este miércoles los legisladores presentaron el proyecto de ley, que busca generar un marco legal para garantizar el compre local, estableciendo obligaciones tanto para prestadores como para empresas mineras
Definiendo como Autoridad de Aplicación al Ministerio de la Producción, se crea bajo ese ámbito el Registro de Proveedores Mineros, de carácter obligatorio y público, en el que deberán inscribirse los proveedores locales, los que a partir de una certificación de “Empresa santacruceña”, se encontrarán habilitados para prestar servicios a las empresas mineras.
Sobre los proveedores, se definió que deberán contar con domicilio real y fiscal en Santa Cruz, por un período no inferior a 5 años; el 70% de la nómina de trabajadores deberán tener domicilio en la Provincia; en el caso de la conformación de Uniones Transitorias de Empresas, el 50% deberá ser conformado por proveedores locales; además de que no se considerarán proveedores locales aquellas empresas que estén vinculadas o controladas por grupos económicos nacionales o extranjeros; entre otros requisitos, los que deberán ser acreditados a través de Declaraciones Juradas
Respecto de las operadoras mineras, se establece que el monto anual de contrataciones de obras, bienes, insumos o servicios con proveedores locales inscriptos en el Registro de Proveedores Mineros, no podrá ser inferior al 70% del monto total contratado; también deberán acreditar fehacientemente haber invitado al menos a un proveedor local para ofertar en la contratación de servicios o adquisición de bienes
En el caso de que las operadoras mineras contraten a proveedores mineros no inscriptos en el Registro, esas contrataciones no serán computables a los efectos de la obligación determinada (70%), cuando los precios u ofertas de éstas resulten inferiores en al menos un 15% respecto de los precios u ofertas ofrecidos para una misma contratación por parte de proveedores inscriptos en el RE.PRO.MI.
Al igual que los proveedores, las operadoras mineras deberán presentar Declaraciones Juradas anualmente, conteniendo información inherente a nómina de proveedores y montos contratados de operaciones, se hallen o no inscriptos en el Registro, como así también la nómina de trabajadores que se hallen bajo su dependencia.
El proyecto de Ley establece también que el Ministerio de la Producción, como Autoridad de Aplicación, deberá extender las certificaciones de “Empresa santacruceña”; controlar el cumplimiento de la normativa; aplicar sanciones en caso de incumplimiento; solicitar anualmente a las empresas certificadas la documentación que avale su vigencia y requisitos; crear y mantener actualizado el REPROMI; entre otras.
Finalmente, esta nueva norma, crea la Comisión Tripartita de Seguimiento y Control, que estará integrada por un representante del Ministerio de la Producción, uno de la Universidad Tecnológica Nacional y uno por el sector de proveedores mineros, con carácter ad honorem, quienes participarán y colaborarán en la verificación del cumplimiento de las obligaciones que dispuestas, se reunirán cada tres meses, dictará su propio reglamento interno, entre otros.
Cabe destacar que el incumplimiento de la contratación estipulada en los términos de la ley en cuanto a proveedores santacruceños, o el falseamiento de las declaraciones juradas – tanto por parte de las operadoras mineras como de las proveedoras – serán pasibles de sanciones y multas por parte de la Autoridad de Aplicación.
Es por iniciativa de los diputados del Frente para la Victoria, Silvio Suárez y Carlos Albrieu, y luego de analizar con empresarios del sector la necesidad de incrementar la contratación de servicios y la compra de bienes e insumos locales por parte de las operadoras mineras. Se establecen obligaciones tanto para prestadores como para empresas mineras.
Los diputados del Frente para la Victoria, Silvio Suárez y Carlos Albrieu, vienen trabajando junto a representantes de la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz, en la elaboración de un proyecto de Ley tendiente a crear el Registro de Proveedores Mineros, con el objetivo de regular la adquisición de bienes, insumos y servicios que adquieren las operadoras mineras dentro del territorio. De esta manera, y luego de diversas reuniones que se vienen desarrollando desde diciembre del año pasado junto a este sector que nuclea a los proveedores de la actividad minera, y en cuya representación participaron Mauro Suárez, Dante Melano, Sobeida Miris y Lucio Gómez, este miércoles los legisladores presentaron el proyecto de ley, que busca generar un marco legal para garantizar el compre local, estableciendo obligaciones tanto para prestadores como para empresas mineras.
Definiendo como Autoridad de Aplicación al Ministerio de la Producción, se crea bajo ese ámbito el Registro de Proveedores Mineros, de carácter obligatorio y público, en el que deberán inscribirse los proveedores locales, los que a partir de una certificación de “Empresa santacruceña”, se encontrarán habilitados para prestar servicios a las empresas mineras. Sobre los proveedores, se definió que deberán contar con domicilio real y fiscal en Santa Cruz, por un período no inferior a 5 años; el 70% de la nómina de trabajadores deberán tener domicilio en la Provincia; en el caso de la conformación de Uniones Transitorias de Empresas, el 50% deberá ser conformado por proveedores locales; además de que no se considerarán proveedores locales aquellas empresas que estén vinculadas o controladas por grupos económicos nacionales o extranjeros; entre otros requisitos, los que deberán ser acreditados a través de Declaraciones Juradas.
Respecto de las operadoras mineras, se establece que el monto anual de contrataciones de obras, bienes, insumos o servicios con proveedores locales inscriptos en el Registro de Proveedores Mineros, no podrá ser inferior al 70% del monto total contratado; también deberán acreditar fehacientemente haber invitado al menos a un proveedor local para ofertar en la contratación de servicios o adquisición de bienes.
En el caso de que las operadoras mineras contraten a proveedores mineros no inscriptos en el Registro, esas contrataciones no serán computables a los efectos de la obligación determinada (70%), cuando los precios u ofertas de éstas resulten inferiores en al menos un 15% respecto de los precios u ofertas ofrecidos para una misma contratación por parte de proveedores inscriptos en el RE.PRO.MI. Al igual que los proveedores, las operadoras mineras deberán presentar Declaraciones Juradas anualmente, conteniendo información inherente a nómina de proveedores y montos contratados de operaciones, se hallen o no inscriptos en el Registro, como así también la nómina de trabajadores que se hallen bajo su dependencia.
El proyecto de Ley establece también que el Ministerio de la Producción, como Autoridad de Aplicación, deberá extender las certificaciones de “Empresa santacruceña”; controlar el cumplimiento de la normativa; aplicar sanciones en caso de incumplimiento; solicitar anualmente a las empresas certificadas la documentación que avale su vigencia y requisitos; crear y mantener actualizado el REPROMI; entre otras.
Finalmente, esta nueva norma, crea la Comisión Tripartita de Seguimiento y Control, que estará integrada por un representante del Ministerio de la Producción, uno de la Universidad Tecnológica Nacional y uno por el sector de proveedores mineros, con carácter ad honorem, quienes participarán y colaborarán en la verificación del cumplimiento de las obligaciones que dispuestas, se reunirán cada tres meses, dictará su propio reglamento interno, entre otros. Cabe destacar que el incumplimiento de la contratación estipulada en los términos de la ley en cuanto a proveedores santacru-ceños, o el falseamiento de las declaraciones juradas – tanto por parte de las operadoras mineras como de las proveedoras – será pasibles de sanciones y multas por parte de la Autoridad de Aplicación.
