En el último trimestre del año pasado la mayoría de los subsectores de la industria minera sufrieron una desaceleración en su PIB. Solo se salvó el segmento de minerales no metálicos, que creció.
Las cifras detalladas por el Dane, sobre el comportamiento del sector minero y petrolero en el último trimestre del año pasado dejaron preocupados a los directivos de las compañías de esta rama y los reafirma en su petición de un plan de choque para solucionar las dificultades que tienen las empresas del sector para operar en el país.
Y es que las estadísticas de los últimos tres meses del año pasado muestran una desaceleración tan fuerte en la industria minero-energético que da para encender las alarmas.
Como se dio a conocer desde mediados de marzo, en total, el sector de minas y canteras decreció en el último trimestre del 2014 un 3,3 por ciento. Este segmento se divide en dos grandes partes: petróleo y minería.
Por el lado del petróleo la caída fue de 1,4 por ciento, y desde el punto de vista de la minería el descenso fue de dos dígitos: 10,3 por ciento.
De las subcategorías que conforman la industria minera, solo se salvó el segmento de minerales no metálicos (que incluye básicamente materiales de construcción) porque tuvo un alza en el PIB de 12,3 por ciento en el trimestre.
Mientras que el valor agregado del carbón perdió un 17 por ciento de su PIB, el de minerales metálicos (oro, plata y níquel) cayó en 1,7 por ciento en el trimestre.
“Los resultados del PIB del último trimestre fueron muy cercanos a los pronósticos que habíamos hecho. Es decir que se sabía que esto iba a pasar”, explicó Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, ACM.
Lo que le preocupa a futuro es que parece que los precios de las materias primas tampoco tendrán una recuperación notoria en el corto plazo.
“Se necesita tener un plan de choque para volver a tener crecimientos en la industria. El carbón el año pasado varió (en lo corrido del año 3,6 por ciento) lo que quiere decir que sí es posible que, mejorando las condiciones de operación de la industria y apoyando a las empresas que están produciendo, se mejoren los resultados”, explicó el vocero gremial.
El ministro de Minas y Energía, Tomás González Estrada, señaló que ante la situación del sector minero el Gobierno sí está tomando medidas encaminadas a facilitar la viabilidad de las empresas.
Mencionó dos de ellas: la primera es la modificación en el plan de desarrollo del canon superficiario, un monto que tienen que pagar las empresas para hacer exploración, de tal forma que se arranque con tarifas bajas, y ajustadas de acuerdo con el tamaño del área, que van creciendo con el tiempo. “La idea de esto es estimular la exploración, que sea costoso tener el área quieta”, explicó.
Y la segunda medida mencionada tiene que ver con una decisión que se tomó en la Comisión de Regalías para que los municipios productores (tanto de petróleo como de minerales) puedan invertir nuevos recursos en proyectos, concertados con la comunidad, para que “ayuden a viabilizar la producción, para que se vean los beneficios de las operaciones mineras”.
“Estos son dos ejemplos muy concretos, pero la discusión de las medidas no se ha agotado, hay cosas por fuera del plan, temas de competitividad que están en curso”, agregó González, quien precisó que ajustes tributarios también están sobre la mesa.
No obstante, el senador opositor del Centro Democrático, Iván Duque, criticó que las medidas que se han propuesto hasta ahora son como ‘poner parches a la llanta’ y que se necesitan soluciones estructurales para el sector.
“Hay que tomar unas medidas muy claras en aspectos tributarios en el sector minero-energético del país. Pero debo decirle que no es una buena práctica utilizar el Plan de Desarrollo como el vehículo para resolver problemas estructurales sin haber hecho una debida exposición en el documento de las bases, sobre cuáles eran los lineamientos de política estratégica”, aseguró el congresista.
Por otra parte, los pronósticos de la Asociación Colombiana de Minería indican que en el primer trimestre de este año, cuyos datos del PIB serán revelados por el Dane a mediados de junio, muestran que lo más probable es que no haya mayor variación en el comportamiento del sector minero para el arranque del año.
La razón, el entorno del sector en el primer trimestre del año no ha variado mucho, con relación al de finales del año pasado.
CONSTRUCCIÓN IMPULSÓ A LOS NO METÁLICOS
En el último trimestre del año pasado el único segmento del sector minero que registró un crecimiento positivo fue el de minerales no metálicos.
Salvo en el segundo trimestre, en el que esta rama tuvo una variación de 5,4 por ciento, en todos los demás periodos el crecimiento del PIB fue de dos dígitos, de tal forma que consolidó una variación de 10,6 por ciento durante el año.
“Efectivamente, las cifras consolidadas muestran esa tendencia, que tiene que ver con el buen desempeño del sector constructor”, explicó el presidente de Asogravas, Carlos Fernando Forero. Este sector es el que tiene menos peso en materia de generación de valor agregado para todo el renglón minero, pero sí tiene mayor relevancia en volumen. El año pasado en arenas, gravas, trituradas, gravillas, entre otros materiales de construcción, se produjo un total de 160 millones de toneladas. De acuerdo con el gremio Asogravas, en la próxima década el sector crecerá entre 6 y un 10 por ciento promedio anual. “Los proyectos de vivienda de interés social y las vías de cuarta generación que ya empezaron a construirse nos dan motivos para mantener el optimismo en estos pronósticos”, señaló el líder gremial.
El proyecto de Ley 200 de 2015 con el cual se presentó a consideración del Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, deja expuesto el sector minero a nuevas modificaciones que sin duda están permeando de inestabilidad jurídica al sector minero colombiano, pues hoy por hoy, el sector atraviesa una de las más difíciles épocas en la historia colombiana, en la que a través de leyes que desarrollan otros aspectos se está regulando esta actividad, que cada vez es más difícil de desarrollar.
Y es que la minería en Colombia se convirtió en el sector más vulnerable, pues en el imaginario colectivo sólo se encuentran la explotación ilícita de minerales que realizan unos pocos. y que se ha transformado en el caballo de batalla del gobierno nacional a la hora de buscar una solución, con lo cual se ha tratado de dar participación a todos los actores, lo cual ha traído innumerables perjuicios a la actividad minera que se desarrolla en nuestro país.
Las críticas van orientadas a la desmedida desorganización e incoherencia a la hora de proferir los proyectos de Ley, pues pasamos de combatir la explotación ilegal de minerales a promoverla a través de la nueva legislación que se pretende expedir.
Tal es el caso del fomento a la minería de pequeña escala o de los pequeños mineros, advirtiendo, que en caso de encontrarse títulos mineros en el lugar donde se realiza la explotación sin el cumplimiento de los lineamientos exigidos para realizarlo, existe la posibilidad de la suscripción de los subcontratos de explotación con los titulares, para continuar desarrollando actividades extractivas, por el término máximo de cuatro años.
Con lo anterior el gobierno ampara los trabajos de los pequeños mineros advirtiendo una protección sui generis, que va en contra de la persecución que está ejecutando la Policía Nacional contra la minería criminal, y la implementación del Registro Unico de Comercializadores de Minerales (Rucom), el cual busca que se realice la verificación de la procedencia lícita de los minerales en el territorio nacional y en caso de no contar con ésta, realizar el decomiso de los minerales que de manera ilegal han sido extraídos, por ello, para la opinión de los conocedores, es que ésta es una posición contradictoria, pues no existe una definición y continuidad para evitar la proliferación de la explotación minera ilegal en el país.
Es evidente que gobierno desea volver atrás con la clasificación de los proyectos mineros de gran, mediana y pequeña minería, con el objetivo de implementar una política pública diferenciada, lo cual fue previsto por el Decreto 2655 de 1988, y modificado por la Ley 685 de 2001, atendiendo a criterios de unificación que para la época se hicieron necesarios, con el fin de optimizar los proyectos mineros y que la autoridad realizara requerimientos estandarizados con los cuales se quería prevenir accidentes, lograr el recaudo de obligaciones económicas sin importar quien desarrollaba la actividad minera, y tener de un trato equilibrado para los proyectos sin desconocer las necesidades del cumplimiento estricto para desarrollar una actividad que compromete gran inversión, exigencias de seguridad y cumplimiento de estándares ambientales que no pueden ser diferenciales, pues se trata de la obligación de protección de los recursos naturales enmarcados en un ambiente de sostenibilidad.
Los dos anteriores ejemplos son sin duda algunos de los cuales, hacen que los inversionistas nacionales y extranjeros duden de las decisiones que de manera aislada se toman en nuestro país, y que sin duda dejan de lado la experiencia que tiene el sector para desarrollar la minería como se hace en la actualidad, pues ni siquiera se realiza un estudio normativo y cronológico de los hechos que han impactado la actividad en tan solo treinta años.
En cuanto al cierre de minas consideramos que se trata de otro aspecto de especial relevancia, el cual ha sido contemplado por el Código de Minas, pero del que a la fecha no se ha realizado una regulación con criterios de inversión de capital exigible, para precisamente lograr la recuperación morfológica de las zonas en las cuales se desarrolló el proyecto minero una vez finaliza, por lo anterior consideramos que el proyecto de Ley del PND plasma una serie de decisiones que fácilmente podrían ser objeto de regulación por parte de la autoridad minera, y que evitarían el debate y el análisis del Congreso de República para exigirse.
Por lo anterior, consideran los expertos, que se hace necesario un análisis detallado con el fin de evitar decisiones que logren terminar de desestabilizar un sector que tuvo capacidad de fortalecer en alguna medida la economía de nuestro país pero que con la desmesurada intensión de regularlo se está eliminando.
Hoy, en El Bagre, expertos en minería y trabajo infantil, así como representantes de los gobiernos Nacional, Departamental, alcaldes de la región y otras autoridades, debatirán y buscarán alternativas para reducir el trabajo infantil minero.
La cita, enmarcada dentro del Proyecto Somos Tesoro, se constituye como el Primer encuentro de política pública para sacar a los niños de esta actividad flagelante en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño.
De ahí la importancia de las experiencias que, sobre el particular, expongan líderes comunales, educativos y los delegados de las alcaldías de Segovia, Remedios, Zaragoza, El Bagre y otros de sus vecinos del Bajo Cauca y el nordeste.
Voceros de la Gobernación sostienen que se pretende sumar los esfuerzos de las distintas autoridades para brindarles alternativas de una vida digna para los niños que acaban sus vidas en socavones y filones de ríos y montañas.
Tal actividad está prohibida por el Código del menor. Se seleccionó El Bagre por ser uno de los centros de una región cuya vocación económica gira en torno a la actividad minera del oro.
Acabar con el trabajo infantil es una de las estrategias de la Gobernación. Para ello, con diversos convenios, liderados por la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud y la Secretaría de Minas, ha invertido más de 2.000 millones de pesos, que han beneficiado a más de 20.000 niños.
La pequeña minería es un oficio que compromete el esfuerzo de toda la familia. Muchos de los niños inician labores, moviendo pequeñas piedras y lamiendo la montaña con palas y picos a los cinco años, como lo narró a EL COLOMBIANO, una indígena Nutabe del cañón del río Cauca en Sabanalarga.
Aunque se han logrado avances en su erradicación, la ilegalidad de ese trabajo no permite detectarlo y controlarlo del todo.
