La Sociedad Química Minera (SQM), controlada por el empresario Julio Ponce Lerou, advirtió a sus accionistas los efectos negativos que podría generar sus diferentes conflictos, como la emisión de boletas ´ideológicamente falsas´, el arbitraje por el contrato de arrendamiento del Salar de Atacama y el caso ´Cascadas´.
Según explicó la empresa por medio de sus Memorias 2014, las investigaciones y denuncias del Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Ministerio Público por el pagos de boletas y facturas sin respaldo efectuadas por SQM entre los años 2009 y 2014 pondría en "riesgo" la organización.
"No podemos predecir el resultado ni la duración de dichas investigaciones, ni tampoco de nuestra investigación interna", indica
"Podríamos estar sujetos a procedimientos civiles, criminales o regulatorios en Chile, y podríamos estar sujetos a procedimientos civiles, criminales o regulatorios fuera de Chile, incluyendo en los Estados Unidos de América. El responder las solicitudes regulatorias actuales y cualquier procedimiento civil, criminal o regulatorio futuro, podría desviar la atención de nuestros principales ejecutivos de su enfoque en nuestras operaciones cotidianas", completa.
Por otro lado, respecto al caso ´Cascadas´, donde se acusa a directivos de la minera no metálica de cometer infracciones contra las leyes chilenas del mercado, indica que puede tener un "efecto adverso material en la reputación de mercado y en las operaciones comerciales de SQM".
Finalmente, advierte que un fallo adverso en la disputa con Corfo por el contrato de arrendamiento del Salar de Atacama podría significar pagos extras o el término anticipado al contrato de arrendamiento. Este último, "tendría un efecto material adverso en nuestro negocio, posición financiera y resultados de operaciones", advierte.
Añade: "No podemos asegurar que Corfo no usará este procedimiento arbitral para intentar renegociar las condiciones del Contrato de Arrendamiento en una manera que no sea favorable para SQM Salar. Además, tampoco podemos asegurar que Corfo no adoptará otras acciones en el futuro en relación con el Contrato de Arrendamiento que puedan ser contrarias a nuestros intereses".