Es uno de los proyectos más esperados por las empresas eléctricas, principalmente por las generadoras, que ven en esta iniciativa una posibilidad cierta de destrabar el complejo escenario que hoy enfrentan los proyectos en su relación con las comunidades.
Esto, pues en los últimos años ha florecido una oposición a cualquier tipo de megaproyecto en distintas zonas del país, lo que ha derivado en una verdadera parálisis de proyectos de generación que, acusan los grandes productores de energía, es lo que más afecta a los precios de la electricidad.
Aunque el envío del proyecto de Ley de Asociatividad ha sido postergado ya dos veces -en diciembre se dejó para marzo y ahora el compromiso es enviarlo durante el primer semestre-, el Gobierno ha seguido trabajando en afinar una serie de propuestas que permitirán concretar su idea fuerza: que las comunidades se sientan parte de los proyectos que albergan y viabilizar así su construcción.
El objetivo de la iniciativa es contribuir a generar las confianzas necesarias entre los actores sociales a la hora de desarrollar un proyecto, mediante el conocimiento conjunto, compartido, claro y transparente, sobre los objetivos, planes y programas de desarrollo que persigue cada uno de los actores, así como respecto a las demandas sociales de la comunidad. “El propósito es conocer tempranamente las oportunidades de complementariedad entre dichos objetivos como para transformar las inversiones previstas en indicadores económicos, sociales y ambientales, que debidamente territorializados, contribuyan a generar zonas de beneficios compartidos”, señala el documento.
Parte sustancial del contenido que se espera tenga el proyecto de ley fue recogido por el Informe Final de la comisión asesora establecida en el marco de Energía 2050, y que integran los académicos Hugo Romero, Jaime Iturriaga, Claudio González, Walter Traub, Eduardo Astorga y el ex secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia, Patricio Rodrigo.
“El Ministerio de Energía a través de su División de Desarrollo Sustentable, se encuentra realizando procesos amplios de consulta ciudadana y encomendando propuestas a equipos profesionales sobre un conjunto de herramientas que apuntan a comprender la actual evaluación de la sociedad chilena respecto a los proyectos energéticos”, explica el documento, siendo la instancia que recogió todo este trabajo el grupo asesor de Asociatividad.
Esta instancia, con oficina en el Departamento de Geografía de la U. de Chile y en el que colaboró estrechamente la división de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía, entregó hace algunos días un documento llamado “Levantamiento de Antecedentes para Apoyar el Diseño de un Proyecto de Ley de Asociatividad”, un informe final de más de 200 páginas que incorpora una serie de ideas y propuestas que se espera sean recogidas por la cartera que encabeza Máximo Pacheco para el proyecto de ley definitivo.
Allí se plantea que la asociatividad, a juicio del grupo de trabajo, debiera consistir en la generación, desarrollo e implementación de capacidades organizacionales para permitir que los actores locales sean protagonistas y los principales beneficiados con las acciones de inversión económica, social y cultural que se propongan para un lugar determinado.
¿Propuestas?
Varias. La primera de todas, como viene siendo la tónica de las últimas normativas planteadas por el Gobierno en materia energética es aumentar el rol del Estado, en este caso tanto en lo relativo a la relación entre los proyectos de generación y las comunidades como el ordenamiento territorial y los planes de desarrollos regionales y locales.
En ese contexto, se requeriría dotar de nuevas atribuciones a la autoridad energética “para que se transforme en un promotor y garante de los acuerdos sociales y económicos que se pueden abordar entre los diferentes actores involucrados, particularmente en aquellos alcanzados entre las comunidades y el sector privado”.
Todo esto, a juicio del grupo asesor, “debería significar un cambio sustancial entre las diversas prácticas existentes en la actualidad, tales como políticas de buena vecindad, responsabilidad social empresarial y otras, para llegar a un nivel en que se produzca una redistribución de los beneficios asociados a la generación de energía”.
La administración
Una de las ideas más novedosas tiene que ver con la posibilidad de que las empresas compartan la propiedad de las centrales de generación, modelo que ha tenido relativo éxito en EEUU.
Finalmente, se establece que las empresas que generen sobre 20 MW de capacidad instalada consideren la necesidad de realizar aportes económicos a las instituciones de asociatividad para contribuir a financiar los proyectos que las propias comunidades hayan decidido implementar de manera autónoma.
Para poder administrar estos recursos se propone implementar la figura de una Corporación de Desarrollo Privado sin Fines de Lucro, que estaría a cargo de la distribución y la recaudación de las empresas de desarrolladoras de proyectos de generación y que estén dirigidas a las comunidades asociadas.
Es una de las propuestas más radicales que incorpora el informe final de la comisión: introducir en Chile el concepto de cooperativas eléctricas.
¿A qué apunta? Populares en EEUU., se trata de sistemas eléctricos de propiedad privada, sin fines de lucro, y que han puesto a ese país entre los pioneros en el mundo en la incorporación de las comunidades a los beneficios de los proyectos de inversión que albergan.
"En el caso de EEUU. existen varios mecanismos que permiten que los municipios y la comunidad en general, puedan incorporarse al negocio eléctrico, como por ejemplo a partir de las empresas públicas (utilities públicas) y las cooperativas eléctricas. En el caso de Canadá, existe la figura de Joint Venture (para obras remediales) entre la comunidad y el desarrollador del negocio, que da origen a una corporación sin fines de lucro", recoge el informe.
Este esquema genera un vínculo que se inicia desde el origen del proyecto de generación, e incluye un aporte monetario durante toda la vida del proyecto.
La comisión propone precisamente dejar esta posibilidad abierta. Se propone dejar como alternativa de asociatividad "la posibilidad de compartir la propiedad de una empresa de generación entre los inversionistas y la comunidad, por ejemplo a través de una cooperativa eléctrica", siguiendo el modelo norteamericano.
Ha sido un punto que han levantado sobre todo las compañías renovables, que plantean que no puede medirse con la misma vara a los generadores convencionales que a ellos, que tienen una capacidad mucho menor de producción, fundamentos económicos más acotados y un menor impacto ambiental.
Sin embargo, la propuesta del grupo de trabajo propone que las empresas que generen sobre los 20 MW de capacidad instalada, consideren la necesidad de realizar aportes económicos a las instituciones de asociatividad con la finalidad de contribuir a financiar los proyectos que las comunidades han decidido implementar autónomamente. "Esta magnitud corresponde a la mayoría de los casos en que se han verificado controversias agudas. De igual manera, dicho aporte debería considerar si se trata de un proyecto nuevo o existente y si corresponde a la etapa de construcción u operación", señala el reporte.
La propuesta de la institucionalidad plantea la figura de una corporación de desarrollo privado sin fines de lucro, encargada tanto de recibir como de administrar los aportes de los generadores de energía y la implementación de las inversiones en materia de desarrollo local. "Para los proyectos de generación nuevos, tendría el carácter de vinculante, en tanto que para los proyectos existentes sería voluntario", se agrega.
Cómo se definen los aportes que establecerán los privados a las comunidades ha sido uno de los temas de más difícil resolución en la discusión sobre asociatividad.
Aunque se ha planteado que se establezca un porcentaje respecto del capex, de las utilidades de la central o de sus ventas, según el grupo de trabajo se debe revisar en detalle cada situación e incorporar las necesidades de las comunidades y otras variables similares en la evaluación.
"Desde una perspectiva económica, un aporte sobre las ventas representa un tipo de contribución más fácil de recaudar y potencialmente menos distorsionadora (desde la perspectiva de la recaudación de la comunidad que lo obtiene) que uno sobre utilidades (...) Aún con ello, los montos debieran surgir a partir de la evaluación financiera del proyecto y de las necesidades locales planteadas por la comunidad, lo que se debiera traducir en un Plan de Redistribución de Beneficios", se explica en el documento.
La idea es que el monto del aporte no termine impactando negativamente en el margen de las utilidades de un proyecto, especialmente aquellos orientados a las ERNC. "El punto de quiebre, debiera ubicarse en aquel porcentaje que permita mantener una rentabilidad interesante para los inversionistas y la banca en general", señala el texto.
La propuesta apunta directamente a una de las razones que han disparado el número de proyectos judicializados en el país: proponer un registro nacional de profesionales mediadores entre las comunidades y las empresas, dejando al margen a ciertos abogados que, según acusan las empresas, han provocado una radicalización de los movimientos ambientales y comunitarios.
"Se propone que la autoridad establezca un registro de profesionales con experiencia acreditada en procesos de acercamiento temprano a las comunidades locales, que puedan actuar como facilitador-mediador entre los múltiples actores e intereses en disputa, tendientes a una adecuada resolución de potenciales conflictos", se plantea.
A modo de ejemplo, el reporte destaca la existencia de seminarios y coloquios de conflictos socioterritoriales en Canadá, en los que participan tanto los actores involucrados como las empresas, en universidades que operan como terceros imparciales. De esta manera, la discusión pasa a ser académica antes que coyuntural o política.
Algo similar ocurre en Estados Unidos, donde el Parlamento dispone de centros de análisis y resolución de conflictos, operando éstos como un tercero imparcial frente a las comunidades y también con las firmas interesadas en desarrollar obras.
