Por MATÍAS BONELLI.
La situación financiera de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) se hace cada vez más cuesta arriba.
Los problemas de la compañía con sede en Mendoza estallaron el año pasado, pero la escalada de estos inconvenientes se hacen cada vez más complejos. La firma que comanda Enrique Pescarmona dio a conocer su último balance cerrado el 31 de diciembre último, y allí queda al descubierto lo compleja que es si situación.
El resultado de su último ejercicio contable arrojó un balance negativo que supera los 1800 millones de pesos.
Los números que la propia Impsa que emplea a cerca de 4000 personas le envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el último resultado del ejercicio cerró con "un quebranto de $ 2.134.312.995 y las reservas facultativas constituidas en períodos anteriores ascienden a $ 291.452.674".
La empresa, sin embargo, decidió absorber una parte de ese rojo, por lo que el salgo negativo finalmente tocó los 1.842.860.321 pesos.
Ante esto, las autoridades de la empresa determinaron que no se distribuirán resultados acumulados una medida que no se adoptaba desde hace tiempo, de modo de no empeorar la situación.
La génesis de estos problemas financieros se dieron en Brasil, donde mantiene un concurso de acreedores por más de 770 millones de dólares.
Allí mantiene un conflicto con la estatal Eletrobras, que contrató a Impsa para la construcción del Parque Eólico Santa Catarina, de 200 megavatios, una obra de 250 millones de dólares.
Pero el dinero ofrecido por Eletrobras nunca llegó, a tal punto que se sumaron 30 meses sin ingreso de dinero por este trabajo. A partir de este punto la crisis de la empresa se agudizó.
Como una forma de buscar financiamiento, entonces, Impsa lanzó una serie de ON, aunque el plan no salió como se esperaba.
El último incumplimiento en este sentido fue el martes 30 de septiembre de 2014, cuando no pagó u$s 20 millones de intereses, correspondientes a una emisión por u$s 390 millones realizada por WPE International Cooperatief U.A, brazo financiero de WPE, a su vez controlada por Venti, holding creado por Impsa.
Una situación similar se refleja en la Argentina, donde también lanzó ON para financiarse.
Como si esto fuera poco, el gobierno de Venezuela le debe cerca de u$s 2000 millones por la construcción de la represa de Tocoma, dinero con el que regularizaría su situación financiera.
Estos vaivenes financieros obligaron a Enrique Pescarmona a analizar la posibilidad de vender activos sobre todo en Brasil, donde se inició esta debacle.
En medio de esto, la CNV le pide a la empresa que adopte y comunique "una resolución expresa" en asamblea de accionistas que, por ejemplo, prevea cómo revertir la situación que atraviesa.
La empresa mendocina de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) continúa con una importante crisis financiera que alerta a los más de 4.000 empleados que tiene la compañía. El directorio informó que desde el 2014 acumula un déficit financiero de 1.842 millones de pesos. Desde el año pasado mantiene parte de su personal ayudado por el Estado a través de los Repro
Los números de la compañía en último año no han cerrado de manera positiva y la lo informado por la empresa y los gremios de trabajadores la crisis financiera se agrava a pesar de que la firma intenta buscar una solución.
Según los datos aportados por el último balance contable realizado en diciembre del año pasado, el balance de la empresa es negativo debido a que el déficit superó a los 1.800 millones de pesos, lo que quedó asentado en el acta de la última Asamblea de accionistas celebrada el viernes 27 de marzo.
Si bien las causas la crisis de la empresa de Pescarmona son variadas, uno de los factores que ha influido en el flujo económico es la deuda de 1.200 millones de dólare que tiene el gobierno venezolano de Nicolás Maduro con Impsa por la construcción la Planta Hidroeléctrica Manuel Piar, ubicada en el bajo río Caroní, en el estado Bolívar.
IMPSA es una empresa centenaria dedicada a proveer soluciones integrales para la generación de energía eléctrica a partir de recursos renovables, con presencia en países latinoamericanos, Estados Unidos, China, Sudáfrica, la India y el Caribe.
La crítica situación desencadenó otro aspecto tratado por los accionistas en la reunión: la propuesta del directorio y por
primera vez en mucho tiempo, "no distribuir resultados acumulados, dado que resultan los mismos un quebranto".
Cuentas en rojo
Según lo manifestado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) con la firma de Gabriel Gutiérrez, uno de los accionistas, el resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 arrojó "un quebranto de 2.134.312.995 y las reservas facultativas constituidas en períodos anteriores ascienden a $ 291.452.674".
De la decisión de "absorber parte" de ese déficit con las reservas se desprende un saldo negativo de 1.842.860.321 de pesos, según el 50° balance de Impsa desde su fundación, el que claramente no fue uno más.
La empresa mendocina pasó en 2014 uno de sus años más difíciles, que la sumieron en una crisis financiera y económica no sólo en Argentina sino también con sus activos en Brasil,donde mantiene un concurso de acreedores por más de 770 millones de dólares.
La empresa intenta, mientras tanto, reestructurar su deuda con los tenedores de las Obligaciones Negociables (ON), muchos de ellos inversores argentinos, que lanzó en los últimos años al mercado bursátil para financiarse: un compromiso cuyo vencimiento no pudo afrontar en 2014 y la llevó al default.
Actualmente, alrededor de 1.000 empleados de la empresa están protegidos por el subsidio deRecuperación Productiva (Repro), un plan por el que el Estado aporta $2.000 del sueldo cada trabajador.
La multinacional argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) registró en el 2014 un déficit financiero de 1.842 millones de pesos y su situación está cerca del abismo, con unos 4.000 de puestos de trabajo en juego.
Los números de la compañía en último año, de acuerdo a su flujo de efectivo y estado consolidado de situación financiera, definitivamente no cerraron en forma positiva y confirmaron la profunda crisis que atraviesa la firma.
El resultado integral del último ejercicio contable al 31 de diciembre pasado arrojó un balance negativo superior a los 1.800 millones de pesos, lo que quedó asentado en el acta de la última Asamblea de accionistas celebrada el viernes 27 de marzo.
El directorio de la firma dio cuenta que no tiene reservas suficientes para compensar un rojo que, sin descontar lo que declara en sus arcas, alcanzaría los 2.100 millones de pesos, publicó el diario mendocino Los Andes.
Ese déficit podría ser saldado con lo que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro le debe (1.200 millones de dólares) a Impsa por la construcción de la represa de Tocoma, oficialmente conocida como Planta Hidroeléctrica Manuel Piar, ubicada en el bajo río Caroní, en el estado Bolívar.
IMPSA es una empresa centenaria dedicada a proveer soluciones integrales para la generación de energía eléctrica a partir de recursos renovables, con presencia en países latinoamericanos, Estados Unidos, China, Sudáfrica, la India y el Caribe.
La crítica situación desencadenó otro aspecto tratado por los accionistas en la reunión: la propuesta del directorio y por
primera vez en mucho tiempo, "no distribuir resultados acumulados, dado que resultan los mismos un quebranto".
Cuentas en rojo
Según lo manifestado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) con la firma de Gabriel Gutiérrez, uno de los accionistas, el resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 arrojó "un quebranto de 2.134.312.995 y las reservas facultativas constituidas en períodos anteriores ascienden a $ 291.452.674".
De la decisión de "absorber parte" de ese déficit con las reservas se desprende un saldo negativo de 1.842.860.321 de pesos, según el 50° balance de Impsa desde su fundación, el que claramente no fue uno más.
La empresa mendocina pasó en 2014 uno de sus años más difíciles, que la sumieron en una crisis financiera y económica no sólo en Argentina sino también con sus activos en Brasil,donde mantiene un concurso de acreedores por más de 770 millones de dólares.
La empresa intenta, mientras tanto, reestructurar su deuda con los tenedores de las Obligaciones Negociables (ON), muchos de ellos inversores argentinos, que lanzó en los últimos años al mercado bursátil para financiarse: un compromiso cuyo vencimiento no pudo afrontar en 2014 y la llevó al default.
Actualmente, alrededor de 1.000 empleados de la empresa están protegidos por el subsidio deRecuperación Productiva (Repro), un plan por el que el Estado aporta $2.000 del sueldo cada trabajador.
La empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) registró un déficit financiero de $ 1.842 millones en 2014 y su situación está cerca del abismo, con unos 4.000 de puestos de empleo directos en juego.
El resultado integral del último ejercicio contable al 31 de diciembre pasado quedó asentado en el acta de la última Asamblea de accionistas celebrada el viernes 27 de marzo. El directorio dio cuenta de que no tiene reservas suficientes para compensar un rojo que, sin descontar lo que declara en sus arcas, alcanzaría los $ 2.100 millones, según información periodística. Ese déficit podría ser saldado con lo que el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro le debe (u$s 1.200 millones) a Impsa por la construcción de la represa de Tocoma, oficialmente conocida como Planta Hidroeléctrica Manuel Piar, ubicada en el bajo río Caroní, en el estado Bolívar.
Según lo manifestado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) con la firma de Gabriel Gutiérrez, uno de los accionistas, el resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 arrojó "un quebranto de 2.134.312.995 y las reservas facultativas constituidas en períodos anteriores ascienden a $ 291.452.674".
La multinacional mendocina pasó en 2014 uno de sus años más difíciles, que la sumieron en una crisis financiera y económica no sólo en la Argentina sino también con sus activos en Brasil, donde mantiene un concurso de acreedores por más de u$s 770 millones. La empresa intenta, mientras tanto, reestructurar su deuda con los tenedores de las Obligaciones Negociables (ON), muchos de ellos inversores argentinos, que lanzó en los últimos años al mercado bursátil para financiarse: un compromiso cuyo vencimiento no pudo afrontar en 2014 y la llevó al default.
