En menos de 20 días debería estar listo el informe preliminar encargado por el comité ad hoc del directorio de SQM, que está investigado los pagos emanados desde la cuenta de la gerencia general entre 2009 y 2014 y que no tienen suficiente respaldo.
Los requerimientos de información no sólo los habría realizado el regulador local, sino también la Securities and Exchange Commission (SEC), organismo regulador del mercado en Estados Unidos.
El grupo ad hoc -integrado por Wolf von Appen, Juan Antonio Guzmán y Hernán Büchi- contrató a Vial Serrano y Shearman & Sterling para elaborar los documentos en Chile y Estados Unidos, quienes actúan de forma coordinada, según explicó una fuente cercana al caso.
Pese a que el comité comenzó a funcionar en febrero, los asesores externos iniciaron su trabajo hace cerca de 10 días, dice una fuente.
Según informó T13.cl, el estudio norteamericano, en tanto, abordará el vínculo de SQM con campañas políticas.
Pero Shearman & Sterling tienen una función que iría más allá de lo estrictamente jurídico, porque la firma también opera como una auditora, explican en la industria.
A su vez, el estudio Vial Serrano estaría solicitando activamente información, la que está siendo entregada de manera fluida por la actual administración de SQM.
Ellos están viendo montos, respaldos y asumiendo un relacionamiento con organismos fiscalizadores locales, como la Superintendencia de Valores y Seguros o el Servicio de Impuestos Internos.
Aunque no hay un plazo de entrega determinado, es poco probable que la investigación esté finalizada antes del 24 de marzo, cuando se realizará la junta de accionistas de SQM. En esa oportunidad es probable que sólo exista un informe preliminar.
Nueva declaración
En otro frente, una nueva declaración tomaron ayer los fiscales Emiliano Arias y Pablo Norambuena.
Por casi cinco horas estuvo en sus dependencias, en calidad de testigo, el gerente de Finanzas de SQM, Gerardo Illanes. El ejecutivo llegó acompañado del abogado Luis Hermosilla, quien hace un par de semanas había acompañado a otro ejecutivo, el abogado Enrique Olivares.
Para esta semana se espera que el gerente general de la compañía, Patricio de Solminihac, concurra hasta la fiscalía, después que la semana pasada acordara colaborar con la investigación.
Riesgos latentes
En su memoria 2014, la empresa abordó el momento que está atravesando y señaló que "la investigación y las solicitudes de las autoridades regulatorias chilenas no ha concluido. No podemos predecir el resultado ni la duración de dichas investigaciones, ni tampoco de nuestra investigación interna".
La minera detalló los últimos acontecimientos y dijo que pueden estar sujetos a procedimientos civiles, criminales y regulatorios en Chile y Estados Unidos.
"El responder las solicitudes regulatorias actuales y cualesquiera procedimiento civil, criminal o regulatorio futuro, podría desviar la atención de nuestros principales ejecutivos de su enfoque en nuestras operaciones cotidianas", informó.
Esta explicación se entrega después de una descripción del caso Cascadas, donde dice que "nuestra reputación de mercado podría verse afectada adversamente por el resultado negativo de ciertos procedimientos en contra de algunos miembros de nuestro directorio y de algunos otros acusados".
Precio de ADR de SQM cayó casi 29% en marzo
Una caída de 28,99% registraron los ADR de SQM en Estados Unidos durante marzo, según detalló el custodio de los títulos el Bank of New York Mellon. La caída contrasta con la variación que registró el S&P 500, que bajó en el periodo 1,74%, según una comparación que hace la misma entidad financiera. En el tercer mes del año, los ADR de SQM terminaron en US$ 18,25, tras haber iniciado el año en US$ 25,64.
El informe del depositario muestra además que durante marzo se cancelaron muchos más ADR de los que se emitieron. En el detalle, se muestra que si bien hubo 1,25 millón de nuevos ADR, se canceló otro 1,748 millón. Además, disminuyó el número de tenedores de ADR, pasando desde 62 en marzo del año pasado, a 58.
El 18 de marzo -cuando se dio a conocer la renuncia de los tres directores de SQM elegidos con votos de PCS- fue la fecha que registró la mayor cantidad de transacciones de ADR.
En tanto, ayer en la plaza local, las acciones de SQM lideraron los montos transados, sumando $ 4.274 millones.
Los papeles de dos de las sociedades cascadas de SQM también marcaron hitos en la jornada. Norte Grande se quedó con la mayor caída, bajando 5%, aunque Pampa Calichera había llegado a caer casi 20%, pero terminó bajando 0,33%.
El próximo 30 de abril se cumplen los cinco años de plazo para que prescriban los presuntos delitos tributarios que investiga la fiscalía en la arista que involucra a la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM).
Es decir, si existe un acusado en el caso, un tribunal no podría condenarlo si es que la fiscalía no inició acciones en su contra previo a esa fecha, dado que se extinguiría la responsabilidad penal de estos ilícitos, los que se habrían cometido el 30 de abril de 2010, día en que se declararon los impuestos.
Así, el equipo liderado por el fiscal nacional, Sabas Chahuán -compuesto por los fiscales Pablo Norambuena, Carlos Gajardo y Emiliano Arias-, junto a las unidades de Anticorrupción y de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (Ulddeco), analizan las estrategias para evitar la prescripción de estos ilícitos.
Una de las alternativas sería solicitar la audiencia para formalizar, a más tardar, el próximo 15 de abril. De esta forma, la prioridad del Ministerio Público es asegurarse de que antes del término del plazo se lleve a cabo la formalización de cargos por presuntas boletas y facturas ideológicamente falsas emitidas en 2009, las cuales estarían relacionadas con el eventual financiamiento irregular de campañas políticas en SQM.
A este escenario, se suma la presentación de las dos denuncias y la querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) por delitos tributarios contra los representantes legales de la minera no metálica: el gerente general Patricio de Solminihac; el vicepresidente de finanzas y desarrollo, Ricardo Ramos; y el ex gerente general, Patricio Contesse.
Con esto, el Ministerio Público evalúa la posibilidad de invocar el artículo 96 del Código Penal, con el objetivo de interrumpir o suspender el plazo de la prescripción de los ilícitos. La norma señala que la “prescripción se interrumpe, perdiéndose el tiempo transcurrido, siempre que el delincuente comete nuevamente crimen o simple delito” o “se suspende desde que el procedimiento se dirige contra él”.
De esta forma -según analizan en la fiscalía- las denuncias y la querella suspenderían la prescripción.
La idea es que en el caso de que la defensa de un imputado invoque el término de la responsabilidad penal del ilícito, el Ministerio Público pueda defender su postura argumentado que la suspensión del periodo está amparada en ese artículo.
Juan Enrique Vargas, decano de la facultad de Derecho de la U. Diego Portales (UDP), explicó que “la interrupción se debe a la comisión de un nuevo delito y, por lo tanto, el plazo empieza a contarse de nuevo; y la suspensión se puede invocar cuando se inicia de una investigación en contra de la persona antes de que finalice el plazo de prescripción”.
En la misma línea, el profesor de la facultad de Derecho de la Universidad Católica (UC) Roberto Fasani, indicó que “lo que dice el código (Penal) es que se interrumpe la prescripción de un hecho -en este caso de las declaraciones de impuestos hechas en 2009- si en 2010 se vuelve a cometer el mismo delito. Lo que se está plateando, es que en la medida que se siguen cometiendo los delitos en el futuro, se renueva el plazo”.
En tanto, según el artículo 200 del Código Tributario, para el cobro de obligaciones tributarias, el periodo de prescripción es de hasta seis años.
